El secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado, afirmó que, aunque la falta del fiscal anticorrupción es un hecho grave, el modelo le permite trabajar sin éste.

"Muchos piensan que por no tener a los magistrados y no tener al fiscal anticorrupción el Sistema Nacional Anticorrupción nace cojo. Yo diría que el sistema está funcionando porque tiene siete integrantes, de los cuales solamente hace falta uno", aseguró a EL UNIVERSAL. 

Sobre los faltantes, opinó que los magistrados del Tribunal Judicial Federal Administrativo pueden nombrarse por el Senado en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Salgado adelantó que entre sus planes a corto plazo se encuentra la Plataforma Nacional Digital.

A cinco años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuatro elementos han impedido su funcionamiento: 1).- Nombramientos pendientes; 2).- Medidas de austeridad que impiden realizar el trabajo de manera eficaz; 3).- Descalificaciones públicas sin sustento por parte de los representantes políticos, particularmente del Presidente de la República; y, 4).- Nulo compromiso de los titulares de las secretarías dependientes del Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República con el Sistema.

Un documento de Mexicanos Contra la Corrupción indica que el 11 de junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al SNA de ser un organismo costoso e ineficaz, pues: 1).- Antes no se consideraba a la corrupción como ‹‹delito grave››; 2).- La intención de quienes participaron en su creación era ‹‹acomodarse en estos organismos››; y, 3).- la instalación de las salas regionales especializadas en anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un gasto innecesario.

Ante estas acusaciones, es necesario señalar:

Gracias al SNA los funcionarios públicos están obligados a realizar declaraciones patrimoniales y de intereses antes de tomar posesión de un cargo. Este logro es resultado de la iniciativa respaldada por más de 630,000 ciudadanas y ciudadanos.

El objetivo del SNA es coordinar los esfuerzos de instituciones que ya existen para erradicar la corrupción en México, no crear nuevos organismos anticorrupción. El presupuesto del SNA apenas representa el 0.11% del presupuesto federal de este año.

Disminuir el financiamiento de las salas especializadas o posponer el nombramiento de sus magistrados, significa disminuir el número de jueces anticorrupción que resolverán faltas administrativas. Sin estos jueces se reducen las posibilidades de castigar a funcionarios, ciudadanos o empresas que hayan dañado el patrimonio público.

La reforma impulsada por la actual administración para incluir dos delitos de corrupción como ‹‹delitos graves››, sólo implica que quien sea acusado de enriquecimiento ilícito o ejercicio abusivo de funciones será detenido antes de que un juez determine si es o no culpable. Esta reforma lesiona el derecho fundamental a la presunción de inocencia y debería ser derogado. Además, debido a la elevada impunidad de nuestro sistema de justicia (99% de los delitos de corrupción quedan impunes), elevar el castigo por estos delitos incrementa el costo del soborno a los ciudadanos y vuelve más difícil desmantelar redes de corrupción.

María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destacó: “Para combatir la corrupción no es suficiente un discurso político o enviar personas a la cárcel sin un juicio. Se trata de un problema que se alimenta de la impunidad, de la ineficacia y falta de coordinación en el gobierno. La solución exige el uso eficiente de recursos públicos, la coordinación de todos los sectores del gobierno y el respaldo de los representantes políticos.”

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) exige retomar las tareas pendientes para consolidar al Sistema Nacional Anticorrupción: Es necesario que el Senado designe a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hace un llamado para que todos los representantes políticos se sumen a la política definida por los organismos públicos para combatir la corrupción.

La Comisión económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que la evasión y elusión fiscal por el no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanzó la cifra de 6.3% del PIB en 2017.

Ese porcentaje equivale a 335 mil millones de dólares, lo que se calculó bajo el supuesto que el incumplimiento en el pago del ISR es del 4% y del IVA de 2.3% en Latinoamérica.

La evasión y elusión está en "altos niveles", lo que significa que es "de las principales barreras para la movilización de recursos internos", ya que los ingresos fiscales de la región son insuficientes para financiar programas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El organismo consideró que "los flujos financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación de precios del comercio internacional de bienes alcanzaron los 85 mil millones de dólares en 2016, monto equivalente al 1.5% del PIB" de la región".

La Secretaría de Salud del estado de Jalisco confirmó que hoy martes murió un bebé de ocho meses que resultó herido durante la agresión en contra del ex fiscal del estado, ocurrida la tarde de ayer lunes en un restaurante del centro de Guadalajara.

También señaló que en total son 16 las personas lesionadas por los hechos violentos del lunes, entre ellos 13 civiles y tres policías.

Entre los civiles heridos se encuentra la madre del menor fallecido.

"Se han generado 3 altas, 13 personas continúan hospitalizadas en estado de leve a grave, 3 de ellos tienen un pronóstico reservado", indicó la Secretaría de Salud a través de sus redes sociales.

Tras el atentado contra el actual secretario local del Trabajo, Luis Carlos Nájera, el gobierno de Jalisco informó que además de los siete heridos en el tiroteo del restaurante de la avenida Chapultepec, también hubo nueve lesionados más durante los bloqueos generados por la captura de algunos de los presuntos agresores del funcionario.

Por su parte, la Fiscalía del estado informó que durante la madrugada falleció por un infarto uno de los seis detenidos.

El ex fiscal del estado de Jalisco y actual secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, afirmó que identificó a uno de los hombres armados que protagonizaron la agresión en su contra como parte de un grupo delictivo perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que pese al ataque no se irá del estado.

En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas, Nájera afirmó que no se trató de un "susto" pues los atacantes dispararon en múltiples ocasiones en su contra.

El secretario de Trabajo explicó que la agresión ocurrió cuando se encontraba en un restaurante del centro de Guadalajara, reunido con un líder sindical.

Permanecieron en el lugar un espacio de 45 minutos, tiempo durante el que se percató que un par de hombres ingresaron al sitio y parecían ubicar entradas y salidas del sitio. Uno de ellos fue ubicado por el ex Fiscal como miembro de una célula delictiva que podría estar vinculada al CJNG o una de sus escisiones.

Al percatarse de la presencia de los dos hombres, puso en alerta a sus escoltas, cambió de mesa y pidió a los agentes que colocaran la camioneta blindada en la entrada del restaurante.

Este movimientos, según relató el Secretario, permitió que los tres atacantes que abrieron fuego en contra de la entrada del restaurante cuando se Nájera se retiraba del lugar, no lograran asesinarlo.

Para escapar del lugar, el ex Fiscal arrancó la camioneta que lo protegió y avanzó a bordo de ella, en tanto, elementos policíacos impidieron que un segundo grupo de atacantes lo persiguiera.

Nájera confirmó que entre las personas heridas tras el ataque, hay "dos jovencitas que se encontraban vendiendo dulces afuera del restaurante".

Negó que vaya a retirarse del estado y afirmó que confía en que la Fiscalía dará con los responsables del ataque.

Mencionó que le parece importante que el ataque se da en medio de un escenario político de cambio, como lo son las elecciones locales.

"No podemos huir ante la delincuencia, Jalisco y su gente son más grandes que los delincuentes", afirmó.

Después de dejar la Fiscalía

Nájera relató que al dejar la Fiscalía del estado, cambió su residencia a Estados Unidos. Desde ahí viajó constantemente a un estado del norte de México, donde fungió como asesor.

Posteriormente, por motivos personales y de trabajo, volvió a Jalisco donde litigó unos meses antes de ser nombrado secretario del Trabajo en la entidad.

Una jueza federal estadounidense desestimó hoy la demanda civil presentada por el exjefe de campaña del presiente Donald Trump, Paul Manafort, contra el fiscal especial que investiga la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, Robert Mueller.

La jueza Amy Berman Jackson consideró que la vía escogida por Manafort, la de una demanda civil, no era "el vehículo apropiado para abordar lo que un investigador ha hecho en el pasado o lo que hará en el futuro" en un proceso criminal, según reza su decisión.

Además, la magistrada también explicó que existe un principio por el que un tribunal no debe ejercer sus poderes "equitativos" para "interferir o participar en una investigación criminal en proceso" cuando el acusado tiene la oportunidad de "retar" cualquier "defecto" en la investigación durante el juicio o con un recurso directo.

"Por todas estas razones, el caso civil de Manafort será rechazado y sus preocupaciones sobre la investigación del fiscal especial serán abordadas en el caso criminal", concluyó.

Manafort presentó en enero una demanda contra el fiscal especial y contra el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, que avaló a Mueller para que dirigiera la investigación, y contra el propio Departamento de Justicia.

En el documento, el exdirector de la campaña de Trump para los comicios presidenciales de 2016 alegaba que el Departamento de Justicia violó la ley al nominar a Mueller para que liderase la investigación en mayo de 2017.

La demanda consideraba que la orden para nombrar a Mueller "excede el alcance de la autoridad de Rosenstein para nombrar a un fiscal especial, así como restricciones concretas relativas a nombramientos como ese".

También se centraba en una parte de la petición de Rosenstein a Mueller de investigar "cualquier aspecto que emerja o pueda emerger directamente" de la causa, lo que desde el equipo de Manafort consideran un exceso de competencias al dar "carta blanca" de acción al fiscal especial.

Hace tres semanas Manafort pidió a la jueza que retirara los cargos que presentó en su contra Mueller con objeto de librarse de los treinta cargos criminales que presentó en su contra el fiscal especial en la corte del Distrito de Columbia y en la corte del distrito este de Virginia, por lo que podría llegar a ser condenado a decenas de años de cárcel.

Manafort, en régimen de arresto domiciliario desde que se entregó al FBI el pasado octubre, tendrá que enfrentarse a dos juicios: uno fijado para el 10 de julio en Virginia y otro que comenzará el 17 de septiembre, apenas dos meses antes de las elecciones legislativas de noviembre.

En ambas cortes, Manafort se ha declarado no culpable de todos los cargos.

Mueller investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Kremlin, al que las agencias de inteligencia de EE.UU. acusan de interferir en las elecciones de 2016.

Según Mueller, Manafort trabajó entre 2006 y 2017 para Gobiernos extranjeros, incluido el Ejecutivo prorruso del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014) y otros oligarcas rusos, a los que ayudaron a mejorar su imagen en Washington sin comunicárselo al Gobierno de EE.UU., lo que constituye un crimen.

El proceso contra él es producto de la investigación de Mueller sobre los supuestos lazos entre Rusia y miembros de la campaña de Trump, pero no está relacionada directamente con las actividades que desempeñó entre mayo y agosto de 2016 como jefe de la campaña del ahora mandatario.

Manafort, que trabajó como jefe de la campaña de Trump entre junio y agosto de 2016, tuvo que dimitir tras descubrirse que había ocultado a las autoridades un pago de 12,7 millones de dólares que recibió por asesorar a Yanukóvich, vinculado a Rusia.