Tres millones 548 mil 760.54 pesos gastó la Procuraduría General de la República (PGR) en 2017, en la contratación de servicios profesionales de apoyo a las diligencias y trabajos administrativos del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La Oficialía Mayor reportó en un informe que la dependencia requirió de expertos para revisar y supervisar la integración de la averiguación previa en los lugares de búsqueda de los alumnos, y aportar a la oficina, encabezada por Alfredo Higuera Bernal, elementos que lleven a nuevas líneas de investigación. Además, realizó monitoreo de medios impresos y electrónicos respecto a la investigación, y para apoyar al Ministerio Público responsable de supervisar la parte operativa de la indagatoria.

La PGR otorgó, según el documento del tercer trimestre de 2017, más de 30 contratos por honorarios, cuyo monto máximo fue de 356 mil pesos referente a búsqueda de nuevas estrategias en la integración de la información, así como para atender las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Destaca otra erogación "por 123 mil 319 pesos, para planear y programar los eventos en los que tengan que participar el responsable de la investigación del caso Iguala [Alfredo Higuera], sean de carácter interno como externo, así como también, organizar, planear y atender las solicitudes de reuniones de trabajo en las que tenga que participar el responsable de la oficina".

La dependencia celebró ocho contratos por 75 mil 579.63 pesos, cada uno, para apoyo en la creación del informe público de la investigación del caso Ayotzinapa, además para el manejo y control de información sensible y confidencial respecto al mismo asunto.

También requirió los servicios para supervisar la recepción, trámite y resguardo de la documentación relacionada con las pesquisas del caso, así como para la implementación de mecanismos tendientes a preservar la confidencialidad.

Para los padres de los 43 normalistas, los recursos públicos invertidos por las autoridades no reflejan avances para dar con el paradero de los estudiantes. El abogado Vidulfo Rosales acusó que no hay ningún elemento de la policía municipal de Huitzuco y de la Policía Federal, presuntamente involucrados en la desaparición de los estudiantes, detenido.

"En la reunión no dieron ningún resultado, no tenemos ningún capturado, ningún policía municipal de Huitzuco, ningún policía federal. No se nos informa nada respecto a la investigación ni sobre la responsabilidad del Ejército", indicó.

Tras casi dos años preso, el general José Rodríguez Pérez, acusado del delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, saldrá en los próximos días de la prisión del Campo Militar 1-A, luego de que una juez le retiró la prisión preventiva oficiosa, ya que no se justifica que el mando militar pueda evadirse de la justicia.

En audiencia celebrada el viernes y que concluyó la madrugada de este sábado, el juzgador determinó revocarle la medida cautelar al excomandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, debido a que las condiciones que motivaron su imposición variaron.

De esta manera, el mando militar llevará su proceso penal en libertad provisional, cuando pague la fianza de 50 mil pesos que le fue impuesta por un juez, quien además le impuso la presentación quincenal al juzgado para la firma del libro de procesados, la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas.

Esta determinación supone un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, pues el general se sumará al grupo de los 10 militares señalados en el caso Ayotzinapa, que llevan su proceso penal en libertad.

Apenas en junio pasado, el sargento peluquero Santiago Muñoz Pilo, acusado de delincuencia organizada, salió del penal del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en la Ciudad de México, luego de que una juez le revocó la prisión preventiva.

En mayo pasado, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales, Raquel Duarte Cedillo, ordenó la liberación de ocho militares, al considerar que la prisión preventiva justificada que se le dictó era excesiva e innecesaria.

Asimismo, el mes pasado el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal le concedió el amparo al general retirado Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, contra la prisión preventiva oficiosa que se le impuso por el delito de delincuencia organizada.

Desde agosto del año pasado, Hernández Nieto lleva su proceso en libertad, con diversas medidas de restricción que le fueron impuestas.

Tras concretarse la salida de prisión del general José Rodríguez Pérez, quedarán en prisión el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel.

El extitular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas Rodríguez, acusó al general José Rodríguez Pérez de ordenar el asesinato y desaparición de seis de los 43 normalistas, que se presume se habrían mantenido con vida cuatro días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició la cacería contra militares involucrados en el caso Ayotzinapa, con la detención del general José Rodríguez Pérez, acusado de ordenar la muerte y desaparición de los normalistas cuando estaba al frente del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.

Rodríguez Pérez, ascendido a general Brigadier en 2015, tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería en septiembre de 2014, con sede en Iguala, al que instruyó salir a investigar lo que estaba sucediendo con los normalistas.

“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez", refirió Encinas Rodríguez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares y abogados de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un encuentro esperado por meses, después de que el diálogo se interrumpiera debido a diferencias en las investigaciones y el reciente periodo electoral.

López Obrador destacó la importancia de tratar el caso Ayotzinapa con seriedad y responsabilidad. "El caso Ayotzinapa, hoy voy a recibir a los padres, estaba esperando que pasaran las elecciones, ya ven cómo se mezclaban las cosas y es un asunto muy serio que debe de verse con mucha responsabilidad, es un asunto de justicia. Hoy vamos a informarles a los padres y espero que, antes de irme, se tengan buenos resultados", expresó el mandatario.

Aproximadamente a las 11:15 horas, los padres de los normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014 llegaron a las inmediaciones de Palacio Nacional. El encuentro comenzó después del mediodía en el Salón Tesorería, con la presencia del presidente López Obrador y su gabinete de seguridad.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, manifestó antes de ingresar a Palacio Nacional que no tenían grandes expectativas de recibir información nueva o importante. "No tenemos mucha esperanza de tener informaciones importantes, más bien estamos esperando con esa idea de repetir todo lo que ya se viene trabajando a lo largo de estos años, estos meses, no esperamos nada importante pero vamos a escuchar la información nueva que el presidente va a dar", comentó.

Expectativas y Demandas

Ortega señaló que los familiares esperan obtener datos precisos sobre lo que consideran que el ejército no ha querido entregar, así como avances en el proceso de extradición de Tomás Zerón, exfuncionario implicado en el caso. A pesar del escepticismo, los padres de los normalistas mostraron disposición a escuchar cualquier información nueva que pudiera proporcionar el presidente y su equipo.

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Un militar más que perteneció al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, fue detenido hace unos días por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que en septiembre cumple una década.

Se trata del Sargento Segundo Peluquero retirado, Miguel Muñoz Pilo, quien es acusado de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, informaron fuentes del gabinete de seguridad.

Se encuentra interno en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde está a disposición de la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, luego de ser aprehendido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.

El sargento retirado perteneció hace 10 años al 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de tener un papel activo la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando se registró el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por el grupo criminal “Guerreros Unidos.

Hace un año, la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo, con residencia en Toluca, Estado México, ordenó la captura de 16 oficiales y tropa de los Batallones 27 y 41 de Iguala, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada, entre ellos el general retirado Rafael Hernández Nieto, quien después de unos meses logró llevar su proceso en libertad provisional.

Así como la de los soldados Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz, quienes en la primera semana de mayo salieron en libertad provisional, luego de que la juez Duarte Cedillo les cambió la prisión preventiva.

Asimismo, también se ordenó la detención de Miguel Muñoz Pilo, entre otros.

De esta manera, quedan presos siete militares por el caso Ayotzinapa, de los que destacan el general José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel; sargento, Miguel Muñoz Pilo.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la colocación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional antes de la marcha mensual de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Negó que esta medida tense el ambiente y la justificó como una precaución para proteger el edificio ante posibles provocadores.

En su conferencia matutina, López Obrador reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia para los normalistas desaparecidos y anunció su intención de hablar con los padres después de las elecciones del 2 de junio para evitar la politiquería en torno al caso.

El mandatario criticó a aquellos que, según él, se aprovechan del dolor humano y utilizan estos casos con propósitos políticos. Expresó su confianza en que para el 3 de junio, cuando podría reunirse con los familiares de los normalistas, estén aprobadas las reformas a la Ley de Amnistía, lo que ayudaría a resolver el caso.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la madrugada de hoy fue detenido por el Ejército y la Policía del estado en un rancho cerca de Acapulco el policía que presuntamente asesinó al estudiante de la normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario explicó que con esta captura se cumple con el objetivo de detener a todos los implicados en el crimen.

"En la madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa, ya están todos los que participaron presos, estaba en un rancho guardado, protegido. Se está haciendo la investigación, en Guerrero, cerca de Acapulco", expresó.

López Obrador aseguró que esto demuestra las diferencias que existen entre los gobiernos anteriores y la actual administración.

"Y se investigó y se llegó a la verdad porque ya no es igual que antes, no somos lo mismo, entonces, ya se detuvo a este joven, a este policía que asesinó a el joven estudiante de Ayotzinapa", agregó.

A principios de marzo se reportó que el estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa fue abatido a tiros por elementos de la Policía del Estado en un filtro de vigilancia ubicado en el antiguo libramiento a Tixtla.

Las primeras versiones difundidas por las autoridades locales y replicadas por el presidente López Obrador, señalaron que los disparos fueron en respuesta a un primer ataque del estudiante y sus acompañantes.

Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que en realidad el normalista fue asesinado por los policías.

"Si ustedes se acuerdan cuando se dan a conocer estos hechos, el primer informe era que los muchachos habían disparado y que en respuesta la policía había asesinado al joven de Ayotzinapa y que incluso tenían armas y droga, pues no aceptamos ese primer informe y se investigó y se llegó a la verdad", concluyó.

Fue detenido por agentes de la Policía de Investigación Ministerial (PIM), adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a que cuenta con una orden de aprehensión vigente por los delitos de homicidio calificado en agravio de Yanqui Kothan Gómez, y otra más por homicidio en grado de tentativa en agravio de un masculino, alumno de la normal Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa.

Lo anterior, refiere la FGE, fue un operativo coordinado con efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaria de Seguridad Pública y la PIM que se realizó en el poblado del kilómetro 21.

El agente del grupo Centauro de la SSP del estado de Guerrero se fugó del cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública en Chilpancingo, y casi un mes después de los hechos fue detenido.

Tras haber sido detenido, agentes de investigación de la FGR, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Acapulco dónde notificaron que el policía estatal detenido contaba con una orden de aprehensión.