Un juez federal dictó auto de libertad a favor de ocho implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos al sujeto señalado de ordenar levantar y asesinar a los estudiantes.

El juez primero de distrito de procesos penales con residencia en Matamoros, Tamaulipas, decretó la libertad de estos ocho sujetos por falta de elementos para procesar con las reservas de ley por el delito de delincuencia organizada. Es decir que la Procuraduría General de la República (PGR) podrá seguir investigando y de encontrar más pruebas en contra de los beneficiados podría volver a solicitar su aprehensión.

El acuerdo fue notificado por un juez al segundo tribunal unitario del decimonoveno circuito en los expedientes de Salvador Reza Jacobo, Felipe Rodríguez Salgado, Miguel Ángel Landa Baena, Hildardo López Astudillo. Sin embargo, no especificó que enfrentan otros delitos.

Hildardo Lopez Astudillo conocido como "El Gil", ha sido identificado por la PGR como el líder de los "Guerreros Unidos" quien supuestamente ordenó el plagio de los normalistas ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con la investigación de la PGR los quejosos supuestamente llevaron a los estudiantes a un basurero en el municipio de Cocula, Guerrero, en donde los mataron y cremaron sus cuerpos.

Esta versión conocida como "la verdad histórica" fue cuestionada en junio pasado por el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito que en los juicios de amparo promovidos por estos implicados en el secuestro de los estudiantes ordenó reponer sus procedimientos penales, porque alegaron haber sido torturados para confesar los hechos.

Asímismo la sentencia del colegiado ordenó la creación la Comisión de la Verdad para la investigación del caso Iguala, misma que no ha sido posible ejecutar porque la SCJN no ha resuelto las impugnaciones presentadas por autoridades en contra de esta decisión.

Tras casi dos años preso, el general José Rodríguez Pérez, acusado del delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, saldrá en los próximos días de la prisión del Campo Militar 1-A, luego de que una juez le retiró la prisión preventiva oficiosa, ya que no se justifica que el mando militar pueda evadirse de la justicia.

En audiencia celebrada el viernes y que concluyó la madrugada de este sábado, el juzgador determinó revocarle la medida cautelar al excomandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, debido a que las condiciones que motivaron su imposición variaron.

De esta manera, el mando militar llevará su proceso penal en libertad provisional, cuando pague la fianza de 50 mil pesos que le fue impuesta por un juez, quien además le impuso la presentación quincenal al juzgado para la firma del libro de procesados, la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas.

Esta determinación supone un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, pues el general se sumará al grupo de los 10 militares señalados en el caso Ayotzinapa, que llevan su proceso penal en libertad.

Apenas en junio pasado, el sargento peluquero Santiago Muñoz Pilo, acusado de delincuencia organizada, salió del penal del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en la Ciudad de México, luego de que una juez le revocó la prisión preventiva.

En mayo pasado, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales, Raquel Duarte Cedillo, ordenó la liberación de ocho militares, al considerar que la prisión preventiva justificada que se le dictó era excesiva e innecesaria.

Asimismo, el mes pasado el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal le concedió el amparo al general retirado Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, contra la prisión preventiva oficiosa que se le impuso por el delito de delincuencia organizada.

Desde agosto del año pasado, Hernández Nieto lleva su proceso en libertad, con diversas medidas de restricción que le fueron impuestas.

Tras concretarse la salida de prisión del general José Rodríguez Pérez, quedarán en prisión el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel.

El extitular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas Rodríguez, acusó al general José Rodríguez Pérez de ordenar el asesinato y desaparición de seis de los 43 normalistas, que se presume se habrían mantenido con vida cuatro días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició la cacería contra militares involucrados en el caso Ayotzinapa, con la detención del general José Rodríguez Pérez, acusado de ordenar la muerte y desaparición de los normalistas cuando estaba al frente del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.

Rodríguez Pérez, ascendido a general Brigadier en 2015, tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería en septiembre de 2014, con sede en Iguala, al que instruyó salir a investigar lo que estaba sucediendo con los normalistas.

“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez", refirió Encinas Rodríguez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares y abogados de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un encuentro esperado por meses, después de que el diálogo se interrumpiera debido a diferencias en las investigaciones y el reciente periodo electoral.

López Obrador destacó la importancia de tratar el caso Ayotzinapa con seriedad y responsabilidad. "El caso Ayotzinapa, hoy voy a recibir a los padres, estaba esperando que pasaran las elecciones, ya ven cómo se mezclaban las cosas y es un asunto muy serio que debe de verse con mucha responsabilidad, es un asunto de justicia. Hoy vamos a informarles a los padres y espero que, antes de irme, se tengan buenos resultados", expresó el mandatario.

Aproximadamente a las 11:15 horas, los padres de los normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014 llegaron a las inmediaciones de Palacio Nacional. El encuentro comenzó después del mediodía en el Salón Tesorería, con la presencia del presidente López Obrador y su gabinete de seguridad.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, manifestó antes de ingresar a Palacio Nacional que no tenían grandes expectativas de recibir información nueva o importante. "No tenemos mucha esperanza de tener informaciones importantes, más bien estamos esperando con esa idea de repetir todo lo que ya se viene trabajando a lo largo de estos años, estos meses, no esperamos nada importante pero vamos a escuchar la información nueva que el presidente va a dar", comentó.

Expectativas y Demandas

Ortega señaló que los familiares esperan obtener datos precisos sobre lo que consideran que el ejército no ha querido entregar, así como avances en el proceso de extradición de Tomás Zerón, exfuncionario implicado en el caso. A pesar del escepticismo, los padres de los normalistas mostraron disposición a escuchar cualquier información nueva que pudiera proporcionar el presidente y su equipo.

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Un militar más que perteneció al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, fue detenido hace unos días por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que en septiembre cumple una década.

Se trata del Sargento Segundo Peluquero retirado, Miguel Muñoz Pilo, quien es acusado de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, informaron fuentes del gabinete de seguridad.

Se encuentra interno en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde está a disposición de la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, luego de ser aprehendido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.

El sargento retirado perteneció hace 10 años al 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de tener un papel activo la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando se registró el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por el grupo criminal “Guerreros Unidos.

Hace un año, la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo, con residencia en Toluca, Estado México, ordenó la captura de 16 oficiales y tropa de los Batallones 27 y 41 de Iguala, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada, entre ellos el general retirado Rafael Hernández Nieto, quien después de unos meses logró llevar su proceso en libertad provisional.

Así como la de los soldados Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz, quienes en la primera semana de mayo salieron en libertad provisional, luego de que la juez Duarte Cedillo les cambió la prisión preventiva.

Asimismo, también se ordenó la detención de Miguel Muñoz Pilo, entre otros.

De esta manera, quedan presos siete militares por el caso Ayotzinapa, de los que destacan el general José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel; sargento, Miguel Muñoz Pilo.

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En un plazo de 24 horas, Petróleos Mexicanos (Pemex) debe reintegrar el pago de la pensión post-mortem a María Amparo Casar Pérez, así lo ordenó un juez federal que le concedió a la presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCI) una suspensión de plano en el amparo que tramitó contra la suspensión del beneficio económico.

Desde enero de 2005, la académica es pensionada vitalicia de Pemex, pero desde la primera quincena de marzo la paraestatal omitió el pago de su pensión, ya que para Pemex es un cobro indebido, porque su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, no habría fallecido por accidente de trabajo.

Por ello, Casar Pérez recurrió a la protección de la justicia y aunque el juez se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto, resolvió que el patrón no puede suspenderse unilateralmente el pago de la pensión cuando se activa ese derecho.

“A menos que exista ordenamiento firme jurisdiccional o administrativo, en el que se le hubiere respetado a la quejosa el derecho de defensa, que ordenara la cancelación del pago de la pensión, ya que, una vez generado el derecho a percibir esos beneficios, constituyen derechos adquiridos por los beneficiarios del extinto trabajador y no pueden suspenderse unilateralmente por el patrón”, resolvió.

En su demanda de amparo, María Amparo Casar afirmó que con la suspensión de la pensión su “subsistencia se verá comprometida” y que la fecha no ha sido notificada, en modo alguno, de algún acto en el que Pemex ordene la suspensión del pago de la pensión post-mortem de la que es beneficiaria.

“Dicha pensión, simplemente, se dejó de pagar, de manera unilateral y sin notificación alguna- sin fundamentación ni motivación, evidentemente”, indicó.

En su escrito señaló que dicha decisión representa una acción deliberada y no una simple omisión, ya que a la fecha no ha sido notificada, en modo alguno, de algún acto en el que Pemex ordene la suspensión del pago de la pensión post-mortem.

Mencionó que la pensión se dejó de pagar a partir de la primera quincena de marzo de este año, sin fundamentación, ni motivación.

Sin embargo, el impartidor de justicia se declaró incompetente para seguir conociendo la demanda de garantías de María Amparo Casar, por lo que ordenó turnar el expediente a un juzgado en materia administrativa.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la colocación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional antes de la marcha mensual de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Negó que esta medida tense el ambiente y la justificó como una precaución para proteger el edificio ante posibles provocadores.

En su conferencia matutina, López Obrador reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia para los normalistas desaparecidos y anunció su intención de hablar con los padres después de las elecciones del 2 de junio para evitar la politiquería en torno al caso.

El mandatario criticó a aquellos que, según él, se aprovechan del dolor humano y utilizan estos casos con propósitos políticos. Expresó su confianza en que para el 3 de junio, cuando podría reunirse con los familiares de los normalistas, estén aprobadas las reformas a la Ley de Amnistía, lo que ayudaría a resolver el caso.

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