Un juez federal absolvió a Sidronio "N", identificado como presunto líder de "Guerreros Unidos", del delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército porque sus declaraciones fueron obtenidas mediante tortura. A pesar de la absolución, no quedará libre porque aún tiene pendiente otro proceso penal por delincuencia organizada.

El juez Segundo de Distrito de procesos Penales Federales en el Estado de México consideró que la detención de Sidronio "N" fue ilegal y que los primeros interrogatorios en los que describió los hechos que culminaron con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no tienen valor probatorio porque es posible que la Procuraduría General de la República los obtuvo con tortura.

"Se absuelve a Sidronio 'N' o Santiago 'N', del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea", dictó el juez.

Esta no es la primera vez que en el Caso Iguala una autoridad considera que existió tortura para obtener las confesiones de los imputados. El pasado 4 de junio el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito ordenó reponer el procedimiento a 4 imputados más debido a que existen indicios de que fueron torturados.

Por ello, requirió al juez Primero de Procesos Penales Federales en Tamaulipas que deje insubsistente todo lo actuado en la causa penal desde la emisión de la declaración de los quejosos hasta que la PGR realice un dictamen pericial independiente con base en el "Protocolo de Estambul" para saber si efectivamente hubo tortura.

Los magistrados también ordenaron iniciar investigaciones contra las autoridades de los tres órdenes de gobierno que pudieron participar en las detenciones extrajudiciales, tortura y alteración de evidencias en el Caso Iguala.

La sentencia del Colegiado ha sido motivo de diversos debates porque ordenó, por primera vez, la creación de una Comisión de la Verdad para investigar qué pasó con los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, pues los magistrados consideraron que en México no existe una fiscalía independiente que garantice que la investigación se realizará con el único objetivo de esclarecer los hechos.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, se manifestó en contra de la decisión del juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por absolver al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el secuestro y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.

“Quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hoy absolvió a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”, escribió Encinas a través de su cuenta de Twitter.

El titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR), tiene elementos suficientes para apelar este “desafortunado acto de impunidad”.

“Espero que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprehensión contra los responsables de la desaparición de los jóvenes, como lo señalamos en el informe de Ayotzinapa”, puntualizó el subsecretario.

Hoy por la mañana, fuentes judiciales confirmaron al diario ¨El Sol de México¨ que el juez del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinó que no existen evidencias de la plena responsabilidad de José Luis Abarca en el crimen contra los jóvenes.

La absolución se da, además, a menos de un mes de que el gobierno federal presentó un informe sobre los avances en el caso Ayotzinapa donde el subsecretario de Gobernación señaló directamente que el exedil −identificado con la clave “A1”− habría sido quien dio la orden de desaparecerlos.

Tras la presentación de ese informe, también fue detenido y recluido en el Reclusorio Norte el exprocurador General de la República y artífice de la “verdad histórica”, Jesús Murillo Karam, por los cargos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Se giraron 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares, personal de tropa de la Secretaría de Defensa Nacional; policías municipales y estatales; autoridades administrativas y judiciales; y presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.

No obstante, ante la falta de noticias sobre la ejecución de las órdenes de aprehensión, ayer jóvenes encapuchados protestaron en las instalaciones de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, donde hicieron pintas, arrojaron piedras y empujaron un vehículo de carga contra el portón de las instalaciones.

Al respecto, en el mismo mensaje que criticó el actuar del juez tamaulipeco, Encinas manifestó su confianza en que la FGR ejecute las órdenes de aprehensión “de inmediato”.

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Normalistas y elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron en la caseta de Palo Blanco, sobre la Autopista del Sol, en Guerrero. 

Más de 250 efectivos de la policía antimotines de Guerrero y de la Guardia Nacional fueron desplegado en la caseta de La Venta, ante la llegada de normalistas al puerto de Acapulco. 

Durante la confrontación se detonó una gran cantidad de petardos, bombas molotov y gases lacrimógenos, dejando un saldo de al menos cuatro policías estatales y un civil lesionados.

Los normalistas rurales arrancaron un tráiler, sin conductor, para direccionarlo a los policías, lo que rompió la formación de los cuerpos de seguridad y terminó estrellándose en la caseta de peaje, sin que alcanzará a lesionar a nadie. 

Los estudiantes estuvieron frente a frente con personal de la Guardia Nacional de la policía del Estado durante más de 50 minutos, ya que lograron llegar hasta los módulos de peaje, pero fueron encapsulados por el personal de la Guardia Nacional y de la policía estatal. 

La tensión inicial prevaleció en la retirada, los normalistas rurales se disponían acomodar los autobuses para salir con destino al municipio de Tixtla, de donde llegaron. 

Entonces se registraron los primeros enfrentamientos; hubo golpes y después arrojaron piedras, petardos y gases lacrimógenos. La confrontación se prolongó durante más de media hora y las 13:30 horas subieron a sus camiones y se retiraron del lugar. 

Un segundo enfrentamiento se generó en la entrada sur de Chilpancingo, en el punto conocido como El Parador del Marqués, donde también había personal de la Guardia Nacional resguardando la vialidad. 

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La marcha por los siete años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa comenzó su jornada con más de 500 manifestantes encabezados por los padres de los 43 estudiantes.

El contingente salió del Ángel de la Independencia aproximadamente a las 16:20 y se dirige por Avenida Paseo de la Reforma al Zócalo capitalino.

Durante la marcha, los normalistas, familiares de los estudiantes desaparecidos y simpatizantes de las víctimas realizaron el tradicional conteo de los 43 que permanecen desaparecidos.

“¡Enrique, Enrique, Enrique, culero, culero culero!”, gritan en referencia al ex presidente Enrique Peña Nieto.

"¡26 de septiembre, no se olvida, es de lucha combativa!”.

El contingente es acompañado por integrantes del Frente Popular Francisco Villa, quienes portan banderas, pancartas y machetes en exigencia de la aparición con vida de los estudiantes.

“No has muerto, no has muerto, no has muerto camarada, tu muerte será vengada”, canta un contingente formado sólo de mujeres.

Llega contingente al antimonumento

La marcha, encabezada por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se reunió en el antimonumento ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Juárez, donde realizarán el pase de lista para recordar que sus hijos continúan desaparecidos.

Los padres de los normalistas se colocaron al pie del Antimonumento con las fotos de sus hijos desaparecidos desde hace siete años y recordaron que no sólo faltan ellos, sino que permanecen más de 90 mil personas ausentes, según cifras oficiales.

Indicaron que pese a que los padres de tres de los normalistas ya fallecieron, ellos continuarán exigiendo justicia y la aparición de sus hijos.

El pasado viernes los papás de los 43 normalistas se reunieron en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le reclamaron que de los informes realizados por las autoridades, no ven avances reales, pues los jóvenes siguen desaparecidos.

En la reunión, los padres de los normalistas señalaron que para ellos es posible que la falta de avances se debe a que el Ejército no coopera con información y que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene enquistados a funcionarios del sexenio pasado.

La FGR ha informado que las últimas diligencias de búsqueda fueron realizadas la semana pasada en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

Sin embargo, no ha dado a conocer si en estas diligencias se realizó algún hallazgo.

Hasta ahora, a siete años de la agresión que sufrieron los estudiantes, sólo los cuerpos de tres de ellos han sido identificados: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Jhosivani Guerrero De la Cruz.

En el antimonumento, estos tres estudiantes fueron recordados por los asistentes como víctimas de homicidio.

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Al cumplirse seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya hay órdenes de aprehensión contra militares que, se presume, participaron en estos hechos.

El Mandatario ofreció disculpas por este crimen, que calificó como una "injusticia cometida por el Estado", el cual tiene que reparar el daño.

"Quiero que ustedes sepan que se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares, que se van a ejecutar. Cero impunidad", dijo a familiares de los estudiantes desaparecidos.

El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, de robar más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR.

Dijo que la presencia de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala fue un coincidente letal, cuando había choque entre grupos delincuenciales.