Las auditorías practicadas a la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, durante gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, arrojaron irregularidades en el uso de recursos públicos, que van desde asignaciones directas de contratos por 45 millones de pesos, falta de control en la renta de vehículos, hasta el reporte de un gasto en telefonía celular por más de 19 millones de pesos.

De acuerdo con el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, se emitieron un total de 25 observaciones a recursos de carácter estatales y federales y se determinó un daño patrimonial de al menos cuatro millones 771 mil pesos en dicha dependencia que estuvo a cargo de Indira Rosales, actual senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

El Órgano de Fiscalización Superior promueve el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios ante las graves irregularidades detectadas en el primer año del gobierno del panista Yunes Linares.

En las observaciones se detectó que por concepto de "telefonía celular" en el que se registraron gastos por un monto de 19 millones 253 mil pesos correspondientes a servicios especializados de dispositivos móviles.

Además, se encontró que la dependencia realizó asignaciones directas de contratos por 45 millones de pesos a pesar que legalmente no se justificaba la adjudicación directa, debido a que no contaban con una investigación de mercado previa a la contratación que sustentara que fue la mejor opción en cuanto a precio, características y calidad en el servicio.

Las asignaciones directas irregulares fueron por mantenimiento y conservación de los bienes informáticos de los Programas Sociales del estado de Veracruz; contratación de servicio especializado de 381 dispositivos móviles.

Así como para servicio de consultoría para la realización de un estudio de factibilidad técnica de la plataforma tecnológica para el desarrollo social para el programa Veracruz Comienza Contigo 2017; y contratación del servicio de digitalización para el registro de los expedientes y demás documentación del programa Veracruz Comienza Contigo.

Las empresas vinculadas a las irregularidades son D&P México Servicios Digitales, S.A. de C.V., la cual obtuvo tres contratos directos; Goitil, S.A. de C.V., con un servicio; e Integración Documental, S.A de C.V., también con un contrato irregular.

De la revisión y análisis de la cuenta de anticipos se detectó un saldo, al 31 de diciembre de 201,7 por un importe de 291 millones de pesos pendiente de amortizar o recuperar por obras públicas y resoluciones judiciales.

Sobre la revisión a "Cuentas por Pagar", se detectó que la Secretaría, a la misma fecha de 2017, presentaba un saldo de cero pesos, sin embargo se tenía un monto pendiente de pagar de 370 millones de ejercicios fiscales pasados.

Se detectó que la dependencia firmó un contrato de arrendamiento de vehículos con la empresa Custom Performance, S.A. de C.V., pero no se localizaron bitácoras de los vehículos arrendados de forma cronológica (de manera diaria) que permitiera llevar el control administrativo del uso de las unidades, mantenimiento, reparación y suministro de combustible.

Derivado de la revisión al contrato No. SEDESOL-ADJ-010-2017 celebrado con la compañía D&P México Servicios Digitales, S.A. de C.V. por un monto de cuatro millones 771 mil pesos no se encontró evidencia que se haya otorgado el servicio de "Mantenimiento y Conservación de los Bienes Informáticos" de los programas sociales del estado de Veracruz.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dijo que los ministros no van a usar las nueve camionetas blindadas, Grand Cherokee que se adquirieron, (con un costo de hasta 2.4 millones de pesos blindada cada una), además, enfatizó que la seguridad no implica lujo.

“Hemos estado nosotros escuchando las críticas, los cuestionamientos que se nos hace, que, hay que decirlo, no es sobre la función jurisdiccional, sobre la función sustantiva de este pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Por esa razón, en diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos.”

“Afortunadamente, no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas”, subrayó Aguilar Ortiz en conferencia de prensa en el área de Murales en la sede del Máximo Tribunal del país.

Aseveró que la austeridad que asumieron busca ser compatible con la eficiencia, la protección de quienes se desempeñan realizando tareas de alta responsabilidad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México.

Aguilar Ortiz comentó que, desde agosto de 2010, el Máximo Tribunal decidió que las y los ministros contarán con medidas de seguridad por la responsabilidad de estado que desempeña, incluyendo el uso de vehículos blindados.

“En primer lugar, quiero ser claro, la austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales.”

“La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la protección de quienes desempeñamos tareas de alta responsabilidad y el respeto a los recursos del pueblo de México”, argumentó el ministro presidente.

Aguilar Ortiz destacó que desde agosto del 2010, se decidió en esta Corte que los ministros y ministras cuenten con medidas de seguridad por la responsabilidad de Estado que desempeñen, incluyendo el uso de vehículos blindados, al 1 de septiembre de 2025, se adquirieron 43 vehículos blindados.

“De ellos recibimos a la hora de tomar posesión 39 vehículos, cada vez que cuatro vehículos fueron adquiridos por la anterior integración, obviamente vehículos que estaban en mejores condiciones y ellos en anterior integración tomaron el acuerdo en el pleno, que como parte de su haber de retiro, podían llevarse los vehículos que tenían asignados mediante compra, entonces cuatro vehículos entre los 43 que se han adquirido desde que se decidió usar vehículos blindados, cuatro de ellos fueron adquiridos por los anteriores ministros”, refirió Aguilar Ortiz.

Enfatizó que, desde el inicio de su tarea, cada uno de los ministros y ministras, decidió no usar la suburban, porque son precisamente ostentosos y se decidió usar las camionetas jeep.

Aguilar Ortiz indicó que los vehículos por el tiempo de su adquisición ya estaban muy deteriorados, muchos de ellos por el peso con dificultades en su sistema de tracción en el motor.

“Durante estos cuatro meses se tuvieron algunos incidentes… Los vehículos se quedaron varados varios de estos vehículos y, por lo tanto, tomamos la decisión de escuchar la evaluación, la opinión de órganos internos y también de instituciones de seguridad del gobierno de México se hicieron evaluaciones físico- mecánicas, nos dijeron que estaban en malas condiciones, se nos indicó que el blindaje ya había fenecido el tiempo que es recomendable utilizarlo”, expuso.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Whatsapp: @CadenaNoticias | Telegram: @CadenaNoticias

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que presentará una reforma constitucional para que ningún funcionario gané más que el Presidente de la República.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló que buscará presentar esta reforma para que su gobierno no quede como uno de “encubridores”.

Indicó que esta reforma la presentará después de las iniciativas de reformas en materia electoral, para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la que busca eliminar el cambio de horario.

“Fue bloqueada mi iniciativa original, incluso hay una Ley de Austeridad Republicana que no se cumple, por esto los amparos y franco incumplimiento a la Constitución y a esta ley de austeridad.

“Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y, si procede, una nueva reforma a la Constitución, para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya los altos servidores públicos, que fueron los que promovieron lo de los amparos, creo que un ministro o dos fueron lo que iniciaron con esto”, dijo. 

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que busca presentar esta reforma para que su gobierno no quede como uno de “encubridores”.

“Si en el Poder Legislativo no se aprueba, ya es otra cosa, pero lo voy a hacer, nada más que en su momento, antes de que se termine el gobierno”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alista más medidas de austeridad en su gobierno para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, y detalló que entre las medidas a adoptar está la reducción en los viajes al extranjero y viáticos, y señaló que los ahorros que se obtengan se canalizarán al desarrollo y entregar apoyos a las personas más necesitadas.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que con estas políticas se busca una “austeridad republicana de Estado” y anunció que mañana sostendrá una reunión con su gabinete en Palacio Nacional para analizar esta propuesta.

Aseguró que la formula para obtener ahorros es sencilla, pues consta de “cero corrupción y austeridad".

“Les adelanto que ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales, como vamos a reducir bastante, casi no va haber viajes al extranjero, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono, por teleconferencias y vamos reducir viáticos aún más y otras medidas.

“Vamos a alcanzar más en el plan de austeridad, independiente de lo que tiene que ver con poderes autónomos y que esto tiene que tratarse como una cuestión de Estado, es austeridad republicana de Estado para seguir manteniendo ahorros, para seguir sin deuda, sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de la gasolinas. La forma el sencilla, es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que desde que inició su gobierno no se ha comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos “ni uno solo”.

“Yo, la camioneta más nueva que tengo es del 2018, que la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros, pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400, mil kilómetros y de pues 10 años de uso. Les estamos dando mantenimiento y no me han dejado tirado en las giras”, afirmó.

Hasta antes de la pasada elección del seis de junio, la presente municipal de Playas de Rosarito Aracely Brown se transporta en un vehículo mediano de seis cilindros; apenas pasó el proceso electoral, se olvidó de la austeridad en la que supuestamente se encuentra la administración y adquirió una Suburban del año.

El costo de este tipo de vehículos pasa los 800 mil pesos, dependiendo las características que se hayan elegido, en tanto que el consumo de combustible y mantenimiento son de los más caros.

Aunque gran parte de la comunidad rosaritense carece de servicios públicos y el ingreso económico promedio de los trabajadores está deprimido, por tratarse de un municipio que depende del turismo, Aracely Brown confía en que estará en la administración municipal durante los próximos cuatro años y estrena vehículo, con costo para los contribuyentes.

La unidad de lujo apareció repentinamente en palacio municipal apenas pasadas las elecciones.

Se ajusta la ley de ingresos de manera responsable, basado en la austeridad, como parte de la crisis económica que se vive en el país por la recesión económica derivado de la pandemia por el Civid 19.

El 2021 será un año difícil aseguró la Alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien además recalcó que no hubo aumento ni creación de nuevos impuestos para los mexicalenses.