Desafuero para servidores públicos en Hidalgo avanza en comisiones
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El presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Hidalgo, Luis Baños, señaló que se aprobó en comisiones conjuntas el retiro del fuero para los servidores públicos del estado, incluido el gobernador, por lo que mañana jueves será subido al pleno.
Precisó que los diputados, entre ellos la presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perrusquia, determinaron retirar la inmunidad procesal de manera generalizada para funcionarios de alto nivel como el gobernador, secretarios de despacho magistrados, presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados.
Explicó que para la desaparición de esta figura histórica, que es el fuero, tendrá que pasar por los cabildos para que se tenga el 50 más uno.
Dijo que esta propuesta fue presentada el 2 de marzo por el gobernador Omar Fayad y mañana jueves se sube al pleno para la posible aprobación de los diputados y en este caso la constitución señala como mínimo que 20 legisladores voten a favor.
En el estado el Congreso local está conformado por 30 diputados.
Posteriormente se enviará a los ayuntamientos para que el Cabildo la analice y apruebe en su caso. Con ello, dijo, se espera que en los primeros días de septiembre se haga la publicación correspondiente y que entre en vigencia.
"Esto va de la mano con el nuevo Sistema de Justicia Penal, hay presunción de inocencia y varios principios de derecho que se consagran en el mismo, por lo tanto, no había razón histórica para mantener esta figura".
El diputado panista precisó que esto es una muestra de confianza para la ciudadanía, "decirle que se está en contra de la impunidad y la corrupción que son dos aspectos que han afectado de manera grave la confianza de la sociedad en las instituciones públicas".
Sobre los temores que algunos partidos como el PRD habían señalado de que retirar el fuero podría ocasionar una persecución política, consideró que si bien este es un temor histórico, hoy se avanza a otra sociedad, aunque no descartó que si pudiera haber un riesgo, pero es necesario avanzar, destacó.
El Congreso de Morelos rechazó quitarle el fuero y destituir al fiscal estatal Uriel Carmona luego de que ayer, miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados, como Jurado de Procedencia, avaló el dictamen de la Sección Instructora que declara la procedencia de desafuero del funcionario.
“Se declara que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de Uriel Carmona Gándara, por lo que no hay lugar a ponerlo a disposición de la autoridad ministerial, debiéndose esta última de abstenerse de ejercer acción penal en contra del referido servidor público”, se declaró en el recinto de Morelos en la sesión que se prolongó hasta la madrugada de este jueves.
📢 Congreso del Estado de Morelos aprueba Acuerdo Parlamentario con Declaratoria de No Homologación de la Declaración de Procedencia emitida por la @Mx_Diputados en el expediente SI/LXIV/DP/02/2020, contra Uriel Carmona, Fiscal General del Estado de Morelos. #CongresoMorelos 🏛️🚫 pic.twitter.com/YUJ9rNPAeC
— H. Congreso del Estado de Morelos (@MorelosCongreso) December 14, 2023
También se argumentó que la Fiscalía está dotada de autonomía, por lo que cualquier autoridad ministerial tanto local como federal deben “abstenerse” de iniciar cualquier mandamiento de captura y privación de la libertad contra el fiscal.
Uriel Carmona deberá continuar con su cargo como fiscal de Morelos “hasta su conclusión” y se indicó que el presidente de la Mesa directiva del Congreso estatal tiene la facultad para emprender “todas las acciones necesarias para la defensa de la soberanía de la entidad federativa relacionadas” con el asunto.
En votación económica (11 votos a favor, 6 en contra y una abstención) fue aprobado el Acuerdo Parlamentario con Declaratoria de No Homologación de la Declaración de Procedencia emitida por la Cámara de Diputados.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora, instancia de la Cámara que da trámite a los procesos de desafuero, entre los que se encuentran el del dirigente del PRI, Alejandro Moreno.
Los integrantes de la Sección Instructora son: Jaime Humberto Pérez Bernabé (Morena), como presidente, y Leonel Godoy Rangel (Morena), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), y Rubén Moreira Valdez (PRI), como secretarios.
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política fue avalado por unanimidad este viernes.
En agosto, la Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó instaurar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad constitucional al dirigente tricolor, a quien acusó de enriquecimiento ilícito cuando era gobernador del estado.
Desafuero de "Alito" será expedito
El morenista Leonel Godoy, que será secretario de la Sección Instructora, manifestó previamente que el desafuero contra "Alito" sería expedito.
“Va a ser expedito este tema y veremos de qué lado están las legisladoras y los legisladores, si siguen diciendo a pesar de lo evidente, que es un perseguido político con estas propiedades, siempre ha sido político", indicó en entrevista a medios el mes pasado.
Los coordinadores parlamentarios de la coalición Va por México, defendieron al dirigente nacional del PRI y diputado federal, Alejandro Moreno Cárdenas, luego de que este martes la Fiscalía de Campeche solicitó su desafuero a la Cámara de Diputados.
Señalaron que si atacan a uno, atacan a todos, y adelantaron que pedirán la renuncia del presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, por haber acompañado al fiscal de Campeche, Renato Sales, a hablar de la denuncia, lo que dijeron es ilegal.
"70 diputado del PRI apoyamos a "Alito" Moreno al 100, al mil. Y decir que es lamentable, patético y nunca antes visto lo que hizo el Presidente de la Mesa Directiva, pasó de aficionado al fútbol a matraquero, estos dos tipos violaron la ley, violaron además el debido proceso, es un ataque a la dirigencia nacional de un partido, y es al mismo tiempo una bola de humo para tratar de tapar lo que hoy pasa en el país. El Presidente de la Cámara no nos representa con dignidad y pediremos su renuncia", declaró Rubén Moreira, líder del PRI.
Jorge Romero, coordinador del PAN, denunció que las fiscalías emanadas de Morena seleccionan los temas en los que trabajan, incurriendo en justicia selectiva".
El gobierno de Veracruz ejecutó una orden de aprehensión contra la exdiputada federal Azucena Rodríguez, quien perdió el fuero hace apenas unas horas.
De acuerdo con versiones policiales, a la exlegisladora Partido de la Revolución Democrática (PRD) se le señala del presunto asesinato de su esposo, el también exdiputado federal, Nicanor Martínez.
Fue el pasado primero de julio, cuando el candidato suplente de Morena a la alcaldía de Tihuatlán (norte de Veracruz), Nicanor Martínez Olguín, fue asesinado a tiros,
El ataque ocurrió afuera de su domicilio y en el vehículo viajaba también la legisladora Azucena Rodríguez.
Tras su captura, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano denunció persecución política.
"Condeno la detención arbitraria e ilegal de @DipAzucenaR, hasta hace unas horas diputada federal del @PRDMexico, víctima de la persecución política contra opositores al gobierno de Morena ¿Este es el trato que @adan_augusto ofrece al #PRD?", denunció en su cuenta de Twitter.
Pidió un "alto a la persecución y represión política contra el PRD" y exigió la liberación inmediata de Azucena Rodríguez.
Más tarde, en entrevista con EL UNIVERSAL, Zambrano Grijalva explicó que la funcionaria ya fue trasladada a un penal de Veracruz.
"Hablé con ella cuando la iban trasladando a un penal de esa entidad, no tengo los detalles pero la están vinculando a un crimen de su esposo Nicanor y la señalan por la muerte de una persona", puntualizó.
El líder del sol azteca agregó que el gobierno de Cuitláhuac García sigue operando contra los críticos de su gobierno.
"Está claro que esperaban que no tuviera protección constitucional para lanzarle una orden de aprehensión porque ella ha sido claramente crítica del gobierno de Cuitláhuac García. Ella es del norte de Veracruz, de Zihuatlán, un municipio perredista. De ahí se llevaron a Gregorio Gómez que sería el candidato del PRD a la presidencia municipal, entonces es claro que hay una persecución contra nuestros compañeros en ese municipio", concluyó.
Las fracciones de Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados aprobaron la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia con una modificación de última hora a fin de elevar a mayoría calificada de dos terceras partes la votación requerida en ambas cámaras del Congreso para declarar procedente la acción penal contra el Presidente de la República por la comisión de algún delito.
Tras ocho horas de debate en su primera sesión de la 65 Legislatura, el pleno de la Cámara de Diputados avaló con 266 votos a favor y 205 en contra la iniciativa que obliga a los congresos locales a proceder “en estricta observancia” a las resoluciones de la Cámara de Diputados sobre el desafuero de funcionarios estatales, con el propósito de evitar el freno a dichos procesos, como ocurrió en el caso del gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca.
La Mesa Directiva, encabezada por el morenista Sergio Gutiérrez, turnó el proyecto al Senado para su discusión y eventual ratificación.
Durante la discusión en lo particular, el legislador petista Gerardo Fernández Noroña presentó una reserva con el objetivo de ampliar a mayoría calificada la votación en el Palacio de San Lázaro para aprobar una declaración de procedencia contra el titular del Ejecutivo. Propuso, además, establecer que las sesiones de Jurado de Procedencia contra el Presidente de la República serán de carácter presencial, con la asistencia obligatoria de los diputados, y se respetará siempre la presunción de inocencia.
“Esta farsa de que el Presidente ya no tiene fuero sólo se la creen ustedes. El Presidente tiene fuero y lo que están haciendo aquí es que ni siquiera sea juzgado como cualquier otro funcionario que también lo tiene, porque a esos funcionarios la votación que les aplica es de mayoría simple y ustedes, a través de esta reserva, le están generando una protección superior que requiera de las dos terceras partes. Solo el presidente de la República tendría ese trato especial”, acusó el legislador panista José Elías Lixa.
Por Morena, el diputado Leonel Godoy expresó el respaldo de su bancada a la propuesta de Fernández Noroña y negó un trato privilegiado al Presidente: “No es un trato privilegiado al presidente, es lo que dispone la Constitución, que el Congreso de la Unión aprobó. Por eso, compañeras y compañeros, y con mucho respeto para la oposición, les decimos no solo que sí leímos la iniciativa, sino que creemos que es lo mejor para el país”.
¿Qué dice la nueva ley?
De acuerdo con el proyecto, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
No obstante, si el dictamen de la Sección Instructora considera procedente la solicitud del Ministerio Público para el desafuero del mandatario, la Cámara de Diputados se constituirá en órgano de acusación y, de aprobarlo, continuará el procedimiento ante el Senado, cuya resolución se orientará a establecer si se encuentra o no acreditada la probable responsabilidad del titular del Ejecutivo en la comisión del delito por el cual se le acusa.
Ley de Juicio Político
La nueva ley señala que es procedente el juicio político contra servidores públicos por acciones como el ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, laico y federal; las violaciones a los derechos humanos; el ataque a la libertad de sufragio o a la posibilidad material de emitirlo, así como cualquier violación a la Constitución o leyes federales causando perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados o a la sociedad.
Aunque el proyecto de decreto establece expresamente que “no procede el juicio político por la mera expresión de ideas”, los legisladores del bloque opositor alertaron sobre el riesgo de persecución política, a partir de causales como “el ataque a las instituciones democráticas”. “Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará a la persona servidora pública con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde diez hasta treinta años”, subraya el articulado. El juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.