Luego de que un juez federal liberara a tres sujetos que fueron detenidos la semana pasada en el Valle de las Palmas con armas de grueso calibre y en flagrancia, la alcaldesa Nereida Fuentes González emitió un posicionamiento al respecto, señalando que la decisión del juez no le abona en nada a la seguridad en Baja California y particularmente de Tecate.

Lamentó que el juez federal a pesar de la gravedad del delito no se apegara al sentido social, la mandataria recalcó que mientras esto siga sucediendo, las armas seguirán circulando por todo el estado y con ello la inseguridad aumentando.

Nereida Fuentes fue enfática al exigir la modificación del catálogo de delitos para que puedan ser castigados duramente quienes sean sorprendidos con armas de fuego, de no ser así dijo la alcaldesa, en vano será el trabajo de las autoridades.

Por último el Director de la Policía Municipal Francisco Castro sentenció que estas decisiones solo fomentan más delitos y recalcó, Baja California no requiere de este tipo de jueces federales.

En México, 42 de cada 100 personas que se encuentran presas en cárceles federales o estatales no cuenta con una sentencia, lo que equivale a un total de 92 mil 856 reos en esta condición. 

Los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Estatal y Federal realizados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) explican que el porcentaje de personas sin recibir un veredicto se ha elevado con el paso de los años, pues en 2017 era de 32.4 por ciento, por lo que en un periodo de cuatro años ha crecido 10 puntos porcentuales.

Incluso se señala la tardanza con la que los administradores de justicia tardan para cerrar un proceso judicial, pues en el caso de los hombres que no han recibido sentencia, el 12.6 por ciento ha esperado 24 meses o más para obtenerla. 

En el caso de las mujeres el porcentaje es todavía mayor, pues el censo señala que al menos el 14.2 por ciento de las reclusas ha estado más de dos años sin una sentencia por parte de un juez. 

Los resultados del censo realizado por el Inegi, advierten que el universo total de la población privada de la libertad en nuestro país asciende a 220 mil 420 personas, de las cuales el 94.4 por ciento son varones y el resto 5.6 por ciento mujeres. 

Adicciones en reclusorios 

Entre los datos arrojados por los censos penitenciarios, destaca que 33.9 por ciento de las personas privadas de la libertad tenían alguna adicción a sustancias psicoactivas, lo que representa una cifra casi idéntica a la presentada el año pasado. 

El tabaco se ubica como la sustancia más utilizada dentro de las cárceles, pues lo consume el 65 por ciento de las personas con adicciones, le sigue el alcohol con 57.7 por ciento y la mariguana con 48.8 por ciento. 

Los resultados también exhiben la incapacidad de las autoridades penitenciarias para evitar el consumo de drogas más fuertes, pues 30.4 por ciento son dependientes de la cocaína, mientras que 13 por ciento lo son a drogas sintéticas y otro 8.4 a sustancias inhalables. 

Principales delitos cometidos 

Los delitos del fuero común más frecuentes cometidos por los hombres presos tienen que ver con el robo (118 mil 891 casos), el homicidio (47 mil 158), las violaciones sexuales (25 mil) y el secuestro (23 mil 284). 

En el caso de los crímenes del orden federal, el más frecuente es el que tiene que ver con los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos con 6 mil 419 casos; seguido por la privación de la libertad con 3 mil 313 delitos y los relacionados en contra de la salud con 2 mil 400. 

En el caso de las mujeres los delitos del fuero común más frecuentes son el robo (5 mil 105), secuestro (2 mil 846) y los homicidios (2 mil 470). En el caso de los delitos federales el secuestro vuelve a encabezar la lista con 426 casos, le sigue la delincuencia organizada con 328 y crímenes de armas y explosivos con 309 casos. 

Incidentes reportados 

Durante 2021, ocurrieron 2 mil 840 incidentes de seguridad en los centros penitenciarios federales, estatales y en los centros de tratamiento de adolescentes, lo que representó un incremento de 22.6 por ciento con respecto a los casos observados en 2020. 

En los eventos que pusieron en riesgo la seguridad del penal o de los reos, estuvieron involucrados 8 mil 830 personas, de las cuales 110 fallecieron y 691 resultaron heridas. La mayoría de los incidentes fueron riñas (42.7 por ciento) y uno de cada cuatro situaciones conflictivas se registró en penales federales.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadena_noticias | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

Reos de una cárcel en Bolivia se amotinaron este lunes exigiendo asistencia médica, medicamentos y pruebas rápidas de COVID-19, además de mayor celeridad en sus audiencias judiciales.

Decenas de reos subieron al techo de la cárcel de varones de San Sebastián en la ciudad central de Cochabamba, con banderas, carteles y ataúdes hechos de cartón pidiendo al unísono que sean liberados.

Varios reos mostraban carteles con algunas de sus peticiones, como atención médica para evitar muertes de los privados de libertad en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19.

Los privados de libertad exigen a la gobernadora de ese departamento, Esther Soria, que ingresen brigadas médicas para identificar casos de COVID-19 y la donación de alimentos y medicamentos.

Las demandas de mejoras sanitarias al detectarse casos del nuevo coronavirus o sospechosos de padecer la enfermedad provocaron motines en cárceles de Bolivia en los últimos meses, mientras que las autoridades anunciaron una serie de medidas para prevenir contagios en las hacinadas prisiones del país.

El mes pasado hubo un motín en una prisión en Sucre tras la muerte de un reo con síntomas de COVID-19 y una protesta similar sucedió en mayo en el penal de Palmasola en la ciudad oriental de Santa Cruz, el mayor y más conflictivo de Bolivia, tras el fallecimiento de reclusos con síntomas del nuevo coronavirus.

La Dirección de Régimen Penitenciario anunció medidas como la desinfección y fumigación centros penitenciarios, la agilización de trámites de indulto para la población reclusa de alto riesgo y vulnerabilidad ante la enfermedad y el reforzamiento de medidas de bioseguridad para el personal policial y administrativo.

En Bolivia existen 48 cárceles y carceletas con una población de más de 18.000 reos, entre los que al menos 40 fallecieron y 159 se contagiaron de COVID-19, según datos del Ministerio de Gobierno.

Bolivia registra 2.583 muertes y 69.429 casos confirmados de COVID-19, de acuerdo a datos oficiales, lo que según distintos estudios lo convierte de uno de los países más afectados por la pandemia comparado con su población, de unos once millones y medio de habitantes.