El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede apoyar a que el trabajo sexual sea reconocido en México como una actividad autónoma, aseguró hoy la antropóloga y activista mexicana Marta Lamas.

Actualmente, esta actividad es reconocida como un trabajo "no asalariado" en la Ciudad de México, lo cual puede ampliarse al resto del país con el nuevo gobierno que comenzará el 1 de diciembre, señaló la activista.

Durante el XXI encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual del colectivo Brigada Callejera, Lamas destacó como buena señal para este reconocimiento la resolución judicial que reconoció en 2014 a la prostitución como trabajo no asalariado en Ciudad de México.

Este reconocimiento legal como "no asalariado" supone que las autoridades locales del trabajo entreguen credenciales de identificación de las trabajadoras sexuales.

"La jueza que tomó esta resolución es hija de Olga Sánchez Cordero -la próxima titular de la Secretaría de Gobernación y exministra de la Suprema Corte- y eso abre una expectativa de que en los demás estados de la República se pueda hacer", explicó Lamas.

La activista expreso su confianza de que el próximo titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de Ciudad de México, comience la entrega de credenciales para la identificación de las trabajadoras sexuales, que no se ha cumplido hasta el momento.

Tania Turner, activista del colectivo Semillas, denunció la persecución y criminizalización que padecen las trabajadoras sexuales en todo el mundo así como de los consumidores de estos servicios.

Según datos del colectivo Brigada Callejera en México existen unas 800.000 personas dedicadas al trabajo sexual, de las que unas 200.000 son menores de edad.

En el encuentro se definieron acciones de defensa legal de estas trabajadoras y de los derechos conquistados en Ciudad de México. 

En Yucatán, el trabajo sexual no está tipificado como delito, pero en los municipios se alude a la autonomía municipal para ejercer bandos, leyes o reglamentos de policía e incluso 'de buenas costumbres'. 

Al respecto, por unanimidad de votos, y al resolver el recurso de revisión 216/2020, el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, confirmó, mediante resolución la sentencia de amparo dictada el día 29 de octubre de 2020 por la jueza Tercero de Distrito en el estado de Yucatán, correspondiente al juicio de amparo 727/2020 en la que determinó que el artículo 15, fracción VI del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de la Ciudad de Mérida que sanciona el trabajo sexual en la vía pública, emitido por el Ayuntamiento de esta ciudad, era contrario a los artículos 1 y 5 de la Constitución Federal que establecen el derecho a la no discriminación y al trabajo, respectivamente. 

El amparo en cuestión fue presentado por 16 trabajadoras sexuales del centro de la ciudad de Mérida frente a los constantes operativos cometidos en su contra por la Policía Municipal de esta ciudad y que derivaron en violaciones a sus derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura; operativos sustentados en el citado artículo 15 fracción VI del Reglamento de Policía y buen gobierno del municipio de Mérida que sanciona el trabajo sexual en las calles. 

En su momento, la jueza Tercero de Distrito, al otorgar el amparo a las trabajadoras sexuales, consideró que la fracción VI del artículo 15 del citado Reglamento, al sancionar el trabajo sexual en las calles generaba discriminación en contra de las personas que se dedican a esta labor, violando con ello el derecho a la igualdad de trabajo protegido por el artículo 5 constitucional, razón por la cual, el citado reglamento era inconstitucional y ordenando al Ayuntamiento, al presidente municipal, al secretario de gobierno municipal y al director de la Policía de Mérida, que no apliquen la fracción VI del artículo 15 del citado Reglamento municipal a las trabajadoras sexuales, con lo cual éstas podrán realizar su labor sin ningún tipo de restricción por parte de las autoridades municipales. 

Frente a esta resolución, las autoridades del Municipio, Ayuntamiento, presidente municipal, secretario y director de la Policía Municipal presentaron recursos de revisión, impugnando lo señalado por la jueza. 

Dichos recursos fueron radicados en el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, cuyos magistrados, al resolver las impugnaciones determinaron confirmar los criterios argumentados por la Jueza para declarar inconstitucional la sanción del trabajo sexual en la vía pública. 

Los magistrados, en su resolución confirmatoria reiteraron que la fracción VI del artículo 15 del Reglamento municipal, “es una norma estigmatizadora, porque proyecta un mensaje discriminatorio contra cierta categoría de sujetos, en la especie, las personas que se dedican de manera voluntaria a prestar servicios sexuales que la norma impugnada califica como "ataque a la dignidad de las personas", cuando se ejerza o promueva el trabajo sexual en la vía pública, de tal forma que las personas que se dedican a ese trabajo u oficio, resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma” 

En esa misma línea, señalaron que el artículo 15, fracción VI, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Mérida, al contener la prohibición o limitación como lo refieren las autoridades recurrentes, para ejercer o promover el trabajo sexual en la vía pública, transgrede en perjuicio de las quejosas su derecho fundamental de libertad de trabajo, que contempla el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se les prohíbe ejercer el trabajo sexual en la vía pública, que de manera libre y voluntaria al ser personas mayores de edad y plenamente conscientes de ello, han escogido o aceptado, con el fin de ganarse la vida. 

Lo que, por otra parte, también conforma una norma estigmatizadora, porque proyecta un mensaje discriminatorio contra cierta categoría de sujetos, esto es, las personas que se dedican de manera voluntaria a prestar servicios sexuales, puesto que la norma impugnada, al calificar como ataque a la dignidad de las personas, el que se ejerza o promueva el trabajo sexual en la vía púbica, conlleva a que las personas que se dedican a ese trabajo u oficio, resientan una afectación generada por la parte valorativa de la norma dado dicho mensaje estigmatizador.

Esta resolución, además de obligar a las autoridades municipales a desaplicar y excluir de la norma la fracción VI del artículo 15 del Reglamento en beneficio de las trabajadoras que presentaron el amparo, abre el camino para que otras trabajadoras y trabajadores sexuales puedan impugnarlo para garantizar su derecho al trabajo. Pero sobre todo, visibiliza la ausencia de políticas públicas por parte del municipio para abordar el tema del trabajo sexual desde una perspectiva de derechos humanos y en donde en el centro del debate se ponga la dignidad de quienes por diversos motivos, generalmente de índole económico, se tienen que dedicar a esta labor. 

En esa lógica, resalta la ausencia de propuestas que sobre el tema del trabajo sexual ha existido por parte de las candidatas y candidatos a la presidencia municipal de Mérida. Esta omisión resulta preocupante y, a la luz de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado, pareciera evidenciar el nulo interés de las y los aspirantes por trabajar para y con los grupos sociales en mayor situación de discriminación y exclusión en la ciudad de Mérida. 

El grupo de trabajadoras sexuales está apoyada por las ONG's Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal AC (UNASSE).

Eran esposos y luchaban juntos, pero tras el Covid él no sobrevivió

La cifra de contagios y muertos por el Covid-19 ha tomado significado en el día a día de Elvira Madrid Romero: “Yo estaba ahí y también mi esposo Jaime, su muerte no es un número más. A diario me hablan para decirme que ya murió o que se contagió una trabajadora sexual. Lo mismo que se llevó a Jaime se está llevando a las compañeras”, señala.

Jaime Alberto Montejo Bohorquez y su esposa Elvira fueron afectados por el virus en abril. Una vez que enfermaron no recibieron la atención médica oportuna, lo que llevó al deceso del activista y compañero de Elvira.

Elvira y Jaime iniciaron una investigación en la zona de la Merced sobre trabajo sexual: “Veíamos que había mucha injusticia; las camionetas de la policía se llevaban a las trabajadoras sexuales, subían a las que no pagaban la extorsión. Pedían cierta cantidad y las que no accedían eran golpeadas o violadas. Había padrotes y madrotas que las mismas autoridades escogían para que los representarán. Nosotros nos quedamos y empezamos a hacer trabajo sobre derechos humanos”, narra Elvira.

Hace 30 años, el virus de VIH afectó a una parte de las trabajadoras sexuales y en los inicios de la organización se percataron que la información en la calle era nula, igual que la atención, por ello hicieron programas educativos y de defensa de derechos, “así inició nuestra lucha”, dice Elvira.

Con el tiempo, la Brigada Callejera, encabezada por Jaime y Elvira, creó un proyecto de prevención de trata de personas en 27 estados, además de interponer denuncias contra explotadores y tratantes de personas. Desde sus inicios al frente de la organización defendieron el trabajo sexual.

Actualmente, la organización ofrece servicios para la salud, hay un consultorio donde se hacen pruebas de enfermedades de transmisión sexual, papanicolau, colposcopia, ultrasonidos pélvico y mamario, además se ofrecen consultas sicológica, dental y general para las pacientes.

Las amenazas que padecieron Elvira y Jaime por su trabajo fueron parte de sus días. Sobrevivieron a las agresiones que sufrieron y eso no los hizo desistir de apoyar a las sexoservidoras.

“La vez que nos quisieron asesinar fue porque denunciamos a un padrote muy pesado. Esa ocasión yo estaba tirada en el piso y no me meneaba por tantos golpes, así que siguieron con Jaime. A él y a otro compañero se los llevaron y cuando me pude levantar fui a poner la denuncia. Estuvieron desaparecidos dos horas y media y a los cinco minutos me dicen: “Perdón, hubo un error”.

La pareja fue a la Comisión de los Derechos Humanos: “Me dijeron, ya no se dediquen a eso, los van a matar. Me dio tanto coraje por la impotencia, que me salí y Jaime y yo seguimos haciendo nuestro trabajo”, destacó.

Cuando Jaime y Elvira enfermaron, llamaron a hospitales privados que atendían Covid-19: “Nos dijeron que no tenían espacio y los que tenían lista de espera pedían mucho dinero”, dijo el sobrino de Jaime, Daniel Soto.Ante la situación, Elvira llamó a familiares y amigos para avisar del estado de salud de Jaime. La pareja y su sobrino decidieron guiarse por la información oficial publicada en internet. Salieron en vehículo para buscar la atención que necesitaban. Visitaron seis hospitales sin encontrar lugar.

Conforme pasaba el tiempo la condición de Jaime no mostraba mejoría. Tenía una oxigenación de 60%. En el Hospital General de México le brindaron oxígeno pero tenía que esperar por disponibilidad de cama y fue en la madrugada que pudieron trasladarlo a la número 34. Dos días después le hicieron la prueba, el resultado: neumonía aguda por Covid.

Estuvo una semana con oxigenación que aumentaba de 80% a 86%, pero no subía. Al no ser tan delicada la salud de Elvira, ella pudo tener un tratamiento en su casa. El 5 de mayo a las 3:45 de la madrugada le llamaron para avisarle que su esposo falleció. Ella no pudo salir por la enfermedad y fueron amistades cercanas y la hija de Jaime los que fueron a reclamar el cuerpo del activista.

Elvira entendió que no podía estar en el entierro.

Imagen de archivo.

Trabajadoras sexuales y transexuales, se manifestaron para solicitar al gobierno municipal que les brinde apoyo ante la pandemia de Covid-19 que las dejó sin una fuente de ingresos, así como evitar el presunto hostigamiento por parte de policías municipales.

En exigencia al respeto de sus derechos, encabezaron una marcha por las principales calles de la ciudad, para dirigirse hasta el palacio municipal donde externaron que se han vulnerado sus derechos.

“Queremos decirle que desde hace años encabezamos una lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, para evitar violaciones a sus derechos humanos contra la violencia y acoso por parte de la policía”, dijo.

Las prostitutas, señalaron que hay restricciones dejándolas sin trabajo, con el cierre de bares, restaurantes y moteles, obligándolas a la indigencia en algunos casos, donde es más probable que puedan contagiarse de Covid.

Asimismo, aseguraron han sufrido hostigamiento por parte de policías municipales, quienes han impedido puedan trabajar durante este periodo de confinamiento.

“Respetamos las medidas, pero, si no tenemos ingresos y apoyos, cómo nos alimentaremos. Por eso, pedimos que seamos consideradas en los programas de apoyo y que se revisen las fuentes de empleo, con las medidas de seguridad e higiene”, señalaron.

Querido diario: Anoche tuve un sueño de lo más cachondo, donde estaba con una amiga. Delgadita, de ojos grandes y pestañas muy tupidas, piel blanca y cabello negro hasta la mitad de su espalda. Una chica dulce y divertida. Apenas habremos conversado, pero logró meterse en mi cabeza y colarse en mis sueños. Así trabaja el subconsciente, de formas inesperadas.

En mi sueño, ella se me acercaba y, sin decir nada, comenzaba a tocar mi abdomen y a besarme de una manera agresiva. Sus manos eran suaves, pero su boca era atrevida, me daba besos de esos que despiertan toda la lujuria del mundo. Entonces comenzó a desnudarme. Yo la veía a los ojos, el verdor en ellos había despertado y destellaba como una luz encendida.

Me aventó sobre la cama, cubierta sólo por una sábana y tomó un par de cuerdas negras del tocador. Me tomó de los tobillos y empujó hacia arriba hasta que mis rodillas tocaran mi pecho, entonces me exigió que agarrara mis pies con las manos y comenzó a atar mis muñecas a los tobillos. Sentía, en mi sueño, la fuerza de las ataduras, el rigor del nudo, mis rodillas flexionadas, mis muslos al aire.

Entonces ella se acomodó entre mis piernas, puso una mano en cada una de mis nalgas y las separó para abrir aún más mi sexo, entonces comenzó a lamerme. Su lengua paseaba por mis labios vaginales con perfecta armonía, como si supiera lo que me gusta (y, claro, lo sabía, era mi subconsciente el que me estaba poniendo esa cogida). Poco a poco sentí como si su lengua creciera y se metiera por entre los pliegues de mi sexo y me fornicara con ella. De pronto, sabía que ya no era una lengua y yo ya no estaba atada, sin embargo, ella me cogía con un dildo enorme que clavaba en mi sexo mientras me besaba los labios. Estaba disfrutándolo infinitamente, el orgasmo se cocinaba en mi vientre y estaba a punto de una explosión de placer, cuando sonó el despertador.

¡Carajo! Me desperté a regañadientes. Tenía asuntos personales que atender y ni tiempo había para acabar a mano lo que en el sueño no había concluido. Me choca dejar las cosas a medias, especialmente mis orgasmos. Me bañé, me arreglé y salí al mundo a atender mis asuntos, deseando que pronto, muy pronto, llamara algún cliente que me sacara las ganas que mi sueño de había dejado.

A media mañana llamó Ignacio, un cliente norteño. Me gusta cuando me llama porque es muy amable y cariñoso, aunque lo que yo quería ahora era coger duro. Apenas llegué a su habitación, me le colgué a los labios. Un beso de lo más cachondo. Puse mis manos en su pecho y comencé a desnudarlo sin mediar palabras.

—¡Cógeme!— Le dije, entre la exigencia y la súplica. Tomé su miembro y empecé a jalarlo, sintiéndolo crecer. Hice que se acostara boca arriba, le vestí el condón y me trepé en él, cuando el orgasmo llegó grité fuerte. Gozosa. Entonces abracé a Ignacio y le di un beso.

Al revisar el teléfono móvil de su pareja, una mujer descubrió que él forzaba a su hija menor a sostener encuentros sexuales, hechos que documentó con fotos y videos, esto en Playa del Carmen, Quintana Roo. David ‘N’ de 28 años de edad fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, por su presunta responsabilidad en actos de violación en contra de la menor de ocho años de edad. De acuerdo con medios locales, la semana pasada fue puesto bajo arresto debido a que fue señalado como participante de actos de vandalismo en medio de las protestas contra el denominado 'gasolinazo', sin embargo, fue liberado el viernes al deslindarse su responsabilidad. No obstante, tras acreditarse los elementos presentados por su mujer, fue puesto nuevamente a disposición de las autoridades del Ministerio Público. Por su parte, el Juez de Control determinó la liberación de una orden de aprehensión en su contra, en esta ocasión por el delito de violación. En tanto se define su situación legal, David ‘N’ quedó bajo arresto en el Centro de reclusión municipal de Playa del Carmen.