El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar la versión pública del contrato de la compra del programa de Inteligencia Pegasus, y le recordó a la institución que las adquisiciones no se reservan.

El contrato contiene el objeto del programa Pegasus, el importe total y precio unitario, anticipo y amortización, forma y lugar de pago, vigencia, obligaciones del proveedor y del sujeto obligado.

Se concluyó que la reserva total del contrato no es procedente y que la dependencia debía elaborar una versión pública, protegiendo sólo los nombres, cargos y firmas de las personas físicas que participaron en la contratación.

De esta manera se cubre la identidad de funcionarios que en esta compra tuvieron "conocimiento privilegiado y específico sobre los procedimientos, métodos, especificaciones técnicas, tecnología y equipo utilizado para la generación de inteligencia", resolvió el Inai con base en el planteamiento que elaboró el comisionado Óscar Guerra Ford.

La PGR contrató el software de Inteligencia al Grupo Tech Bull, filial de la firma NSO Group, que habría sido utilizado para espiar a periodistas y activistas críticos al gobierno federal.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas habría sido víctima de espionaje con el programa Pegasus mientras investigaba presuntos abusos por parte de las Fuerzas Armadas, reveló The New York Times.

De acuerdo con una investigación del diario estadounidense publicada este lunes, este sería el primer caso de ciberespionaje hacía un miembro cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador siendo vigilado por el sistema Pegasus, en más de una década de uso de la herramienta de espionaje en el país.

“Su teléfono celular ha sido infectado varias veces, tan recientemente como el año pasado mientras dirigía una comisión de la verdad del gobierno sobre los secuestros, dando a los piratas informáticos acceso sin restricciones a toda su vida digital”, indicó el diario.

Encinas habría sido objetivo de espionaje mientras investigaba la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como por su postura en desacuerdo con las fuerzas armadas.

Esta investigación se suma a varios escándalos de espionaje que han ocurrido en México en contra de periodistas y activistas del país.

Las personas que hablaron con Encinas sobre los hackeos dijeron que el subsecretario de Derechos Humanos se enteró de los detalles de las infecciones después de que Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto las confirmara y realizara un análisis forense de su teléfono.

El grupo también encontró evidencia de que Pegasus se había infiltrado en los teléfonos de otros dos funcionarios gubernamentales que trabajan con Encinas y han estado involucrados en investigaciones sobre violaciones de derechos por parte de las Fuerzas Armadas.

¿Cómo funciona el spyware Pegasus?

Pegasus puede infectar su teléfono sin ningún signo de intrusión y extraer todo lo que contiene: correos electrónicos, mensajes de texto, foto, cita del calendario. Puede mirar a través de la cámara de su teléfono o escuchar a través de su micrófono, incluso si su teléfono parece estar apagado.

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció llevar a cabo acciones de inteligencia como parte de su estrategia contra el crimen organizado, pero negó que éstas las utilice contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, como se le cuestionó esta mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa.

En un comunicado, la dependencia a cargo de Luis Cresencio Sandoval también aceptó haber hecho uso del software especializado en espionaje conocido como “Pegasus”, aunque negó que este servicio siga vigente en el país, pues de acuerdo con la dependencia solamente se adquirió del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013.

Sin embargo, contrario a lo documentado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Sedena aseguró que durante ese período el software de la compañía israelí NSO Group “fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.

Sobre las acusaciones recientes, el Ejército aseguró que las labores de inteligencia sólo son contra líderes criminales y generadores de violencia en el país y no contra la población, defensores de los derechos humanos, activistas sociales o periodistas.

“El propósito principal de las actividades de inteligencia es llevar a cabo la detención de líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia, la ubicación de instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas, además del aseguramiento de armamento y otros resultados importantes en materia de seguridad pública.

“De tal manera que en la presente administración se ha logrado la detención de 13 operadores relevantes y 115 generadores de violencia de diferentes organizaciones delictivas, entre otros; así como el aseguramiento del 34% de los resultados del esfuerzo nacional en el combate al narcotráfico y seguridad pública, como se ha informado periódicamente”, justificó.

En días recientes investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, analizaron los teléfonos de dos periodistas y un activista y detectaron que los dispositivos habían sido infectados entre 2019 y 2021 con “Pegasus”, programa que según NSO Group sólo es comercializado a gobiernos alrededor del mundo.

Por la mañana, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre estas acciones de la Sedena en contra de los comunicadores y el activista, lo cual negó y aseguró que lo hecho por la dependencia no es espionaje, sino “inteligencia”.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales que los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Si tienen pruebas, que las presenten”, pidió.

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Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que dos periodistas y un defensor de los derechos humanos fueron espiados por el Ejército con el malware Pegasus en este sexenio, mientras hacían labores relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas

"Esta investigación ha recabado evidencia que demuestra que, contrario a las promesas del actual presidente (Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió durante este gobierno un sistema de monitoreo remoto de información a la empresa con representación exclusiva para vender Pegasus en México".

En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica, y SocialTIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, señalaron que las evidencias también prueban que la Sedena ha mentido sistemáticamente a diversas instancias para ocultar la existencia de dicho contrato.

Los hallazgos de esta investigación --añadieron-- demuestran que el gobierno federal "ha incumplido su compromiso de terminar con el espionaje ilegal en México, además de refutar las tesis sobre las que se ha basado la administración actual para profundizar la militarización en el país".

Los periodistas espiados con el malware Pegasus por parte del Ejército son Ricardo Raphael y un reportero del portal Animal Político, así como el defensor de los derechos humanos Raymundo Vázquez Sánchez

Destacaron que en el caso de Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, “fue espiado por documentar ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte del Ejército y la Marina”.

Luis Fernando García, director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, aseguró que este contrato para adquirir ese equipo de espionaje fue ocultado por la Sedena, tanto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como a la organización civil que preside.

“Esto es un delito, es falsedad de declaraciones”, advirtió.

Explicó que el contrato de la Secretaría de la Defensa Nacional para adquirir ese equipo de espionaje es con la empresa ANTSUA, a la que --recordó-- “el Ejército le compró equipo de monitoreo de comunicaciones en 2019. Esta empresa es una proveedora conocida por comercializar Pegasus”.

Edith Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, recordó que el 3 de agosto de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó en su conferencia matutina en Palacio Nacional que el Ejército estuviera usando Pegasus para labores de espionaje.

En la investigación de los organismos civiles se destaca que la filtración de documentos del Ejército por parte del grupo de hackers “Guacamaya” ha permitido conocer que la Sedena adquirió un “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” a Comercializadora ANTSUA en abril de 2019, bajo el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019.

En un correo enviado por la Sección de Guerra Electrónica de la Dirección General de Transmisiones de la Sedena de asunto “Oficios Mortales” --añade el informe--, “se adjunta un oficio, fechado al 18 de enero de 2020, en donde se reconoce la existencia de ese contrato y se refiere a una factura original correspondiente a un segundo pago por el servicio proporcionado del 1 al 30 de junio de 2019”.

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Al menos tres periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron haber sido espiados con una versión mejorada del software espía "Pegasus", que se utilizó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y del que no se conocía su uso en la actual administración.

Una investigación conjunta de medios y colectivos como el Citizen Lab en Toronto confirmaron la vulneración en datos personales y en celulares del periodista Ricardo Raphael, el defensor de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Raymundo Ramos y un reportero no identificado por nombre del portal Animal Político.

Según Animal Político y Proceso, el espionaje se realizó con una versión más agresiva de Pegasus, donde la víctima recibe una liga con el llamado "malware" y ya no es necesario que siquiera dé click para que esté infectado.

De acuerdo con el colectivo que publica las denuncias, la compañía israelí NSO, propietaria de Pegasus, sólo vende este servicio a gobiernos, y tras la filtración masiva de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional la semana pasada, fue posible ligar a la Sedena a través de contratos con compañías autorizadas a comercializar el Pegasus en México.

Se espera que víctimas y colectivos formalicen su denuncia este lunes al medio día. 

En su nota sobre el tema, Animal Político recuerda que entre 2016 y 2017, dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Sedena, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), además de la Agencia de Investigación Criminal utilizaron Pegasus para espiar a activistas y defensores de derechos humanos, según se hizo público por diversas investigaciones; a la fecha, la denuncia y posterior investigación no ha avanzado.

Y en su nota sobre el tema, el semanario Proceso recuerda que dos semanas después de su toma de protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que su equipo no realizaría espionaje ilegal con este u otro spyware, y declaró que "ya pueden ustedes hablar tranquilamente por teléfono".

Además, en agosto de 2021 negó cualquier vínculo con empresas de tecnología que vendieran este tipo de software, tales como NSO, creadora de Pegasus, y en enero de este año, el mandatario reiteró que no se realizaba espionaje; dijo que "ya no existe el estado mayor presidencial, ya eso ya cambió".

Animal Político y Ricardo Raphael, víctimas de Pegasus

La investigación relaciona las fechas del hackeo a Raphael con la redacción de su libro "Hijo de la Guerra", basada en entrevistas sobre el grupo de narcotráfico Los Zetas, en tanto que el ataque al reportero de Animal Político se extiende a todo el portal, según su director Daniel Moreno.

“Solo revisando el caso de este periodista, puedo decir que únicamente en Whatsapp estaba en más de 25 chats donde está todo el staff de Animal Político. En este caso no es solamente el espionaje a un reportero, sino a todo el personal Animal Político; ellos tuvieron acceso a toda la información de todo lo que estábamos haciendo durante un año”, declara Moreno.

La tercera de las víctimas es Raymundo Ramos, a quien atacaron el 28 de agosto, el 2 y el 3 de septiembre. Animal Político apunta que "Apenas cuatro días antes del primer ataque, el periódico El Universal reveló que, tras un enfrentamiento con presuntos integrantes del crimen organizado el 3 de julio de 2020, militares ordenaron matar a un sobreviviente, y puso en evidencia que en el actual gobierno las Fuerzas Armadas continuaban cometiendo violaciones a derechos humanos, pese al discurso contrario del presidente López Obrador.

"El Comité Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CEDHNL) continuó documentando ese caso a raíz de las quejas interpuestas en contra de los militares por parte de familiares de los civiles asesinados, quienes se presume eran víctimas de secuestro. Por ello es que Ramos participó en las denuncias públicas en medios de comunicación y tuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU", apunta Animal.

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Después de las nueve de la mañana inició en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte la audiencia en la que se determinará si el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, es vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.

Murillo Karam, es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricar la llamada "Verdad Histórica", que señala que los 43 normalistas fueron secuestrados, asesinados y quemados en el Basurero de Cocula.

Según los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) en la audiencia de imputación contra el extitular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, quien quedó preso en el Reclusorio Norte, la llamada “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa se construyó así:

Con base en declaraciones de Bernardo Cano Muñoz, exsecretario particular del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, el 7 de octubre de 2014, un día después de que Murillo Karam anunciara que estaba a cargo de la investigación por orden presidencial, se realizó una reunión de funcionarios de alto nivel en Guerrero.

En el cónclave estuvieron presentes Jesús Murillo Karam, titular de la PGR; Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero; Omar García Harfuch, mando de la extinta Policía Federal; Carlos Gómez Arrieta, titular de la Policía Federal Ministerial (PFM), entre otros funcionarios, quienes, a decir de la FGR, ahí planearon los que más tarde se conocería como la “Verdad Histórica” del caso Iguala, que establece que los 43 normalistas fueron secuestrados, asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula.

La mañana del 27 de octubre de 2014, de acuerdo con la narrativa de la FGR, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, comparte con Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), durante un recorrido en la zona de Cocula, que tenían cuatro personas “que nos van a decir qué vamos encontrar en el Río San Juan”.