Santa María Rosales y Guadalupe Pérez comparten una misma historia: son mujeres centroamericanas que huyeron de sus países de origen y buscaron en el sur de México una vida mejor que nunca llegó al ser injustamente encarceladas durante años, acusadas de trata de personas.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) ha documentado en un extenso informe seis casos de criminalización de mujeres migrantes en la frontera sur de México, que fueron acusadas de delitos que no cometieron y cuyos derechos procesales fueron vulnerados.

En la madrugada del 19 de junio de 2013, un grupo de policías irrumpió en el hogar de Santa, hondureña residente en un pueblo del suroriental estado mexicano de Chiapas, y se la llevaron por la fuerza y en ropa interior hasta la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala.

Allí supo que estaba acusada de trata de personas. Fue torturada hasta que firmó una hoja en blanco que luego sería usada como falsa confesión.

"Los policías me torturaron, me quemaron cigarros en la piel para que firmara papales en blanco, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza...", cuenta Santa a Efe con el rostro desencajado.

Esa misma noche, Santa fue encerrada afrontando una pena de cinco años y no salió de prisión hasta dos años después, tras forzar la revisión de su caso mediante una huelga de hambre de dos semanas.

Santa relata que la acusación que sufrió era "una burla" por la que pasaron muchas otras migrantes: "en la cárcel, las mujeres acusadas eran puramente extranjeras; cuando entraba una mexicana salía a los tres días".

"Cuando me detuvieron, escuché a un judicial decir que por cada cabeza extranjera que entregaba le daban 35.000 pesos (1.700 dólares)", deplora.

Guadalupe Pérez, indígena guatemalteca de parla mam, no comprendió que estaba acusada de trata de personas y corrupción de menores hasta que una traductora viajó desde Guatemala hasta su prisión para contárselo.

A pesar de llevar 20 años buscándose la vida en Chiapas, Guadalupe no comprendía muy bien el español cuando fue detenida en el bar en el que trabajaba y ninguno de los policías trató de explicarle los motivos de su detención.

"Violaron mi derecho de ver a mis hijos de 11 y 14 años", asegura a Efe Guadalupe, quien estuvo encerrada dos años y ocho meses, tiempo durante el que jamás conoció a su abogado de oficio.

Guadalupe cuenta que las condiciones en el penal eran paupérrimas, con escasez de comida y de atención sanitaria: "A una señora que le dolía mucho la cabeza le dijeron que se lavara la cabeza y murió poco después", recuerda afligida.

Está convencida de que el hecho de ser mujer fue una de las principales condiciones por las que fue acusada de delitos que jamás cometió, dado que cuando los policías entraron en su bar, dejaron irse a todos los hombres presentes y retuvieron a las mujeres.

"Si uno no se defiende le agarran como a perritos; a perro bravo no lo agarran", explica Guadalupe, consciente de que al ser migrante era un objetivo fácil para los acusadores.

Luis Tapia, abogado del Centro Prodh, explica a Efe la forma de operar de las autoridades en los casos de estas mujeres: "Las detienen, las acusan de este grave delito y un tiempo después las liberan y quedan bien con las cifras. Así pueden decir que han conseguido 60 condenas en un año".

"El aumento de la criminalidad en México hace que las personas vulnerables, es decir mujeres y migrantes, caigan más dentro del sistema de justicia mexicano", relata.

Tras la liberación, sus vidas no han mejorado. Ni Santa ni Guadalupe no han podido encontrar trabajo, dado que sus antecedentes penales están manchados por condenas de delitos que no cometieron.

Además, Santa debe hacerse cargo ahora de la vida de su nieta, que nació fruto de una violación que sufrió su hija de 13 años durante los dos años que vivió en la calle mientras Santa estaba en prisión.

"Mi hija me recrimina que si no hubiéramos venido a México, no habría sufrido lo que sufrió. Yo no tuve la culpa, nunca pensé que iba a pasar esto", explica rota.

Uno de los hijos de Guadalupe, también adolescente, está ingresado en un centro de rehabilitación porque cayó en el alcoholismo.

"Los seres humanos tenemos todos la misma sangre. Dios no hizo barreras pero lo que hace el Gobierno es dividir a las personas si son guatemaltecas, hondureñas... Las personas salen a buscar el bien para sus familias, no salen a buscar robos", reivindica Guadalupe.

Debido a que el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, cerca de 20 migrantes provocaron un incendio en el interior del albergue del Instituto Nacional de Migración (Inami), que se encuentra en el fraccionamiento Residencial La Esmeralda; las autoridades revisan los videos para determinar el grado de responsabilidad.

La mayoría de centroamericanos, prendieron fuego a colchones y sabanas, por lo que 51 refugiados tuvieron que ser desalojados y los presuntos responsables fueron turnados a la autoridad federal.

Ante ello, el Instituto Nacional de Migración que varios de los migrantes cuentan con antecedentes delictivos, por lo que posiblemente sean retornados a su país de origen.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lamentan que con la llegada a la frontera de miles de familias con sus hijos pequeños han pasado de detener indocumentados y criminales e incautar droga a cuidar niños, una tarea para la que no se alistaron ni están preparados.

Numerosas estaciones de la Patrulla Fronteriza se han visto inundadas de niños, muchos de ellos bebés, madres y padres, unidades familiares que alteran la labor diaria de unos uniformados que quieren ser más agentes del orden y menos niñeras o trabajadores sociales que atienden a esta crisis humanitaria.

"Muchas cosas cambiaron en los últimos meses, ahora estamos inundados de casos de familias y niños solos. Algunas estaciones están a su máxima capacidad y nosotros tenemos que asegurarnos que se encuentren en buen estado de salud y procesarlos", dice un agente fronterizo que prefirió no ser identificado.

Este agente de la estación de Ajo (Arizona), que cuenta con siete años de servicio en la agencia federal, explicó que cuentan con la ayuda de paramédicos y técnicos de emergencia para garantizar la salud de los detenidos en una situación que, reconoce, es algo para lo que no estaban "preparados".

Y es que el paradigma de la inmigración ha cambiado. Si antes la principal misión de los agentes era buscar y capturar a inmigrantes solos, la mayoría hombres, y algunos con antecedentes criminales, e incautar droga, ahora es recoger y atender a miles de familias que se entregan nada más cruzar la frontera para pedir asilo.

Precisamente, este sábado agentes de la estación de Ajo detuvieron a 216 personas que viajaban en grupos familiares cerca de Quitobaquito Springs, al oeste de Lukeville, Arizona. El grupo estaba formado por 99 adultos y 117 niños, 20 de ellos no acompañados.

Más de 76.000 migrantes cruzaron irregularmente la frontera de Estados Unidos con México en febrero pasado, doblando el registro del mismo mes de 2018, en el dato mensual más elevado en los últimos 12 años. De ellos, 40.325 fueron familias y 7.249 eran menores no acompañados.

El agente dice que mientras ellos se ocupan del bienestar de los niños, los traficantes se aprovechan para cruzar la droga por otros puntos.

"Estamos viendo que cada vez dejan a los grupos más al oeste, obligándonos a mover más agentes, camionetas para transportarlos, utilizar mucha más logística mientras ellos (los traficantes) posiblemente están cruzando droga por otro lado", considera.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en el sector de San Diego publicó este mes un video en el que se ve a supuestos traficantes de personas pasando a EE.UU. a niños a través de la valla divisoria mientras que por otro lado una decena de personas cruzaban sin poder ser detenidos por unos agentes que habían ido a atender a los menores.

Ante la imparable llegada de centroamericanos, la Administración del presidente Donald Trump afirmó que regresarían a la polémica política que tanto habían criticado en el pasado de detener y liberar a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

Desde el martes pasado algunas familias fueron liberadas en el Valle de Río Grande, en Texas, en lugar de ser entregadas a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para una detención potencialmente más prolongada, dijeron funcionarios del gobierno sobre una política muy criticada por los agentes fronterizos.

En una entrevista reciente con Efe, el vicepresidente del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza, Art Del Cueto, aseguró que mientras no haya "consecuencias" para el cruce irregular esta llegada masiva no se detendrá.

En opinión de Del Cueto, "catch and release" es uno de los principales impulsores de la inmigración indocumentada.

Eso es lo que los agentes quieren hacer, salir a detener a los indocumentados que cruzan de manera ilegal la frontera y no esa "política sin sentido", tal como definió Del Cueto en una audiencia en el Congreso federal.

Carla Provost, máxima responsable de la Patrulla Fronteriza, testificó ante el Congreso que el cruce masivo de familias y menores no acompañados dejan a los agentes menos tiempo para llevar a cabo su misión principal de garantizar la "seguridad fronteriza".

"Estamos comprometidos a atender esta necesidad humanitaria, pero sabemos que cuando los agentes están ocupados, narcotraficantes, criminales, miembros de pandillas entre otros aprovechan la oportunidad para violar nuestras fronteras", dijo.

Todos ellos se alinean con las políticas de Trump para dificultar la inmigración indocumentada, ya sea con la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México como las nuevas políticas a la hora de pedir asilo.

El Gobierno quiere que los pedidos de asilo se hagan solo en los puestos fronterizos y que, en lugar de permitir a los inmigrantes permanecer en el país mientras se resuelva su caso, estos aguarden en México, en una nueva política que ya ha llegado a los tribunales. 

Elementos del Grupo Beta, del Instituto Nacional de Migración (INM), rescataron a 21 migrantes mexicanos.

Las 21 personas: 20 adultos y un menor, fueron localizados en el kilómetro 78 de la carretera federal 2 Nuevo Laredo-Piedras Negras.

De acuerdo con el INM, estos mexicanos fueron abandonados por el guía y desde hace siete días se encontraban perdidos en la zona.

El estado de salud de los 21 hombres es estable, pero fueron trasladados a las oficinas del Grupo Beta para brindarles asistencia de tipo social.

El rescate, indicó el Instituto, se logró gracias a la llamada telefónica que realizó uno de los migrantes a las oficinas del Grupo solicitando auxilio.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que ya se tienen indicios concretos del paradero de algunos de los 22 migrantes de origen centroamericano que habrían sido bajados de un autobús mientras transitaban por la carretera San Fernando-Reynosa, en Tamaulipas.

Además de estas personas, "se han ido encontrando otros que estaban prácticamente en algunos domicilios en la idea de cruzarlos al otro lado", dijo.

En entrevista, insistió en que resultado de operativos de búsqueda de personas "sí ha habido encuentros" y a diferencia de lo que sucedió en San Fernando --en que fueron hallados en fosas clandestinas los restos de 72 personas— esta "es una situación distinta porque es gente que está con compromisos con grupos que están haciendo tráfico de personas".

Encinas fue entrevistado en el Monumento a la Revolución, a donde acudió a montar una guardia de honor en ocasión del 81 aniversario de la Expropiación Petrolera.

El funcionario informó que esta semana se instalará el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y están convocados gobernadores, fiscales y representantes de comisiones estatales de búsqueda.

Para llegar de Cuba a Estados Unidos, Wilder, de 27 años, gastó 7 mil dólares, recorrió 10 países y vio morir a 10 de sus compañeros. Su viaje aún no termina, ahora se encuentra en Reynosa, Tamaulipas, en espera de cruzar los últimos metros para solicitar asilo.

Está consciente de los riesgos: "Sabemos que aquí secuestran y que les piden dinero a las familias, pero en Cuba te mueres de hambre. Prefiero que me maten aquí".

EL UNIVERSAL publicó ayer que por lo menos un grupo de 13 cubanos está secuestrado en Reynosa. Familiares afirman que fueron entregados al crimen organizado.

En su recorrido, Wilder cuenta que en todos los países les robaron. "Todos quieren el dinero, unos te lo quitan dándote un servicio, otros a punta de pistola".

Eso pasa también en la frontera sur, donde otros cubanos contaron a EL UNIVERSAL que "abogados" o "tramitadores" pueden estar coludidos con personal del Instituto Nacional de Migración para burocratizar la entrega del salvoconducto y obligarlos a contratar sus servicios.

Dicen que les piden de 300 a 900 dólares para obtener el documento de salida de México en dos o cinco días, cuando el trámite es gratuito pero tarda 20 días.