El principal destino de los migrantes en tránsito por suelo mexicano sigue siendo Estados Unidos con 64,68 %, seguido por México con 13,67 %, reveló hoy un informe de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), que detectó un aumento de los delitos contra estas personas.

El documento "Migrantes en México: recorriendo un camino de violencia" muestra que los principales destinos de los migrantes registrados por la Redodem son Estados Unidos y México, siendo el primer país al que más aspiran llegar.

Los porcentajes de quienes dicen ir a Estados Unidos fueron 64,12 % del total de registros en 2014, 64,78 % en 2015 y 64,68 % en 2016.

Por su parte, los porcentajes de los migrantes que ubicaron a México como destino fueron 15,02 % en 2014, mientras que para 2015 hubo un descenso a 13,61 % y en 2016 se registró un repunte, con 13,67 %.

El reporte resaltó que existe un gran porcentaje de migrantes en tránsito que indicaron no tener definido el país de destino. Esta proporción ha ido en aumento en los tres años analizados: en 2014 fue de 18,8 %, mientras que para 2015 aumentó a 19,62 % y en 2016 a 19,66 %.

La Redodem estima que esta indefinición de los migrantes sobre su destino se debe a diversos factores, entre ellos la posibilidad de que identifiquen un lugar de destino al salir de sus comunidades de origen, pero dado lo peligroso del tránsito por México y lo complicado de llegar a Estados Unidos, cambian y toman decisiones en función de su seguridad.

Asimismo, señaló, ante las múltiples dificultades, delitos y abusos que sufren, los migrantes van decidiendo quedarse hasta donde han podido llegar de forma segura y obtener alguna vivienda y trabajo. Otros más optan por no mencionar cuál es su país de destino.

México se está convirtiendo en país de destino para migrantes, pues con mayor frecuencia personas que buscan llegar a Estados Unidos deciden quedarse en territorio mexicano ante el endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, señaló Elizabeth Figueroa, integrante del Servicio Jesuita a Migrantes.

"Detectamos que las personas solicitantes y refugiados están incrementándose", dijo Figueroa en el marco de la presentación del informe de Redodem en la Universidad Iberoamericana.

Al respecto, comentó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no tiene capacidad de atender todas las solicitudes, y que a partir de los sismos de septiembre pasado, las actividades de esa institución están suspendidas y las personas están en indefinición.

Por su parte, Gabriela Hernández, coordinadora del albergue Casa Tochan, manifestó que México no está preparado para recibir a la gran población de migrantes centroamericanos, que no salen por gusto ni por cuestiones económicas, sino por una situación de violencia y para salvaguardar sus vidas.

 "Si el Gobierno no está preparado con albergues para recibir migrantes, menos está preparado para atenderlos", dijo.

En su intervención, Alejandra Carrillo, consultora para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado (ACNUR), explicó que México tiene que pensarse como país de destino y no solo como país de tránsito, lo que exige respuestas por parte de autoridades, organismos internacionales y sociedad civil.

Durante 2016, Redodem documentó que 34.234 migrantes que transitaron en el país acudieron a alguno de los albergues, comedores, casas o estancias integrantes de la Red.

En ese año alrededor de 5.239 migrantes fueron víctimas o testigos de un delito durante su tránsito por México. Los hondureños fueron los más afectados (3.304), con los salvadoreños en segundo lugar (901). El robo fue el principal delito del que fueron víctimas, seguido de las lesiones, la extorsión y el secuestro.

El estado en donde más se cometieron delitos contra migrantes fue Chiapas con 1.479, seguido por Oaxaca con 1.153, Veracruz con 880 y Tabasco con 397.

Los agentes del Estado (Policía Federal y policías municipales) fueron los principales agresores.

"La Redodem detectó un incremento en las violaciones a los derechos humanos y en los delitos cometidos en contra de las personas migrantes. Es la misma dinámica con la que está operando el Estado mexicano, la cual está basada en una política de detención y contención en la frontera sur", dijo Figueroa.

Debido a que el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, cerca de 20 migrantes provocaron un incendio en el interior del albergue del Instituto Nacional de Migración (Inami), que se encuentra en el fraccionamiento Residencial La Esmeralda; las autoridades revisan los videos para determinar el grado de responsabilidad.

La mayoría de centroamericanos, prendieron fuego a colchones y sabanas, por lo que 51 refugiados tuvieron que ser desalojados y los presuntos responsables fueron turnados a la autoridad federal.

Ante ello, el Instituto Nacional de Migración que varios de los migrantes cuentan con antecedentes delictivos, por lo que posiblemente sean retornados a su país de origen.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lamentan que con la llegada a la frontera de miles de familias con sus hijos pequeños han pasado de detener indocumentados y criminales e incautar droga a cuidar niños, una tarea para la que no se alistaron ni están preparados.

Numerosas estaciones de la Patrulla Fronteriza se han visto inundadas de niños, muchos de ellos bebés, madres y padres, unidades familiares que alteran la labor diaria de unos uniformados que quieren ser más agentes del orden y menos niñeras o trabajadores sociales que atienden a esta crisis humanitaria.

"Muchas cosas cambiaron en los últimos meses, ahora estamos inundados de casos de familias y niños solos. Algunas estaciones están a su máxima capacidad y nosotros tenemos que asegurarnos que se encuentren en buen estado de salud y procesarlos", dice un agente fronterizo que prefirió no ser identificado.

Este agente de la estación de Ajo (Arizona), que cuenta con siete años de servicio en la agencia federal, explicó que cuentan con la ayuda de paramédicos y técnicos de emergencia para garantizar la salud de los detenidos en una situación que, reconoce, es algo para lo que no estaban "preparados".

Y es que el paradigma de la inmigración ha cambiado. Si antes la principal misión de los agentes era buscar y capturar a inmigrantes solos, la mayoría hombres, y algunos con antecedentes criminales, e incautar droga, ahora es recoger y atender a miles de familias que se entregan nada más cruzar la frontera para pedir asilo.

Precisamente, este sábado agentes de la estación de Ajo detuvieron a 216 personas que viajaban en grupos familiares cerca de Quitobaquito Springs, al oeste de Lukeville, Arizona. El grupo estaba formado por 99 adultos y 117 niños, 20 de ellos no acompañados.

Más de 76.000 migrantes cruzaron irregularmente la frontera de Estados Unidos con México en febrero pasado, doblando el registro del mismo mes de 2018, en el dato mensual más elevado en los últimos 12 años. De ellos, 40.325 fueron familias y 7.249 eran menores no acompañados.

El agente dice que mientras ellos se ocupan del bienestar de los niños, los traficantes se aprovechan para cruzar la droga por otros puntos.

"Estamos viendo que cada vez dejan a los grupos más al oeste, obligándonos a mover más agentes, camionetas para transportarlos, utilizar mucha más logística mientras ellos (los traficantes) posiblemente están cruzando droga por otro lado", considera.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en el sector de San Diego publicó este mes un video en el que se ve a supuestos traficantes de personas pasando a EE.UU. a niños a través de la valla divisoria mientras que por otro lado una decena de personas cruzaban sin poder ser detenidos por unos agentes que habían ido a atender a los menores.

Ante la imparable llegada de centroamericanos, la Administración del presidente Donald Trump afirmó que regresarían a la polémica política que tanto habían criticado en el pasado de detener y liberar a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

Desde el martes pasado algunas familias fueron liberadas en el Valle de Río Grande, en Texas, en lugar de ser entregadas a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para una detención potencialmente más prolongada, dijeron funcionarios del gobierno sobre una política muy criticada por los agentes fronterizos.

En una entrevista reciente con Efe, el vicepresidente del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza, Art Del Cueto, aseguró que mientras no haya "consecuencias" para el cruce irregular esta llegada masiva no se detendrá.

En opinión de Del Cueto, "catch and release" es uno de los principales impulsores de la inmigración indocumentada.

Eso es lo que los agentes quieren hacer, salir a detener a los indocumentados que cruzan de manera ilegal la frontera y no esa "política sin sentido", tal como definió Del Cueto en una audiencia en el Congreso federal.

Carla Provost, máxima responsable de la Patrulla Fronteriza, testificó ante el Congreso que el cruce masivo de familias y menores no acompañados dejan a los agentes menos tiempo para llevar a cabo su misión principal de garantizar la "seguridad fronteriza".

"Estamos comprometidos a atender esta necesidad humanitaria, pero sabemos que cuando los agentes están ocupados, narcotraficantes, criminales, miembros de pandillas entre otros aprovechan la oportunidad para violar nuestras fronteras", dijo.

Todos ellos se alinean con las políticas de Trump para dificultar la inmigración indocumentada, ya sea con la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México como las nuevas políticas a la hora de pedir asilo.

El Gobierno quiere que los pedidos de asilo se hagan solo en los puestos fronterizos y que, en lugar de permitir a los inmigrantes permanecer en el país mientras se resuelva su caso, estos aguarden en México, en una nueva política que ya ha llegado a los tribunales. 

Elementos del Grupo Beta, del Instituto Nacional de Migración (INM), rescataron a 21 migrantes mexicanos.

Las 21 personas: 20 adultos y un menor, fueron localizados en el kilómetro 78 de la carretera federal 2 Nuevo Laredo-Piedras Negras.

De acuerdo con el INM, estos mexicanos fueron abandonados por el guía y desde hace siete días se encontraban perdidos en la zona.

El estado de salud de los 21 hombres es estable, pero fueron trasladados a las oficinas del Grupo Beta para brindarles asistencia de tipo social.

El rescate, indicó el Instituto, se logró gracias a la llamada telefónica que realizó uno de los migrantes a las oficinas del Grupo solicitando auxilio.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que ya se tienen indicios concretos del paradero de algunos de los 22 migrantes de origen centroamericano que habrían sido bajados de un autobús mientras transitaban por la carretera San Fernando-Reynosa, en Tamaulipas.

Además de estas personas, "se han ido encontrando otros que estaban prácticamente en algunos domicilios en la idea de cruzarlos al otro lado", dijo.

En entrevista, insistió en que resultado de operativos de búsqueda de personas "sí ha habido encuentros" y a diferencia de lo que sucedió en San Fernando --en que fueron hallados en fosas clandestinas los restos de 72 personas— esta "es una situación distinta porque es gente que está con compromisos con grupos que están haciendo tráfico de personas".

Encinas fue entrevistado en el Monumento a la Revolución, a donde acudió a montar una guardia de honor en ocasión del 81 aniversario de la Expropiación Petrolera.

El funcionario informó que esta semana se instalará el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y están convocados gobernadores, fiscales y representantes de comisiones estatales de búsqueda.

Para llegar de Cuba a Estados Unidos, Wilder, de 27 años, gastó 7 mil dólares, recorrió 10 países y vio morir a 10 de sus compañeros. Su viaje aún no termina, ahora se encuentra en Reynosa, Tamaulipas, en espera de cruzar los últimos metros para solicitar asilo.

Está consciente de los riesgos: "Sabemos que aquí secuestran y que les piden dinero a las familias, pero en Cuba te mueres de hambre. Prefiero que me maten aquí".

EL UNIVERSAL publicó ayer que por lo menos un grupo de 13 cubanos está secuestrado en Reynosa. Familiares afirman que fueron entregados al crimen organizado.

En su recorrido, Wilder cuenta que en todos los países les robaron. "Todos quieren el dinero, unos te lo quitan dándote un servicio, otros a punta de pistola".

Eso pasa también en la frontera sur, donde otros cubanos contaron a EL UNIVERSAL que "abogados" o "tramitadores" pueden estar coludidos con personal del Instituto Nacional de Migración para burocratizar la entrega del salvoconducto y obligarlos a contratar sus servicios.

Dicen que les piden de 300 a 900 dólares para obtener el documento de salida de México en dos o cinco días, cuando el trámite es gratuito pero tarda 20 días.