La Dirección Municipal de Transporte informó, que solicitará a Recaudación de Rentas del estado la cancelación de 17 licencias de conducir a choferes de transporte público que salieron positivo en el examen toxicológico.

Javier Salas Espinoza, Director de Transporte Público Municipal, manifestó que la solicitud que se hace, es en contra de choferes que no cumplieron con un tratamiento, por lo que de acuerdo al artículo 113 de reglamento de Transporte Público, es una disposición legal aplicable que la operación de vehículos de transporte establece que los conductores de unidades del servicio público, tienen como obligación abstenerse de ingerir estupefacientes.

Mencionó que estos operadores de transporte salieron positivos en el examen toxicológico que realiza la dependencia. Los conductores a los que se les busca retirar la licencia pertenecen al transporte de personal, transporte masivo, taxis de ruta, taxis libres, y esta sanción solo es por licencias de conducir en la modalidad de chofer.

El funcionario municipal, recordó que el año pasado se aplicaron 12 mil 500 exámenes toxicológicos, esto con el fin de tener operadores de transporte aptos para brindar el servicio y no poner en riesgo a los usuarios.

Salas Espinoza, comentó que desde el 1 de enero se ha dado continuidad al programa de antidoping y en lo que va del año se han aplicado 400 exámenes a choferes, de los cuales 3 han resultado positivo uno en mariguana y dos en metanfetamina, por lo que seguirán supervisando a los choferes de transporte, finalizó.

Ante el juzgado sexto se distrito de Baja California se promovió un amparo colectivo contra la expedición de la "Licencia Sanitaria", informó el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías.

Indicó que en el decreto 68 aprobado por los integrantes de la XXIII Legislatura a petición del Ejecutivo estatal, se invaden competencias federales.

Este es uno de los principales argumentos que se presentaron en el amparo, además se señalan diversas imprecisiones, subrayó Solís Farías.

La "Licencia Sanitaria" que se pretende imponer a diversos giros comerciales, entre estos, estéticas, gimnasios, spa, barberías, venta de alimentos con y sin alcohol, es improcedente, recalcó.

El gobierno estatal invade las competencias federales, además que se trata de un mecanismo recaudatorio y de control, resaltó el abogado fiscalista.

En el dictamen aprobado no dejan en claro si las "Licencias Sanitarias" serían para los establecimientos ya en operación o para quienes busquen abrir uno, añadió.

Para concluir, el abogado fiscalista confió en que el amparo que se interpuso avance y beneficie a cientos de empresarios de la región.

Con 19 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, se aprobó el dictamen 1 de las comisiones unidas Energía y Recursos Hidráulicos, Hacienda y Presupuesto, para que el ejecutivo estatal firme un contrato plurianual hasta por 30 años para el abastecimiento de energía solar fotovoltáica para el acueducto Río Colorado - Tijuana.

El legislador de Movimiento Ciudadano, Elí Topete, encargado de la lectura del dictamen, indicó que actualmente el ejecutivo estatal eroga mil millones de pesos por este concepto, y con este contrato se ahorrarían 300 millones de pesos.

Éste recurso del ahorro, sería invertido en modernización de la infraestructura hidráulica, añadió.

Elí Topete subrayó que actualmente hay un déficit de alrededor de 400 megawatts y este contrato se subsanará el el déficit en un 20%.

Añadió que con este contrato se estaría garantizando que la Zona Costa no esté en riesgo de quedarse sin agua por falta de energía para el bombeo.

Resaltó que en el decreto se establece una fecha límite para la firma del contrato entre el Ejecutivo y la empresa hasta el 30 de septiembre.

Ésto, motivó una reserva promovida por el diputado Juan Manuel Molina, que pidió la ampliación del plazo hasta el 15 de octubre para la firma del contrato, la cual fue aceptada.

Los diputados que votaron en contra son: Loreto Quintero, Eva María Vázquez, Gerardo López y David Ruvalcaba.

Los diputados que votaron en abstención: Araceli Geraldo y Rodrigo Otañez Licona.

Alrededor de 10 mil empresarios y comerciantes se han sumado, a través de su firma, a la iniciativa para interponer un paro colectivo contra la "Licencia Sanitaria".

El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, detalló que se trata de representantes de empresas grandes, pequeñas y medianas, que están en contra de esta medida aprobada en el congreso bajacaliforniano.

Hasta el momento hemos citado a firma a dos mil representantes, por el tema del COVID-19, pero estamos sumando cada día a más personas, dijo.

Se trata de una iniciativa ciudadana que pretende frenar los excesos cometidos desde la XXIII Legislatura y que no tiene costo, afirmó.

Entre los que han acudido a firmar el amparo colectivo destacan cerveceros, propietarios de barberías, salones de belleza, loncherías, centros de entretenimiento, bares, restaurantes, entre otros.

Los interesados en sumarse a esta iniciativa ciudadana que busca "neutralizar" el efecto de la "Licencia Sanitaria" puden hacerlo desde www.tueresbc.org explicó Adolfo Solís.

El abogado fiscalista indicó que durante el mes de junio estará la página al servicio de los bajacalifornianos que quieran sumarse.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa propuso la creación del derecho laboral a obtener licencia médica familiar hasta por 28 días, en el contexto de emergencias, como un apoyo a los trabajadores y sus familias, ya que permitiría la atención de sus seres queridos en caso, por ejemplo, del coronavirus SARS-CoV-2.

Subrayó que "debemos dejar de invisibilizar a los familiares que no pueden estar cerca de la persona que han contraído el Covid-19, principalmente porque son el sustento único de la familia y si dejan de asistir a laborar ese ingreso fundamental se puede ver afectado".

La duración de la licencia médica familiar será determinada por su instituto de seguridad social y considerará cuando quien la solicita sea familiar único para atender a la persona diagnosticada, y tendrá vigencia de uno hasta 28 días, que pueden ser discontinuos.

Mancera agregó que "las licencias otorgadas cesarán obviamente cuando esta necesidad de atención concluya. En los casos que hoy estamos viviendo, se circunscribe aproximadamente a 15 días que es el periodo más álgido".

En su iniciativa que fue turnada a las comisiones de Seguridad Social y Estudios Legislativos Segunda, Mancera Espinosa argumenta que "es primordial el acompañamiento que las personas enfermas de Covid-19 requieren para tener un desenlace que no sea fatal para las familias".

Refirió casos en que entre los fallecidos por la pandemia muchas víctimas "quizá tenían una sola persona que les pudiera haber hecho compañía, si no presencial, si pudo haber estado al pendiente de su situación, pero no fue así por cuestiones laborales que le impidieron estar presente".

Esta reforma "no solamente se piensa para el Covid-19, sino para cualquier otra causa o enfermedad que origine la acción extraordinaria en materia de salubridad general y que desafortunadamente se pudiera presentar en un futuro".

Mancera Espinosa incluyó en sus consideraciones que sustentan su proyecto que "debemos estar preparados legislativamente y así poder ampliar los derechos de las personas enfermas y sus familiares".

Trascendió información donde se asegura que en aras de buscar un ahorro o bajo la bandera de la austeridad en esta 4t, se otorgó a una empresa la concesión de las licencias de manejar en el estado, lo peligroso de este movimiento es que se vulneran los cientos de miles de datos personales existentes en este documento, además de vulnerar la seguridad para un documento que inclusive tiene valides internacional y nacional como en aeropuertos. Esto abriría una puerta para una serie de peligrosas situaciones que se desprenderían de este grave error, así lo manifestó, Fernanda Flores, del Observatorio Ciudadano de Baja California.

“Abres la puerta a ejemplo: niños y jóvenes menores de edad estar entrando a lugares nocturnos o estar comprando alcohol o etc. Entonces, el jugar con la identidad no es cosa menor. Si abrimos la puerta a que le quiten el código de seguridad a las licencias de conducir al rato los vamos a tener en actas de nacimiento sin códigos de seguridad, pasaportes mexicanos sin códigos de seguridad, o sea, todos los documentos oficiales y al rato vamos a tener un “broncon”. Que no nos quieran confundir con como se debe de aplicar la austeridad, una cosa es para aplicarla para ahorro político o en que mas bien hay que decirles: a ver mucha austeridad, pero demuéstrame cuanto gastaste en campañas. NO TE METAS CON LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS”

La empresa que se quedó con el contrato “barato” de las licencias en el estado es Accesos Holograficos SA de CV, quien tiene una cartera de contratos de manera global por 230 millones 526 mil 715 pesos y son expertos proveedores de credenciales del INAPAM Y FORMAS VALORADAS CON CHIP.