El Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, firmó importantes decretos mediante los cuales se crea el Sistema Estatal Anticorrupción, el Sistema Estatal de Fiscalización (Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California) y la Secretaría de Control y Evaluación Gubernamental, esquema que contribuirá a fortalecer los principios de transparencia y rendición de cuentas bajo un mecanismo en donde se privilegie la participación ciudadana.

Bajo este esquema, el Mandatario estatal signó el documento que expide la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, ello en cumplimiento al mandato constitucional y legal federal de crear el citado sistema, el cual en una primera fase fue presentado como iniciativa en el Congreso del Estado para su análisis y discusión, así como su posterior aprobación.

Además, por decreto quedó conformada la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, misma que establece la competencia del Estado y los municipios para determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, sanciones y procedimientos para la aplicación de estas últimas.

De igual forma, como parte de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, se eleva la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental a rango de Secretaría, con lo que se fortalece su competencia actual y se reincorporan nuevas atribuciones que se desprenden de lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción y el Sistema Estatal de Fiscalización.  

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este jueves el análisis de la controversia constitucional que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó en 2021 contra el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que clasificó las obras prioritarias como asunto de seguridad nacional.

En su proyecto de resolución, el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá plantea que es procedente y fundada la impugnación contra dicho acuerdo mediante el cual se instruyó “a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

Por lo que, propone la invalidez del decreto publicado en noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.

Al pronunciarse, González Alcántara Carrancá afirmó que el acuerdo presidencial vulnera el derecho a la información y es susceptible de incidir en el ámbito de actuación del el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

“En el caso que nos ocupa, en el escrito de demanda analizado, se extraen algunos argumentos suficientes para considerar que la emisión del acuerdo impugnado es susceptible de causar un impacto en el derecho de acceso a la información”, indicó.

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A través del decreto federal en Baja California se ha logrado regularizar 17 mil vehículos, autoridades del Estado dieron a conocer el avance va lento en la importación de autos chocolate, sin embargo se han ido logrando las metas trazadas.

Hasta la fecha se han realizado 116 mil importaciones y más de 300 mil citas a lo largo del país en donde aplica el beneficio. En Baja California de un padrón de 500 mil unidades, las cuales podrían entrar en el decreto, a la fecha se han realizado 50 mil citas y regularizado 17 mil vehículos.

Por parte de las autoridades federales en el estado, Ruiz Uribe reconoció la lentitud del proceso, señalo que es muy pronto para saber si se extenderá el plazo del 30 de septiembre, pero no se descarta.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado que durante sus primeros nueve meses de mandato el país se ha ahorrado 500.000 millones de pesos (unos 25.000 millones de dólares) gracias al combate a la corrupción y al plan de austeridad del Gobierno.

"Yo creo que llevamos ahorrados en nueve meses como 500.000 millones de pesos por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, pro no gobernar con lujos", expresó durante un mitin en un hospital del céntrico estado de Puebla.

El mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que este ahorro significa que no hay "necesidad de aumentar impuestos, ni de crear impuestos nuevos, ni de que haya gasolinazos ni de endeudar el país".

López Obrador reprochó que la deuda heredada del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) es tan alta que el país debe pagar este año 650.000 millones de pesos (32.360 millones de dólares) para pagar intereses de la deuda, una cifra equivalente al "presupuesto de seis años de Puebla".

"Ya no podemos seguir endeudando el país, se va a mantener. No vamos a incrementar esa deuda", aseguró el presidente.

Recordó que actualmente "ya no se permite la corrupción" y dijo que con los recursos ahorrados se financian programas sociales como pensiones para adultos mayores, ayudas a la discapacidad o becas para estudiantes.

"Nos ayuda mucho que no haya corrupción ni gastos superfluos", dijo el presidente, quien explicó que se ha reducido el sueldo a más de la mitad y ahora percibe 108.000 pesos mensuales (unos 5,400 dólares).

Además, explicó que hay una ley que impide que nadie dentro de la administración pública pueda ganar más que el presidente.

Recordó que el lujoso avión presidencial se encuentra en venta, ya no se pagan pensiones de cinco millones de pesos mensuales (250.000 dólares) a los expresidentes y se ha suprimido la atención sanitaria privada de 5.000 millones de pesos (250 millones de dólares) para altos cargos públicos.

El combate a la corrupción y los privilegios fue una de las grandes banderas de López Obrador en la campaña electoral de 2018, aunque posteriormente descartó emprender acciones legales contra sus predecesores en el cargo.

El presidente presentará este domingo su primer informe presidencial ante el Congreso de México en el que rendirá cuentas de sus primeros nueve meses al frente del Gobierno mexicano. 

El tesorero del XXII Ayuntamiento de Tijuana afirma que los dineros públicos son auditados por múltiples instancias, en ocasiones hasta simultáneamente, por lo que son difíciles de robar, sin embargo, cuando se trata de dinero de giros negros, la situación es muy diferente, pues los billetes circulan a libre demanda.

Entrevistado en el estudio de Cadena Noticias, Ricardo Chavarría explica que por eso se dio frecuentemente el cambio de funcionarios por ejemplo, en Inspección y Verificación, área conocida comúnmente como reglamentos.

Pero, ¿por qué no hay responsables en la cárcel y solo hubo despidos?

Responde que eran constantes las quejas contra los servidores públicos infieles a la administración, pero no hay quien se atreva a denunciarlos ante Sindicatura o el Ministerio Públicos, para darles seguimiento.

“Comprobar algo así es un poquito difícil, sí se les ha seguido un procedimiento, pero si no hay una denuncia no se les puede seguir procedimiento administrativo, a veces los vendedores lo comentan en pasillos, me bajaron una lana, esto, lo otro, pero ya cuando pide uno que el ciudadano vaya y ponga su denuncia a Sindicatura, no asiste la gente”.

Reconoce el tesorero que hay muchas leyendas negras, pero dice que oficialmente no se puede contabilizar. 

“Ha habido esfuerzos para controlar, pero nos rebasa, la única manera de abatir eso es denunciar, el ciudadano, ante Sindicatura. Cuando hay un ciudadano que se queja contra un inspector, por mal trato o que trata de sobornar, todos los casos los hemos mandado a Sindicatura, y no las presentan, menos los empresarios (presentan denuncias), estamos monitoreando y si hay una persona que presenta muchas quejas, las removemos.

“Se oyen muchas cosas sobre giros negros, pero nadie viene a denunciar. La leyenda negra dice que 20 mil dólares mensuales, que semanales, es lo que se oye entre pasillos, cuál es mi realidad, al menos no es mi área, lo poquito que conozco cuando ha habido queja de comerciante, los invitamos a pasar a Sindicatura y no quieren”, finaliza.

El hijo del líder de iglesias evangélicas Confraternice, con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido varias reuniones y les ha encargado repartir por el país la cartilla moral, cobra como coordinador de los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar al mismo tiempo que es asesor jurídico de la asociación evangélica que dirige su padre, Arturo Farela.

Además de Josué Farelas Pacheco, hijo de Arturo Farela, al menos otro hijo de uno de los líderes de Confraternice, Ricardo Camarero Salcedo, y el pastor Roberto Vital Pineda, aparecen en la nómina de Servidores de la Nación.

Farelas Pacheco es coordinador regional del programa de Servidores de la Nación, aunque la página de la dependencia no especifica en qué zona del país.

En lo que va de esta administración, Farela padre se ha reunido o ha asistido a eventos públicos con el presidente López Obrador al menos seis veces. En dos de esas ocasiones, Farelas hijo aparece en las fotos con López Obrador y su padre, aunque no está claro si asiste en calidad de líder religioso o como funcionario público. El 29 de marzo estuvo también en la Consulta Nacional Jurídica y Fiscal para Iglesias y Asociaciones Religiosas a la que asistieron la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y los dirigentes de Confraternice.

En esa reunión Farelas Pacheco estuvo presente en calidad de asesor jurídico de Confraternice. Ahí, su padre le recordó a la secretaria Sánchez Cordero que en una reunión previa le había solicitado al presidente concesiones de radio y televisión para las iglesias evangélicas y éste le había dicho que buscarían la forma de que las obtuvieran.

El portal de Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública tiene registrado a Josué Farelas en el apartado de “Servidores de la Nación”, con un sueldo bruto mensual de 73 mil 507 pesos.

Este es el sueldo que perciben los 259 coordinadores del programa para registrar a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno federal, el salario más alto de entre los 18 mil servidores de la nación.

Según una nota del diario El Sol de México, Farelas Pacheco anunció en sus redes sociales que Confraternice habría acordado con el Instituto Nacional de Migración que los miembros de las iglesias de la asocación albergarían en sus casas a migrantes centroamericanos en el sur del país. El director del Inami, Francisco Garduño, confirmó al diario que el anuncio de Farelas Pacheco era cierto.

Farelas es licenciado en derecho por el Instituto de Desarrollo Jurídico en la Ciudad de México con cédula profesional de 2018, mismo año en que fue candidato a diputado federal de la circunscripción 4 de la Ciudad de México con el Partido Encuentro Social (PES).

Además de Farelas Pacheco hay al menos otros dos miembros de Confraternice en la nómina de la Secretaría de Bienestar.

Roberto José Vital Pineda, secretario nacional de Confraternice recibe un sueldo de 10 mil 217 pesos mensuales brutos como Servidor de la Nación.

Vital Pineda es pastor de la iglesia Comunidad Cristiana Nueva Vida en la Ciudad de México y uno de veinte líderes evangélicos que se reunieron con López Obrador en Palacio Nacional el 27 de marzo.

Ricardo Camarero Salcedo, hijo del tercer vicepresidente de Confraternice Ricardo Camarero Viniegra, también aparece en la nómina de la Secretaría de Bienestar con un sueldo bruto de 10 mil 217 pesos mensuales.

Sus padres, Camarero Viniegra y Maura Salcedo son los pastores y dirigentes de la Comunidad Cristiana Ministerios Ríos de Agua Viva, en Mexicali, Baja California. El hijo, Camarero Salcedo, también es pastor y en redes sociales se hace llamar Pastor Rick. En su cuenta de Facebook promueve lo mismo sus cursos de homilía que ofrece información sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que sería parte de sus funciones como Servidor de la Nación.

Camarero Viniegra y Vital Pineda fueron parte de los 20 líderes de Confraternice que se reunieron el 13 de marzo con el presidente de la República, ocho miembros de su gabinete y Arturo y Josué Farelas, como lo presume la organización en su página de internet.