La coalición Por un Coahuila Seguro, que postuló al priísta Miguel Riquelme a gobernador, excedió en 8% el tope de gastos de campaña, resolvió este lunes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

De confirmarse en tribunales, junto con otros elementos, podría poner en la mesa el tema de la nulidad de la elección.

El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, anunció que las decisiones del INE no contribuyen a dar certeza jurídica, por lo que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El otro contendiente, el panista Guillermo Anaya, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, también habría rebasado el límite permitido de gastos en 5%. 

El monto final sigue en incertidumbre, puesto que el INE dejó abierta la fiscalización al abrir un procedimiento de oficio para revisar si pagaron a representantes de casilla.

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que su dependencia detectó que en administraciones anteriores había secretarías o entidades que hasta los "clubes" le pagaban a los altos funcionarios.

En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda para debatir la Ley de Ingresos, Arturo Herrera, informó que sí habrá una disminución en los seguros de gastos médicos mayores de los funcionarios y otros privilegios más.

Relató que era una injusticia porque los empleados, incluyendo mandos medios y superiores, cotizaban al ISSSTE, pero no se utilizaban porque se tenían seguros privados y ahora habrá una alineación, porque al desaparecer el seguro privado todos tendrán que ir al ISSSTE y se tienen que asegurar que funcionen bien.

"Sí hay una disminución de los seguros privados, más otras cosas, había algunas entidades del gobierno federal que pagaban incluso los clubes, y déjame decirle lo que para mí era una gran injusticia, todos los trabajadores, incluyendo los mandos medios y superiores cotizábamos al ISSSTE, pero no lo utilizábamos porque teníamos los seguros privados.

"Entonces no había una alineación de incentivos entre quienes tenemos que asegurarnos que las instituciones funcionen bien como el ISSSTE porque no sufríamos un mal servicio del ISSSTE, ahora que todos vamos a tener que ir al ISSSTE, nos tenemos que asegurar que está bien para todos incluyendo para nosotros, me parece que es una medida que fue muy buena", indicó el funcionario federal.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a Presidencia de la República informar sobre los montos erogados por concepto de viáticos en la casa presidencial de 2013 a 2018, en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Un ciudadano solicitó copia en versión electrónica de los montos de recursos ejercidos en la Residencia Oficial de Los Pinos por concepto de viáticos del año 2013 al año 2018, desglosado por año.

Sin embargo, al no recibir la información requerida, presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La Oficina de la Presidencia atendió la solicitud a través de la Dirección General de Finanzas y Presupuesto (DGFP), con fecha del pasado 26 de septiembre y solicitó al Comité de Transparencia, que confirmara la inexistencia de la información solicitada.

No obstante, el comisionado ponente Oscar Guerra Ford, explicó que, derivado de la respuesta otorgada por la Oficina de la Presidencia, se determinó que el sujeto obligado incumplió con el procedimiento de búsqueda de la información.

"La distribución del gasto por unidad responsable y al nivel de desagregación de capítulo y concepto del gasto que forma parte del Presupuesto de Egresos del Ramo 02 contiene una estructura presupuestal conformado por conceptos diversos de los que se desprenden los servicios generales y de viáticos por lo que es deseable colegir que se ejercen con recursos públicos", subrayó el comisionado. 

De 2006 hasta agosto pasado, 22 secretarías de Estado y otras instituciones públicas han gastado en telefonía celular 912 millones 468 mil 955 pesos. Entre las que más desembolso registran están la Policía Federal (176 millones 137 mil 923 pesos), Procuraduría General de la República (159 millones 870 mil 963), el Consejo de la Judicatura Federal (124 millones 440 mil 274), la Universidad Nacional Autónoma de México (97 millones 297 mil 302) y la Comisión Federal de Electricidad (80 millones 928 mil).

La información solicitada vía transparencia destaca que el gasto por este concepto creció entre la gestión federal pasada y la actual al pasar de 404 millones 745 mil pesos a 507 millones 723 mil 951 pesos.

De las dependencias consultadas, las que menos han destinado recursos a ese rubro son las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (4 millones 322 mil pesos), Cultura (3 millones 232 mil), Desarrollo Social, (2 millones 16 mil 481) y Marina (837 mil 579).

La Dirección General de Tecnologías de Información de la Cámara de Diputados, que ha gastado 27 millones 428 mil 246 pesos en telefonía celular, indicó que ningún legislador cuenta con este servicio, pero "hay personal que recibe esta prestación para atender tareas de resguardo, seguridad y operación".

El Senado informó que durante este año están asignadas 120 líneas, de las cuales 28 están destinadas a órganos de gobierno y el resto (92) son para los trabajadores de las áreas parlamentarias, técnicas y también administrativas.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, informó que con el programa de austeridad que propondrá a las otras bancadas de la Cámara Alta se logrará una reducción de al menos mil 500 millones de pesos en los gastos de operación en 2019.

Entre los rubros a eliminar se encuentran gastos en alimentos, que en 2017 ascendieron a 13.9 millones de pesos en desayunos, emparedados, fruta, comidas en salones, salón de sesiones y oficinas. Tan sólo en café, galletas, té y endulzantes, el gasto es de 1.4 millones de pesos.

Adicional a ello se buscará entrar a un proceso de "deschatarrización" de vehículos viejos, así como de vicios y privilegios que se mantienen a costa de la institución.

En las medidas inmediatas que propone Morena está dejar de rentar pisos en la Torre Azul, propiedad de Acción Nacional, que representan una erogación de más de 700 mil pesos mensuales. "La Torre Azul es víctima de la austeridad", indicó Monreal a los periodistas, y dejó en claro que "un programa de austeridad se lleva todo; no es una cosa personal contra el PAN".

Agregó que dejar de rentar ese edificio es una decisión que se toma porque el Senado no se puede dar el lujo de sostenerlo en este momento en el que todas las áreas son objeto de medidas de ajuste. También se dejarán de rentar espacios de estacionamiento que se brindan a empleados de la institución.

Informó que el Senado tenía oficinas de diversas comisiones en la Torre Azul, las cuales ya han sido trasladadas a la sede oficial, que está enfrente, sobre Paseo de la Reforma.

El programa de austeridad será el primer acuerdo que se someterá a consideración de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que busca bajar 30% al presupuesto de 2019, diseñado por 5 mil 200 millones de pesos.

Aseguró que la dieta de los senadores de la Legislatura entrante también será reducida, y el monto del recorte se estima en 13 mil pesos mensuales. Además, ningún funcionario de la Cámara Alta podrá ganar más que los 105 mil pesos mensuales de un senador.

Reportó que se han liquidado mil 911 empleados de confianza y temporales, lo que representa un costo de 330 millones de pesos. En este ajuste están 500 empleados que solicitaron su retiro, y su liquidación aumentó una suma extraordinaria de 200 millones de pesos en la partida correspondiente.

La austeridad que deberán aceptar o rechazar las otras bancadas plantea restar la mitad de las subvenciones de mil 200 millones de pesos que reciben los grupos parlamentarios y que sumarían sólo 600 millones de pesos.

Se cancela el pago de gastos médicos mayores, desaparece la tarjeta IAVE, los celulares ya no serán pagados por el Senado ni habrá vales de gasolina, detalló.

El veredicto que declaró hoy culpable a Paul Manafort, el exjefe de campaña del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, sacudió hoy la Presidencia del mandatario ante las consecuencias que pueda tener en la investigación de la trama rusa.

Manafort fue hoy declarado culpable por un jurado en la corte federal del Distrito Virginia Este de ocho de los 18 cargos por fraude que se le imputaban, lo que podría suponer una condena que le llevara a terminar sus días en prisión.

Ante esta situación, y a la espera de ver qué sucede con el resto de delitos de los que se le acusan, el foco está ahora en si Manafort buscará colaborar con los investigadores de la trama rusa para reducir su condena o tratará de ganarse un indulto del presidente.

"En este momento (Manafort) está evaluando todas las opciones", aseguró el abogado principal del exjefe de campaña de Trump, poco después de que se conociera el veredicto, dejando la puerta abierta a cualquiera de las vías, también a la de cumplir sin más su condena, que será fijada próximamente por el juez Thomas Ellis.

El estratega fue declarado culpable de ocho cargos, entre los que se encuentran cinco relativos a declaraciones de impuestos, uno sobre no haber informado de una cuenta en el extranjero y dos fraudes bancarios a la hora de pedir préstamos.

Después de que el jurado no alcanzara consenso sobre diez de los cargos, el magistrado declaró nulo el juicio para esos delitos, por lo que la fiscalía especial del caso deberá decidir si volver a iniciar otro juicio con estos o no.

Ahora, el juez Ellis tendrá que fijar una fecha de sentencia y establecer una condena, a la que también aguarda paralelamente en el marco de la investigación de la trama rusa el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn.

Ante los acontecimientos, el presidente volvió a rechazar que hubiese ninguna conspiración entre su equipo electoral y Moscú.

"Es una caza de brujas, (...) me siento muy mal por Manafort. No tenga nada que ver con la coordinación rusa (con su propia campaña)", aseguró el magnate, a quien también le salpicó hoy la declaración de culpabilidad entonada por su exabogado y exescudero personal, Michael Cohen, en Nueva York.

El juicio contra Manafort comenzó el pasado 31 de julio y las deliberaciones del jurado han durado cuatro días, hasta que este martes el jurado se pronunció.

Durante estas semanas, la acusación ha retratado a Manafort como un multimillonario asesor internacional, con gustos exquisitos, que falsificaba documentos para evadir impuestos y realizar fraudes bancarios, una narrativa y unas pruebas que solo han convencido parcialmente al jurado.

Manafort, que se había declarado no culpable de todos los cargos, fue enviado a la cárcel el 15 de junio tras haber intentado influir en las declaraciones de al menos dos testigos, lo que colmó la paciencia de la jueza de su otro juicio pendiente, quien le mantenía el arresto domiciliario desde octubre, cuando se entregó al FBI.

El 17 de septiembre, el estratega afronta su segundo juicio en el marco de la trama rusa, en este caso en Washington, donde se le juzga entre otros cargos por haber actuado como un agente extranjero de forma ilegal.

El fiscal especial Robert Mueller investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y Rusia, a la que las agencias de Inteligencia de EE.UU. acusan de interferir en los comicios presidenciales de 2016.

El mandatario ha tratado de desprestigiar a la causa de Mueller en repetidas ocasiones e incluso ha asegurado abiertamente que se debería acabar con ella.

Manafort supuestamente trabajó entre 2006 y 2017 para Gobiernos extranjeros, incluido el Ejecutivo prorruso del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), y para oligarcas rusos.

El proceso contra él es producto de la investigación de Mueller, pero no está relacionada directamente con las actividades que desempeñó entre marzo y agosto de 2016 en la campaña del mandatario, donde llegó a ser el jefe hasta que se vio obligado a dimitir por ocultar el cobro de 12,7 millones procedentes de Yanukóvich.

Así, a la espera de que se fije una fecha de sentencia, el veredicto contra Manafort, unido a la declaración de culpabilidad de Cohen, pueden sacudir la Presidencia a poco más de dos meses de que se cumpla el segundo aniversario de la victoria electoral de Trump.