La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hará una revisión de los Servicios Médicos Forenses a nivel nacional y espera tener resultados en los próximos seis meses.

Lo anterior luego de que se diera a conocer que en Jalisco apareció un tráiler con más de 300 cadáveres a bordo, los cuáles no tenían cabida en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tras lo cual el vehículo deambuló por varios municipios de la zona metropolitana de la capital del estado.

Al respecto, Jaime Rochín, comisionado presidente de la CAEV informó que se analizarán dos puntos fundamentales: la capacidad de almacenamiento de restos humanos en condiciones adecuadas, y la capacidad de identificación de restos humanos con la debida diligencia.

La CEAV diseñará y aplicará el diagnóstico y con los resultados, proporcionará los estándares mínimos requeridos en términos de equipo humano, recursos materiales e infraestructura, así como de sensibilización.

Agregó que es importante que se respeten los protocolos internacionales en la materia.

"Para mí es importante decir que nuestro mayor interés es que siempre se dé un trato digno a los restos humanos, sin importar la condición en que se encuentren o que no sean reclamados, así como un trato digno a las victimas indirectas (familias) que están en búsqueda", indicó.

El comisionado presidente de la CAEV dijo que han recibido quejas de familiares de desaparecidos tanto de Jalisco como de Veracruz.

La crisis forense evidenciada en Jalisco tras revelarse el resguardo inadecuado de cuerpos en cajas refrigerantes de tráiler fue mayor de lo que reconocieron las autoridades estatales y fomentó la impunidad, pues no hay avances en ninguna de las carpetas de investigación abiertas en los casos de personas fallecidas sin identificar, cuya muerte se derivó de un delito.

Lo anterior se desprende de una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). La defensoría documentó que a pesar de que tanto la Fiscalía del estado como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) señalaron que fueron 444 personas fallecidas no identificadas y no reclamadas las que se acumularon y resguardaron inadecuadamente, en realidad se trató de 605 cadáveres.

Según la investigación de la CEDHJ, en 262 casos las causas de muerte fue hechos violentos que pueden estar vinculadas a la comisión de un delito, no obstante, en ninguna de las indagatorias se ha logrado el acceso a la justicia y la reparación del daño.

La Comisión afirma que los agentes ministeriales sólo iniciaron las investigaciones de lo ocurrido con las personas cuyos cuerpos resguardaba el IJCF. Además, advierte que sólo intervinieron para desahogar las diligencias de reconocimiento de las personas fallecidas y la entrega a sus familiares, pero no para investigar lo que ocurrió.

Además, se advirtió que en al menos 116 casos se contaba con elementos de identidad, sin embargo, las autoridades no realizaron diligencias para la plena identificación, ni a la búsqueda de sus familiares, provocando que los cuerpos permanecieran en la morgue hasta 34 meses.

La defensoría emitió recomendaciones a distintas autoridades estatales para que se identifique a las personas que fueron inhumadas y aún están a resguardo de la Fiscalía, se repare el daño a las víctimas y se evite una situación similar.

Familias de personas desaparecidas de al menos ocho estados mantienen desde este viernes un plantón afuera de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para exigir que de inmediato se resguarden adecuadamente los más de 300 cuerpos que permanecen en un par de cajas de tráiler, que se realicen adecuadamente los registros para la identificación de los 444 cuerpos de personas no identificadas que resguarda el instituto y se entreguen a la brevedad los cadáveres de las personas ya identificadas.

Los colectivos reunidos aquí han denunciado deficiencias en los Servicios Médicos Forenses de otros estados, como en Querétaro, dónde aseguran que las autoridades dicen no tener ningún cuerpo de personas no identificadas a su resguardo y argumentan que los más de 600 desaparecidos registrados en la entidad son de otras entidades.

En el caso de Nayarit, los colectivos denunciaron que la anterior administración, encabezada por Roberto Sandoval y cuyo fiscal fue Édgar Veytia, preso en Estados Unidos por narcotráfico, desmantelaron el Servicio Médico Forense y ahora más de 60 cuerpos encontrados en fosas clandestinas tienen que ser resguardados en la caja refrigerada de un tráiler.

En este momento los representantes de algunos colectivos han entrado a una reunió con autoridades estatales.