El cierre de la pesca en el Golfo de California pondría en riesgo la economía de 263 municipios costeros que se dedican a esta actividad, advirtieron especialistas.

Ante la propuesta del gobierno federal de prohibir la pesca en esta región para proteger a especies como la vaquita marina, representantes de la industria pesquera y académicos alertaron de las consecuencias económicas que traería la decisión de declarar el Golfo de California como Reserva de la Biosfera.

Gerardo Barnetche, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, delegación Sonora, destacó que la propuesta de prohibir la pesca generará la pérdida de 800 mil empleos en la región, además de afectar la economía de los 263 municipios que rodean al Golfo de California.

"La pesca es el sustento económico y social de la región, y en caso de obstaculizarse la actividad se pondría en peligro la viabilidad de 263 municipios costeros" alertó.

Francisco Arreguín, del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, expuso que el Golfo de California genera el 75% de la producción de pescados y mariscos de México, garantizando la soberanía alimentaria nacional y proteína de calidad a precios accesibles, lo que previene problemas de obesidad y la mala alimentación en la población mexicana.

Advirtió que de llevarse a cabo el cierre, tendría que sustituirse por importaciones de otros países, impactando la dependencia alimentaria de México.

María José Espinosa, representante de la organización COBI, denunció que la iniciativa para declarar el Mar de Cortés como Reserva de la Biosfera es unilateral, puesto que no se ha consultado a los pescadores ni a los habitantes de la región.

"Para que una industria evolucione, ésta tiene que ser escuchada y reconocida como actor relevante y se le tiene que considerar, para hacer así uso de la inteligencia colectiva", declaró, "el mayor interesado en preservar el recurso pesquero es el propio pescador", destacó.

Actualmente México destina el 23% de su superficie marina a la conservación, superando su compromiso de las Metas de Aichi de la ONU del 10% para el año 2020.

Más de 40 mil millones de pesos anuales, genera el sector pesquero y acuícola con 263 municipios pesqueros, 300 mil pescadores y alrededor de 2 millones de empleos directos e indirectos, comentó el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola Humberto Becerra Batista.

Indicó, que por ello la necesidad de que el gobierno federal y los gobiernos estatales entiendan comprendan que es fundamental las estrategias de competitividad y de seguridad para la seguridad alimentaria de millones de mexicanos.

En su gira por el estado, comentó que la actividad es una cadena de valor que involucra a más de 20 ramas de la economía nacional, lo que representa una dinámica sustantiva para el país.

“Es un sector noble y desaprovechado por los gobiernos, buscamos que haya el entendimiento de que los demográficos nacionales indican que el país está envejeciendo y esto produce circunstancias adversas, como graves problemas de salud, tema que se tiene que enfrentar y que genera una carga multimillonaria para México”, dijo.

Asimismo, comentó que se impulsarán políticas públicas que cuiden la soberanía nacional, a través de la seguridad alimentaria, dejando de depender de la importación de miles de productos alimenticios que podrían ser suplidos por los mares mexicanos, de consolidarse la visión que requiere el país para enfrentar la nueva circunstancia demográfica nacional.

Entre el 2014 y el 2018, se han invertido en la entidad apenas 106.8 millones de pesos para el fomento pesquero, de los cuales la actual administración estatal ha aportado 36.4 millones de pesos, lo que representa el 58% de los recursos mencionados.

El Secretario de Pesca y Acuacultura del Estado (SEPESCABC), Matías Arjona Rydalch, comentó que de dicha inversión la federación destinó poco más de 26 millones de pesos, equivalentes al 42%, en tanto que a los productores correspondieron 43.7 millones de pesos, un aproximado al 40.9%. 

Los conceptos en los que se han aplicado dichos recursos, detalló, fueron la modernización de embarcaciones, repoblamiento de erizo, seguridad en el mar, chalecos y sistemas de pesca, apoyos para inspección y vigilancia, estudios biológicos para bancos de moluscos bivalvos y capacitación a pescadores, indispensable para la renovación de libretas de mar.

Así mismo, se han apoyado a cerca de un centenar de empresas, asentadas principalmente en Ensenada, Alto Golfo en Mexicali, San Felipe, Playas de Rosarito, Tijuana, San Quintín, Bahía de Los Ángeles y el Paralelo 28. 

Ante las necesidades planteadas por los mismos productores, precisó que la SEPESCABC ha puesto en marcha programas que antes no existían, como el programa estatal de motores, el de monitoreo de moluscos bivalvos, y el de chalecos salvavidas, por citar algunos ejemplos.

Los más de seis mil pescadores de Baja California necesitan mejores condiciones de trabajo, para una mayor eficiencia y sustentabilidad en la extracción de especies marinas, y es que una descompustura o falla en alta mar puede significar la muerte, sobre todo para lancheros.

El sector primario de la pesca y la acuicultura nacional, se verá afectado de manera importante por la reducción del presupuesto para 2019, ya que los legisladores federales desconocieron los compromisos adquiridos de impulsar a la industria pesquera y acuícola del país para fortalecer la seguridad alimentaria de México, denunció Juan Morán Sánchez, vicepresidente de Pesquerías de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca).

Dijo que es extremadamente preocupante que diputados, senadores y el presidente de la república avalen disminuir en un 28 % el presupuesto general de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que representa al sector primario nacional, con lo que serán afectados cientos de miles de empleos y derivará seguramente en pérdida de competitividad y generación de divisas para el país.

Le quitarán a Conapesca 850 millones de pesos con relación a 2018, lo que representa una disminución del 47 por ciento, cerca de la mitad del presupuesto ejercido durante 2018 y que en el próximo ejercicio fiscal, generará un retroceso para el sector.

Refirieron que también es preocupante que programas como el de apoyo de gasolina y diésel marino, así como el programa de impulso a la productividad pesquera y acuícola serán recortados casi al 50 por ciento.

Explicó el líder pesquero que se habían establecido compromisos muy claros por parte del Presidente López Obrador para impulsar la acuicultura nacional, como Política de Estado y que se buscaría ser una potencia mundial, al tener México condiciones inmejorables para capitalizar a este sector.

Por otra parte, indicó, que uno de los problemas más graves del sector es la pesca ilegal, “hemos luchado para que la autoridad incremente recursos económicos y humanos para atender ese cáncer, y lejos de apoyar a inhibirlo, los legisladores al reducir en un 38% el presupuesto para el Componente de Ordenamiento y Vigilancia, impulsarán la corrupción y la impunidad”, remató.

Se trata de un recorte de 1,058 millones de pesos, informó Juan Morán Sánchez, líder del sector en Ensenada.

El sector primario de la pesca y la acuicultura nacional, se verá afectado de manera importante por la reducción del presupuesto para 2019, ya que los legisladores federales desconocieron los compromisos adquiridos de impulsar a la industria pesquera y acuícola del país para fortalecer la seguridad alimentaria de México, señaló Juan Morán Sánchez, Vicepresidente de Pesquerías de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola.

“Es extremadamente preocupante que diputados, senadores y el presidente de la república avalen disminuir en un 28% el presupuesto general de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que representa al sector primario nacional, con lo que serán cientos de miles de empleos afectados y derivará seguramente en pérdida de competitividad y generación de divisas para el país” indicó.

Morán Sánchez refirió que al sector pesquero y acuícola, tan solo en el Componente de Impulso a la Capitalización, se le quitarán más de 850 millones de pesos a la Conapesca con relación a 2018, lo que representa una disminución del 47 por ciento, cerca de la mitad del presupuesto ejercido este año y que en el próximo ejercicio fiscal, generará un retroceso para el sector.

En este Componente, dijo, pasamos de 1830 millones de pesos en 2018 a 978 que se tiene programados para el próximo año, y lo preocupante es que programas como el de apoyo de gasolina y diésel marino, así como el programa de impulso a la productividad pesquera y acuícola serán recortados casi al 50 por ciento.

El líder del sector pesquero y acuícola informó que el Componente de Desarrollo a la Acuícultura se reducirá un 38 por ciento, restándole 77 millones de pesos, pasando de 206 a 129 para ejercerse en 2019.

Explicó que se habían establecido compromisos muy claros por parte del Presidente López Obrador para impulsar la acuícultura nacional, como –Política de Estado- y que se buscaría ser una potencia mundial, al tener México condiciones inmejorables para capitalizar a este sector, por lo que la reducción cercana a un 40% para 2019 con relación al presente año es preocupante.

En el país, señaló, uno de los problemas más graves del sector es la pesca ilegal, hemos luchado para que la autoridad incremente recursos económicos y humanos para atender ese cáncer, y lejos de apoyar a inhibirlo, los legisladores al reducir en un 38% el presupuesto para el Componente de Ordenamiento y Vigilancia, impulsarán la corrupción y la impunidad.

El Vicepresidentre de Pesquerías manifestó que una visión de largo plazo y de bienestar real para la sociedad, impulsaría como Política de Estado mejorar los niveles de salud de la población, lo que de acuerdo a múltiples estudios se logra a través de una alimentación rica en consumo de productos del mar.

Sin embargo, dijo, los legisladores federales decidieron recortar el Componente de Fomento al Consumo en un 38 por ciento, quitándole la posibilidad a cientos de miles de familias en el país, de mejorar su dieta, lo que en el tiempo genera una gran carga económica para la nación, al incrementar los problemas cardiovasculares, de diabetes, entre muchos otros que podrías prevenirse a un costo económico, más allá de tener que atenderse a costos muy elevados para el país.

Morán Sánchez informó además, que la dependencia rectora del sector, la Comisón Nacional de Acuacultura y Pesca, sufrirá una reducción de su gasto administrativo del 12%, restándole 95 millones de pesos, pasando de 811 a 716, lo que limitará sus funciones de manera importante y agregó que el gasto administrativo del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura también tendrá una reducción del 1%, lo que no ayudará al buen funcionamiento de la dependencia.

En resumen, puntualizó que en 4 componentes, más el gasto administrativo de Conapesca e Inapesca, los legisladores federales reducen el presupuesto para 2019 en 1,058 millones de pesos, lo que representará un año de grandes dificultades para el sector.

La extracción discriminada de arena y la falta de rigor de las autoridades correspondientes en la otorgación de concesiones para minas y excavaciones, han derivado que la baja calidad de agua que va a dar al mar, y por ende ha perjudicado la producción acuícola.

“En los estudios se concentran mucho en los volúmenes y se olvidan de la calidad del agua, los organismos rectores del agua deberían tener manera de establecer reglas y monitorear otras actividades que perjudican la calidad del agua, como la extracción de arena en los arroyos, porque de la calidad de los escurrimientos que traen las pocas lluvias que nos llegan va a depender la calidad de recarga del acuífero y la calidad de lo que ocurre en el mar que es de lo que vivimos los acuicultores”, expulso Benito Altamira, empresario acuícola.

“Esto es un impacto y somos los primeros perjudicados y siento de repente que debería haber un asiento en esa Comisión u organismos que formalice la participación de los terceros perjudicados, al final de cuentas tenemos que pensar

a largo plazo y entender cómo funciona esto”, agregó por su parte el abogado Juan José Cota, ex director jurídico de CONAGUA, dijo que efectivamente instancias como ésa, Semarnat o Profepa, tienen las facultades para regular las excavaciones y velar por la calidad del agua, pero no se ven acciones concretas al respecto.

“No he visto ninguna acción efectiva como para contrarrestar esos efectos, hace unos años en el arroyo Guadalupe hubo un gran alboroto que hizo por la extracción inmoderada de las arenas, que motivó la presentación de denuncias penales en contra de funcionarios públicos y en fin, realmente lo que es la Comisión Nacional del Agua y Profepa tienen la facultad para revisar la forma en que se están realizando esas excavaciones, Comisión Nacional del Agua por otorgar el título de concesión, con ciertas obligaciones específicas para el titular de esa concesión, y debe verificar donde esa extracción se realice conforme a la condiciones establecidas”, apuntó.