El ministro Javier Laynez Potisek propuso declarar válida la facultad de los elementos policiales para realizar revisiones de personas y vehículos sin previa autorización judicial.

Al inicio de la discusión de dos acciones de inconstitucionalidad contra diversos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ministro ponente explicó al Pleno que considera que la revisión de personas y vehículos debe avalarse siempre y cuando exista una "sospecha razonable" de la existencia de un ilícito y no por la apariencia física de una persona.

"La policía, por su propia naturaleza goza imperio, es la fuerza pública del Estado. Sería ilógico pensar, tal y como lo sugiere la accionante, que los agentes de seguridad deban obtener el consentimiento previo de los particulares para realizar estos actos de inspección y, de no conseguirlo, deban retirarse sin más", indicó.

Los ministros únicamente debatieron al respecto y hasta ahora siete de ellos se pronunciaron por declarar constitucional varios de los artículos impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.

Quien se pronunció en contra fue el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea porque a su consideración el Código no establece garantías mínimas a favor del ciudadano sobre la forma en que opera la revisión de policías.

"No se generan las garantías mínimas de protección de los derechos fundamentales tanto en las inspecciones y revisiones, por lo que estaré por la inconstitucionalidad", dijo.

Un fuerte operativo por parte de la Guardia Nacional,  la Guardia Nacional de Seguridad e Investigación (GESI) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se llevó a cabo en la ciudad de Tecate.

Fue un cateo a un inmueble presuntamente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así lo informó el representante de la Secretaría de Seguridad Pública Federal del Estado, Isaías Bertín.

Extraoficialmente se asegura que un supervisor de la policía municipal de Tecate fue detenido en el operativo.

En el lugar un helicóptero de las fuerzas del orden apoya en el operativo. 

Sin éxito concluyó el cateo que elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Inteligencia (GESI), realizaron en el domicilio del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez.

Sobre el exsecretario de seguridad pública de Tijuana hay denuncias y acusaciones se tortura contra elementos de la corporación policial.

Incluso su excolaborador, capitán Gustavo Huerta, actualmente detenido en el penal de "La Mesa", ratificó los señalamientos contra el teniente coronel.

La diligencia fallida de las autoridades se efectuó la ayer en la zona conocida como Corona del Mar, en la delegación Playas de Tijuana.

Fuentes allegadas a este medio, ubican al teniente coronel, (excandidato a la alcaldía de Tijuana), como el próximo candidato a la presidencia municipal de esta ciudad fronteriza.

Y confiaron que la orden de aprehensión en su contra, es simplemente para "neutralizarlo" políticamente para la próxima contienda electoral.

Julián Leyzaola fue secretario de seguridad pública en Tijuana, en Ciudad Juárez, municipio donde sufrió un atentado (disparo en la cabeza) que le afectó la movilidad en el tren inferior (piernas).

Se logró cumplimentar una orden de cateo en la colonia Morelos y asegurar varias dosis de droga y el segundo trabajo fue detener a dos personas en posesión de diferentes tipos de droga.

Los uniformados de la Guardia Estatal adscritos a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en apoyo del personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCM), en coordinación con el agente del Ministerio Público, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dieron cumplimiento a la orden de cateo por el delito de Narcomenudeo, expedida por un juez de control, dentro del expediente NUC.04-2020-17034.

 Todas las autoridades arribaron al inmueble ubicado en avenida Miguel M. Lira, esquina con calle Valentín Gómez Farías, de la colonia Morelos, en esta ciudad de Tijuana, al entrar a la casa no encontraron personas, pero sí lograron asegurar las siguientes dosis de distintas drogas.

10 envoltorios de plástico de color verde, conteniendo en su interior una sustancia granulada al tacto, al parecer la droga conocida como “cristal”, 07 envoltorios de plástico transparente, conteniendo en su interior una hierba verde y seca, de la droga conocida como marihuana, un recipiente de aluminio color verde conteniendo en su interior 2 envoltorios de plástico transparente, conteniendo hierba verde y seca, de la droga conocida como marihuana.

El inmueble quedó asegurado por parte de la autoridad, y la droga incautada quedó a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Narcomenudeo.

En la segunda acción se logró gracias a los trabajos de vigilancia que realizan los elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), y al ir circulando sobre el bulevar Díaz Ordaz a la altura de la Plaza Benton, una persona del sexo femenino les indicó que se encontraba una camioneta color blanca de marca Honda con dos sujetos del sexo masculino el cual momentos antes le habían ofrecido droga.

Los agentes inmediatamente intervinieron la camioneta con las características que había proporcionado la mujer, siendo este: vehículo marca Honda Crv, modelo 2008, color blanco, con placas de California 6FKV587 y abordo dos personas del sexo masculino.

Los oficiales interrogaron a las dos personas, las cuales dijeron llamarse Edgar N de 19 años y Eddy N de 18 años, al momento de realizarles una revisión en su persona se les localizó 22 envoltorios color verde con metanfetamina dando un peso aproximado de 30 gramos y un envoltorio transparente con una hierba verde y seca denominada marihuana con un peso aproximado de 4 gramos.

En el vehículo no se localizó nada ilícito, sin embargo, se remolcó la unidad a grúas Vladys, los detenidos y la droga decomisada quedaron a disposición de la Unidad con detenido de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado.

Por: Said Betanzos

El cateo a la residencia del ex gobernador panista de Baja California, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid es por una investigación que se sigue a su esposa Brenda Ruacho de Vega.

El Fiscal General del Estado Guillermo Ruiz Hernández se limitó a decir que el cateo “tiene que ver con la señora Brenda ‘N’”.

Un agente del Ministerio de Delitos Patrimoniales, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y peritos entraron a revisar la mansión del también ex alcalde de Tijuana, ubicada en la avenida Paseo Cumbres de Maltrata en el exclusivo fraccionamiento Cumbres de Juárez.

El Gobierno del Estado denunció por una serie de delitos a la ex primera dama.

En marzo pasado, el Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ella pidió a la actual administración del DIF Estatal la devolución de 1 millón de pesos que estaban en una cuenta que recaudó más de 7 millones de pesos para la construcción de unas villas para familias que llevan a sus hijos al CRIT.

Fue por eso que detectaron que a través de una Asociación Civil, presuntamente se desviaron recuros.

Frank Vega Ruacho, hijo del ex Gobernador de Baja California, Francisco ''Kiko'' Vega de Lamadrid al enterarse del cateo en la casa de su padre no fue tardo ni perezoso para comentar al respecto.

A través de su instagram publico una serie de historias en donde culpa al actual Gobernador, Jaime Bonilla por el cateo sufrido, y escribe: ''Puro pinché show del Bonilla 😂'', además de asegurar que se trata de una ''cortina de humo'', por la ya tan conocida ''Ley Bonilla''.

El día en que Baja California enfrenta el "pico máximo" de transmisión del COVID-19, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGEBC), catearon la residencia del exgobernador Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid.

El exmandatario panista enfrenta múltiples acusaciones por desvío de recursos cuyo monto se estima supera los mil 500 millones de pesos.

El cateo que realizan las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California, es en la vivienda ubicada en la calle Maltrata del fraccionamiento Cumbres de Juárez.

Cabe mencionar que el próximo 11 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), definirá si el periodo de gobierno del mandatario Jaime Bonilla Valdez se extiende a cinco años o se mantiene en dos años.