La Jueza penal María Eugenia Chávez otorgó la libertad al ex alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, luego de que confesara ser culpable del ataque a la periodista Karla Janeth Silva el 4 septiembre de 2014.

En una audiencia de juicio abreviado el ex edil aceptó haber dado instrucciones a su entonces director de Policía Municipal, Nicasio Aguirre Guerrero, para que contratara personas que golpearan y amenazaran a la reportera Karla Silva por las críticas que hacía en sus notas periodísticas.

La jueza lo sentenció a dos años de prisión por los delitos de lesiones dolosas y amenazas en agravio de la comunicadora y de su asistente Adriana, al pago de la reparación del daño, lo inhabilitó para ocupar un cargo público por un periodo de 2 años, y le impuso una multa económica.

El ex edil ofreció una disculpa a las víctimas y en la misma audiencia, este viernes, la jueza concedió la libertad con el pago de una multa de 3 mil 507 pesos, que le abrió las puertas del Cereso de Irapuato a donde ingresó el 11 de marzo de 2016.

Con la sentencia de Solís Arzola se cierra el proceso penal del caso Karla Silva, en el que se dictaron sentencias condenatorias a seis coautores, entre ellos el ex edil.

"La libertad de expresión es un pilar fundamental en toda democracia constitucional, "es terrible que un funcionario público mande callar a los reporteros", acotó el penalista.

La fiscalía acreditó la calidad de instigador del ex alcalde Solís en los delitos ejecutados por tres sujetos pagados que la tarde el 4 de septiembre de 2014 irrumpió en la redacción de El Heraldo de León, en el municipio de Silao, y golpearon a Karla Silva.

En el lugar también agredieron a la asistente de redacción Adriana Elizabeth Palacios, y se apoderaron de algunos objetos.

En el desarrollo de la audiencia Solís Arzola se disculpó públicamente con las víctimas y se comprometió a pagar un desplegado en un medio de circulación estatal, como parte de la reparación del daño.

Los tres autores materiales, Luis Gerardo Hernández Valdenegro, Samuel Ornelas Martínez y Joaquín Oswaldo Valero Garnica fueron contactados por el subdirector operativo de la Policía, Alejandro Fonseca Durán, y por el ex jefe de Seguridad Pública Nicasio Aguirre Guerrero, quien también en procedimiento de juicio abreviado dijo que realizó la acción en contra de la periodista por órdenes del entonces alcalde Solís Arzola, quien pretendía darle un susto a Silva.

El doctor Eduardo Alejandro Terreros Martínez, anunció que este lunes concluye su responsabilidad como Presidente Municipal de Tijuana, cargo que ocupó desde el pasado 6 de abril, por lo que agradece a la comunidad la oportunidad de haber servido a la ciudad durante 59 días.

Manifestó que se siente muy honrado de haber cumplido con el mandato constitucional y satisfecho del trabajo realizado, ya que los servicios que ofrece el XXII Ayuntamiento se otorgaron con puntualidad, gracias a la dedicación y empeño del personal de todas las dependencias que labora en esta institución.  

Terreros Martínez informó que este martes 4 de junio, retoma sus funciones constitucionales como presidente municipal, el licenciado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, para concluir el mandato para el que fue elegido.

Dos asesinatos casi simultáneos se registraron en Cajeme, la primera de ellas durante el velorio de un hombre que había sido acribillado hace casi una semana. En el lugar resultaron heridas con impacto de bala tres personas, una de ellas una menor de seis años de edad.

Estos hechos violentos se registraron alrededor de las 22:00 horas del miércoles 15 de agosto, en una vivienda de las calles Antonio Caso y Hacienda del Real de la colonia Villas del Rey.

Según testigos, la familia estaba velando el cuerpo de un joven que fue encontrado el pasado viernes en el Ejido Yucuribampo, el cual estaba envuelto en una cobija.

Llegaron hombres armados a bordo de un pick up y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Ahí murió un hombre de 45 años de edad, de nombre Martín Francisco "N", y tres personas más resultaron lesionadas en el ataque.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a las personas heridas a un hospital público y personal de Servicios Médicos Forenses, dieron fe para el levantamiento del cuerpo.

En otro caso, un vendedor de hot dogs, de nombre Jesús "N", fue asesinado a tiros en la colonia Valle Verde, en las calles Topacio y Ejército Nacional, su cuerpo quedó tendido afuera de una tienda de conveniencia.

La víctima estaba acompañada por su esposa y su hija, quienes solicitaron auxilio, pero al llegar la Cruz Roja ya no contaba con signos vitales,

Personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) abrió carpeta de investigación de ambos casos.

Falta de servicios públicos, inseguridad, que se demuestra por una alta de homicidios, y hasta casos de presunta corrupción gubernamental, ubican a Tijuana como un municipio fallido, afirma el regidor Manuel Rodríguez Monárrez, quien este fin de semana enlistó en redes sociales lo que considera abusos financieros cometidos por la administración que encabeza Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

“Perdió la gobernabilidad el presidente municipal. Hay mucha simulación en torno a las decisiones que se toman, solo está el interés inmediato de hacer negocio: la espiral de crisis nos ha llevado a altos niveles de inseguridad, la gente no sabe qué hacer, por la falta de servicios.

“Siempre se dice, estamos haciendo algo, pero es la planeación estratégica la que debió realizarse desde el día que ganó la elección y no esperar a que empezara su gobierno para empezar a ver qué es necesario hacer”.

Tijuana es el municipio más endeudado del país, con 2 mil 677 millones de pesos.

Por el nivel de endeudamiento, Tijuana está en bancarrota y le convendría buscar el rescate federal, para poner en receso a deudores y avanzar en el pago de la deuda.

Casos emblemáticos de corrupción de contratos, gastos y concesiones, publicados por el regidor Monárrez: La concesión para la recolección de basura a Turbofín, por 237millones de pesos. La ampliación indebida de la concesión del basurero de Tijuana a GEN hasta el año 2043. El pago de 40 millones de pesos para la cobranza del impuesto predial a morosos. La concesión de estacionómetros, con mayoría de regidores panistas. El pago de 14 millones de pesos por el reclutamiento de 13 policías. Destinar cuatro millones de pesos para obras en un fraccionamiento privado de ricos y entregar dos millones de pesos a un empleado municipal que preside una organización no gubernamental contra el maltrato entre estudiantes.

Manuel Rodríguez reveló que no se permite a los regidores generar iniciativas, salvo que se opine a favor del alcalde.

“La sindicatura, sin actuar en ninguno de los ocho casos denunciados, las irregularidades un patrón de comportamiento la forma en que se administran los recursos dela ciudad. El tesorero está denunciado también, por la forma en que se han emitido los cheques, sin respeto a la ley, solo obedeciendo las órdenes del presidente”, finalizó.

El 2017 fue el año más violento en la historia de México, según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con 31 mil 174 homicidios, siendo los estados más violentos el Estado de México, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua.

En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas, Adrián Franco Barrios, director General de Estadísticas de Gobierno y Seguridad Pública del Instituto, informó que las cifras preliminares arrojan que hubo 26.9% más homicidios que en 2016.

Esto es, que ocurrieron 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, cinco más de los registrados en 2016.

La tasa actual supera a los dos picos anteriores con más defunciones por asesinato, que fueron 2011 con 24 por cada 100 mil y 2010 con 23.

Respecto a la diferencia con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reporta poco más de 29 mil casos, declaró que siempre han discrepado en datos porque adquieren la información de fuentes distintas, sin embargo, planteó que lo importante es que los datos se mantienen en la misma tendencia.

Dijo que los datos recabados por el Inegi se sustentan en los certificados de defunción emitidos por las dependencias gubernamentales.

El funcionario acotó que son siete las entidades concentran casi la mitad de los homicidios a nivel nacional: Baja California, Michoacán, Sinaloa, estado de México, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua. Los últimos cuatro estados registraron por sí mismos 32.4% de los 31 mil 174 homicidios, es decir, uno de cada tres asesinatos.

En 27 entidades aumentaron los homicidios, en tanto que en Yucatán, Campeche, Durango, Morelos y Guerrero decreció la cifra.

Barrios informó que en Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo la cifra se elevó en números abruptos, casi triplicando las anteriores.

"México es un cementerio. Esa frase no es mía, es de las madres que buscan a sus hijos y que encuentran fosas clandestinas", dice la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien afirma que los dos gobiernos anteriores dejaron 200 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos, lo que hace necesario que la nueva administración ponga en marcha una política de pacificación del país.

"Tenemos dos sexenios de muerte, desolación y una ola de violencia imparable. Esto no gusta mucho que se diga, pero solamente con las cifras oficiales tenemos en estos dos sexenios más de 200 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos. No sabemos cuántas ejecuciones extrajudiciales, extorsiones, derechos de piso, violaciones, trata y asesinatos de periodistas, el tema es sumamente complicado, muy complejo. Pero de lo que sí estamos ciertos es de que no podemos seguir así, con una política anticrimen y antidrogas que no ha dado otro resultado que más violencia", argumenta a EL UNIVERSAL la próxima secretaria de Gobernación.

Y explica: "La pacificación del país es la paz y seguridad de cada una de las familias mexicanas", mediante la recomposición del tejido social.

La ministra Sánchez Cordero agrega que la despenalización del comercio de las drogas, iniciando con la marihuana, es un tema que es analizado y será consultado por el nuevo gobierno, pero asegura que "el objetivo no es despenalizar la droga, el objetivo es la paz; ese es el objetivo, que no se confunda".