Durante un lapso no menor a medio año, la Sindicatura municipal ha ocultado el contenido del contrato que firmó el XXII Ayuntamiento de Tijuana con la Empresa "Turbofin", por un monto aproximado de 80 millones de pesos.

A decir de la Sindicatura municipal, la excusa para restringir el acceso al documento fue que "para garantizar secrecía y sigilo en investigaciones que realiza la Sindicatura", el Comité de Información clasificó como reservados los datos relativos al convenio en comento.

A través de un comunicado de prensa, la Síndico Procurador, Ana Marcela Guzmán Valverde, comentó que mediante sesión celebrada por el Comité de Información del XXII Ayuntamiento de Tijuana el pasado jueves 8, se determinó clasificar con el carácter de reservado por un plazo de seis meses el contrato de arrendamiento de camiones de recolección de basura, así como la totalidad de la información contenida en el expediente formado con motivo de la adjudicación de dicho contrato.

Esto, agregó "obedece a la solicitud formulada a dicho Comité por parte del titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información (UMAI), quien precisó que de acuerdo al oficio suscrito por la Directora de Responsabilidades de la Sindicatura, dicha información obra en original en el expediente administrativo que se integra con motivo de la denuncia previamente presentada respecto de la adjudicación de dicho contrato".

Guzmán Valverde, señaló que "a efecto de garantizar la debida integración y conducción de las investigaciones que se practican por esa área, así como la secrecía y sigilo que deben revestir las mismas, con fundamento en los supuestos previstos por la normatividad aplicable a la materia de transparencia y acceso a la información, se arribó a dicha determinación".

Luego de los seis meses en el que se ha censurado la información, la Sindicatura aseguró que se pondrá a disposición la información en el Portal electrónico del Ayuntamiento de Tijuana y se podrá brindar el acceso a cualquier persona a la misma mediante los mecanismos y procedimientos establecidos por la Ley.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adjudicó a la empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, un contrato por 31 millones 135 mil 708 pesos para surtir materiales de cirugía robótica.

Con base en información de portal Latinus, a pesar de que la empresa de Bartlett Álvarez ha sido sancionada en tres ocasiones por la Secretaría de la Función Pública (SFP), e inhabilitada para celebrar contratos con el gobierno federal por incumplimiento de contrato, suma siete contratos con la administración federal en lo que va de este 2021.

El caso más reciente de sanción contra la empresa de Bartlett hijo corresponde al 2020, año en que la firma fue inhabilitada por la SFP durante 21 meses por la venta de ventiladores usados y a sobreprecio al IMSS para tratar a pacientes con Covid-19. No obstante, Cyber Robotic Solutions ha recibido a la fecha, al menos, siete adjudicaciones directas del gobierno federal.

El más reciente contrato multianual adjudicado a la Cyber Robotics Solutions es por más de 31 millones de pesos y tiene vigencia hasta junio de 2023. Así, este contrato se suma a al menos a otros seis que en total ascienden a un monto de 66 millones 408 mil 675 pesos.

Cabe recordar que la SFP impuso tres sanciones contra la compañía de Manuel León Bartlett Álvarez -que tienen que ver con inhabilitación de contratos-, así como dos multas que suman más de dos millones de pesos. Dos de las inhabilitaciones fueron publicadas en julio del año pasado en el Diario Oficial de la Federación y corresponden a 24 y 37 meses.

El más reciente contrato multianual adjudicado a la Cyber Robotics Solutions es por más de 31 millones de pesos y tiene vigencia hasta junio de 2023. Así, este contrato se suma a al menos a otros seis que en total ascienden a un monto de 66 millones 408 mil 675 pesos.

Cabe recordar que la SFP impuso tres sanciones contra la compañía de Manuel León Bartlett Álvarez -que tienen que ver con inhabilitación de contratos-, así como dos multas que suman más de dos millones de pesos. Dos de las inhabilitaciones fueron publicadas en julio del año pasado en el Diario Oficial de la Federación y corresponden a 24 y 37 meses.

De los 17 mil profesionales de la salud que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrató para atender la epidemia de Covid-19, ninguno es médico especialista.

Arturo Olivares Cerda, secretario General del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que, a pesar de que se emitió una convocatoria para reclutar epidemiólogos, infectólogos, neumólogos, geriatras, otorrinolaringólogos, así como especialistas en terapia intensiva, pediatría y urgencias, en el país no hay suficientes.

"No hemos contratado por la carencia que hay en el mercado. Se lanzó la convocatoria, pero no hay en México, no existe el suficiente número", aseguró.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país cuenta con 1.23 médicos especialistas por cada 100 mil habitantes.

Olivares Cerda detalló que ante el déficit, el IMSS lanzó una nueva convocatoria para contratar a médicos residentes.

La mayoría de trabajadores que se integraron al instituto son enfermeras, médicos generales, personal de limpieza y almacén, dijo.

El gobierno del Estado no puede remover a empleados de base del departamento de micromedición de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) porque el contrato colectivo de 2019 así lo estipula, toda vez, que trascendió la eventual contratación de una empresa externa para que realice el trabajo de lecturistas.

Una copia en poder de CADENA NOTICIAS refiere que de acuerdo al documento en su cláusula Vigésima Sexta, en el apartado de contratación de personal apunta lo siguiente:

“Cuando la CESPT requiera contratar personal para el desempeño de las labores que no sean consideradas de confianza, lo deberá hacer por conducto del “SINDICATO”. Para el efecto, este hará la solicitud correspondiente, señalando los requisitos que deberá cubrir el aspirante, dependiendo del puesto que va a ocupar.

El Sindicato, en un lapso que no exceda de quince días de calendarios, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud deberá de proporcionarlo, en la inteligencia que de no hacerlo en el término mencionado, la CESPT, quedará en libertad de hacer la contratación con la salvedad de que a quien contrate será sindicalizado, posteriormente”.

Dicho documento que se encuentra depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana y fue firmado por las partes, es decir el Sindicato Unido de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y la Cespt, sigue vigente porque no han rubricado el nuevo contrato.

Ayer, José Agustín Calderón, secretario del sindicato, junto con empleados de base sostuvieron un encuentro con Rigoberto Laborín, director de Cespt, a quien solicitaron respete las plazas del personal.

El sindicalista a través de sus redes sociales manifestó: “Nuestra función es pugnar y vigilar que se respeten los derechos de todos los trabajadores. No tengan duda de que su Secretario General está de su lado y cuenten con mi compromiso de seguir pendiente de este tema”.

Ayer personal de micromedición denunció que no han salido a trabajar y se mantienen en las instalaciones porque les han negado unidades y equipo para realizar sus labores.

Cabe señalar que desde hace varias semanas personal de confianza adscrito al departamento citado fue  despedido y en los próximos días se espera un recorte masivo de cajeros.

Para atender la problemática que enfrenta la niñez y la juventud en materia de seguridad y prevención del delito, este día establecieron acuerdos de trabajo los titulares de la Fiscalía General del Estado, el Sistema Integral de la Familia, DIF Estatal, y el Ayuntamiento de Tijuana.

Manteniendo su interés en resolver como tema de fondo en la seguridad, la atención de los adolescentes, el Fiscal General del Estado, J Guillermo Ruiz Hernández se comprometió a garantizar los derechos universales de los niños y adolescentes en el estado.

En la reunión la titular del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF Baja California, Blanca Estela Favela Dávalos, manifestó su beneplácito por el trabajo conjunto que esta nueva administración se ha comprometido a realizar, a fin de lograr el bienestar superior de los menores, sobre todo a quienes se encuentran bajo el resguardo del DIF Estatal.

Posterior a la reunión se realizó un recorrido por las instalaciones del albergue temporal del DIF en la tercera etapa de la Zona del Río, en donde se constató de primera mano, las condiciones en las que se encuentran los menores, y la infraestructura que se tiene con algunas limitaciones, las cuales se irán solventando para favorecer su desarrollo.

La Asociación denominada Tijuana Agradecida, llevará a cabo la 5ª Feria de Salud para Policías Municipales, Bomberos y sus familias, “es una feria de salud muy completa y les acercamos todos los servicios para bajar los indicadores de riesgo en su salud”, así lo dio a conocer Atzimba Villegas Pérez, Consejera de la AC.

Los organizadores esperan recibir a una cantidad similar a la del año pasado, que fue de mil 200 atenciones, entre familiares de policías y bomberos en activo, contarán con 32 módulos, pero en varios de estos podrán recibir los asistentes hasta tres servicios.

Contarán con laboratorio, servicio dental, oftalmología, internista, revisiones generales, pediatría, y en esta 5ª edición también participarán hospitales, así como pláticas de prevención de diversos temas.

Respecto al seguimiento que darán a quienes acudan a la feria denominada “Prevenir es vivir, Atiéndete”, la Consejera de la Salud refirió que después de las revisiones, le darán la opción a los pacientes para que acudan al especialista u hospital que requieran con un descuento económico.