El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anunció la creación de cinco Salas Anticorrupción y, ante la falta de designación de magistrados por parte del Senado de la República, habilitó una Sala Auxiliar que operará hasta que se hagan los nombramientos "para no incurrir en un indeseado escenario de denegación de la justicia".

Especialistas en el tema aplaudieron la decisión del Pleno del TFJA y advirtieron que la falta de magistrados especializados, atribuible al Senado, pone en riesgo el correcto funcionamiento del sistema y puede provocar impunidad.

El TFJA informó que para cumplir con los tiempos establecidos por la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cinco salas especializadas operarán como sede la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Jalisco, y Torreón, Coahuila. A cada una de estas se les asignó un número específico de entidades sobre las que tendrán competencia.

Por el momento las salas no operarán hasta que los integrantes de la Cámara de Senadores designen a los magistrados correspondientes, lo que según la reforma constitucional que creó el SNA debía ocurrir antes del próximo 19 de julio, día de entrada en vigor de la ley general.

Para cumplir esa etapa se instalaron dentro de los tribunales en los estados las sedes donde atenderán los magistrados anticorrupción.

De manera temporal operará una Sala Auxiliar, con sede en la Décimotercera Sala Regional Metropolitana, que, sin dejar de atender los asuntos de su propio inventario, asuma la competencia en materia de responsabilidades administrativas graves, a partir del próximo martes.

Con la entrada en vigor del SNA, el Pleno de la Sala Superior del TFJA tendrá una Tercera Sección, que será la encargada de conocer los asuntos anticorrupción y cuyos integrantes aún no han sido designados por el Senado.

La Ley Orgánica del TFJA establece que, de manera temporal, el magistrado presidente, los presidentes de las otras dos secciones o alguno de los otros integrantes del Pleno suplirán a los integrantes de la Tercera Sección, por lo que serán ellos quienes conocerán los asuntos del SNA que deba resolver esta instancia.

En ese caso, los magistrados que quedarán a cargo son Alberto Machuca Aguirre, Carmelo Avelino Toscano y la magistrada presidenta Amalia Tecona Silva, quienes integra la Decimotercera Sala Regional Metropolitana.

Establecen sedes. En el artículo 11 de la Ley Orgánica del tribunal se establece el procedimiento que se siguió en el pleno para suplir el vacío que ha dejado hasta ahora la falta de acción del Senado.

 Los casos de linchamiento y tentativa de linchamiento incrementaron 190 por ciento durante el 2018, reveló un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través del "Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional" las instituciones informaron que en el 2018 ocurrieron 174 agresiones tumultuarias, mientras en el 2017 habían sido 60.

Los 174 casos registrados el año anterior dejaron como saldo 271 víctimas; de éstas el 21 por ciento perdió la vida y el 79 por ciento resultó lesionada.

Entre las personas agredidas destaca que 256 fueron hombres y 15 mujeres, además de que el 76 por ciento de las agresiones ocurrieron en Puebla, Estado de México, Tabasco, Ciudad de México e Hidalgo.

De igual forma, los municipios donde más se presenta este fenómeno son ciudad de Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Tlacotepec de Benito Juárez, Ecatepec, Naucalpan, Chalco, Nezahualcóyotl, Cárdenas, Villahermosa, Cunduacán, Nacajuca, Milpa Alta, Iztapalapa, Tlalpan, Cuajimalpa, Xochimilco, Álvaro Obregón, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Tasquillo y Tezontepec de Aldama.

El estudio de la CNDH y la UNAM se basó en la recopilación de notas informativas de medios nacionales e locales que daban cuenta de linchamientos.

En total, entre 2015 y 2018, las instituciones registraron 336 casos con una tendencia a la alza y que han dejado como resultado 561 víctimas.

Durante la presentación del informe Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que este fenómeno "lejos de desaparecer o registrar decrementos se multiplica y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida".

También expresó su preocupación porque la cifra de agresiones tumultuarias en los primeros cinco meses de 2019 parece ir en aumento, registrándose 67 casos hasta el momento y un saldo de 107 víctimas.

Para complementar estas cifras, la UNAM, a través de su Instituto de Investigaciones Sociales, aplicó mil 212 encuestas a pobladores de cuatro estados con mayor incidencia de linchamientos.

Sobre el tema el 45 por ciento de los encuestados opinaron que el desempeño de las autoridades para atender un caso de linchamiento es "nada efectivo", mientras el 40 por ciento consideró que es "poco efectivo".

Asimismo, el 43 por ciento de las personas consideró que no es útil la colocación de lonas para advertir a los ladrones que no cometan delitos, pues esto no los inhibe.

Tras su renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el senador con licencia, Germán Martínez Cázares, solicitó ser reincorporado a sus labores legislativas en la Cámara Alta.

Mediante un oficio, que llegó esta mañana de miércoles al Senado de la República, Martínez Cázares señaló que tras haber concluido el encargo del Presidente en la dirección del IMSS, solicitaba regresar a la Cámara Alta.

Ayer martes Germán Martínez Cázares renunció al IMSS y acusó que funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen una "injerencia perniciosa" en el instituto.

El presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de la República Mexicana, Juan Ramiro Robledo, planteó la necesidad de poner a revisión todo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y valorar incluso si se requiere un nuevo modelo.

Actualmente, el SNA está incompleto, pues desde su creación en 2015 debieron crearse cinco salas especializadas con 18 magistrados anticorrupción, proceso que se quedó trunco en el Senado, que no ha designado a los juzgadores.

Pero el magistrado Robledo planteó que el SNA "hasta ahora no ha funcionado a plenitud, esa es una verdad" por lo que debe revisarse su diseño.

Planteó por ejemplo que se requiere modificar la parte de la investigación que está en manos de las contralorías de los estados de las dependencias y entidades paraestatales.

Además es indispensable "tener una organización propia, magistrados a prueba de cualquier examen, facultades suficientes para poder cumplir las resoluciones de estos tribunales (pues) la función principal es declarar la legalidad o la nulidad de los actos administrativos, es decir de los gobernadores, municipios o del ejecutivo federal".

Robledo e integrantes de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de la República Mexicana se entrevistaron este martes con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, a quien plantearon la necesidad de reformas al artículo 116 constitucional que tienen que ver con la autonomía e independencia de los Tribunales Administrativos.

En entrevista el magistrado Robledo vio bien que haya terapias anticorrupción, planteadas la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues "creo que hay funcionarios a los que hace falta que se les reconvierta su función moral e intelectual".

"Con terapia o sin terapia lo importante es que se sancione y se recupere todo" pues lo más importante es que se sancione y que se recupere lo que ha perdido la hacienda pública, el patrimonio público, dijo.

Además de Robledo estuvieron presentes en la reunión con el consejero magistrados de Nuevo León, el presidente, de Coahuila, Veracruz, Puebla, Estado de México, Guerrero, Querétaro y San Luis Potosí.

 Por unanimidad, el Senado aprobó un dictamen con el que se agilizan los procesos de adopción a menores que se encuentran en desamparo familiar, particularmente a aquellos en situación de abandono, exposición o institucionalización.

La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que los niños en desamparo deben ser reintegrados a su familia o incorporados a una familia mediante la adopción a través de un procedimiento seguro, eficaz, transparente y ágil.

Señala que las niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo que serán reintegrados con su familia, siempre y cuando, haya una investigación previa de su origen, a fin descartar un riesgo.

Se plantea la homologación de los requisitos y procedimientos administrativos en todo el país, y que la autoridad competente emita su opinión para la expedición del certificado de idoneidad de la adopción en un plazo máximo de 45 días naturales.

"Que exista un procedimiento único en todo el país. Se establece que la adopción es plena e irrevocable. Los dictámenes de idoneidad tengan validez en todo el territorio nacional, independientemente de donde se hayan sido expedidos.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota (PAN), dijo que de no agilizar los procedimientos de adopción, para el 2040 vamos a llegar a una población mayor a 33 mil infantes viviendo en casas hogar.

"Al 2015, el Centro de Estudios de Adopción, publicó que el número de niñas y niños sin cuidados familiares en el país supera la cifra de 30 mil niñas, niños y adolescentes. Es de gran relevancia que los sistemas DIF mantengan estrecha comunicación, intercambiando información, a efecto de materializar el derecho a vivir en familia", expresó.

El dictamen enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que son niños y niñas los menores de 12 años; adolescentes de entre 12 a menos de 18 años; y que los procesos administrativos y jurisdiccionales de adopción podrán realizarse en cualquier entidad federativa, con independencia de la ubicación física del menor con posibilidad de adopción.

"Los niños y adolescentes acogidos en Centros de Asistencia Social, serán considerados abandonados al transcurrir 60 días naturales, sin que se reclamen derechos sobre ellos o información de su origen", resalta el documento.

Las reformas indican que queda prohibidas las promesas de adopción durante la gestación; la adopción privada sin la intervención de las autoridades competentes; la adopción sea para fines de venta, sustracción, tráfico y trata de personas, explotación, trabajo infantil; el contacto con los padres biológicos hasta antes de los 18 años; y el matrimonia entre adoptado y adoptante.

Podrán ser adoptados los menores y adolescentes que no tengan quien ejerza la patria protestad, abandonado o expósitos, sean acogidos por Centros de Atención, el DIF y Procuradurías de Protección.

A fin de acompañar la adopción, al menos cada seis meses, durante los primeros tres años posteriores a la adopción, los sistemas DIF en coordinación con la Procuraduría de Protección realizarán un seguimiento.

Antes de finalizar su intervención en tribuna, Vázquez Mota leyó un testimonio de Adopción y Acogimiento Familiar.

"Desde mi nacimiento los hospitales, las operaciones y los doctores fueron parte de mi vida, ya que por mí condición física fui abandonada al nacer.

He recibido atención médica de calidad, sin embargo necesito el amor de una familia. Puedo ser adoptada desde que tengo 5 años pero ya han pasado 12 años y sigo esperando.

Aunque pronto seré mayor de edad, mentalmente sigo siendo una niña. Soy cariñosa, cooperadora y muy alegre, puedo caminar despacio y uso zapatos ortopédicos. Me gusta dibujar y recortar, todos los días le pido a Dios por encontrar la familia que necesito", leyó la panista.

El Senado también avaló con 109 votos, incorporar el derecho a la alimentación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que tengan una alimentación adecuada, que considere los recursos y las prácticas alimentarias de su entorno cultural. Además, para que reciba educación nutricional apropiada.

Se establece que quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes estén obligados a garantizar este derecho, así como a fomentar la alimentación saludable en este sector de la sociedad.

Las autoridades -federales, estatales, municipales y de las demarcaciones de la CDMX- se coordinarán y coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, y en el ámbito de su competencia ejecutarán las políticas públicas que garanticen a niñas, niños y adolescentes el derecho a la alimentación.

El senador Raúl Paz Alonzo, del PAN, precisó que con esta modificación se contribuye a que los niños tengan la mayor protección posible desde los ojos de la ley. Debe acompañarse, precisó, del esfuerzo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para sumar políticas públicas que vuelvan realidad el derecho a una alimentación sana y suficiente.

Mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Senado de la República a través de la Secretaría General, firmó un convenio de colaboración con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para la enajenación de 76 vehículos.

Dichos automóviles fueron dados de baja, como parte de las medidas de austeridad implementadas a partir del 1 de septiembre de 2018.

El convenio señala que mientras se venden los automóviles, permanecerán en resguardo en el recinto legislativo para evitar el costo de almacenamiento. La fecha límite para vender los automóviles según el documento es el 31 de agosto de 2019.

El 3 de septiembre 2018, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal (Morena), dio a conocer que 91 de 161 vehículos serían subastados, afirmó que algunos de ellos pertenecían a los órganos de gobierno, otros a los grupos parlamentarios y algunos más al área administrativa.