Propone diputada Patricia Ríos, que la Procuraduría de Baja California, cree una Fiscalía especializada, para investigar los casos de violencia contra mujeres en el Estado.

La legisladora local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Baja California.

 “Este 8 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es de suma importancia recalcar que la violencia contra las mujeres no es un problema de índole personal o privado, sino social y que este se edifica en una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre que ha impedido el adelanto pleno de la mujer”, declaró la Diputada.

Puntualizó que era de gran relevancia fortalecer el actuar de la PGJE, transformando una de sus áreas para crear dicha Fiscalía Especializada, misma que hoy solo atiende a la Trata de Personas y que tiene su origen en el artículo 38 Bis, de la Ley que se pretende reformar, y que al configurar su cambio de denominación lleva implícito el fortalecimiento de una institución que tendrá facultades para investigar, perseguir y sancionar los delitos que se ejerzan en contra de este sector que hoy y desde hace tiempo, está en riesgo en nuestra entidad.

Puntualizó que, en Baja California, se han presentado una serie de sucesos que atentan y lastiman profundamente a nuestra sociedad, sobre todo por tratarse de crímenes cometidos contra las mujeres, hechos caracterizados por la violencia y en algunos ocasiones por la brutalidad con la que fueron cometidos, como es el caso del asesinato de una joven mujer en Mexicali, cometido con un alto grado de crueldad.

El crimen en mención, se une a otros cometidos contra mujeres en esta ciudad y que suman ya 7 asesinatos, sin olvidar aún que durante los últimos años la violencia contra las mujeres ha sido recurrente en nuestra Entidad, sobre todo en su máxima expresión que son los feminicidios, lo que nos debe ocupar en trabajar para poder erradicar todo acto de violencia en contra de las mujeres y niñas de Baja California.

La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar y vincular a proceso a Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración pasada, por el caso conocido como la "Estafa maestra".

A través de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, la FGR solicitó a un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, una audiencia inicial para imputación y vinculación contra Robles Berlanga.

De acuerdo con el oficio UEIDCSPCAJ-217/2019 de fecha 25 de julio pasado, la FGR solicitó citar a la exfuncionaria para imputarle el ilícito de ejercicio indebido del servicio público derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 relacionada con la "Estafa Maestra".

El juez del Reclusorio Sur citó a Robles Berlanga y a los fiscales encargados del caso para el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas. En su petición, la FGR señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene calidad de víctima indirecta del delito que busca imputarle a Robles Berlanga, por lo que se prevé que un representante de dicho órgano acuda a la diligencia.

Fuentes allegadas al caso informaron que en días pasados Robles Berlanga presentó una demanda de amparo porque consideró que la FGR violó el principio de defensa adecuada al no citarla a comparecer previo a judicializar la carpeta de investigación. Si el juez de amparo concede una suspensión provisional es probable que la diligencia fijada por el juez de control en el Reclusorio Sur no se realice.

La "Estafa Maestra" se relaciona con la documentación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la utilización de 11 dependencias federales para desviar millones de pesos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Las tres principales dependencias que supuestamente participaron en los desvíos fueron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) encabezada por Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras (Banobras), y Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigido por Emilio Lozoya Austin.

La ASF detectó que el gobierno federal entregó contratos a más de 100 empresas por 7 mil 670 millones de pesos, de las cuales 128 no tenían infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios para los que fueron contratadas o no existen.

En el sexenio pasado, Robles Berlanga también encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que, según las revisiones de la ASF, formó parte del esquema de contrataciones mediante el cual se realizaron los desvíos millonarios.

En su último reporte de la Cuenta Pública 2018, difundido en febrero pasado, la ASF concluyó que el resto de las dependencias señaladas como partícipes de la "Estafa Maestra" únicamente sirvieron de intermediarios "de papel" en la operación de las contrataciones simuladas, pues la mayoría de estas transacciones realmente se llevaron a cabo por la Sedesol y la Sedatu.

En dicho informe, la ASF detectó irregularidades en la gestión de Rosario Robles por al menos 2 mil 377 millones de pesos al frente de la Sedatu, que se sumaron a las detectadas en el ejercicio fiscal 2017 por 340 millones 983 mil pesos y que supuestamente fueron desviados a través de la triangulación de recursos en la que también se involucraron entes estatales como la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad de Campeche y la Televisora de Hermosillo.

Las últimas irregularidades observadas por la ASF indican que la Sedatu gastó indebidamente mil 173 millones de pesos del programa de Infraestructura a través de 26 delegaciones, sin que se tenga certeza de dónde quedaron dichos recursos, pues estas erogaciones no fueron registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Algunos de los desvíos también fueron detectados en el programa Un Cuarto Más de la Sedatu, conocido como Cuarto Rosa y en la construcción de Ciudades de las Mujeres en distintas entidades, pues ni la Unidad de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (Upais) ni la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP), encargadas de dichos proyectos, informaron en qué ejercieron los recursos que les fueron asignados.

La Fiscalía General de la República (FGR) recomendó a la población tomar y almacenar pruebas de ADN de las niñas y niños para que puedan ser utilizadas en caso de cualquier percance.

A través de un mensaje en Twitter el pasado domingo, indicó: "Ante cualquier percance, ten siempre a la mano los datos de tus hijas e hijos. Adicionalmente, toma una muestra de ADN de cada uno de ellos. ¿No sabes cómo hacerlo?".

Enseguida la publicación pide seguir las recomendaciones de Alerta Amber. El video da una serie de instrucciones de las acciones que se deben realizar para tomar una muestra de ADN de los niños que integran la familia.

"Para hacer la recolección de ADN de sus hijos deberá tener a la mano dos cotonetes, un sobre de papel para correspondencia y una base para secar los cotonetes", indicó.

Agrega que para obtener la muestra de ADN se debe frotar cinco veces el primer cotonete contra el cachete, de arriba abajo y girándolo: "Luego repita el proceso con el otro cotonete en el cachete opuesto. Deje secar las muestras durante la noche cuidando que no toquen nada", agrega el video.

Se debe escribir el nombre del hijo o hija en el sobre y guardar las muestras en él.

Entre las recomendaciones que emite la Alerta Amber México está guardar toda la información de los hijos como nombre, edad, señas particulares, CURP y huellas dactilares, en un sobre junto con las muestras de ADN.

El tuit no fue bien recibido por algunos usuarios de redes quienes la calificaron como algo terrorífico: "Mejor actúen vs el crimen organizado. Esto que piden es terrorífico", escribió un usuario.

El Universal / DHVR 14/05/19

Condóminos pueden perder sus propiedades si incumplen sus obligaciones

Lilia Sastré Ibarra, presidenta de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (APIT) afirma que suele haber serios problemas entre condóminos, principalmente porque no se ponen de acuerdo.

“Hoy por ejemplo, quienes incumplen en el pago de sus obligaciones, cuotas de mantenimiento por ejemplo, pueden ser sujetos a un proceso y perder sus propiedades. Se puede controlar a los vecinos problemáticos o ruidosos. No se trata solo de viviendas, sino también oficinas y establecimientos de tipo comercial, porque se trata de situaciones que deben resolverse por el bien de la mayoría”.

Este jueves, autoridades municipales firmaron un acuerdo con la APIT.

Es un convenio de arbitraje y mediación y con esto se están generando las oficinas conciliadoras y calificadoras municipales, que se encuentran en la Ley de Régimen de Condominios para Baja California.

“Ayuntamientos como Rosarito ya los tienen en pleno, sirven para mediar situaciones que se dan entre vecinos, en régimen de condominios. Lo que hacemos buscar medios alternativos como la mediación de conflictos”.

Las oficinas se encuentran en las instalaciones de la Cámara de Comercio, denominado Centro Internacional de Mediación.

“Ese Centro coadyuvará con la autoridad, con mediadores certificados para que seamos nosotros quienes dirimamos esos temas”.

También en estas oficinas será posible realizar los registros de libros de actas.

“Empezar a registrar desde aquí, para bajar esas situaciones que el Ayuntamiento está atendiendo pero no cuenta con personal para ello: falta de pago de cuotas, falta de servicios, no tener a quien acudir cuando hay diferencias o no saber cómo interpretar régimen de condominio.

“Los vecinos no saben cómo organizarse, cuando tú vas a entregar una vivienda y terminas de vender, por lo regular la comunidad esta desorientada y no sabe qué hacer. Tenemos algo que más de diez años de experiencia, de manera gratuita podemos ayudar, por hay muchos problemas con el régimen en condominio.

“A los desarrolladores les podemos dar información, a los comités organizados podemos atenderlos para que despejen sus dudas. No necesitan estar en problemas, pueden ser dudas de cómo llevar a cabo la organización interna de los condóminos”, finalizó Sastré Ibarra.

La Fiscalía de Jalisco investiga la privación ilegal de ocho jóvenes que fueron torturados y liberados posteriormente en los límites de los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque; uno de ellos murió.

Los reportes preliminares indicaron que siete jóvenes, cuyas edades van de los 17 a los 27 años, llegaron en la madrugada por su propio pie a una gasolinera cercana al fraccionamiento Villa Fontana de Tlaquepaque. Estaban golpeados y con signos de tortura.

Cuando se entrevistaron con policías municipales señalaron que horas antes un grupo armado los privó de la libertad cerca de la colonia Valle de los Emperadores, en el municipio de Tlajomulco para después golpearlos.

Indicaron que tras ser torturados en una bodega, donde supuestamente hay otro hombre muerto, fueron liberados en el camino, donde otro de ellos cayó muerto por los golpes.

Los uniformados iniciaron la búsqueda de la bodega y las personas fallecidas, pero hasta ahora sólo se ha reportado la localización del cuerpo de un hombre con señales de tortura sobre la calle Jesús y Camino a Santa Cruz Del Valle.

La Fiscalía de Jalisco informó que los jóvenes están recibiendo atención médica y ya se abrió una carpeta de investigación por este hecho.

Tras admitir 22 medios de prueba presentados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, un juez de control federal abrió juicio contra el empresario de Quintana Roo, Carlos "N", por el delito de amenazas.

Carlos "N", conocido por crear grupos de autodefensa en la entidad para combatir la delincuencia, está acusado de amenazar de muerte al periodista Amir Ibrahim, del portal electrónico El Quintana Roo, a través de llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp.

Luego que concluyera la etapa de investigación complementaria la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) presentó acusación formal contra el empresario radicado en Cancún, quien el 20 de enero de este año fue vinculado a proceso por el juzgador con residencia en Quintana Roo.

El juez determinó continuar con las medidas cautelares consistentes en que el empresario imputado no se acerque a la víctima, sus familiares o el medio de comunicación en donde labora el periodista, firmar de manera periódica ante la autoridad judicial, así como no salir del país sin autorización judicial.

El delito de amenazas es considerado como agravado por ser probablemente cometido con la finalidad de limitar el derecho a la libertad de expresión, está previsto y sancionado por el artículo 282, fracción I, del Código Penal Federal.