Tras recibir un llamado de emergencia de parte de autoridades municipales y vecinos de la zona de El Choropo y Campo Mena al sur de la ciudad, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), atendió una fuga provocada por actos de tipo vandálico, que derivó en daño a una tubería de conducción a la red de agua potable que surte del vital líquido a esa área de Mexicali.

Autoridades de la CESPM, indicaron que una empresa constructora realiza trabajos de excavación para un particular y por tal motivo este tubo de 8 pulgadas que pasa muy cerca quedó expuesto a la superficie, lo que presuntamente llamó la atención de algunos individuos miembros de uno de los grupos denominados de “resistencia civil” que procedieron a dañar este tramo de tubería, según pruebas que se obtuvieron.

En respuesta, una cuadrilla del área de redes de CESPM llegó al punto de la fuga realizando, tal como lo marca el procedimiento, el cierre de válvulas para evitar mayor desperdicio de líquido para luego reparar la fuga, acción que no fue permitida por un grupo de personas las cuales lanzaron al personal de la dependencia, proyectiles al parecer piedras, por lo cual la cuadrilla se retiró del lugar tras aislar la fuga sin poder finalizar su trabajo.

Según datos del Departamento Técnico de CESPM, se causó un desperdicio de aproximadamente 60 mil litros, entre el periodo de tiempo que se reportó y en que se pudo aislar el problema.

El organismo operador del agua en Mexicali, prevé tomar las medidas necesarias ante las autoridades correspondientes, situación que está evaluando el área jurídica de esta dependencia con el objeto de deslindar las responsabilidades correspondientes a los autores de los hechos.

Un recurso superior a los 400 millones de pesos ha destinado el Gobierno de Baja California para recuperar infraestructura educativa afectada por robos y actos de vandalismo durante las pausas de actividades; ya sean vacaciones, puentes o por la pandemia por el covid 19.

El secretario de Educación del estado, Gerardo Solís Benavides, sostuvo que no esperaban tal magnitud de daño en escuelas, por lo que una parte importante de la bolsa que se destinó para dicho fin era planeada para otras áreas de la dependencia. 

Apuntó que, en el conteo final, fueron más de 700 planteles educativos en toda la entidad la que se vieron con algún grado de daño, número también no pronosticado. Sin embargo, actualmente son menos de diez planteles los que se siguen presentando desperfectos en sus instalaciones.

Robo de aparatos de aire acondicionado, de equipo de cómputo, cableado eléctrico, material de papelería y, hasta, cercos de malla ciclónica son parte del material y equipamiento que es de los preferido de los amantes de lo ajeno, sostuvo el funcionario estatal. 

Solís Benavides estuvo presente en la continuación de la glosa del primer informe de gobierno de la administración estatal.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito informó que, por medio del programa de vigilancia "Escuela Segura" se han obtenido buenos resultados en lo que va del presente ciclo escolar.

Por parte de la dependencia se dio a conocer que de manera coordinada, tanto con la comunidad escolar -maestros, directivos, alumnos y padres de familia- como con la autoridad educativa estatal, se ha logrado reducir la incidencia delictiva, como son los casos de vandalismo y robos en los planteles.

Igual que en los períodos vacacionales, c a la vez de que se exhorta a las comunidades y grupos vecinos organizados, para continuar estas acciones que han permitido evitar saqueos, daños y la presencia de personas sospechosas dentro o en torno a las escuelas.

Por lo anterior, el Gobierno Municipal reitera que, en caso de observar cualquier actividad sospechosa en las inmediaciones o dentro de alguna instalación escolar (jardín de niños, primaria, secundaria preparatoria o universidad), la gente puede coadyuvar con el trabajo de la Policía Municipal llamando a la línea 9-1-1.

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Activistas y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, vandalizaron la Embajada de Israel, exigiendo la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de cometer irregularidades en el caso.

A días del octavo aniversario del hecho, cientos de personas se congregaron frente a la sede diplomática israelí, ubicada en el poniente de la capital mexicana, donde realizaron pintas con las leyendas "extradición a Tomás Zerón", "ni perdón ni olvido" y "43".

Aunque la protesta, en la que participaron padres de los desaparecidos, se inició de forma pacífica, jóvenes encapuchados comenzaron a pintar las paredes y a golpear las cámaras de seguridad del recinto.

Los manifestantes acompañaron sus reclamos con gritos de "Palestina libre" y "viva Palestina" e, incluso, pintaron "Palestina vive" y "muerte al sionismo" en las paredes.

La protesta paralizó por cerca de una hora el tránsito en la zona de Lomas de Chapultepec, una de las más acaudaladas de la capital mexicana.

México anunció desde septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Pero el proceso se complicó porque ambos países no tienen acuerdo de extradición y The New York Times publicó en julio que Israel desatendió la petición como presunta represalia al voto de México en la ONU a favor de investigar la crisis en Palestina.

Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en octubre pasado el contenido de una carta que envió al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para solicitar la extradición de Zerón.

Esta es una de las protestas con las que activistas y familiares exigen justicia cuando faltan días para que se cumplan ocho años del crimen.

La polémica se ha reavivado este año tras el informe de la Comisión de la Verdad, creada por López Obrador, que concluyó el 18 de agosto que fue "un crimen de Estado", que no hay indicios de que estén vivos y reconoce la participación de elementos de las Fuerzas Armadas.

La comisión rechazó la "verdad histórica", la versión del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.

La Administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

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Leonardo Abarca Jiménez, presidente de la asociación de profesionistas, señaló que ésta se enfoca en el análisis de temas jurídicos que tengan impacto social y que sobre todo den a los profesionales del derecho las herramientas para establecer los criterios jurídicos que hagan valer los derechos de la ciudadanía.

Como lo comentaron los expositores desde la administración estatal anterior se vio una política bastante agresiva en los cobros a las empresas por el tema del agua.

Actualmente ya no solo se limita a las empresas sino también a asuntos en los cuales se llegan a cobrar cantidades muy elevadas a usuarios del servicio en casas habitación”, expresó.

En su participación Gerardo Mejorado Ruiz, opinó que pese a que legislativamente se adolece de cuestiones de carácter legal es factible que se condene la devolución de pago de lo indebido por concepto de conexión de agua potable.

“Cuando se hicieron los cobros de derechos de conexión no hubo determinaciones de créditos fiscales, y en materia fiscal es imprescindible que haya una determinación por parte de la autoridad fundamentada que haya emanado de un procedimiento elaborado con una facultad de comprobación; es decir que se haya hecho una revisión y dado por conocer por escrito que se debe tal o cual cantidad y por no existir tales resoluciones son viables las devoluciones de pagos de lo indebido a las Comisiones de Servicios Públicos del Estado”, declaró.

Manifestó que en la medida que no se avance en la creación de una Ley Estatal de Derechos que contenga los conceptos que se habrán de cobrar por diversos servicios que presta el Estado, se puede correr el riesgo de cometer arbitrariedades.