Los delitos del orden común han disminuido considerablemente en los 5 municipios del Estado durante los primeros 7 meses del año, informó el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Manuel Sosa Olachea.

Ante los integrantes del “Grupo 21”, dio a conocer que los directores de seguridad pública de los 5 ayuntamientos se pusieron metas y las han venido cumpliendo.

La baja en los delitos se ha podido demostrar cuando se realiza la comparación de los mismos en el periodo de enero a julio de 2018 contra enero a julio de 2017.Los rubros en los que ha disminuido son: robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a comercio y robo con violencia.

Los robos de vehículo bajaron en el periodo referido, en un 30%, en Mexicali, 22% en Tijuana, 7% en Ensenada, 11% en Tecate y 24% en Rosarito.

Sosa Olachea dio a conocer que para los anteriores logros, se ha trabajado en la mejora de los agentes policiales, quienes tienen que aprobar las evaluaciones del control y de confianza en el llamado C3.

Asimismo, estamos realizando evaluaciones del 100% de los policías, sobre habilidades y destrezas, los que califican, continúan como policías.

Dio a conocer que durante la presente administración estatal, de 24 mil 865 aspirantes a ser agentes policiales, únicamente han ingresado, 1 mil 714, esto es, el 7%, toda vez que la evaluación de control y confianza es muy compleja, porque incluye exámenes toxicologicos, psicologicos, socioeconomicos y medicos.

Sosa Olachea expuso que las acciones realizadas han sido por instrucciones del Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, y en el marco de la “Cruzada por la Seguridad, tarea de todos”, en la cual se ha coordinado ayuntamientos, organismos empresariales y ciudadanos.

Las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados se alistan para aprobar este jueves la Ley de Amnistía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión.

El dictamen de esta ley, del cual este medio tiene copia, plantea el otorgamiento del perdón por ilícitos como la interrupción del embarazo (que incluye a la mujer, familiares y médicos practicantes), así como delitos contra la salud cometidos por personas pobres, en extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidas y discriminadas, que tengan alguna discapacidad permanente o que fueron obligadas a delinquir por una persona cercana.

También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameritan más de cuatro años de cárcel, así como el delito de sedición y los cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se garantiza un debido proceso.

Se prevé que el dictamen se apruebe en comisiones para su posterior votación por el pleno antes de que concluya el periodo de sesiones el 15 de diciembre.

En su exposición de motivos, López Obrador aclaró que la amnistía beneficiará a quienes están en prisión por delitos menores y no a homicidas o secuestradores, o quienes hayan causado un grave daño a otra persona.

¿Qué ilícitos se incluyen?

Aborto cuando se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre.

Delitos contra la salud cuando el que los cometa esté en situación de pobreza, vulnerabilidad o haya sido obligado por criminales.

Robo simple y sin violencia si no amerita prisión de más de cuatro años.

Sedición cuando no se trate de terrorismo, no se utilicen armas de fuego o se haya privado de la vida.

El costo nacional del delito y la violencia para el gobierno, las empresas y la sociedad, representa un impacto anual de 1.5 billones de pesos o el 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, recursos suficientes para construir diez veces el tren Maya, y seis veces el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; mientras tan sólo para Nuevo León, alcanza un daño de 85 mil millones de pesos, o el 5.3 del PIB estatal.

Así lo manifestó Raúl Soto Zamora, director del programa Juntos para Prevención de la Violencia, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), durante la presentación del estudio "Estimación y costos del delito y la violencia en México", ante asistentes a la 26ª Sesión Ordinaria de Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública.

En su exposición, Soto Zamora destacó la necesidad de que trabajen juntos los tres niveles de gobierno, vinculados con la academia y el sector privado, para que puedan enfrentar con éxito el problema de la inseguridad, con un enfoque en la prevención.

Primeramente, por medio de un video, que se elaboró con la idea de convencer a los empresarios de participar en las tareas de prevención, Soto Zamora, explicó que, por temor a sufrir algún delito, un 44 por ciento de las personas dejó de llevar dinero en efectivo y salir de noche; mientras el 66.5 por ciento, impidió que sus hijos menores salieran de casa.

Estas decisiones personales, reducen los ingresos de los negocios y disminuyen la actividad económica; mientras los robos o asaltos a las empresas o negocios además de las pérdidas que implican.

Incrementan los gastos en seguridad privada, y todos los delitos juntos, los gastos del gobierno en las tareas de contención, expuso el representante de USAID.

Soto Zamora mencionó tres posibles escenarios del país hacia 2030, si se mantiene la tendencia actual, un escenario mejor donde se disminuya un 50 por ciento la incidencia delictiva, y el peor escenario si se incrementan en 50 por ciento los delitos.

En tales supuestos, señaló el representante de USAID, para 2030 el costo anual para el país sería de 4.5, 1.8 ó 7.2 billones de pesos. Por tanto, insistió, la prevención es la forma más eficiente de responder al delito y la violencia.

Mencionó que, en el caso de Nuevo León, "si no hacemos nada" y continúa la actual tendencia delictiva, del 5.3 por ciento del PIB que cuesta actualmente el problema del delito y la violencia, pasaría a costar el 10.7 del PIB estatal.

Expuso que no de los puntos que es importante reconocer en el problema es que la violencia es la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años y también entre las personas de 25 a 44 años, "por eso tratamos de sensibilizar que es la población en la que tenemos que invertir, porque son los que están con más probabilidad ser víctimas y victimarios".

Soto Zamora explicó que antes del estudio citado, hubo un análisis previo en Canadá, mediante el cual se concluyó que tener un joven en la cárcel cuesta 27 millones de pesos, si se incluyen todos los costos en la vida, por salud, educación, alimentación y lo que la sociedad pierde por el daño que causó con su delito y lo que deja de producir, mientras el costo de prevención para evitar que ese joven caiga en la cárcel sería de 1.2 millones de pesos.

En alusión a la necesidad de que el sector privado se sume al trabajo de prevención del delito, Soto Zamora señaló, no se trata de hacer caridad, a todos nos beneficia no tener gente que delinque en las sociedades.

Al final, dijo, cada joven que está en la cárcel va a salir, pero si no le das educación y oportunidades, va a salir a hacer lo que sabe hacer. Por eso es necesario focalizar los esfuerzos en la población vulnerable, pues de lo contrario, esto será el cuento de nunca acabar si sólo nos dedicamos a la contención del problema la criminalidad y la violencia.

En conclusión, se trata de reforzar la idea de que, si trabajamos en la prevención y hacemos estas inversiones, en unos años México tendrá ahorros muy significativos por lo que deje de impactar el crimen, y como beneficios se generarían alrededor de 2.8 millones de empleos vinculados al PIB, y se ahorrarían 7.1 billones de pesos en doce años, hacia 2030. "Una sociedad no violenta, genera economía, sostenibilidad y mejor calidad de vida, todos ganamos", concluyó el director del programa Juntos para Prevención de la Violencia.

El presente año 2019 se perfila como el de mayor cantidad de delitos denunciados ante fiscalías y procuradurías de los estados.

Tan sólo de enero a agosto se contabilizan un millón 353 mil 990 carpetas de investigación abiertas por homicidio, secuestro, extorsión, robo, narcomenudeo, trata de personas, lesiones dolosas, feminicidio, violencia familiar y abuso sexual, entre otros ilícitos del fuero común.

Esta cifra es 5.2% mayor que la incidencia delictiva del mismo periodo de 2018, que acumuló un millón 286 mil 490 registros, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mayo encabeza las denuncias, con 180 mil 376 en términos absolutos; le siguen agosto, con 175 mil 416; julio, con 174 mil 457; junio, con 170 mil 719, y marzo, con 169 mil.

Actualmente alrededor de 36 colonias han sido inspeccionadas por personal de reglamentos municipales a fin de localizar y remover carros en mal estado o considerados como chatarra de la vía pública, que afectan el tránsito vehicular, el acceso peatonal y la imagen urbana, así lo comentó el Secretario del Ayuntamiento Magdaleno Montiel Blancas quien indicó que primeramente hacen una notificación para que el carro sea removido.

Manifestó que una vez notificado el propietario, tiene 72 horas para retirar el vehículo en cuestión de la vía pública, caso contrario será remolcado por la grúa, el Secretario del Ayuntamiento manifestó que la ciudadanía ha atendido las notificaciones sin embargo durante el mes pasado se contabilizaron 25 unidades remolcadas.

En lo que va de la administración a través de este programa han removido de las vías públicas cerca de 80 carros en desuso, indicó que los autos remolcados que no se reclaman pueden llegar a ser rematados.

El funcionario invitó a la población a mantener los carros descompuestos o en desuso dentro de las propiedades para evitar dijo, ser molestados con notificaciones.

La Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California aprobó en sesión el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tecate elaborado por el gobierno de la ciudad, luego de una reunión que sostuvieron las dependencias que conforman esta comisión.

La alcaldesa Nereida Fuentes González resaltó este logro pues dijo Tecate se convierte en el primer municipio en el estado en tener este documento terminado y aprobado.

Fuentes González refirió que este documento es de suma importancia para darle rumbo al crecimiento de Tecate, para que sea de manera ordenada y con visión, a partir de la oficialización de este Plan, los próximos trabajos de infraestructura deberán apegarse a los lineamientos.

Por años Tecate creció en población y en obras de infraestructura sin embargo esto se fue dando sin una planeación, lo que se busca con este plan es que en los años próximos las futuras generaciones puedan gozar de una ciudad ordenada con obras acordes a sus necesidades.