El gobierno federal reconoció los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, y asegura que por cada reto ha puesto en marcha acciones concretas, esto como respuesta al Informe Anual publicado por la organización Human Rights Watch que destaca las violaciones de derechos humanos perpetradas por autoridades de seguridad.

"Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado", señala el resumen del informe sobre México.

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y la Procuraduría General de la República (PGR) reconocieron que el gobierno mexicano aún cuenta con desafíos importantes para garantizar el goce pleno de los derechos humanos, "por diversos factores internos y externos" y subrayó "que se han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de estos retos".

"Las instituciones que conforman el gobierno de México han instrumentado políticas públicas que incluyen acuerdos, lineamientos y capacitaciones, para regular el uso de la fuerza en todos los niveles, lo cual se refleja en la reducción de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y de las recomendaciones emitidas por ésta. En particular, en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos existió una reducción del 76% en el número de quejas en el año 2017, en comparación con el año 2012", indicaron.

A nombre del gobierno agradecieron el interés de Human Rights Watch por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo y reconocieron las observaciones tanto de ésta como de otras organizaciones de la sociedad civil, "reiterando el compromiso institucional, irrestricto e ineludible, por continuar trabajando en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos".

Ante la petición realizada por el Confederación Nacional de Colegios Barras y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), el alcalde Juan Manuel Gastélum se comprometió a celebrar un convenio de colaboración en donde mujeres funcionarias participaran en un diplomado de derecho municipal.

Lo anterior en el marco del panel "Avances y retos de la participación política de las mujeres", realizado en Universidad Iberoamericana, en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER), por motivo del día internacional de la mujer.

El alcalde Juan Manuel Gastélum, se comprometió a firmar un convenio con la CONCAAM para beneficiar a mujeres del gobierno municipal del ámbito jurídico y con esto poder ofrecer un mejor servicio como funcionarias.

"Vemos como hoy en día la mujer ha venido tomando cada vez más su lugar en la sociedad, siendo participe en la toma de decisiones importantes, tanto en el ámbito público como privado de nuestro país", indicó el presidente municipal.

Agregó que se traduce en una sociedad con mayor igualdad y equidad, en la que cada vez más se reconocen los derechos, aptitudes, capacidades y talentos de las mujeres para desarrollarse en la vida profesional, social, económica, cultural y política de nuestra comunidad.

La delegada de la CONCAAM, Adolfina Escobar, señaló que es un gusto el tener la oportunidad de proponer esta firma de convenio en el marco del día de la mujer.

La directora del IMMUJER, Gabriela Navarro, señaló que los temas a tocar en el panel serían; La historia para llegar al derecho de obtención de voto, perspectiva de género, democracia, paridad, apariencia política y participación ciudadana.

"Hoy es un día para llamar a la unidad, para reflexionar y los retos que tenemos por enfrentar", enfatizó la directora Gabriela Navarro.

Por su parte, la directora del departamento de ciencias sociales de la Ibero, María del Carmen Talamantes, manifestó que la inclusión política de las mujeres, se trata de un tema de justicia social y de derechos humanos, que permita una garantía real que dignifique a las mujeres en su autonomía como personas.

Finalmente, el consejero presidente del Consejo General Electoral de B.C., Clemente Custodio, expresó que vivimos en un universo de hombres y a las mujeres les ha costado lucha y esfuerzo llegar a donde están.

Recordó que es importante la igualdad jurídica, pero también social y material entre hombres y mujeres, con mismos trabajos y mismos sueldos, ejemplo de ello, el Instituto Estatal Electoral cuenta con mayoría de consejeros mujeres con un salario igual al de los hombres.

Durante el evento estuvieron presentes la síndico procurador, Ana Marcela Guzmán, la directora de DIF Tijuana, Delia Ávila, las regidora, Julieta Aguilera y Mónica Vega, la directora de la Secretaría General Gobierno, Leticia Peña, la secretaria de educación, Lourdes Akerlund, entre otras funcionarias.

 En la presente administración federal, las fuerzas de seguridad han estado implicadas en violaciones graves y reiterada a los derechos como muertes extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, además, que los periodistas mexicanos, se enfrentan al hostigamiento y al ataque de las autoridades gubernamentales y los grupos delictivos, señaló Human Right Watch (HRW).

En su informe anual 2018, la organización afirmó que es común que las autoridades no investigan adecuadamente los crímenes contra periodistas, y a menudo descartan su profesión como un motivo de los ataques.

De igual forma, Para Human Rights Watch México es el país con "mayor riesgo de victoria populista".

Human Rights Watch es una organización no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo, con sede en Nueva York. Cada año publica su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

En su capítulo México, el informe 2018 de HRW, con conclusiones muy similares a las del año 2017, destaca la "falta de avances" respecto al sexenio de Calderón, especialmente en los procesos de delimitación de responsabilidades por acciones violentas.

Señala que, pese a que "el gobierno federal ha impulsado iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce, éstas han tenido resultados limitados" y menciona que, a la fecha, "las autoridades mexicanas no han logrado avances en la determinación de qué ocurrió a 43 estudiantes" de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

También hace mención a los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos "por parte de autoridades gubernamentales" y bandas delictivas, lo que provoca que periodistas "opten por la autocensura".

"Las autoridades en general no investigan adecuadamente los delitos contra periodistas y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. La CNDH informó en 2016 que 90% de los delitos cometidos desde 2000 contra periodistas en México han quedado impunes", señala el informe.

 Los funcionarios del Registro Público de Cancún que se negaron a inscribir el nacimiento del bebé de una pareja de mujeres gay, podrían ser demandados penalmente al haber incurrido en un acto de discriminación, que de acuerdo con el Código Penal vigente en Quintana Roo, constituye un delito sancionado con cuatro años de cárcel, que aumenta a seis si se trata de un servidor púbico, que además debe ser destituido e inhabilitado.

El personal de la Oficialía 1 del Registro Civil también violentó el derecho a la identidad del recién nacido, así como su derecho a la salud, pues la resistencia a expedir su acta de nacimiento ha impedido que acceda a los servicios públicos de salud en la ciudad, indicó el presidente de la asociación "Circulo Igualitario", Edgar Mora.

El activista refutó las declaraciones del alcalde de Cancún, Remberto Estrada, quien exhortó al Congreso a modificar el Código Civil del estado, que a decir del Registro Civil, impide que se inscriba el nacimiento del menor, so pena de incurrir "en una grave responsabilidad administrativa".

"Eso es falso. El Código Civil no prohíbe que se registre al bebé. En realidad, es tan simple como modificar el formato y ya, no es indispensable que el tema tenga que pasar por el Congreso, toda vez que la Constitución establece que nadie debe ser discriminado, entre otras situaciones, por su orientación sexual.

"Es lo mismo que pasaba con el matrimonio igualitario. No estaba prohibido en la ley de Quintana Roo, pero el problema era el criterio en los Registros Civiles que a falta de corregir un formato, impedían el enlace, hasta que hubo amparos y no les quedó de otra", expresó.

Mora indicó que, contrario a lo que dijo el edil, si mantienen la resistencia de registrar al bebé, quien además padece problemas de salud, quienes sí incurrirían en un delito penal serían los funcionarios del Registro Público.

El Código Penal del estado, en su artículo 132, castiga el delito de discriminación con dos a cuatro años de cárcel, a quien por razón de género, edad, raza, "estado civil, orientación sexual", idioma, ideología, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, origen étnico o nacional, embarazo, trabajo profesión, posición económica, características físicas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, limite, menoscabe, anule o ponga en riesgo los derechos, libertades y seguridad de la persona.

Incurren en ese delito quienes provoquen o inciten al odio o la violencia, nieguen "un servicio o prestación a la que se tenga derecho", humille, denigre o excluya a alguna persona o grupos de personas o niegue o restrinja derechos laborales o de otra naturaleza.

"Al servidor público que por alguna de las razones señaladas en el párrafo primero de este artículo, retarde o niegue a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le impondrán de tres a seis años de prisión y se le destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la privación de la libertad impuesta", se lee en el Código, consultado por EL UNIVERSAL.

El delito de discriminación se persigue por querella, por lo que Edgar Mora agregó que buscan establecer contacto con la pareja de mujeres, para ofrecerles asesoría y apoyo legal, pues debe sentarse un precedente.

Durante este 2017 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ha recibido en Tecate un total de 336 quejas emitidas contra dependencias que operan en esta ciudad, que concentra por si misma el 16 de todas las quejas emitidas en el estado, así lo señalo Melba Adriana Olvera Rodríguez, Presidente de la CEDH en Baja California.

Olvera Rodríguez declaró que algunas de las principales presuntas violaciones a los derechos humanos son omitir proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad; faltar a la legalidad y ejercer violencia desproporcionada durante la detención.

De igual forma la presidente del organismo mencionó que entre las principales autoridades señaladas en las quejas son la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate.

La defensa de derechos humanos vuelve a estar en la mira de la inseguridad en el país. Un trabajador administrativo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) fue secuestrado cuando se dirigía a su oficina en la colonia Americana.

El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, informó que hay dos líneas de investigación en el caso: un problema que involucra a su familia y un litigio por tierras que lleva en Sinaloa.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Juan Carlos Castillo Flores, auxiliar de la Cuarta Visitaduría, circulaba en su Jeep rojo cuando fue interceptado por hombres armados que lo bajaron del vehículo y lo subieron a otro auto.

La fiscalía trabaja en la identificación de los responsables.

El presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, exigió la localización de su compañero y que se proteja a la familia. Argumentó que para no entorpecer las investigaciones la Comisión no proporcionará más información del caso.

El secuestro sucede cuatro días después del asesinato del ómbudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, cuyo crimen es investigado por una fiscalía especial, anunció ayer el gobierno estatal.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, condenó el asesinato de De la Toba.