Escorts afrontan extorsión
María y Esmeralda son escorts extranjeras que trabajan en México y se inventaron nuevos nombres, diferentes a los que usan para ofrecer sus servicios, a fin de protegerse. Tienen miedo de que su identidad salga a luz por las amenazas que unos policías les hicieron: ser arrestadas o deportadas.
Afirman que no han sido extorsionadas por los sitios web donde se han anunciado, pero sí por el crimen organizado y autoridades policiales. Esmeralda es colombiana y radica en México desde hace cuatro años; publicaba sus servicios de compañía y giras por la República en el portal ZonaDivas.
La primera vez que llegó a Torreón, Coahuila, pudo atender a varios clientes. Después de unos meses decidió regresar, pero recibió una llamada en la habitación del hotel, en la que le dijeron que tenía que "pagar piso", de 100 a 200 dólares por día, si quería trabajar. Tomó sus maletas y se fue; "son ciudades que uno descarta por miedo y porque tienes que pagar", menciona.
"Estoy viva y estoy bien, pero desafortunadamente siempre está el susto o el nervio de que te encuentras a gente no muy buena en el camino. En lo que nosotras trabajamos, nos podemos topar con cualquier persona", indica.
Pese a los riesgos, la motivación para dejar su país fue la búsqueda de un mejor ingreso para ofrecerle un porvenir a su hija. Esmeralda es madre soltera y tiene residencia temporal en México, pero cada que puede viaja a Colombia para ver a su "princesa".
Esperan en la patrulla
Para las sexoservidoras el trabajo es difícil, pero las complicaciones aumentan cuando tienen que huir de quienes buscan sacar provecho de ellas. Esmeralda no sólo ha sido víctima de intento de extorsión por parte del crimen organizado, también de la policía.
La joven trabaja en las zonas de Patriotismo y de Revolución en la Ciudad de México y comenta que "los policías esperan en la patrulla afuera de los hoteles", para quitarles pertenencias o dinero. "Esperan a que una salga y te siguen, te quieren revisar y cuando te ven el dinero te lo quieren quitar. Te dicen que no puedes estar aquí, que te van a deportar por lo que estás haciendo; te quieren meter ese miedo y automáticamente a uno le entra el sustico… uno cuando está acá no debería de sentir ese miedo", añade.
Para su compañera María las cosas fueron diferentes, hace seis años llegó de Venezuela como "turista" cuando en realidad trabajaría en el servicio de acompañamiento. Ahora le falta uno para arreglar su situación migratoria. "Nunca me engañaron o me mintieron, yo sabía exactamente a qué venía. Quería un camino diferente a lo que se estaba viviendo en mi país. La crisis fue lo único que me obligó", comenta.
La joven buscó difundirse en ZonaDivas; una tarde, un supuesto cliente le llamó y le pidió que llevara cuatro amigas para una fiesta. "Contacté a varias para decirles que íbamos a dar un servicio", recuerda. Al llegar al lugar donde las habían citado, las mujeres abordaron unos vehículos pero nunca llegaron a la fiesta, pues las mantuvieron secuestradas por varias horas.
"Eran policías de la PGR, me dijeron cosas sobre la trata de blancas, pero yo no tenía nada que ver con eso. Cuando me detuvieron no tenía la residencia y amenazaron con deportarme (...) no nos iban a meter presas o algo así, lo único que querían era sacarnos dinero", añade.
Tras el interrogatorio y la intimidación, los policías le dijeron a María "que tenía que haber una manera de llegar a un acuerdo"; uno de los agentes les preguntó "de cuánto era el servicio y cosas fuera de lugar". Después de que les dieron dinero las dejaron marcharse.
En noviembre de 2017 hubo un operativo en el hotel Gran Vía de Toluca, Estado de México, donde supuestamente fueron rescatadas 24 extranjeras, 14 colombianas y diez venezolanas, además de que fueron detenidos el gerente y la recepcionista, acusados de pertenecer a una red internacional de trata con fines de explotación sexual.
Una de las venezolanas era amiga cercana de María. Le contó por audio en Whatsapp que le ofrecieron la residencia permanente si daba dinero, afirmaba ser víctima de trata y declaraba en contra de un portal.
Parte del arreglo se basaba en el Artículo 75 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que establece que las autoridades deben proporcionar asistencia, independientemente de la situación migratoria, además de tomar medidas que permitan a las víctimas extranjeras "permanecer en territorio nacional hasta su total recuperación u obtener residencia permanente", si así lo solicitan.
"Algunas dicen que son víctimas para que no las deporten o para que les entreguen sus papeles, nadie quiere regresar a su país porque no hay qué comer", cuenta otra escort venezolana.
A mediados de abril se llevó a cabo otro operativo en la delegación Benito Juárez, que concluyó en la "liberación" de 17 mujeres, diez venezolanas, siete colombianas y una paraguaya, además de que se detuvo a Evelyn N, representante legal de ZonaDivas, cuya labor era "firmar las cuestiones legales y no tenía decisión de lo que pasaba en la parte operativa. Sólo era una administrativa externa" aseguran fuentes cercanas a ella.
María y Esmeralda no recuerdan haber conocido a Evelyn, debido a que hace mucho tiempo firmaron el contrato; tampoco conocen a las rescatadas, pero María sí ubica el lugar donde ocurrieron las detenciones.
"Todas llegamos a vivir en esos sitios, es simplemente una suite donde llegas, rentas y como no te piden aval y esas cosas, pues se te hace más accesible vivir ahí. Un apartamento tiene dos habitaciones y a veces viven varias chicas juntas para ahorrar renta. Hace unos años, cuando vivía ahí, pagaba 2 mil 500 pesos semanales y llegué a vivir con tres personas más para compartimos los gastos", explica.
Un juez determinó que Evelyn continuaría proceso en libertad, mientras que giró orden de captura para el dueño del portal, Ignacio Santoyo, alias "Sony". Se les quiere juzgar por lo estipulado en el Artículo 33 de la ley contra la trata y se les acusa de facilitar por medios electrónicos la comisión del delito. Podrían recibir de cinco a 15 años de cárcel y de mil a 20 mil días de multa.