Policías Municipales detuvieron a un sujeto que a decir de la propia Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM), presuntamente se dedicaba a reclutar personas para cometer actividades delictivas, entre estas, homicidios para un grupo criminal. 

El presunto delincuente quien además fue detenido en posesión de un arma y droga,  fue aprendido  durante un patrullaje de vigilancia preventiva que agentes Municipales realizaban en la calle Palmas y bulevar Díaz Ordaz, de la Colonia Naranjos, cuando los agentes se percataron de que un joven al notar de la presencia de la policía arrojó una bolsa de plástico al suelo e intentó huir.

Fue entonces que los uniformados actuaron e interceptaron a un joven de 19 años quien se identificó como Jesús Noé “N”, encontrando en su posesión un arma de fuego calibre 38 especial con 5 cartuchos útiles del mismo calibre.

Al revisar los agentes el bolso que momentos antes Jesús Noé “N”,  había tirado al suelo, se percataron de que este contenía hierba verde y seca de la conocida como mariguana.

Según las propias autoridades, de acuerdo a información de las áreas de inteligencia policial, Jesús Noé  se desempeñaba como reclutador dentro de un grupo delictivo, para que otras personas cometieran ilícitos entre lo que destaca los homicidios. 

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente quien dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Jóvenes que desaparecieron en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, llegaron hasta ahí con atractivas promesas de trabajo, que eran un engaño.

De acuerdo con información obtenida por el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, una persona que fue reclutada en agosto de 2024 y estuvo retenida en el rancho, les facilitó información sobre el lugar.

Les dijo que el grupo criminal los enganchaba con engaños; les ofrecía trabajo a través de empresas ficticias. A veces los citaban en casas que rentaban como “oficinas” y otras los captaban cuando llegaban a la central de autobuses, desde donde los llevaban al rancho.

Según la versión del sobreviviente, en el rancho había personas de varios países, pero la mayoría eran mexicanos, de Sinaloa y Nayarit.

Esta operación criminal llevaba al menos siete años. Las autoridades estatales saben que muchas personas son vistas por última vez en la Central Camionera.

Denuncias desde 2017

“Me llevaron a un pueblito, y en un punto me bajaron de la camioneta y me dijeron que me subiera a otra que venía atrás, color gris de cuatro puertas, de las nuevas. En ese momento me di cuenta que no era el trabajo que se estaba ofertando y que era todo muy extraño. Después de haber cruzado varios pueblitos me llevaron al cerro, donde había un campamento compuesto de ramas con naylon, y al llegar me pusieron una putiza y me dijeron ‘ya valiste ver... y vas a hacer lo que nosotros digamos’”, narró.

Agregó: “Me quitaron todas mis pertenencias y en ese momento me sentí secuestrado por el maltrato que me estaban dando. Había alrededor de otros 50 hombres, todos tirados en el piso y los estaban golpeando, y en ese momento nos dijeron que no podíamos irnos a ningún lado y que si lo hacíamos nos matarían”.

Esta declaración forma parte de la investigación que en 2017 realizó la Fiscalía de Jalisco para desmantelar los campamentos de reclutamiento forzado y exterminio en Tala; desde entonces estaba documentada la forma en la que los grupos delictivos enganchan a personas a través de falsas ofertas de trabajo.

La estrategia sigue siendo efectiva para el crimen organizado, que utiliza principalmente las redes sociales para publicar falsos empleos, y las autoridades no han logrado diseñar mecanismos para contrarrestarla.

La publicación de anuncios para el reclutamiento forzado ni siquiera es considerada delito, y aunque hay denuncias, no se investigan.

En los primeros meses de 2021 la Fiscalía de Jalisco inició una discreta campaña informativa en redes sociales en la que advertía sobre publicaciones con las que grupos de la delincuencia organizada engañan a la gente para ingresarla a sus filas.

La Dirección General de Inteligencia, Política Criminal y Prevención del Delito tenía un análisis de dichas publicaciones, que en su mayoría eran ofertas de trabajo en el campo de la seguridad con altos ingresos y capacitaciones pagadas con viáticos incluidos, además hacían referencia a “ser parte de una familia o grupo”; sin embargo, no se tenía ninguna carpeta de investigación abierta.

La Central Camionera, punto clave

En el último año del gobierno de Enrique Alfaro se hicieron visibles casos de personas que desaparecieron en la Nueva Central Camionera de Guadalajara; el común denominador era que la gente había viajado por una oferta laboral.

Para finales de agosto de 2024, el exrector e investigador de la UdeG, Víctor González Romero, contabilizaba al menos 16 casos en lo que iba de ese año, basándose sólo en las fichas de búsqueda; sin embargo, el gobernador Alfaro negó la situación y dijo que era información falsa.

En octubre pasado, al asumir la alcaldía de Tlaquepaque, donde se encuentra la Nueva Central Camionera de Guadalajara, Laura Imelda Pérez (Morena) ordenó iniciar un operativo en la zona para tratar de evitar las desapariciones. Desde entonces, la Policía Municipal ha rescatado a 28 personas que han llegado al estado atendiendo falsas ofertas laborales: 16 adultos (ocho hombres y ocho mujeres) y 12 menores de edad (siete hombres y cinco mujeres).

“Llegan de diferentes municipios del estado e incluso de otros estados, como Zacatecas, Ciudad de México o Nayarit, todos refieren que los habían enganchado con una oferta de trabajo muy bien remunerada (de 5 mil a 8 mil pesos por semana) que vieron en Facebook, y que no les pedían ni documentación ni experiencia”, explicó Marco Antonio Castañeda, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque.

Precisó que algunas veces los delincuentes piden a sus víctimas que apaguen sus teléfonos al llegar a la central y se encuentren con ellos a unas cuadras, o les ordenan tomar otro autobús rumbo a otro estado, como Zacatecas o Nayarit.

Para tratar de detectar a las posibles víctimas, la policía ha colocado un centro de información en la central de autobuses para que las personas puedan acudir a verificar si la oferta laboral es real.

Tras asumir como gobernador de Jalisco, Pablo Lemus anunció que su administración se sumaría a esta estrategia y la implementaría en las 66 centrales de autobuses que hay en la entidad. El Universal solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal datos sobre los resultados, pero no hubo respuesta.

El martes pasado la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para que en las centrales de autobuses del país se pida una identificación oficial al abordar y descender de los camiones.

Explicó ante diputados federales que muchos de los jóvenes desaparecidos “les entregan un boleto pagado por otra persona de manera previa, y se pierde el rastro”. Con información de Amalia Escobar

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Las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados se alistan para aprobar este jueves la Ley de Amnistía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión.

El dictamen de esta ley, del cual este medio tiene copia, plantea el otorgamiento del perdón por ilícitos como la interrupción del embarazo (que incluye a la mujer, familiares y médicos practicantes), así como delitos contra la salud cometidos por personas pobres, en extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidas y discriminadas, que tengan alguna discapacidad permanente o que fueron obligadas a delinquir por una persona cercana.

También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameritan más de cuatro años de cárcel, así como el delito de sedición y los cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se garantiza un debido proceso.

Se prevé que el dictamen se apruebe en comisiones para su posterior votación por el pleno antes de que concluya el periodo de sesiones el 15 de diciembre.

En su exposición de motivos, López Obrador aclaró que la amnistía beneficiará a quienes están en prisión por delitos menores y no a homicidas o secuestradores, o quienes hayan causado un grave daño a otra persona.

¿Qué ilícitos se incluyen?

Aborto cuando se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre.

Delitos contra la salud cuando el que los cometa esté en situación de pobreza, vulnerabilidad o haya sido obligado por criminales.

Robo simple y sin violencia si no amerita prisión de más de cuatro años.

Sedición cuando no se trate de terrorismo, no se utilicen armas de fuego o se haya privado de la vida.

El costo nacional del delito y la violencia para el gobierno, las empresas y la sociedad, representa un impacto anual de 1.5 billones de pesos o el 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, recursos suficientes para construir diez veces el tren Maya, y seis veces el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; mientras tan sólo para Nuevo León, alcanza un daño de 85 mil millones de pesos, o el 5.3 del PIB estatal.

Así lo manifestó Raúl Soto Zamora, director del programa Juntos para Prevención de la Violencia, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), durante la presentación del estudio "Estimación y costos del delito y la violencia en México", ante asistentes a la 26ª Sesión Ordinaria de Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública.

En su exposición, Soto Zamora destacó la necesidad de que trabajen juntos los tres niveles de gobierno, vinculados con la academia y el sector privado, para que puedan enfrentar con éxito el problema de la inseguridad, con un enfoque en la prevención.

Primeramente, por medio de un video, que se elaboró con la idea de convencer a los empresarios de participar en las tareas de prevención, Soto Zamora, explicó que, por temor a sufrir algún delito, un 44 por ciento de las personas dejó de llevar dinero en efectivo y salir de noche; mientras el 66.5 por ciento, impidió que sus hijos menores salieran de casa.

Estas decisiones personales, reducen los ingresos de los negocios y disminuyen la actividad económica; mientras los robos o asaltos a las empresas o negocios además de las pérdidas que implican.

Incrementan los gastos en seguridad privada, y todos los delitos juntos, los gastos del gobierno en las tareas de contención, expuso el representante de USAID.

Soto Zamora mencionó tres posibles escenarios del país hacia 2030, si se mantiene la tendencia actual, un escenario mejor donde se disminuya un 50 por ciento la incidencia delictiva, y el peor escenario si se incrementan en 50 por ciento los delitos.

En tales supuestos, señaló el representante de USAID, para 2030 el costo anual para el país sería de 4.5, 1.8 ó 7.2 billones de pesos. Por tanto, insistió, la prevención es la forma más eficiente de responder al delito y la violencia.

Mencionó que, en el caso de Nuevo León, "si no hacemos nada" y continúa la actual tendencia delictiva, del 5.3 por ciento del PIB que cuesta actualmente el problema del delito y la violencia, pasaría a costar el 10.7 del PIB estatal.

Expuso que no de los puntos que es importante reconocer en el problema es que la violencia es la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años y también entre las personas de 25 a 44 años, "por eso tratamos de sensibilizar que es la población en la que tenemos que invertir, porque son los que están con más probabilidad ser víctimas y victimarios".

Soto Zamora explicó que antes del estudio citado, hubo un análisis previo en Canadá, mediante el cual se concluyó que tener un joven en la cárcel cuesta 27 millones de pesos, si se incluyen todos los costos en la vida, por salud, educación, alimentación y lo que la sociedad pierde por el daño que causó con su delito y lo que deja de producir, mientras el costo de prevención para evitar que ese joven caiga en la cárcel sería de 1.2 millones de pesos.

En alusión a la necesidad de que el sector privado se sume al trabajo de prevención del delito, Soto Zamora señaló, no se trata de hacer caridad, a todos nos beneficia no tener gente que delinque en las sociedades.

Al final, dijo, cada joven que está en la cárcel va a salir, pero si no le das educación y oportunidades, va a salir a hacer lo que sabe hacer. Por eso es necesario focalizar los esfuerzos en la población vulnerable, pues de lo contrario, esto será el cuento de nunca acabar si sólo nos dedicamos a la contención del problema la criminalidad y la violencia.

En conclusión, se trata de reforzar la idea de que, si trabajamos en la prevención y hacemos estas inversiones, en unos años México tendrá ahorros muy significativos por lo que deje de impactar el crimen, y como beneficios se generarían alrededor de 2.8 millones de empleos vinculados al PIB, y se ahorrarían 7.1 billones de pesos en doce años, hacia 2030. "Una sociedad no violenta, genera economía, sostenibilidad y mejor calidad de vida, todos ganamos", concluyó el director del programa Juntos para Prevención de la Violencia.

El presente año 2019 se perfila como el de mayor cantidad de delitos denunciados ante fiscalías y procuradurías de los estados.

Tan sólo de enero a agosto se contabilizan un millón 353 mil 990 carpetas de investigación abiertas por homicidio, secuestro, extorsión, robo, narcomenudeo, trata de personas, lesiones dolosas, feminicidio, violencia familiar y abuso sexual, entre otros ilícitos del fuero común.

Esta cifra es 5.2% mayor que la incidencia delictiva del mismo periodo de 2018, que acumuló un millón 286 mil 490 registros, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mayo encabeza las denuncias, con 180 mil 376 en términos absolutos; le siguen agosto, con 175 mil 416; julio, con 174 mil 457; junio, con 170 mil 719, y marzo, con 169 mil.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer las estadísticas referentes a la incidencia delictiva en la entidad y los municipios respecto al mes de abril, donde se da a conocer que en todo Baja California se registraron 7,939 delitos comparados con marzo donde fueron 7,595, es decir hubo un ligero incremento en abril.

De este total 3,566 se registraron en Tijuana, 2,823 en Mexicali, 1067 en Ensenada, 267 en Rosarito y con menos reportes Tecate con 213 incidencias registradas, respecto a Tecate hubo un descenso al pasar de 222 en marzo a 213 en abril, sin embargo el número más bajo se registró en febrero cuando las incidencias bajaron a 188.

Particularmente en Tecate el número de denuncias por reporte de robo de vehículo bajó, pues en marzo se registraron 45 mientras que en abril fueron 48, destacando colonias como Loma Alta, Benito Juárez, El Descanso y La Hacienda.

El robo a comercio también pasó de 16 reportes en marzo a 10 en abril en lugares como Ejido Felipe Ángeles, Cuauhtémoc y El Descanso.

El robo con violencia en vía pública subió durante el pasado mes pues pasó de 6 reportes en marzo a 12 en abril, es decir se duplicó, destacando zonas como Zona Centro, Aldrete y Lázaro Cárdenas.

El homicidio bajó a solo 1 delito en abril mientras que en marzo fueron 3, en lo que va del año el mes con más violento fue febrero con 14 homicidios.

El secuestro se mantiene en cero al igual que el robo a banco mientras que la Privación Ilegal de la Libertad registró dos reportes en abril.