Ampliar el catálogo de delitos de la prisión preventiva tendría resultados contraproducentes al en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como potenciar la corrupción, usar la cárcel preventiva como castigo y la fabricación de delitos.

Así lo advirtió Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, quien se manifestó contra cualquier retroceso en el nuevo marco jurídico durante el foro "La Justicia que México Necesita: Mitos y Realidades del Nuevo Sistema Penal Acusatorio", organizado por el Senado.

"Varios interlocutores han declarado que se necesita contrarrestar las supuestas debilidades del Sistema mediante varias contrarreformas, la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, según nuestra oficina eso sería un paso en la dirección equivocada".

Ante el presidente de la SCJN, ministro Luis María Aguilar, Jan Jarab afirmó que es preocupante que la "atmosfera del populismo penal" lleva a algunos políticos a criticar al nuevo Sistema y sino también a los jueces por haber liberado a los supuestos delincuentes.

Señaló que los casos se caen no por los jueces, sino por el mal funcionamiento de los investigadores que tienen muchas deficiencias en capacidades técnicas y que no cuentan con la cooperación espontánea de los ciudadanos por falta de confianza.

En coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), se impartió el Taller práctico sobre Principios Básicos para la implementación del Programa de Justicia Terapéutica para operadores del Poder Judicial de Baja California.  

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Alejandro Isaac Fragozo López, explicó que la Justicia Terapéutica, tiene por objetivo aplicarse como una de las alternativas a las personas que han cometido algún delito y padezcan de un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas.

El plan, sostuvo, es que una vez que se haya identificado a una persona en dicha condición, se le obligue a un tratamiento de rehabilitación como sentencia, para asegurar su reinserción social y evitar su reincidencia. 

Tan solo en el municipio de Tijuana, en el Sistema de Justicia Penal Oral, el delito de narcomenudeo es el número uno, cerca del 42 % de los casos judicializados en zona costa; en Mexicali, solo es rebasado por el delito de Violencia Intrafamiliar.

Por lo anterior, se dio inicio a un programa piloto sobre este tema en Mexicali, a través de equipos multidisciplinarios de diversas instituciones que serán el apoyo para fortalecer esta propuesta.

Por su parte, el Subdirector de Reinserción Social de la Segob, Pablo Segrera Tapia, comentó que la Justicia Terapéutica está contemplada dentro de la Ley de Ejecución Penal de 2016, por lo que se espera que en Baja California se consolide en sus primeras etapas. 

Con los trabajos de este primer taller, se logró un acercamiento con las diversas instituciones involucradas, posteriormente se ampliará la conformación de grupos de trabajo y capacitación a los operadores del sistema, para finalmente lograr el lanzamiento del programa piloto.

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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Luis María Aguilar, afirmó que es urgente hacer un diagnóstico minucioso que permitan identificar las áreas de oportunidad y mejora dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que el compromiso es consolidar las instituciones.

"Pero el compromiso es consolidar las instituciones que garanticen que se repare el daño a la víctima y que se castigue solo al que sea hallado culpable en el debido proceso legal, sobre el principio de presunción de inocencia".

Al participar en el foro "La Justicia que México Necesita: Mitos y Realidades del Nuevo Sistema Penal Acusatorio", organizado por el Senado, el presidente de la Corte señaló que en la implementación del nuevo Sistema la justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca.

Expresó que "no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial mejorar las condiciones de seguridad del país y que la labor de juzgadores no la abandonarán bajo ninguna crítica".

Señaló que los jueces son protectores de los derechos de todos, presuntos delincuentes y víctimas.

"El Sistema Acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, es un sistema sustancialmente de protección de derechos fundamentales", dijo.

 Las fallas reales del nuevo sistema de justicia penal están en la falta de capacitación de los operadores y en la desinformación a la ciudadanía sobre las razones por las que se redujo el catálogo de delitos que merece prisión preventiva de oficio, indicó la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C.

La postura de la asociación surgió en el marco del anuncio de la Conferencia Nacional de Gobernadores y otras entidades sobre sus intenciones de presentar una iniciativa de reforma legal para ampliar el catálogo de delitos graves.

Los anuncios sobre la posibilidad de una reforma de este tipo indicaron que el sistema es laxo con los delincuentes y responsable del incremento de la delincuencia en diversos estados del país, debido a que no todos los imputados son sujetos a prisión preventiva.

La Barra Mexicana señaló que no se pueden obviar los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos y que el nuevo sistema en lugar de prohibir la prisión preventiva la racionaliza.

"El nuevo sistema, lejos de prohibir la prisión preventiva la racionaliza, de manera que cualquier persona puede quedar sujeta a ella cuando las conductas delictivas lo ameriten.

"La propuesta de reforma es falaz, no obedece a un estado de derecho democrático y constituye propiamente una contrarreforma que denota regresión al sistema inquisitivo, abandonado ya desde la reforma constitucional del 18 de junio de 2008", indicó el cuerpo colegiado a través de su presidente José Mario de la Garza Marroquí.

Advirtió que el reto no es legislativo sino de capacitación para que los operadores del sistema tengan en sus manos las herramientas necesarias.