Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en 10 cateos realizados entre los límites de los estados de Jalisco y Nayarit a 18 integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculada con el secuestro y asesinato de dos agentes de la PGR, en febrero pasado.

Entre ellos se encuentra Mauricio Varela Reyes, El Manotas, de nacionalidad colombiana, a quien se le atribuye la autoría intelectual del plagio y asesinato de los suboficiales Octavio Martínez y Alfonso Hernández, quienes estaban adscritos a la Unidad Antisecuestro de la AIC.

El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales —en suplencia del procurador— Alberto Elías Beltrán, informó que se les aseguraron droga, armamento de distintos calibres, equipo de telefonía, computadoras y discos duros, entre otros objetos.

"Hoy, quienes ordenaron, realizaron, cooperaron o protegieron este atroz crimen tendrán el castigo que merecen con todo el rigor de la ley", advirtió Elías Beltrán.

El director de la Agencia de Investigación Criminal, Omar García Harfuch, precisó que un primer domicilio ubicado en Las Ceibas, en Bahía de Banderas, Nayarit, se localizó a Varela Reyes, jefe de plaza del CJNG y presunto operador del tráfico de estupefacientes en Puerto Vallarta.

"Derivado de diversas investigaciones se tiene conocimiento que esta persona sería el presunto autor intelectual y uno de los materiales de la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio de los agentes de la AIC", indicó el funcionario en conferencia.

García Harfuch señaló que durante la diligencia realizada la madrugada del jueves, El Manotas agredió a los agentes ministeriales, quienes repelieron la agresión, por lo cual resultó herido.

Apresan a El Ingeniero. Dijo que en su segundo cateo, llevado a cabo en la colonia Parque Universidad, en Puerto Vallarta, se detuvo a Luis Manuel Cruz Gómez, El Ingeniero, encargado de brindar soporte técnico y de comunicaciones a la mencionada organización delictiva, que tiene su centro de operaciones en el estado de Jalisco.

Este sujeto, aseguró Elías Beltrán, fue el responsable de publicar en redes sociales el video donde aparecen los agentes Octavio Martínez y Alfonso Hernández, sometidos por hombres armados y con una playera blanca con la leyenda SEIDO.

Entre los asegurados, destacaron las autoridades, se encuentra también Ubaldo Cruz Cárdenas, El Cocho, quien fungía como subdirector operativo de Seguridad Pública y Tránsito junto con otros dos individuos.

Policías involucrados. En un cuarto inmueble, en la localidad Loma Bonita, Puerto Vallarta, efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México y de la PGR ubicaron a Carlos Rogelio Pérez Espinoza, policía municipal, junto con otras dos personas.

Se presume que El Cocho y El Pollo se encargaban de brindar protección institucional a la organización criminal y de ser los responsables de interceptar a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal el pasado 5 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco, para posteriormente entregarlos a integrantes del CJNG.

En un quinto domicilio localizado en la colonia Versalles, en Puerto Vallarta, fueron capturadas cuatro mujeres dos de ellas de nacionalidad colombiana y dos mexicanas, quienes fungían como operadoras de esta organización, las cuales enganchaban a sus víctimas y mediante engaños las llevaban a casas de seguridad donde eran privadas de su libertad y posteriormente de la vida.

Según las autoridades federales, estas mujeres estaban en proceso de adiestramiento para el uso y manejo de armas de fuego, acciones dirigidas por los elementos de seguridad municipal.

En un sexto inmueble de la localidad La Vena se detuvo a cuatro personas, tres del sexo masculino y una del femenino, mientras que en una séptima vivienda de la colonia Tijereta Paloma, fueron aprehendidas dos personas, un hombre y una mujer, todos ellos presuntos integrantes del grupo delictivo.

Tres domicilios vacíos. Tres domicilios más fueron cateados; sin embargo, en estas acciones no hubo detenidos, se informó.

Desde hace tres años la Representación Social de la Federación como procuraduría y hoy como Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto la mira en el panista Ricardo Anaya Cortés, iniciando investigaciones, esto después de manifestar sus intenciones de buscar ser presidente de México. 

En 2018, en plena campaña electoral por la Presidencia, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) integró una carpeta de investigación por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a raíz de la compra-venta de una nave industrial en el estado de Querétaro. 

Ahora, esta administración busca imputarlo por los supuestos ilícitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una denuncia del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. 

Lo anterior porque el ex director aseguró que el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ordenó sobornar al panista con 6 millones 800 mil pesos, dinero que le fue entregado en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. 

En junio de 2018, el entonces presidente del Senado, Ernesto Cordero, también presentó una denuncia cuando Ricardo Anaya era el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, al asegurar que su caso tenía “todos los pies de lavado de dinero”. 

Incluso solicitó al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que no le tuviera miedo y que actuara contra Anaya por participar en una presunta red de lavado de dinero con el empresario Manuel Barreiro Castañeda, quien compró la citada bodega. Hasta marzo de 2019 se conoció que la Seido determinó no ejercer acción penal contra el ex candidato presidencial. 

Sin embargo, la resolución se emitió el 28 de noviembre de 2018, es decir, horas antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera como presidente. “No existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, detalla el documento firmado por el subprocurador Alonso Israel Lira Salas. 

Declaración de Emilio Lozoya 

Ricardo Anaya interpuso una demanda por daño moral contra Emilio Lozoya, después de que éste lo denunció en la FGR en agosto de 2020. “Luis Videgaray me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Four Season. 

En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”, detalla la denuncia de Emilio Lozoya. Aseguró que, durante la reunión, Ricardo Anaya le comentó sobre sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro y que “odiaba a su contrincante”, el senador Francisco Domínguez “por corrupto”, porque él había negociado con Luis Videgaray que se le apoyara a llegar a la gubernatura. 

“El mensaje era claro. Fue así que, en la primera semana de agosto del 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como mi jefe de escoltas y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández”, manifestó Lozoya. 

Ricardo Anaya dijo en redes sociales que tal señalamiento era falso. 

“Ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no sólo falsa, sino verdaderamente absurda. No sólo me provoca repudio: la mentira es tan burda que precisó que no resiste el más mínimo análisis”, expresó. 

FOTO REFERENCIA.

Aproximadamente a las 2 de la tarde, una mujer se presentó en el domicilio ubicado en la calle Yuca del Fraccionamiento Ocotillo uno. El el lugar discutió con Jesús Salvador ,de 29 años de edad, sobre un tinaco, después de hacerse de palabras la fémina se retiró del lugar.

Minutos después los secuestradores llegaron en una camioneta roja ford windstar y, después de darle una golpiza al hombre, lo obligaron a subir al vehículo.

La pareja sentimental de Jesús Salvador, de nombre Eduviges, dice desconocer quiénes eran o hacia dónde fue que se llevaron al joven de apenas 29 años.

Eduviges de 30 años de edad fue quien levantó la denuncia ante policías municipales, quienes tomaron nota aseguraron que se abrirá un Informe Policial Homologado para presentarlo ante el Ministerio Público del Fuero Común. 

Agentes ministeriales y de peritos ingresaron al domicilio resguardado por el ejército y Policía Municipal,  donde fue rescatada una familia privada de la libertad por sujetos armados, entre ellos dos Policías Estatales, un Policía Municipal y cuatro civiles, los cuales ya fueron trasladados al cuartel militar para su interrogación.

Al parecer al interior del domicilio se encontraron armas y cartuchos.

El delito de secuestro en el país aumentó 28.7 por ciento en los primeros ocho meses de 2019, si se compara con el mismo periodo de 2018, informó este jueves la organización Alto al Secuestro.

De enero a agosto de este año se registraron mil 250 carpetas de investigación por secuestro contra las 971 de los primeros ocho meses de 2018, según su reporte mensual.

Las cifras indican que en México se cometen en promedio cinco privaciones ilegales de la libertad al día y 36 a la semana.

En Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos se concentra el 60 por ciento de los secuestros que se comenten en el país, señaló la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

En conferencia de prensa, la activista afirmó que la incidencia de este delito terminará más alta que el año pasado, considerado el más violento.

"Hoy estamos batiendo récords en inseguridad, sin embargo esperamos que no suceda esto en el delito de secuestro", indicó.

Nuevamente hizo un llamado a las autoridades estatales para recuperar las Unidades Antisecuestro que, dijo, las han convertido en oficinas para la atención de delitos de alto impacto.

Familiares y amigos dieron el último adiós a la niña Ximena "N" en el municipio de Mezcalapa, quien fue secuestrada el pasado 4 de septiembre y cuyo cadáver se localizó este sábado en las inmediaciones de un puente de esa localidad del centro-norte de Chiapas.

La menor, que este mes cumpliría 7 años de edad y comentaba que cuando fuera mayor estudiaría y sería médico, fue inhumada entre llanto y expresiones de fe de su familia y miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual pertenecía, y donde se realizaron los servicios fúnebres con cánticos e himnos religiosos.

"Mi princesa descansa en paz. Hoy te vas de nosotros. Te vas con un jardín lleno de muchas flores mi princesa, mi sobrina adorada. Te extrañaré por siempre mi vida, te amo", expresó su tía Mayra Lucero.

"Descansa mi niña alegre, mi niña que soñaba con ser doctora", escribió la doliente en su red social.

El Ayuntamiento de Mezcalapa suspendió la conmemoración del Grito de Independencia y el desfile cívico-militar por el luto que embarga a la familia de la niña Ximena" N", informó el alcalde Juan Alberto Sánchez Hernández.

"Ante la tragedia que vivimos en estos momentos, el ayuntamiento de Mezcalapa se solidariza con el dolor y la pena que embarga a la familia de Ximena "N", indicó.

"Hemos decidido suspender los eventos patrios, no habrá Grito de Independencia ni desfile cívico militar como una muestra de solidaridad de toda la ciudadanía y el gobierno municipal para con la familia de la menor", enfatizó el alcalde.

Sánchez Hernández condenó el homicidio de la menor como un "cobarde hecho". "Vamos a darle seguimiento para que se aplique todo el peso de la ley, y que sean castigados todos los que resulten involucrados. Ante estas circunstancias es momento de la unidad, Mezcalapa está de pie", sostuvo.

La Fiscalía General del Estado informó que por el homicidio de Ximena "N" fueron aprehendidos cinco presuntos involucrados en esos delitos, por los cuales podrían recibir sentencias individuales de 170 años de prisión.

El cuerpo de la menor fue localizado la mañana de este sábado por la policía ministerial en las inmediaciones del puente Chintul en Mezcalapa.

En las últimas horas fueron detenidos por el secuestro y homicidio de la menor, Yeni Vianey "N", Mitzan Isabel "N", Ramiro Alejandro "N", Amín "N" y Leonel "N", e ingresados al centro penitenciario El Amate, en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

Ximena "N" fue secuestrada el pasado 4 de septiembre. Los supuestos responsables declararon que con antelación planificaron el secuestro, para el cual utilizaron una motocicleta y una sustancia para adormecer a la pequeña.

Mitzan Isabel "N" fue contratada como nana y empleada doméstica por la familia de la pequeña dos días antes del secuestro. La mujer originaria de la zona era conocida de los padres de Ximena "N".

El 4 de septiembre cuando los padres de la extinta, dedicados a las actividades agropecuarias, salieron de Mezcalapa por razones de negocios, encargaron a Mitzan Isabel "N" el cuidado de la menor.

Pero en lugar de atender y resguardar a la niña, la presunta delincuente llamó a sus cómplices para que fueran a la vivienda por la menor.

Al lugar acudió en una motocicleta, Leonel "N", el supuesto jefe del grupo delictivo, quien con la ayuda de Mitzan Isabel "N" subió a la menor al vehículo, después de aplicarle cloroformo en la nariz con un trapo.

En declaraciones rendidas a la Fiscalía General, los presuntos secuestradores dijeron que se percataron en el trayecto, que la menor no iba desmayada sino que había fallecido por la inhalación de la sustancia.

Cuando los involucrados vieron que Ximena "N" había muerto desviaron su ruta y se dirigieron a las cercanías del puente Chintul en Mezcalapa donde arrojaron el cadáver en la ribera de un arroyo.

La Fiscalía General indicó que los cinco presuntos secuestradores y homicidas fueron capturados en las recientes 48 horas, y tras declarar ministerialmente este sábado la policía investigadora localizó el cuerpo de la niña.