El ex alcalde de La Paz, Francisco Monroy Sánchez (PRI) salió del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz, luego de pagar una fianza que ascendería a los 4.3 millones de pesos.

Según confirmaron a EL UNIVERSAL amigos cercanos a la familia de Monroy Sánchez, el ex edil abandonó el penal donde se encontraba recluido desde el martes acusado del presunto delito de "uso excesivo de funciones", pues habría facturado servicios y refacciones en uno de sus negocios, utilizando un prestanombres.

El ex presidente municipal seguirá su proceso en libertad. Los hechos se desprenden de una averiguación previa iniciada en la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), LPZ/088/SP/2016, luego de una denuncia presentada por el Ayuntamiento de La Paz, en 2016.

De acuerdo con la PGJE, integraron material probatorio y se desprende que "en el negocio particular del entonces presidente municipal, Francisco Javier Monroy Sánchez, se llevaban a cabo los servicios de venta y reparación de llantas y refacciones que facturaba la C. Silvia Aguilar Baltazar al XIV Ayuntamiento de La Paz."

Según la información de la dependencia, esta mujer era amiga y había sido empleada del ex edil, y facturaba a su nombre los trabajos que se realizaban en el Taller mecánico del presidente municipal. En suma, el ex edil habría erogado 8 millones 238 mil 610.88 pesos en dinero y en especie, incluso con un terreno, para responder a las facturas de Aguilar Baltazar, pero de fondo, advierten que se estaría beneficiando en su negocio.

La dependencia habría comprobado que estas operaciones se realizaron durante nueves meses.

El ex alcalde tomó protesta en el mes de marzo, en sustitución de la entonces alcaldesa Esthela Ponce Beltrán, hoy diputada federal, que dejó el cargo para participar por una diputación federal plurinominal. Concluyó su gestión en septiembre de 2017.

En breves declaraciones, Andrés Liceaga, secretario general del Comité Estatal del PRI dijo a este medio que esperan que sobre este caso "las investigaciones transcurran apegadas a derecho en todo momento", dijo.

Por el momento –agregó- "el Comité estatal esperará que avance el proceso judicial y se pueda esclarecer". Afirmó que están pendientes del curso de la investigación y son respetuosos de las instituciones.

La decisión del juez de negar la fianza para Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, no implica culpabilidad, aseguraron miembros de esa iglesia.

Luego de que se le negara el derecho a fianza por la evidencia contra el "apóstol de Jesucristo", el Ministerio Internacional de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Luz del Mundo informó que la defensa del líder religioso apelará esta decisión ante la Corte Superior de Apelaciones, a fin de que se revise la resolución y en su caso se modifique.

"La decisión que el juez ha tomado el día de hoy no implica culpabilidad, mucho menos que el caso se haya perdido, antes bien su defensa sigue y tenemos confianza plena en la integridad del apóstol de Jesucristo", apuntó.

Los miembros la Luz del Mundo reiteraron su confianza en la integridad de Naasón Joaquín García y recordaron que "toda persona acusada, es presumida inocente en tanto no se demuestre lo contrario en un juicio. Y en este caso, eso no ha sucedido".

Pidieron a la población respetar el derecho a la libertad religiosa de los fieles de esa Iglesia, pues acusaron que en días pasados muchos de ellos alrededor del mundo han sido afectados por actos de discriminación e intolerancia, que han puesto en riesgo su integridad física.

La titular del DIF municipal de Venustiano Carranza, Puebla, Ilse Lucía "N", detenida durante un operativo contra el robo de combustible, pagó una garantía de 20 mil pesos para enfrentar su proceso penal en libertad por el presunto delito de portación de arma ilegal de uso exclusivo del Ejército mexicano.

La esposa del alcalde de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila, fue detenida por elementos federales tras un cateo en tres inmuebles de la región, donde se hallaron armas y 50 mil litros de presunto combustible robado.

Sin embargo las autoridades federales no presentaron cargos por la cantidad ilegal de combustible encontrado en uno de los inmuebles, que presuntamente pudo ser obtenido ilegalmente.

En la audiencia celebrada ante el Centro de Justicia Federal Penal del Estado de Puebla, se explicó que la titular del DIF municipal se les imputa el presunto delito de portación de armas.

Se detalló que en el domicilio ubicado en la calle Ortiga de la localidad de Lázaro Cárdenas, se encontraron dos armas de grueso calibre .45 auto y .38 súper.

También 69 cartuchos útiles calibre .270 winchester; 32 cartuchos calibre 7.62 x 51 con bala perforante; 14 cartuchos .40 s&w; 3 cartuchos .9 milímetros; 4 del calibre .45 auto y 4 cartuchos .223 remington.