El presidente del Senado, Pablo Escudero (PVEM), afirmó que hay preocupación por los señalamientos de irregularidades en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), "con actuaciones que han sido acusadas, por decir lo menos, de opacas y que han puesto en tela de juicio al propio sistema".

"Sin duda hay una preocupación más grande de lo que está sucediendo en el sistema. Hay focos amarillos prendidos y se tiene que tomar con seriedad. Nosotros dimos los instrumentos necesarios para que pudiera avanzar el sistema", dijo.

EL UNIVERSAL ha registrado las denuncias sobre anomalías y favoritismos en la integración del Comité de Participación Ciudadana del SNA, de acuerdo con testimonios de participantes en el proceso de elección.

Escudero informó que en la próxima sesión de la Comisión Permanente del Congreso, la cual preside, se presentará al pleno un dictamen que exhorta a la Mesa Directiva del Senado a invitar a una reunión de trabajo a los integrantes del comité.

"Hemos visto una serie de actuaciones que han sido acusadas de opacas y no han respondido en encontrar a los mejores perfiles para integrar estos órganos, que ha habido conflicto de intereses, no son transparentes y se selecciona por cuates", argumentó.

El presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de la República Mexicana, Juan Ramiro Robledo, planteó la necesidad de poner a revisión todo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y valorar incluso si se requiere un nuevo modelo.

Actualmente, el SNA está incompleto, pues desde su creación en 2015 debieron crearse cinco salas especializadas con 18 magistrados anticorrupción, proceso que se quedó trunco en el Senado, que no ha designado a los juzgadores.

Pero el magistrado Robledo planteó que el SNA "hasta ahora no ha funcionado a plenitud, esa es una verdad" por lo que debe revisarse su diseño.

Planteó por ejemplo que se requiere modificar la parte de la investigación que está en manos de las contralorías de los estados de las dependencias y entidades paraestatales.

Además es indispensable "tener una organización propia, magistrados a prueba de cualquier examen, facultades suficientes para poder cumplir las resoluciones de estos tribunales (pues) la función principal es declarar la legalidad o la nulidad de los actos administrativos, es decir de los gobernadores, municipios o del ejecutivo federal".

Robledo e integrantes de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de la República Mexicana se entrevistaron este martes con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, a quien plantearon la necesidad de reformas al artículo 116 constitucional que tienen que ver con la autonomía e independencia de los Tribunales Administrativos.

En entrevista el magistrado Robledo vio bien que haya terapias anticorrupción, planteadas la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues "creo que hay funcionarios a los que hace falta que se les reconvierta su función moral e intelectual".

"Con terapia o sin terapia lo importante es que se sancione y se recupere todo" pues lo más importante es que se sancione y que se recupere lo que ha perdido la hacienda pública, el patrimonio público, dijo.

Además de Robledo estuvieron presentes en la reunión con el consejero magistrados de Nuevo León, el presidente, de Coahuila, Veracruz, Puebla, Estado de México, Guerrero, Querétaro y San Luis Potosí.

La Comisión económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que la evasión y elusión fiscal por el no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanzó la cifra de 6.3% del PIB en 2017.

Ese porcentaje equivale a 335 mil millones de dólares, lo que se calculó bajo el supuesto que el incumplimiento en el pago del ISR es del 4% y del IVA de 2.3% en Latinoamérica.

La evasión y elusión está en "altos niveles", lo que significa que es "de las principales barreras para la movilización de recursos internos", ya que los ingresos fiscales de la región son insuficientes para financiar programas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El organismo consideró que "los flujos financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación de precios del comercio internacional de bienes alcanzaron los 85 mil millones de dólares en 2016, monto equivalente al 1.5% del PIB" de la región".

La Secretaría de Salud del estado de Jalisco confirmó que hoy martes murió un bebé de ocho meses que resultó herido durante la agresión en contra del ex fiscal del estado, ocurrida la tarde de ayer lunes en un restaurante del centro de Guadalajara.

También señaló que en total son 16 las personas lesionadas por los hechos violentos del lunes, entre ellos 13 civiles y tres policías.

Entre los civiles heridos se encuentra la madre del menor fallecido.

"Se han generado 3 altas, 13 personas continúan hospitalizadas en estado de leve a grave, 3 de ellos tienen un pronóstico reservado", indicó la Secretaría de Salud a través de sus redes sociales.

Tras el atentado contra el actual secretario local del Trabajo, Luis Carlos Nájera, el gobierno de Jalisco informó que además de los siete heridos en el tiroteo del restaurante de la avenida Chapultepec, también hubo nueve lesionados más durante los bloqueos generados por la captura de algunos de los presuntos agresores del funcionario.

Por su parte, la Fiscalía del estado informó que durante la madrugada falleció por un infarto uno de los seis detenidos.

El ex fiscal del estado de Jalisco y actual secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, afirmó que identificó a uno de los hombres armados que protagonizaron la agresión en su contra como parte de un grupo delictivo perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que pese al ataque no se irá del estado.

En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas, Nájera afirmó que no se trató de un "susto" pues los atacantes dispararon en múltiples ocasiones en su contra.

El secretario de Trabajo explicó que la agresión ocurrió cuando se encontraba en un restaurante del centro de Guadalajara, reunido con un líder sindical.

Permanecieron en el lugar un espacio de 45 minutos, tiempo durante el que se percató que un par de hombres ingresaron al sitio y parecían ubicar entradas y salidas del sitio. Uno de ellos fue ubicado por el ex Fiscal como miembro de una célula delictiva que podría estar vinculada al CJNG o una de sus escisiones.

Al percatarse de la presencia de los dos hombres, puso en alerta a sus escoltas, cambió de mesa y pidió a los agentes que colocaran la camioneta blindada en la entrada del restaurante.

Este movimientos, según relató el Secretario, permitió que los tres atacantes que abrieron fuego en contra de la entrada del restaurante cuando se Nájera se retiraba del lugar, no lograran asesinarlo.

Para escapar del lugar, el ex Fiscal arrancó la camioneta que lo protegió y avanzó a bordo de ella, en tanto, elementos policíacos impidieron que un segundo grupo de atacantes lo persiguiera.

Nájera confirmó que entre las personas heridas tras el ataque, hay "dos jovencitas que se encontraban vendiendo dulces afuera del restaurante".

Negó que vaya a retirarse del estado y afirmó que confía en que la Fiscalía dará con los responsables del ataque.

Mencionó que le parece importante que el ataque se da en medio de un escenario político de cambio, como lo son las elecciones locales.

"No podemos huir ante la delincuencia, Jalisco y su gente son más grandes que los delincuentes", afirmó.

Después de dejar la Fiscalía

Nájera relató que al dejar la Fiscalía del estado, cambió su residencia a Estados Unidos. Desde ahí viajó constantemente a un estado del norte de México, donde fungió como asesor.

Posteriormente, por motivos personales y de trabajo, volvió a Jalisco donde litigó unos meses antes de ser nombrado secretario del Trabajo en la entidad.

Una jueza federal estadounidense desestimó hoy la demanda civil presentada por el exjefe de campaña del presiente Donald Trump, Paul Manafort, contra el fiscal especial que investiga la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, Robert Mueller.

La jueza Amy Berman Jackson consideró que la vía escogida por Manafort, la de una demanda civil, no era "el vehículo apropiado para abordar lo que un investigador ha hecho en el pasado o lo que hará en el futuro" en un proceso criminal, según reza su decisión.

Además, la magistrada también explicó que existe un principio por el que un tribunal no debe ejercer sus poderes "equitativos" para "interferir o participar en una investigación criminal en proceso" cuando el acusado tiene la oportunidad de "retar" cualquier "defecto" en la investigación durante el juicio o con un recurso directo.

"Por todas estas razones, el caso civil de Manafort será rechazado y sus preocupaciones sobre la investigación del fiscal especial serán abordadas en el caso criminal", concluyó.

Manafort presentó en enero una demanda contra el fiscal especial y contra el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, que avaló a Mueller para que dirigiera la investigación, y contra el propio Departamento de Justicia.

En el documento, el exdirector de la campaña de Trump para los comicios presidenciales de 2016 alegaba que el Departamento de Justicia violó la ley al nominar a Mueller para que liderase la investigación en mayo de 2017.

La demanda consideraba que la orden para nombrar a Mueller "excede el alcance de la autoridad de Rosenstein para nombrar a un fiscal especial, así como restricciones concretas relativas a nombramientos como ese".

También se centraba en una parte de la petición de Rosenstein a Mueller de investigar "cualquier aspecto que emerja o pueda emerger directamente" de la causa, lo que desde el equipo de Manafort consideran un exceso de competencias al dar "carta blanca" de acción al fiscal especial.

Hace tres semanas Manafort pidió a la jueza que retirara los cargos que presentó en su contra Mueller con objeto de librarse de los treinta cargos criminales que presentó en su contra el fiscal especial en la corte del Distrito de Columbia y en la corte del distrito este de Virginia, por lo que podría llegar a ser condenado a decenas de años de cárcel.

Manafort, en régimen de arresto domiciliario desde que se entregó al FBI el pasado octubre, tendrá que enfrentarse a dos juicios: uno fijado para el 10 de julio en Virginia y otro que comenzará el 17 de septiembre, apenas dos meses antes de las elecciones legislativas de noviembre.

En ambas cortes, Manafort se ha declarado no culpable de todos los cargos.

Mueller investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Kremlin, al que las agencias de inteligencia de EE.UU. acusan de interferir en las elecciones de 2016.

Según Mueller, Manafort trabajó entre 2006 y 2017 para Gobiernos extranjeros, incluido el Ejecutivo prorruso del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014) y otros oligarcas rusos, a los que ayudaron a mejorar su imagen en Washington sin comunicárselo al Gobierno de EE.UU., lo que constituye un crimen.

El proceso contra él es producto de la investigación de Mueller sobre los supuestos lazos entre Rusia y miembros de la campaña de Trump, pero no está relacionada directamente con las actividades que desempeñó entre mayo y agosto de 2016 como jefe de la campaña del ahora mandatario.

Manafort, que trabajó como jefe de la campaña de Trump entre junio y agosto de 2016, tuvo que dimitir tras descubrirse que había ocultado a las autoridades un pago de 12,7 millones de dólares que recibió por asesorar a Yanukóvich, vinculado a Rusia.