Un total de 50 denuncias por probables delitos ambientales, han sido canalizadas por la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado (SPA), ante las fiscalías federal y estatal, declaró la titular de la dependencia, Thelma Castañeda Custodio.

Expuso que la aplicación de penas y sanciones, puede complicarse debido a la falta de capacitación de los ministerios públicos, por lo que se han generado acuerdos de capacitación, además de que cada vez hay más abogados interesados en especializarse en la materia.

Ante integrantes del Foro Ensenada, la funcionaria estatal precisó que “nuestras facultades sólo llegan a un procedimiento administrativo; sin embargo, si consideramos que pudo haber un daño ambiental se turna a la autoridad competente”, declaró.

SISTEMA ESTATAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

Thelma Castañeda, informó que trabajan en distintas acciones para crear, mediante el Programa Estatal de Protección al Ambiente, el primer Sistema Estatal de Áreas Protegidas.

Se contemplan zonas, (de las que ya se realizan estudios) como el Arroyo San Miguel, La Misión, La Rumorosa, La Bufadora, además de La Lagunita, la cual ya fue declarada como propiedad de la nación.

Sobre este humedal, la titular de la SPA, mencionó que recientemente acudió a la Ciudad de México, a fin de dar seguimiento a la declaratoria, así como continuar con el trabajo para el estudio técnico justificativo, que permita ademán, que se convierta en la primera área estatal protegida.

Enfatizó que La Lagunita se conservará como un humedal natural con los lineamientos correspondientes, y la integración de un plan de manejo.

Mencionó que se deberá de establecer tanto la zona núcleo, como el área de amortiguamiento, y aclaró que no se trata de limitar las visitas, sino que a través del acercamiento de la comunidad al área natural se fomente la cultura de conservación.

Castañeda Custodio, observó que el estatus de La Lagunita incluso genera mayor plusvalía para los predios aledaños a la zona por la declaratoria como propiedad de la nación.

Destacó que los habitantes de la zona están involucrados en trabajos de conservación, pues adoptaron un área y mediante una asociación civil ambiental cuidan dunas y plantas costeras.

El grupo ambientalista denominado "Salvemos las Lagunas, intervino en el proyecto de desazolve del Río Nuevo en Mexicali, Baja California, debido a que las maniobras de cierre por 48 horas del flujo natural del agua de las tres lagunas hacia el Río Nuevo tendría un gran impacto ambiental en la flora y fauna.

En una primera reunión que sostuvo Luis Salomón Faz Apodaca, Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección al Agua, comprendió la postura de Los defensores del sistema de lagunas campestre Xochimilco y México que desemboca en el río nuevo y cruza hacia Estados Unidos llegando hasta "Salton Sea".

Salomón Faz dijo que habrá una reunión nuevamente con este grupo ambientalista el próximo martes para determinar cuál será la mejor manera de realizar el desazolve del Río Nuevo y generar el menor impacto al sistema de lagunas en Mexicali, hábitat de cientos de aves y especies características del desierto.

Las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados se alistan para aprobar este jueves la Ley de Amnistía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión.

El dictamen de esta ley, del cual este medio tiene copia, plantea el otorgamiento del perdón por ilícitos como la interrupción del embarazo (que incluye a la mujer, familiares y médicos practicantes), así como delitos contra la salud cometidos por personas pobres, en extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidas y discriminadas, que tengan alguna discapacidad permanente o que fueron obligadas a delinquir por una persona cercana.

También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameritan más de cuatro años de cárcel, así como el delito de sedición y los cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se garantiza un debido proceso.

Se prevé que el dictamen se apruebe en comisiones para su posterior votación por el pleno antes de que concluya el periodo de sesiones el 15 de diciembre.

En su exposición de motivos, López Obrador aclaró que la amnistía beneficiará a quienes están en prisión por delitos menores y no a homicidas o secuestradores, o quienes hayan causado un grave daño a otra persona.

¿Qué ilícitos se incluyen?

Aborto cuando se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre.

Delitos contra la salud cuando el que los cometa esté en situación de pobreza, vulnerabilidad o haya sido obligado por criminales.

Robo simple y sin violencia si no amerita prisión de más de cuatro años.

Sedición cuando no se trate de terrorismo, no se utilicen armas de fuego o se haya privado de la vida.

El costo nacional del delito y la violencia para el gobierno, las empresas y la sociedad, representa un impacto anual de 1.5 billones de pesos o el 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, recursos suficientes para construir diez veces el tren Maya, y seis veces el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; mientras tan sólo para Nuevo León, alcanza un daño de 85 mil millones de pesos, o el 5.3 del PIB estatal.

Así lo manifestó Raúl Soto Zamora, director del programa Juntos para Prevención de la Violencia, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), durante la presentación del estudio "Estimación y costos del delito y la violencia en México", ante asistentes a la 26ª Sesión Ordinaria de Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública.

En su exposición, Soto Zamora destacó la necesidad de que trabajen juntos los tres niveles de gobierno, vinculados con la academia y el sector privado, para que puedan enfrentar con éxito el problema de la inseguridad, con un enfoque en la prevención.

Primeramente, por medio de un video, que se elaboró con la idea de convencer a los empresarios de participar en las tareas de prevención, Soto Zamora, explicó que, por temor a sufrir algún delito, un 44 por ciento de las personas dejó de llevar dinero en efectivo y salir de noche; mientras el 66.5 por ciento, impidió que sus hijos menores salieran de casa.

Estas decisiones personales, reducen los ingresos de los negocios y disminuyen la actividad económica; mientras los robos o asaltos a las empresas o negocios además de las pérdidas que implican.

Incrementan los gastos en seguridad privada, y todos los delitos juntos, los gastos del gobierno en las tareas de contención, expuso el representante de USAID.

Soto Zamora mencionó tres posibles escenarios del país hacia 2030, si se mantiene la tendencia actual, un escenario mejor donde se disminuya un 50 por ciento la incidencia delictiva, y el peor escenario si se incrementan en 50 por ciento los delitos.

En tales supuestos, señaló el representante de USAID, para 2030 el costo anual para el país sería de 4.5, 1.8 ó 7.2 billones de pesos. Por tanto, insistió, la prevención es la forma más eficiente de responder al delito y la violencia.

Mencionó que, en el caso de Nuevo León, "si no hacemos nada" y continúa la actual tendencia delictiva, del 5.3 por ciento del PIB que cuesta actualmente el problema del delito y la violencia, pasaría a costar el 10.7 del PIB estatal.

Expuso que no de los puntos que es importante reconocer en el problema es que la violencia es la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años y también entre las personas de 25 a 44 años, "por eso tratamos de sensibilizar que es la población en la que tenemos que invertir, porque son los que están con más probabilidad ser víctimas y victimarios".

Soto Zamora explicó que antes del estudio citado, hubo un análisis previo en Canadá, mediante el cual se concluyó que tener un joven en la cárcel cuesta 27 millones de pesos, si se incluyen todos los costos en la vida, por salud, educación, alimentación y lo que la sociedad pierde por el daño que causó con su delito y lo que deja de producir, mientras el costo de prevención para evitar que ese joven caiga en la cárcel sería de 1.2 millones de pesos.

En alusión a la necesidad de que el sector privado se sume al trabajo de prevención del delito, Soto Zamora señaló, no se trata de hacer caridad, a todos nos beneficia no tener gente que delinque en las sociedades.

Al final, dijo, cada joven que está en la cárcel va a salir, pero si no le das educación y oportunidades, va a salir a hacer lo que sabe hacer. Por eso es necesario focalizar los esfuerzos en la población vulnerable, pues de lo contrario, esto será el cuento de nunca acabar si sólo nos dedicamos a la contención del problema la criminalidad y la violencia.

En conclusión, se trata de reforzar la idea de que, si trabajamos en la prevención y hacemos estas inversiones, en unos años México tendrá ahorros muy significativos por lo que deje de impactar el crimen, y como beneficios se generarían alrededor de 2.8 millones de empleos vinculados al PIB, y se ahorrarían 7.1 billones de pesos en doce años, hacia 2030. "Una sociedad no violenta, genera economía, sostenibilidad y mejor calidad de vida, todos ganamos", concluyó el director del programa Juntos para Prevención de la Violencia.

El presente año 2019 se perfila como el de mayor cantidad de delitos denunciados ante fiscalías y procuradurías de los estados.

Tan sólo de enero a agosto se contabilizan un millón 353 mil 990 carpetas de investigación abiertas por homicidio, secuestro, extorsión, robo, narcomenudeo, trata de personas, lesiones dolosas, feminicidio, violencia familiar y abuso sexual, entre otros ilícitos del fuero común.

Esta cifra es 5.2% mayor que la incidencia delictiva del mismo periodo de 2018, que acumuló un millón 286 mil 490 registros, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mayo encabeza las denuncias, con 180 mil 376 en términos absolutos; le siguen agosto, con 175 mil 416; julio, con 174 mil 457; junio, con 170 mil 719, y marzo, con 169 mil.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer las estadísticas referentes a la incidencia delictiva en la entidad y los municipios respecto al mes de abril, donde se da a conocer que en todo Baja California se registraron 7,939 delitos comparados con marzo donde fueron 7,595, es decir hubo un ligero incremento en abril.

De este total 3,566 se registraron en Tijuana, 2,823 en Mexicali, 1067 en Ensenada, 267 en Rosarito y con menos reportes Tecate con 213 incidencias registradas, respecto a Tecate hubo un descenso al pasar de 222 en marzo a 213 en abril, sin embargo el número más bajo se registró en febrero cuando las incidencias bajaron a 188.

Particularmente en Tecate el número de denuncias por reporte de robo de vehículo bajó, pues en marzo se registraron 45 mientras que en abril fueron 48, destacando colonias como Loma Alta, Benito Juárez, El Descanso y La Hacienda.

El robo a comercio también pasó de 16 reportes en marzo a 10 en abril en lugares como Ejido Felipe Ángeles, Cuauhtémoc y El Descanso.

El robo con violencia en vía pública subió durante el pasado mes pues pasó de 6 reportes en marzo a 12 en abril, es decir se duplicó, destacando zonas como Zona Centro, Aldrete y Lázaro Cárdenas.

El homicidio bajó a solo 1 delito en abril mientras que en marzo fueron 3, en lo que va del año el mes con más violento fue febrero con 14 homicidios.

El secuestro se mantiene en cero al igual que el robo a banco mientras que la Privación Ilegal de la Libertad registró dos reportes en abril.