El Gobierno del Estado a través del Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, se reunió con la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez, en las oficinas de la CEDH en Tijuana, para dar seguimiento a los esquemas de atención a los Derechos Humanos en el estado.

El funcionario manifestó que como gobierno, se respetan las leyes; y el marco legal que rige a todos, porque Baja California, a través del tiempo, mantiene sus principios de respeto al estado laico y a los derechos humanos.

El Gobierno del Estado continuará realizando acciones que contribuyan a una sociedad más incluyente, más tolerante y más respetuosa de todas aquellas expresiones y manifestaciones.

La señora Patricia Susana Rivera Reyes de 61 años asesinada la noche del pasado sábado era abogada de profesión y defensora de los derechos humanos. 

El pasado sábado en la noche sujetos armados se introdujeron a un domicilio ubicado en la calle Blanca número 12530 de la colonia Terrazas de La Presa, para dispararle al catedrático del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT), José Félix Villarreal y a la abogada de profesión Patricia Susana Rivera Reyes. 

Quedando lesionado el catedrático y sin vida la abogada. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, lamentó lo sucedido a través de un comunicado. 

"La CEDHBC se solidariza con las familias de ambas víctimas y con la comunidad bajacaliforniana, uniéndose al reclamo de que este hecho no quede impune", escribió.

De las cuatro recomendaciones que ha presentado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el primer trimestre de este año, dos están originadas por abusos cometidos por agentes de la Policía Municipal de Tijuana, una dirigida a la Fiscalía General del Estado y otra por omisiones del Sistema Estatal Penitenciario. 

Destaca la recomendación 2021/02 relativa al caso del joven Benjamín, quien fuera torturado por agentes preventivos en la zona centro de Tijuana. 

En este caso, Sindicatura Municipal determinó que la víctima de 29 años se hizo acreedor al maltrato físico por intentar escapar de los oficiales que lo golpeaban. No hubo sanciones para los 6 policías y el juez involucrado. 

En el caso de la recomendación 2021/01 la CEDH pudo acreditar, aún sin los peritajes físicos la tortura hacia una pareja detenida por su presunta participación en un secuestro y homicidio en Playas de Rosarito. 

En el caso de la mujer los investigadores demostraron la huella de daño psicológico que quedó en ella luego de haber sido violada por agentes de la policía estatal preventiva, ahora llamada GESI.

En lo que hace a la recomendación 2021/4 quedó asentada la omisión del Sistema Estatal Penitenciario, pero también de las Secretarías de Educación y Salud por no tomar las medidas de prevención para evitar que un reo de 30 años se suicidara. 

La persona que se quitó la vida ahorcándose con una sábana ya había intentado quitarse la vida en un primer intento y quienes lo mantenían en custodia no hicieron nada por evitar un segundo intento, que fue consumado.

Debido los hechos violentos, de asesinatos, y torturas que se han observado en la ciudad de Tijuana que involucra a niños y adolescentes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió un exhortó al Sistema Estatal de Protección a niñas y niños adolescentes que depende de la Secretaría General de Gobierno, así lo manifestó el Presidente de CEDHBC, Miguel Mora Marrufo.

"La petición es para que se accione de manera urgente y extraordinaria para hacer un análisis del contexto y plantear una ruta emergente en este momento para atender estas circunstancias" mencionó Mora Marrufo.

Apuntó que aún no se cuenta con indicadores trimestrales que permitan hacer un comparativo para determinar el aumento si han podido observar por la documentación que se entrega una preocupación que tiene la comisión de niños y niñas adolescentes. 

Señaló que estos actos a los menores no se pueden desvirtuar con un ejercicio exclusivo de narco menudeo y narcotráfico cuando son otras las causas que han llevado a la niñez a involucrarse en esas actividades.

A través de un comunicado, la Comisión estatal de derechos humanos de Baja California abrió un expediente a consecuencia de las denuncias de familiares y de personas privadas de la libertad a consecuencia de un problema de salud por posibles malas condiciones de los alimentos.

El presidente de la CEDH, Miguel Mora Marrufo señaló que el pasado jueves visitadoras y visitadores realizaron recorridos para brindar orientación a las personas privadas de la libertad y de paso revisar las condiciones de los cerezos en Tijuana, Mexicali, Ensenada y El Hongo.

Subrayó que luego de estos señalamientos ya se abrió un expediente a fin de investigar qué fue lo que ocurrió además de qué abrió un canal de comunicación a fin de dar seguimiento a las quejas y recomendaciones dirigidas a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.

Esta comisión confirmó que un grupo de 44 personas privadas de la libertad presentaron un cuadro de gastroenteritis infecciosa. Los pacientes fueron atendidos de manera oportuna por el área médica y se les administró electrolitos orales, antibióticos y antidiarreicos.

La Secretaría de salud se encuentra realizando una valoración sobre los casos de intoxicación en el hongo uno con el objeto de dar oportuno seguimiento a los expedientes médicos de los privados de la libertad en este centro de reinserción social que coincide con un cuadro clínico de gastroenteritis de presunto origen infeccioso.

Desde el pasado 20 de marzo las visitas a los penales en Baja California están suspendidas como parte de las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 y por el riesgo que la enfermedad pudiera provocar a la población de este centro de readaptación social.

Con 19 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, se aprobó el dictamen 1 de las comisiones unidas Energía y Recursos Hidráulicos, Hacienda y Presupuesto, para que el ejecutivo estatal firme un contrato plurianual hasta por 30 años para el abastecimiento de energía solar fotovoltáica para el acueducto Río Colorado - Tijuana.

El legislador de Movimiento Ciudadano, Elí Topete, encargado de la lectura del dictamen, indicó que actualmente el ejecutivo estatal eroga mil millones de pesos por este concepto, y con este contrato se ahorrarían 300 millones de pesos.

Éste recurso del ahorro, sería invertido en modernización de la infraestructura hidráulica, añadió.

Elí Topete subrayó que actualmente hay un déficit de alrededor de 400 megawatts y este contrato se subsanará el el déficit en un 20%.

Añadió que con este contrato se estaría garantizando que la Zona Costa no esté en riesgo de quedarse sin agua por falta de energía para el bombeo.

Resaltó que en el decreto se establece una fecha límite para la firma del contrato entre el Ejecutivo y la empresa hasta el 30 de septiembre.

Ésto, motivó una reserva promovida por el diputado Juan Manuel Molina, que pidió la ampliación del plazo hasta el 15 de octubre para la firma del contrato, la cual fue aceptada.

Los diputados que votaron en contra son: Loreto Quintero, Eva María Vázquez, Gerardo López y David Ruvalcaba.

Los diputados que votaron en abstención: Araceli Geraldo y Rodrigo Otañez Licona.