El Gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid encabezó la inauguración de la nueva comandancia de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que representó una inversión de 277.8 millones de pesos (MDP) y beneficiará de manera directa a 1.9 millones de habitantes de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, como parte de la acciones que el Gobierno del Estado implementa en el marco de la Cruzada por la Seguridad "Tarea de Todos".

Durante su intervención, el Mandatario estatal expresó que con esta nueva y moderna infraestructura de seguridad pública se cumple con otra de las metas previstas por la actual administración estatal, edificio que se construyó bajo la modalidad de Asociación Público-Privada y para lo cual el desarrollador invirtió el capital y el gobierno estatal aportó el terreno con una superficie de más de 14 mil metros cuadrados.

Indicó que las instalaciones y equipos resultan de baja o nula utilidad, si no están acompañadas por una mayor profesionalización y un mejor desempeño de las instituciones policiales y de justicia, para tal efecto, en los últimos cinco años se ha brindado actualización y se ha especializado a 7 mil 988 agentes de las policías municipales, estatal preventiva, ministerial de investigación, penitenciaria y cibernética.

Vega de Lamadrid destacó que durante la presente administración, la PEP ha logrado la detención de 9 mil 109 personas por diversos delitos, de los cuales el 66% son delitos del orden federal; ha recuperado o decomisado 4 mil 263 vehículos robados o relacionados con algún delito; ha asegurado mil 823 armas de fuego y se han desarticulado 540 bandas delictivas, de éstas 294 dedicadas al narcomenudeo, 28 al robo de vehículo, 14 a la extorsión o secuestro, así como 204 grupos de delincuencia organizada, además de que se han decomisado 421.5 millones de dosis de diversas drogas, con valor de 11 mil 386.4 millones de pesos.

Señaló que es necesario un mayor despliegue y mejor inteligencia en el tema del trasiego de drogas proveniente del sur y el tráfico de armas proveniente del norte, además de que se trabaja de lleno en los programas de prevención del delito y combate a las adicciones y se avanza en el proyecto del nuevo C5i, se fortalecen los programas de Ministerio Público en tu Colonia y de las Casetas Móviles de Policía.

El Jefe del Ejecutivo agregó que como parte de la Cruzada por la Seguridad serán entregadas 26 patrullas a la PEP, que representan una inversión total de 20.6 millones de pesos.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea, explicó que la comandancia es un edificio moderno con la capacidad suficiente y ubicación estratégica que permitirá fortalecer la labor de la PEP dotándola de infraestructura y equipamiento, permitiéndole un mejor desempeño en beneficio de la ciudadanía, y en donde 80 elementos policiacos estarán iniciando sus operaciones, además de que en este mismo lugar se entrenará a los canes que forman parte de la corporación.

Refirió que la nueva comandancia albergará a la mejor Policía Estatal del país, de acuerdo a la organización “Causa Común”, que es el organismo de ciudadanos mexicanos más destacado en materia de calificación a las corporaciones federal y estatales, la cual a finales de 2017 estableció que la PEP de Baja California destaca a nivel nacional en profesionalización, certificación, carrera policial y régimen disciplinario.

El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Alfonso Padrés Pesqueira, informó que la nueva comandancia cuenta con un edificio para hospedar a elementos de la PEP, un edificio y área para albergar y entrenar a los canes pertenecientes a la corporación, un helipuerto, áreas administrativas, estacionamientos y equipamiento especial necesario para este tipo de instalaciones.

En el evento, el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid estuvo acompañado por el Comandante de la 2da. Región Militar, Gabriel García Rincón; el Comandante de la 2da. Región Naval, Jorge Luis Cruz Ballado; el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Raúl Castañeda Pomposo; el Presidente Municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro; el Director de la Policía Estatal Preventiva, Eduardo Rodríguez Martínez; la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez; el Juez Séptimo Penal de Tijuana, Rodolfo Lira; el Presidente del CCE de Mexicali y Coordinador del Comité Técnico Estatal de los CCE´S, Federico Díaz Gallego y el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla.

Al considerar una violación flagrante a la Constitución Política del Estado de Baja California, la fracción de Diputados del Partido del Trabajo exigieron una disculpa pública por parte de la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por la agresión verbal vertida en medios de comunicación locales.

Los legisladores estatales, Marco Antonio Blásques Salinas, Julio César Vázquez Castillo y Claudia Josefina Agatón Muñiz, lamentaron hoy las declaraciones vertidas por la gobernadora, quien calificó de “ruin y despreciable” la actuación de los diputados que votaron en contra de la iniciativa que regresa la operación de la Policía Estatal Preventiva.

“La intolerancia a la decisión del voto de los diputados del PT, e incluso contra tres de MORENA es una fractura del orden democrático constitucional de Baja California y una falta de respeto a la soberanía popular que representamos”, coincidieron los legisladores Petistas.

Es inaceptable que mientras la Cuarta Transformación está en marcha en el país y en Baja California, una gobernante emanada de MORENA, viole flagrantemente el Artículo 26 de la Constitución Política de Baja California que puntualiza que “los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.

En ese sentido, los legisladores del PT, exhortaron al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que intervenga en el restablecimiento del orden constitucional en Baja California, “ya que las declaraciones groseras, soberbias y ultraconservadoras de la Gobernadora fracturan el orden democrático planteado por la 4T”.

Marina del Pilar, con reformas a los artículos 53, 54 y 69 de la Constitución de Baja California se creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyo concepto no está contemplado en la Constitución General de la República, que además revive a la Policía Estatal Preventiva (PEP) creada en el gobierno panista de Eugenio Elorduy Walter.

“Los diputados del PT y tres más de MORENA, advertimos la incompatibilidad y los riesgos que conlleva alterar los conceptos jurídicos fundamentales en torno a la seguridad pública”, precisaron los legisladores del PT, además de que la PEP fue desaparecida por los altos índices de rechazo ciudadano por corrupción y abusos de poder.

Ese tema del dominio público en Baja California, lo que representa un retroceso en el tema de la seguridad de los bajacalifornianos, “por lo que además de la exigencia de disculpa pública de la gobernadora y la intervención del Secretario de Gobernación, demandamos una conducta apegada a los principios democráticos de diálogo, construcción de consenso y políticas públicas justificadas”, indicaron los diputados.

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A pesar de la crisis financiera en la que se recibió el estado, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), ejercerá más de 890 millones de pesos en obra pública.

La titular de la SIDURT, Karen Postlethwaite, informó que la mayor inversión se destinará a las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Detalló que los recursos se destinarán a obras de pavimentación, así como de infraestructura hospitalaria, educativa y de justicia.

"El gobierno que encabeza el gobernador Jaime Bonilla, está enfocado en realizar obras de verdadero impacto positivo para los bajacalifornianos", señaló.

Explicó que el inicio de la gestión se destinaron 312 millones de pesos para la SIDURT, sin embargo, el Congreso autorizó una ampliación presupuestal de 580 millones de pesos.

Comentó que este recurso significa más que lo que la pasada administración destinó a obra pública en el último año de la gestión.

La funcionaria estatal reiteró que le están dando prioridad a proyectos de obra que beneficien al mayor número de bajacalifornianos.

Inicia en Baja California la Guardia Estatal en sustitución de la desaparecida Policía Estatal Preventiva (PEP)

El Pleno de la Asamblea Legislativa de Baja California aprobó en lo general y en lo particular, con 23 votos a favor y 2 en contra, el dictamen número 1 de las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Justicia, que contiene una iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, la cual reforma diversos artículos de la Constitución local, a fin de crear la Fiscalía General del Estado (FGE).

La iniciativa, aprobada con dispensa de trámite, establece que la institución del Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, misma que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, y que tendrá a su cargo la investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal. Dicha Fiscalía ejercerá atribuciones de Seguridad Pública a través del organismo que la ley determine.

Asimismo, crea el Centro Estatal de Inteligencia, integrado por la Fiscalía General y las Secretarías y Direcciones de Seguridad de los Ayuntamientos de Baja California, como órgano de coordinación en materia de seguridad pública. La coordinación del Centro estará a cargo del Fiscal General del Estado, con respeto a las autonomías de los municipios.

Las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa, disponen también que será facultad del gobernador, “presentar ternas al Congreso del Estado para la designación del Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, y para el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales”. Por otro lado, que el Congreso tendrá la competencia para designar a dichos fiscales por mayoría calificada del Pleno.

Además, se inscribe que al frente de la Fiscalía General estará un Fiscal General, quien durará en su cargo seis años y que requiere tener cuando menos 35 años de edad al día de la designación y poseer por lo menos diez años de ejercicio profesional, contados a partir de la expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho. La solicitud de su remoción estará a cargo del Congreso del Estado o del titular del Ejecutivo Estatal, la cual para que se dé, deberá aprobarse por las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Legislativa.

En cuanto a los titulares de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se especifica que durarán en su puesto cuatro años y podrán ser reelectos por una sola ocasión.

En los artículos transitorios se dispone que el procurador General del Estado que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, seguirá hasta que el Congreso efectúe la designación del Fiscal General.

Asimismo, en ellos se declara desaparecida la Policía Estatal Preventiva, aunque en un término de seis meses, contados a partir de la publicación de la presente reforma, la Fiscalía General deberá instrumentar un programa de depuración para los elementos de dicha corporación que quieran formar parte de la nueva corporación prevista en el artículo 69 de la presente reforma.

Cabe mencionar que el Pleno también aprobó, con 23 a favor y 2 en contra, una reserva en lo particular presentada por el diputado Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, la cual modifica la fracción XXIII del artículo 49 constitucional, para que en vez de que diga que el gobernador tendrá la facultad de presentar “propuestas” al Congreso para los cargos de los citados fiscales General, De Combate a la Corrupción y de Delitos Electorales, se modifique por la palabra “ternas”.

Enojo e impotencia es lo único que tienen este día los elementos de la Policía Ministerial, de la PEP y quienes reciben las llamadas del número de emergencias 9-1-1 pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia en la entidad (PGJE) y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), porque no saben cuándo les van a pagar, “nos tocaba pago ayer a los de quincena y hoy a los de catorcena y nada que nos pagan”.

Policías activos de las corporaciones citadas, hablaron con Cadena Noticias respecto a la molestia que prevalece entre los agentes, “esta mañana nos avisaron que no había pago, que no sabían cuando nos iban a pagar”, por lo que insistieron en su preocupación.

Asimismo, recordaron los inconformes que tienen pagos que realizar, como lo son los gastos escolares de inicio de clases, créditos hipotecarios, cumplir con los compromisos con en sus hogares, pero con esta situación económica, no saben que harán.

Pidieron la intervención de las autoridades correspondientes en este tema, ya que temen que si alzan la voz públicamente los sancionen, “nos hemos callado por temor a represalias, quienes han reclamado han sido movidos de adscripción”, argumentaron.