La PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos acordaron estrechar la colaboración en materia de extradición, asistencia jurídica internacional, así como decomiso y compartición de bienes, particularmente en casos de corrupción.

Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), se reunió con una delegación del Departamento de Justicia, encabezada por el subprocurador asistente encargado de la División Criminal, John Cronan, y el subprocurador asistente del Área Internacional, Bruce Swartz.

Adicionalmente, los funcionarios abordaron los compromisos adoptados el 14 diciembre de 2017, en el marco del Diálogo de Alto Nivel para Combatir a las Organizaciones Criminales Transnacionales, competencia de las instituciones.

En ese sentido, establecieron continuar con la coordinación de esfuerzos en la investigación y persecución de delitos que afectan a las sociedades de ambos países.

"Lo anterior tomando en consideración el carácter transnacional de los fenómenos delictivos y reiterando la necesidad de adoptar un frente común que se traduzca en mecanismos de cooperación eficientes y con resultados operables", informó la PGR.

Con este diálogo, destacó la procuraduría, ambas dependencias hacen manifiesta la disposición para continuar trabajando en el combate a las organizaciones delictivas transnacionales.

En este marco, se presentó al nuevo agregado del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en México, John Capin.

Hace unos días, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales destacó que para impedir el ingreso a México de armas de fuego, así como de dinero en efectivo obtenido ilícitamente, es necesario plantear una estrategia conjunta con las autoridades de otros países como los Estados Unidos.

El gobierno de Argentina autorizó la deportación a México de Fernando Farías Laguna, exmarino señalado por las autoridades mexicanas como presunto líder de una red dedicada al huachicol fiscal en aduanas marítimas, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

Se prevé que Farías Laguna sea entregado en las próximas horas a autoridades mexicanas que ya se encuentran en Buenos Aires para trasladarlo vía aérea a territorio nacional.

Una vez en México, será puesto a disposición del juez federal que lo requiere por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Estados Unidos habría intervenido en las gestiones

Fuentes cercanas al proceso señalaron que el gobierno de Estados Unidos habría intervenido en las gestiones diplomáticas para que las autoridades argentinas accedieran a deportar al exintegrante de la Marina.

Según dichas versiones, la gestión se realizó en presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Las mismas fuentes aseguran que Washington habría solicitado como condición que durante el traslado y posterior proceso en México se garantizara la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales de Farías Laguna.

Esta información sobre la intervención estadounidense corresponde a versiones de fuentes vinculadas al caso y no a un anuncio oficial de las autoridades de ese país.

Lo acusan de participar en red de huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna es señalado dentro de las investigaciones relacionadas con una presunta estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante operaciones en aduanas marítimas.

Además, es sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó como secretario de Marina durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Con la autorización de Argentina, la vía de deportación permitiría su retorno a México sin esperar la conclusión de un procedimiento ordinario de extradición.

Una vez concretado su traslado, Farías Laguna deberá comparecer ante la autoridad judicial mexicana que lo requiere, donde continuará el proceso penal en su contra y se determinará su situación jurídica.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió del Gobierno de Estados Unidos solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, la documentación fue remitida a la Fiscalía General de la República, que será la encargada de determinar si existen elementos suficientes para proceder conforme al marco jurídico mexicano y evaluar la viabilidad de las solicitudes de extradición.

La Cancillería precisó que, tras una revisión inicial, los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no contienen, por ahora, pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados, aunque subrayó que corresponde a la FGR realizar el análisis correspondiente.

COMUNICADO. “La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la FGR. En los documentos no se anexan pruebas”.https://t.co/frxQvi0qjb pic.twitter.com/HSn3bi4PeT

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 29, 2026

Además, la SRE anunció que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada estadounidense por la difusión pública del caso, al considerar que los tratados bilaterales contemplan cláusulas de confidencialidad en este tipo de procedimientos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros funcionarios de conspirar con Los Chapitos para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

Entre los implicados también figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, quienes presuntamente habrían recibido sobornos millonarios a cambio de brindar protección a la organización criminal.

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México extraditó al ex presidente del Congreso de Guatemala Luis Rabbé, detenido en 2018 en territorio mexicano por su vinculación a una trama de corrupción con empleos ficticios, informó el Ministerio del Interior guatemalteco.

Según la fiscalía, Rabbé autorizó nombramientos irregulares de al menos 164 funcionarios del Parlamento, entre ellos algunos que no cumplían con los requisitos para el cargo, y otros que solo cobraban salarios cada mes sin ir a trabajar.

"Ex diputado Luis Rabbé es extraditado a Guatemala", señaló el Ministerio en un comunicado, en el que detalló que la operación fue coordinada por las secciones de Interpol de ambos países.

Rabbé, de 68 años, fue entregado en un paso fronterizo en San Marcos (oeste) y luego trasladado vía aérea a Ciudad de Guatemala, agregó la cartera.

Imágenes divulgadas por el ministerio mostraron al ex diputado esposado, vestido con una camiseta negra y escoltado por policías hasta un helicóptero.

Colaboración Interpol-México e Interpol-Guatemala fue clave para extraditar a Guatemala al exdiputado Luis Rabbé. Lea los detalles ⤵️ https://t.co/AcFppEFe0H

— MinGob (@mingobguate) August 8, 2024

La fiscalía indicó en la red social X que el ex diputado es señalado de los delitos de "abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción".

Rabbé, quien presidió el Congreso entre enero de 2015 y el mismo mes de 2016, fue arrestado el 23 de julio de 2018 en Monterrey, en el norte de México.

Había salió del país en agosto de 2016 tras perder la inmunidad como diputado y poco después se le declaró prófugo. La justicia mexicana avaló la extradición el 8 de mayo de 2019, pero diversos recursos legales demoraron su entrega a Guatemala.

Un juez penal había girado una orden de captura por su responsabilidad en la trama de plazas ilegales de funcionarios cuando presidía el parlamento.

Las pesquisas fueron apoyadas en esa época por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU creado en 2007 y que contribuyó en la revelación de sonados casos de corrupción.

La CICIG fue desmantelada en 2019 por el entonces presidente derechista Jimmy Morales (2016-2020).

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Una jueza federal concedió una suspensión que impide la extradición a Estados Unidos del ex líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, quien acaba de dejar el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con registros judiciales, El Z-40, presunto responsable del homicidio de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y considerado uno de los capos más sanguinarios, fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social Cuatro “Noreste” en el Rincón, en Tepic, Nayarit.

Diana Abraján Peña, jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Edomex, concedió la medida cautelar al narcotraficante, la cual impide en estos momentos su entrega a los norteamericanos.

Sin embargo, las autoridades penitenciarias rechazaron ante la juzgadora que se busque extraditar a Treviño Morales, sino que solo fue llevado a otra prisión.

“Por otro lado, la autoridad responsable hace del conocimiento que el quejoso actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Cuatro ‘Noreste’; en consecuencia y a fin de no dejar en estado de indefensión al solicitante del amparo, con copia autorizada del auto de 5 de enero del año en curso, hágase del conocimiento al director de dicho centro de reclusión, la suspensión de plano concedida al quejoso”, detalla el acuerdo de la juzgadora.

El 15 de julio de 2013, las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) capturó en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, al entonces líder absoluto de Los Zetas.

Su detención representó el primer gran golpe contra el narcotráfico en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cual solo es equiparable a la reaprehensión que también se hizo en esa administración del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

De acuerdo con investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ángel es responsable de ordenar el secuestro y asesinato de 265 migrantes, cuyos cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2010.

También se le vinculó con el asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, ocurrido el 3 de octubre de 2012, en venganza por el abatimiento de su sobrino Alejandro Treviño Sánchez por parte de policías estatales.

Además, se le señala por la desaparición de decenas de personas en el municipio de Allende, Coahuila, por citar algunos casos. México ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos por información que condujera a su captura, mientras que Estados Unidos le puso un precio a su cabeza de 5 millones de dólares.

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Después de las nueve de la mañana inició en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte la audiencia en la que se determinará si el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, es vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.

Murillo Karam, es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricar la llamada "Verdad Histórica", que señala que los 43 normalistas fueron secuestrados, asesinados y quemados en el Basurero de Cocula.

Según los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) en la audiencia de imputación contra el extitular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, quien quedó preso en el Reclusorio Norte, la llamada “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa se construyó así:

Con base en declaraciones de Bernardo Cano Muñoz, exsecretario particular del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, el 7 de octubre de 2014, un día después de que Murillo Karam anunciara que estaba a cargo de la investigación por orden presidencial, se realizó una reunión de funcionarios de alto nivel en Guerrero.

En el cónclave estuvieron presentes Jesús Murillo Karam, titular de la PGR; Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero; Omar García Harfuch, mando de la extinta Policía Federal; Carlos Gómez Arrieta, titular de la Policía Federal Ministerial (PFM), entre otros funcionarios, quienes, a decir de la FGR, ahí planearon los que más tarde se conocería como la “Verdad Histórica” del caso Iguala, que establece que los 43 normalistas fueron secuestrados, asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula.

La mañana del 27 de octubre de 2014, de acuerdo con la narrativa de la FGR, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, comparte con Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), durante un recorrido en la zona de Cocula, que tenían cuatro personas “que nos van a decir qué vamos encontrar en el Río San Juan”.