El gobierno de Estados Unidos anunció que emitirá una serie de licencias para esquivar ciertas leyes y así acelerar el proceso de construcción del muro en la frontera con México. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó en un comunicado que las normativas que va a ignorar y no cumplir se enmarcan en ámbitos de medio ambiente, recursos naturales y gestión de tierras.
"La Secretaría de Seguridad Nacional ha determinado (…) que es necesario no aplicar ciertas leyes, regulaciones y otros requerimientos legales para asegurar la construcción expedita de barreras y carreteras en las inmediaciones de la tierra fronteriza internacional de los Estados Unidos cerca de la ciudad de San Diego", indicó.

El uso de "exenciones" o licencias especiales no es extraordinario: George W. Bush, en su proyecto para erigir una valla en más de mil kilómetros de frontera, usó la misma fórmula cinco veces entre 2005 y 2008.

Un portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés), agencia al frente de la construcción del muro, detalló a EL UNIVERSAL que la exención de cumplimiento de normativas afectará a tres proyectos para un total de poco más de 22 kilómetros, relativos al reemplazo de barrera primaria, secundaria y la construcción de los prototipos en el área de San Diego, en un segmento que va desde el océano Pacífico hacia el este.

Otro portavoz de la CBP confirmó a este diario que la fase de construcción de prototipos del muro ha sufrido un retraso debido a una reclamación de una empresa que licitó para el contrato de construcción del muro y no fue seleccionada para la fase final.

"La CBP espera una decisión sobre estas demandas a principios de octubre de 2017, lo que retrasa la construcción hasta finales de octubre o principios de noviembre, lo que sobrepasa nuestro cronograma original de verano de 2017", explicó el portavoz, quien dejó la puerta abierta a que si la resolución llega antes se retomaría el proceso. Otra fuente de la agencia dijo a EL UNIVERSAL que la fase de construcción de prototipos podría producirse en diciembre de este año.

La disputa en este aspecto no afectaría, sin embargo, el trabajo de reemplazo de vallas en el sector de San Diego, que tiene fecha de inicio ya establecida: 13 de marzo de 2018. Los estudios geotécnicos se realizarán este mes.

De acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza estadounidense, el sector de San Diego es uno de los puntos fronterizos más transitados: en el año fiscal 2016 se detuvieron a más de 31 mil inmigrantes indocumentados y se incautaron 4.15 toneladas de marihuana y más de media tonelada de cocaína.

"Sigue siendo un área de alta entrada de ilegales por lo que hay una necesidad inmediata de mejorar la infraestructura actual y construir barreras fronterizas y carreteras adicionales. Para empezar a cumplir con las necesidades adicionales de infraestructura fronteriza en este área, el Departamento de Seguridad Nacional implementará varios proyectos de infraestructura fronteriza", reza el comunicado emitido por el gobierno de Estados Unidos.

A pesar de los permisos especiales, la administración Trump dice que se mantiene "comprometida" con la protección ambiental "en la medida de lo posible" y argumenta que la urgencia en aras de la seguridad nacional justifica la decisión.
La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó la asignación de cerca de mil 600 millones de dólares para el año fiscal 2018 para la construcción de la barrera física, monto que ahora debe pasar la aprobación del Senado.

Con ellos se deben financiar las vallas de los 22 kilómetros en los que aplicará la exención, así como 96 kilómetros de nueva barrera en el valle del Río Bravo (Texas), el corredor más transitado en la frontera.

El hecho de que se proponga ignorar varias leyes, especialmente de carácter medioambiental, ha puesto en alerta a las organizaciones ecologistas. La aplicación del permiso especial queda a expensas de si prospera la demanda que el Center for Biological Diversity, una organización ambientalista, ha anunciado que interpondrá.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, difundió un vídeo en el que asegura que "ha llegado el momento para El Muro".

En su mensaje, el congresista reitera: "Hagámoslo", entre imágenes en las que se le ve inspeccionando la zona de la frontera acompañado de agentes y patrullas.

La construcción del muro que quiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera con México afectaría áreas protegidas por la UNESCO.

La organización internacional dijo que la extensión de la valla pega al Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, en Arizona, que es parte de la reserva de la biósfera internacional reconocida por el organismo. Las obras también tocan territorios de Texas, Nuevo México y Arizona, por lo que también daña al refugio nacional de Cabeza Prieta y al área de conservación de San Pedro, indica el medio británico "The Guardian".

Luego de que el gobierno republicano obtuvo fondos destinados para proyectos de Defensa Nacional, se realizó una extensión de 280 kilómetros de la barrera entre Estados Unidos y México.

Amanda Munro, del Centro Ambiental Southwest, dijo que se "arrasará con una de las regiones con mayor diversidad biológica en la Unión Americana (...) Puede ser un error colosal y una tragedia nacional".

En Organ Pipe viven especies en peligro de extinción, como leones de montaña, jabalíes americanos, antílopes y "muchas especies de aves", de acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales.

Kevin Dahl, de la Asociación para la Conservación de Parques Nacionales, dijo que "esta plaga usará agua para su construcción", por lo que especies de vida silvestre se verán afectadas.

La nueva construcción, dice Dahl, reemplazará rejas que pueden ser atravesadas por los animales. Está el riesgo de que las obras impidan su inmigración, corten su suministro de agua y aumenten las inundaciones.

"Ellos no pensaron el diseño", dijo Dan Millis, coordinador del programa de conservación Sierra Club.

Las obras también dañarán Quitobaquito Springs, un oasis en la frontera donde viven peces y tortugas en peligro de extinción.

Dahl dijo que estas zonas son "verdaderas gemas del desierto en Sonora (...) sería una pena que se perdieran por un muro innecesario".

Debido a que el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, cerca de 20 migrantes provocaron un incendio en el interior del albergue del Instituto Nacional de Migración (Inami), que se encuentra en el fraccionamiento Residencial La Esmeralda; las autoridades revisan los videos para determinar el grado de responsabilidad.

La mayoría de centroamericanos, prendieron fuego a colchones y sabanas, por lo que 51 refugiados tuvieron que ser desalojados y los presuntos responsables fueron turnados a la autoridad federal.

Ante ello, el Instituto Nacional de Migración que varios de los migrantes cuentan con antecedentes delictivos, por lo que posiblemente sean retornados a su país de origen.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lamentan que con la llegada a la frontera de miles de familias con sus hijos pequeños han pasado de detener indocumentados y criminales e incautar droga a cuidar niños, una tarea para la que no se alistaron ni están preparados.

Numerosas estaciones de la Patrulla Fronteriza se han visto inundadas de niños, muchos de ellos bebés, madres y padres, unidades familiares que alteran la labor diaria de unos uniformados que quieren ser más agentes del orden y menos niñeras o trabajadores sociales que atienden a esta crisis humanitaria.

"Muchas cosas cambiaron en los últimos meses, ahora estamos inundados de casos de familias y niños solos. Algunas estaciones están a su máxima capacidad y nosotros tenemos que asegurarnos que se encuentren en buen estado de salud y procesarlos", dice un agente fronterizo que prefirió no ser identificado.

Este agente de la estación de Ajo (Arizona), que cuenta con siete años de servicio en la agencia federal, explicó que cuentan con la ayuda de paramédicos y técnicos de emergencia para garantizar la salud de los detenidos en una situación que, reconoce, es algo para lo que no estaban "preparados".

Y es que el paradigma de la inmigración ha cambiado. Si antes la principal misión de los agentes era buscar y capturar a inmigrantes solos, la mayoría hombres, y algunos con antecedentes criminales, e incautar droga, ahora es recoger y atender a miles de familias que se entregan nada más cruzar la frontera para pedir asilo.

Precisamente, este sábado agentes de la estación de Ajo detuvieron a 216 personas que viajaban en grupos familiares cerca de Quitobaquito Springs, al oeste de Lukeville, Arizona. El grupo estaba formado por 99 adultos y 117 niños, 20 de ellos no acompañados.

Más de 76.000 migrantes cruzaron irregularmente la frontera de Estados Unidos con México en febrero pasado, doblando el registro del mismo mes de 2018, en el dato mensual más elevado en los últimos 12 años. De ellos, 40.325 fueron familias y 7.249 eran menores no acompañados.

El agente dice que mientras ellos se ocupan del bienestar de los niños, los traficantes se aprovechan para cruzar la droga por otros puntos.

"Estamos viendo que cada vez dejan a los grupos más al oeste, obligándonos a mover más agentes, camionetas para transportarlos, utilizar mucha más logística mientras ellos (los traficantes) posiblemente están cruzando droga por otro lado", considera.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en el sector de San Diego publicó este mes un video en el que se ve a supuestos traficantes de personas pasando a EE.UU. a niños a través de la valla divisoria mientras que por otro lado una decena de personas cruzaban sin poder ser detenidos por unos agentes que habían ido a atender a los menores.

Ante la imparable llegada de centroamericanos, la Administración del presidente Donald Trump afirmó que regresarían a la polémica política que tanto habían criticado en el pasado de detener y liberar a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

Desde el martes pasado algunas familias fueron liberadas en el Valle de Río Grande, en Texas, en lugar de ser entregadas a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para una detención potencialmente más prolongada, dijeron funcionarios del gobierno sobre una política muy criticada por los agentes fronterizos.

En una entrevista reciente con Efe, el vicepresidente del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza, Art Del Cueto, aseguró que mientras no haya "consecuencias" para el cruce irregular esta llegada masiva no se detendrá.

En opinión de Del Cueto, "catch and release" es uno de los principales impulsores de la inmigración indocumentada.

Eso es lo que los agentes quieren hacer, salir a detener a los indocumentados que cruzan de manera ilegal la frontera y no esa "política sin sentido", tal como definió Del Cueto en una audiencia en el Congreso federal.

Carla Provost, máxima responsable de la Patrulla Fronteriza, testificó ante el Congreso que el cruce masivo de familias y menores no acompañados dejan a los agentes menos tiempo para llevar a cabo su misión principal de garantizar la "seguridad fronteriza".

"Estamos comprometidos a atender esta necesidad humanitaria, pero sabemos que cuando los agentes están ocupados, narcotraficantes, criminales, miembros de pandillas entre otros aprovechan la oportunidad para violar nuestras fronteras", dijo.

Todos ellos se alinean con las políticas de Trump para dificultar la inmigración indocumentada, ya sea con la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México como las nuevas políticas a la hora de pedir asilo.

El Gobierno quiere que los pedidos de asilo se hagan solo en los puestos fronterizos y que, en lugar de permitir a los inmigrantes permanecer en el país mientras se resuelva su caso, estos aguarden en México, en una nueva política que ya ha llegado a los tribunales. 

Elementos del Grupo Beta, del Instituto Nacional de Migración (INM), rescataron a 21 migrantes mexicanos.

Las 21 personas: 20 adultos y un menor, fueron localizados en el kilómetro 78 de la carretera federal 2 Nuevo Laredo-Piedras Negras.

De acuerdo con el INM, estos mexicanos fueron abandonados por el guía y desde hace siete días se encontraban perdidos en la zona.

El estado de salud de los 21 hombres es estable, pero fueron trasladados a las oficinas del Grupo Beta para brindarles asistencia de tipo social.

El rescate, indicó el Instituto, se logró gracias a la llamada telefónica que realizó uno de los migrantes a las oficinas del Grupo solicitando auxilio.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que ya se tienen indicios concretos del paradero de algunos de los 22 migrantes de origen centroamericano que habrían sido bajados de un autobús mientras transitaban por la carretera San Fernando-Reynosa, en Tamaulipas.

Además de estas personas, "se han ido encontrando otros que estaban prácticamente en algunos domicilios en la idea de cruzarlos al otro lado", dijo.

En entrevista, insistió en que resultado de operativos de búsqueda de personas "sí ha habido encuentros" y a diferencia de lo que sucedió en San Fernando --en que fueron hallados en fosas clandestinas los restos de 72 personas— esta "es una situación distinta porque es gente que está con compromisos con grupos que están haciendo tráfico de personas".

Encinas fue entrevistado en el Monumento a la Revolución, a donde acudió a montar una guardia de honor en ocasión del 81 aniversario de la Expropiación Petrolera.

El funcionario informó que esta semana se instalará el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y están convocados gobernadores, fiscales y representantes de comisiones estatales de búsqueda.