El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) en Baja California hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para trabajar en coordinación en la creación de una estrategia que revierta la tendencia a la alza en la violencia, que a la fecha ha significado un aumento en los asesinatos de poco más del 50% durante el primer trimestre de 2018 comparado con el mismo periodo de 2017.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), tan solo de enero a marzo de este año 686 personas han sido asesinadas, cuando en ese mismo lapso pero del año pasado fueron 448; siendo Tijuana la que concentró el mayor número de homicidios con el 80%.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, dijo que la seguridad es preocupación y ocupación del empresariado de Baja California y de la sociedad civil.

La advertencia del ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, es que con el aumento de la violencia no puede haber desarrollo económico ni paz social, lo cual pone en riesgo el crecimiento de la entidad.

"El fantasma de la inseguridad sigue azotando a los bajacalifornianos. La falta de fortalecimiento del estado de derecho da pauta a la impunidad que a su vez nos presenta el fenómeno de la corrupción y de la inseguridad. Hemos visto en los últimos 12 años un modelo fallido de seguridad donde hemos tenido que recurrir al ejército y a la marina", advirtió.

Consideró que las áreas de procuración y administración de justicia en nuestro país están sumamente vulneradas y los ciudadanos no podemos aspirar a tener un Procurador General de la República y una Fiscalía General independiente y autónoma de intereses políticos.

El empresario dijo que se necesita un modelo policial con una policía fuerte, capacitada, sustentable socialmente y un modelo de procuración de justicia que sea transparente, imparcial y expedito.

Falta de servicios públicos, inseguridad, que se demuestra por una alta de homicidios, y hasta casos de presunta corrupción gubernamental, ubican a Tijuana como un municipio fallido, afirma el regidor Manuel Rodríguez Monárrez, quien este fin de semana enlistó en redes sociales lo que considera abusos financieros cometidos por la administración que encabeza Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

“Perdió la gobernabilidad el presidente municipal. Hay mucha simulación en torno a las decisiones que se toman, solo está el interés inmediato de hacer negocio: la espiral de crisis nos ha llevado a altos niveles de inseguridad, la gente no sabe qué hacer, por la falta de servicios.

“Siempre se dice, estamos haciendo algo, pero es la planeación estratégica la que debió realizarse desde el día que ganó la elección y no esperar a que empezara su gobierno para empezar a ver qué es necesario hacer”.

Tijuana es el municipio más endeudado del país, con 2 mil 677 millones de pesos.

Por el nivel de endeudamiento, Tijuana está en bancarrota y le convendría buscar el rescate federal, para poner en receso a deudores y avanzar en el pago de la deuda.

Casos emblemáticos de corrupción de contratos, gastos y concesiones, publicados por el regidor Monárrez: La concesión para la recolección de basura a Turbofín, por 237millones de pesos. La ampliación indebida de la concesión del basurero de Tijuana a GEN hasta el año 2043. El pago de 40 millones de pesos para la cobranza del impuesto predial a morosos. La concesión de estacionómetros, con mayoría de regidores panistas. El pago de 14 millones de pesos por el reclutamiento de 13 policías. Destinar cuatro millones de pesos para obras en un fraccionamiento privado de ricos y entregar dos millones de pesos a un empleado municipal que preside una organización no gubernamental contra el maltrato entre estudiantes.

Manuel Rodríguez reveló que no se permite a los regidores generar iniciativas, salvo que se opine a favor del alcalde.

“La sindicatura, sin actuar en ninguno de los ocho casos denunciados, las irregularidades un patrón de comportamiento la forma en que se administran los recursos dela ciudad. El tesorero está denunciado también, por la forma en que se han emitido los cheques, sin respeto a la ley, solo obedeciendo las órdenes del presidente”, finalizó.

"México es un cementerio. Esa frase no es mía, es de las madres que buscan a sus hijos y que encuentran fosas clandestinas", dice la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien afirma que los dos gobiernos anteriores dejaron 200 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos, lo que hace necesario que la nueva administración ponga en marcha una política de pacificación del país.

"Tenemos dos sexenios de muerte, desolación y una ola de violencia imparable. Esto no gusta mucho que se diga, pero solamente con las cifras oficiales tenemos en estos dos sexenios más de 200 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos. No sabemos cuántas ejecuciones extrajudiciales, extorsiones, derechos de piso, violaciones, trata y asesinatos de periodistas, el tema es sumamente complicado, muy complejo. Pero de lo que sí estamos ciertos es de que no podemos seguir así, con una política anticrimen y antidrogas que no ha dado otro resultado que más violencia", argumenta a EL UNIVERSAL la próxima secretaria de Gobernación.

Y explica: "La pacificación del país es la paz y seguridad de cada una de las familias mexicanas", mediante la recomposición del tejido social.

La ministra Sánchez Cordero agrega que la despenalización del comercio de las drogas, iniciando con la marihuana, es un tema que es analizado y será consultado por el nuevo gobierno, pero asegura que "el objetivo no es despenalizar la droga, el objetivo es la paz; ese es el objetivo, que no se confunda".

Andrés Manuel López Obrador me dio "carta abierta" para pacificar al país, porque "es hora de que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada", afirmó Olga Sánchez Cordero, la nominada por el virtual presidente electo para asumir la secretaria de Gobernación, en el "Seminario sobre Violencia y Paz, ¿Olvidó, verdad o justicia?".

"Es hora de que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada y haya justicia en derechos humanos, que se hable de verdad, de justicia y de reparación", afirmó.

Sánchez Cordero destacó que Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente, le dijo que tiene "carta abierta, lo que sea necesario para pacificar el país".

Resaltó que la nación está inmersa en la violencia, con decenas de miles de personas desaparecidas y que el Estado ha sido incapaz de enfrentar la situación.

Manifestó: "Somos un país en el que desaparece la juventud, en el que las mujeres son las que buscan a los desaparecidos", una nación en el que ser periodista o defensor de derechos humanos es un riesgo de muerte.

"En muchas partes del país se respira el horror y la deshumanización", lamentó Sánchez Cordero y destacó que en los casos de violencia ha faltado que se investiguen profundamente los contextos en los que se llevaron a cabo los delitos y quiénes fueron los autores.

La designada titular de Gobernación afirmó que es necesario pensar en un proyecto de ley que incluya no sólo las amnistías, sino también las comisiones de la verdad y un plan de reparación.

"Hablar de justicia transicional puede parecer ambicioso, la articulación es una tarea titánica, pero es posible", aseguró.

Mencionó que en la justicia transicional las víctimas serán parte fundamental del proceso para reconstruir el modelo que México requiere.

Respecto a las comisiones de verdad, indicó que habrá para casos concretos, estatales o una gran Comisión de la Verdad. Éstas tienen como objetivo trascender a la verdad jurídica y construir una red amplia que permita avanzar en las investigaciones, como en el caso Ayotzinapa, que estará virtualmente a cargo de Alejandro Encinas.

Asimismo, expresó que se debe empezar a elaborar un plan integral de reparaciones, porque hasta el día de hoy no hay, el cual involucre a todas las autoridades encargadas.

Añadió que la reparación no se debe centrar sólo en eso, sino que se debe apostar también a las garantías de no repetición, que permitan "pensar de qué manera vamos a reconciliar una realidad dolorosa en nuestro país".

Cuando concluyó su ponencia en El Colegio de México, familiares de personas desaparecidas y de víctimas de violencia se acercaron a ella para exigir que se haga justicia en sus casos.

Les respondió que "la Secretaría de Gobernación tendrá las puertas abiertas" y que caminará junto a ellos, porque son quienes mejor conocen de los hechos porque han estado involucrados en los procesos de justicia.

El activista, Javier Sicilia celebró que Sánchez Cordero asuma la responsabilidad de la situación de violencia que hay en el país, no como lo han hecho los gobiernos anteriores.

"El tema de la paz es la agenda de la nación, si no tenemos la capacidad de asumir ésta como la agenda fundamental las demás no van a prosperar", destacó.

Respecto al tema de la amnistía, dijo que le preocupa que se siga poniendo adelante esa ley, cuando es la última parte de la situación, porque lo primordial para que exista justicia es que haya verdad. Por eso, pidió que las propuestas del nuevo gobierno no se conviertan en un "show mediático" y que cumplan con todo lo que se comprometieron.

Marieclaire Acosta, defensora de derechos humanos, recordó que desde hace 10 años especialistas planteaban la idea de justicia transicional y que para lograrla deben haber cuatro pilares: búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación del daño a las víctimas y las garantías de no repetición. "Su éxito depende la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de los contextos en los que operan".

Santiago Corcuera, ex integrante del Comité Contra Desapariciones Forzadas de la ONU, dijo que sí se despenalizan las drogas no se necesitaría la amnistía, y que en otros casos también se podría aplicar esa medida, pero dependería del delito que cometió.

Aseguró que el proceso de justicia debe incluir a todas las personas y tomar como pilar fundamental a las víctimas.

Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México, en representación de Mónica Serrano, recordó que hace 18 años Vicente Fox también mencionó que iba a crear una comisión de la verdad, la cual no sucedió; sin embargo, celebró que el nuevo gobierno retome ese mecanismo en beneficio de las víctimas.

 El gobierno de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para México en donde advierte que son 5 entidades con altos índices de violencia.

La alerta emitida este día por el Departamento de Estado señala que el riesgo ha aumentado en algunas zonas debido a la violencia relacionada al crimen como homicidio, secuestro y robo de auto.

Advierte a los estadounidenses evitar viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas debido a la violencia.

La alerta subraya que el gobierno estadounidense está limitado para atender a sus ciudadanos en esos territorios, y sus empleados de gobierno que laboran en México tienen prohibido viajar a esas áreas.

"Los empleados del gobierno estadunidense tienen prohibido los viajes inter-ciudades al oscurecer en diversas zonas del país, además de no tener permitido manejar desde la frontera México-EU hacia alguna entidad mexicana o viceversa con excepción de la autopista 15 entre Nogales y Hermosillo, Sonora, solo durante el día", expone.

De nueva cuenta, autoridades electorales, procuradores y fiscales del país, candidatos presidenciales y ex consejeros cerraron filas contra la violencia y lanzaron un Basta Ya por la ola de crímenes contra candidatos registrada en el país.

Por separado, demandaron a las autoridades competentes poner fin a la impunidad tras las muertes de al menos 47 candidatos, ocurridas tan sólo en el actual proceso de campaña, así como generar un ambiente de seguridad de aquí a la jornada electoral.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el aumento de la violencia no se dio a partir del proceso electoral, sino que ya existía y no implica que los comicios estén "en riesgo de descarrilarse.

"La violencia no se detonó por el proceso electoral, ya estaba ahí y ese es uno de los grandes problemas nacionales que tendremos como sociedad que resolver [...], pero eso no ha implicado que las elecciones estén en riesgo de descarrilarse por la violencia, las elecciones van adelante", dijo en entrevista.

Hizo un llamado a las autoridades encargadas de la procuración de justicia para que establezcan condiciones propicias para que la jornada electoral se realice sin contratiempos.

"Es importante que las instancias de seguridad del Estado mexicano, con la que el INE ha mantenido colaboración cercana, estrecha y fluida, realicen todas las acciones de paz pública que sean indispensables para que la jornada del 1 de julio sea, como lo va a ser, un éxito", añadió.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, quien el pasado 21 de junio alertó de la gravedad de que el crimen esté imponiendo a los candidatos, reiteró su pronunciamiento en contra de toda forma de violencia.

"Reitero mi llamado a las autoridades competentes para que se investiguen y sancionen los actos de violencia, así como a que se garanticen la seguridad y una jornada electoral libre de violencia", escribió en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, afirmó que la violencia en las elecciones es una mala señal para la salud democrática de México.

En entrevista, el ahora consultor indicó que esta violencia ha llegado a su nivel más alto; es simplemente reflejo de un problema que lleva gestándose en México durante 20 o 30 años, dada la penetración del crimen organizado en la vida pública, en la vida democrática del país.

"No estoy diciendo tampoco que el proceso democrático en México está controlado por el crimen organizado, por supuesto que no, pero sí estoy diciendo que en algunas zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, donde generalmente son localidades rurales, el crimen organizado manda y esto se está viendo con mucha nitidez".

Consideró una fantasía o una irresponsabilidad pensar que la autoridad electoral pueda hacer algo: "¿Qué puede hacer? Lo que el INE tiene que hacer es administrar las casillas y punto".

Por separado, el también ex consejero electoral Mauricio Merino aseguró que la violencia política podría inhibir la participación ciudadana el próximo 1 de julio, por ello, destacó que el mejor antídoto contra quienes quieren imponerse a la soberanía popular es salir masivamente a votar.

"Es evidente que cuando hay criterios de inseguridad que pretenden modificar, las condiciones más favorables para salir a votar, la intención es inhibir (el sufragio), pero si la gente sale masivamente a votar contra eso no puede nadie, ni los más violentos".

Sin dejar de reconocer la situación de violencia que han enfrentado candidatos a cargos de elección popular, el también ex consejero electoral aseguró que la mejor salvaguarda que tiene la democracia es la voluntad del pueblo.

Los candidatos presidenciables también se expresaron sobre el tema. En Tamaulipas, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, pidió a la ciudadanía que a pesar de estos lamentables hechos, hay que salir a votar, y señaló que esto sucede por el "régimen corrupto" del PRI y PAN.

A su vez, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, hizo un llamado a todos los candidatos a "resistir con firmeza y bajo ninguna circunstancia doblarnos" ante las amenazas del crimen organizado.

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", coincidió en que la violencia política podría poner en riesgo el proceso electoral, en algunas zonas.