Cuando los policías municipales llegaron a las capillas del DIF, en Saltillo, encontraron a Don Ramón llorando solo frente a un ataúd color gris, velando a su esposa, María Asunción, con quien vivió 40 años y a quien no pudo comprar ni una flor como ofrenda.

Los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Saltillo llevaron hasta el lugar flores, alimentos y el dinero que juntaron de "una coperacha". También se turnaron para hacer rondines en las patrullas toda la noche y estuvieron al pendiente "por si se le ofrecía algo".

"Unos 80 elementos fuimos a darle el pésame, a apoyarlo", afirmó a EL UNIVERSAL el delegado de Tránsito Municipal, José Juan Guzmán Rojas.

El agente contó que la corporación se enteró del hecho a través de una llamada anónima, "nos dijo: 'en la capilla del DIF está un hombre solo velando a su señora'. Pasamos el reporte por radio a las unidades y acudimos a bordo de 20 patrullas a solidarizarnos con el señor".

En el lugar estaba Don Ramón acompañado solamente de su hijo quien "tiene como 30 años de edad y al parecer sufre de una discapacidad", relató el oficial.

Don Ramón es vecino del ejido "El Tunal", municipio de Arteaga, y su esposa falleció en el Hospital General de Saltillo, debido a complicaciones en los riñones por una caída que sufrió en el rancho.

La imagen del momento se hizo viral cuando Sandra, una usuaria de redes sociales, tomó una foto de la escena y la difundió, lo que permitió que habitantes del estado y familiares del viudo acudieran al lugar y más tarde, a la ceremonia que se ofició en la iglesia "Del Refugio", así como al funeral.

Guzmán Rojas cuenta que fue el martes por la noche juntaron casi dos mil pesos con lo que compraron café, pan y arreglos florales que llevaron a la funeraria del DIF en la colonia del Valle.

"Nos dolió verlo solito, nada más con su hijo. Primero llegamos nosotros y después desconocidos y familiares que se enteraron por redes sociales".

El mando de la policía dijo que los policías estuvieron en el lugar alrededor de una hora y media. Estimó que al lugar llegaron unas 200 personas, quienes dejaron en el lugar bolsas con despensa.

Gracias a la publicación de Facebook se reunieron donaciones para Don Ramón y su hijo por un total de siete mil pesos.

Una semana atrás se aprobó ya poder velar personas las cuales fallecieron por COVID 19, esto dado a conocer por parte de las autoridades de COEPRIS a las funerarias del estado.

Hay un proceso de normas para poder manipular cadáveres y poder lograr que funcionen adecuadamente las funerarias para no ser acreedores sanciones. Hoy en día ya se podrá velar a las personas fallecidas por COVID con el féretro cerrado, con un tiempo máximo de solo 4 horas ya que hay una fuente de contaminación directa.

Al momento solo un establecimiento se encuentra con sus puertas cerradas ya que no han acatado las normas a las que se deben de apegarse, por parte de la COEPRIS realizaron visitas a funerarias en donde la gran mayoría las cuales se sancionaron ya subsanaron, para el correcto funcionamiento.

A raíz de la pandemia del Covid-19 y de la violencia que se vive en la ciudad de Tijuana, la ciudadanía ha optado por prevenirse y adquirir servicios funerarios, pues años atrás las personas ignoraban invertir en dicho servicio.

"Ahorita los jóvenes se están interesando en todo esto y se están previniendo eso es bueno e importante porque no sólo me aseguro como joven si no a mi alrededor", expresó Gladys Luna, trabajadora de una funeraria en Tijuana. 

Indicó que antes las funerarias manejaban pagos mensuales, sin embargo ante la alta demanda y la crisis económica ahora son más flexibles con los pagos, los cuales son semanales o quincenales. Lamentablemente los adultos mayores siguen siendo mas renuentes en adquirir servicios funerarios como un paquete de cremación, inhumación, ataúd, entre otras. 

"A veces ha sido difícil porque aún como está la situación en Tijuana dicen yo no me quiero morir y oiga me esta usted deseando la muerte, pero estamos tratando de concientizar a la gente", puntualizó Luna.

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Exigen que la Cofepris, Profeco y Reglamentos Municipal realiz operativo de inspección en la Funeraria Latinoamericana de Tijuana, porque tienen más de 80 cuerpos de muertes por COVID-19 en su refrigerador.

Familiares de fallecidos por COVID-19, indicaron que tardan mucho en entregar los restos de sus seres querido —cremados—, y la autoridad no hace nada.

La Funeraria Latinoamericana tiene una bodega con refrigerador en el cañón de la Piedrera, donde tiene a los cuerpos.

Dos ciudadanos dijeron a CADENA NOTICIAS, que ellos contrataron a esta funeraria, por recomendación de una persona de la clínica 1 del IMSS de Tijuana, de que era el mejor servicio.

La sorpresa que se llevaron fue el precio de 30 mil pesos por cremación, “lo toman o lo dejan”, les dijeron.

Se hizo la contratación pero “ya tenemos 15 días y todavía no nos entregan los restos —cenizas— ni de uno ni de otro”, denunciaron.

El director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, Iván Hilario Muñoz García, dio a conocer que los elementos involucrados en hechos ocurridos este fin de semana donde se presume de abuso de autoridad, fueron cesados de sus cargos y además se dio parte ante la Sindicatura Procuradora.

El titular de Seguridad Pública en el municipio, informó que derivado del video que circuló por redes sociales como denuncia ciudadana donde se exhibe la situación, el comandante operativo fue removido de su cargo y seis elementos de la policía destituidos de sus funciones, como acción disciplinaria para la tropa.

“Es instrucción de la alcaldesa no tolerar este tipo de acciones y estar pendiente que se sancionen esas situaciones que van en contra de la legalidad. Ahora corresponde a quienes se consideren afectados acudir al Ministerio Público a denunciar lo ocurrido y ratificar la denuncia ante la Sindicatura”, aseguró Muñoz García.

El VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de recibir un mal trato o abuso de parte de oficiales, acudan a presentar su denuncia ante las autoridades competentes, como son la Agencia del Ministerio Público, o la Sindicatura Procuradora.

En redes sociales circuló el video de elementos de la policía municipal entrando a un domicilio, sin orden de cateo o justificación legal alguna, ya que al parecer, atendían un reporte de ruido excesivo en una fiesta.

Dos de los cuatro hombres que integran un grupo armado que fue captado en un video en Satélite y que actúa en municipios de la zona son policías de Tlalnepantla, reconocieron autoridades municipales.

Con esto suman tres policías que actúan en una célula armada en sus días de descanso y con presuntas incapacidades laborales, el último elemento dado de baja correspondía a la unidad de investigación y, hasta este miércoles, pertenecía a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Este grupo armado que opera en un auto tipo Malibú color plata, fue grabado el lunes 24 de junio en calles de Ciudad Satélite, por un automovilista que se resistió a ser detenido por cuatro sujetos que portaban dos armas largas y dos pistolas.

El pasado 26 de junio, el fiscal general, Alejandro Gómez Sánchez, reconoció que uno de los integrantes de ese grupo era policía de investigación de la FGJEM y que por este hecho iniciaron una investigación en la Fiscalía de combate a la Corrupción, además de que indagarían el origen de las armas que no eran de esta dependencia.

Este jueves, autoridades de Tlalnepantla informaron que dos de los sujetos captados en video, son policías municipales que estaban de incapacidad otorgada por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM.

La Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla "inició un procedimiento administrativo para darlos de baja e investigar las responsabilidades correspondientes".

En tanto, el municipio de Tlalnepantla solicitó al ISSEMyM "las valoraciones médicas para otorgar las incapacidades a ambos policías, debido a que han sido de manera recurrente".

Hasta el momento no hay respuesta por parte del Instituto, bajo el argumento que el Gobierno Municipal no es autoridad competente para solicitar información sobre dictámenes de incapacidad de sus derechohabientes, informaron voceros.