• Por instrucciones del gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, ponen en marcha estrategias para garantizar la salud y la integridad de las 12,135 personas privadas de su libertad.
• Visita el nuevo subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, Salvador Morales Riubí, los seis penales en los cinco municipios, para constatar condiciones justas de trato y abasto.
• Cualquier queja de internos o familiares, será atendida puntualmente y con transparencia; participan ya visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California.
El Gobierno en Marcha encabezado por el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, pone en práctica un vasto Plan Integral de Mejoras Penitenciarias para elevar la calidad de atención que garantice la salud y la integridad de las 12,135 personas privadas de su libertad, internadas en los seis penales de Baja California.
Las novedosas estrategias incorporadas ya, están a cargo del nuevo subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, Maestro Salvador Morales Riubí, quien asumió este importante cargo el pasado martes 24 de marzo, en sustitución de Cuauhtémoc Castilla Gracia, que renunció al puesto para dedicarse al ejercicio de su profesión como profesional del Derecho.
En sus primeros días en esta delicada función, el nuevo subsecretario Morales Riubí ha tenido reuniones con directores de los centros penitenciarios, así como comandantes y personal administrativo, además de visitar los Centros de Rehabilitación Social (Ceresos) en la entidad, a fin de revisar su operatividad y evaluar sus condiciones materiales y de equipamiento.
Así, ha podido conocer de las necesidades en materia de abastecimiento y proveeduría de comestibles, pero también en las medidas sustanciales para garantizar la salud de la población penitenciaria en cada lugar, lo mismo que escuchar de primera mano algunas de las quejas generadas a raíz del traslado de internos del Cereso La Mesa al de El hongo, hace una semana.
Sobre este particular, el funcionario hizo saber que tal medida obedeció al cumplimiento de los protocolos sanitarios ordenados por la Secretaría de Salud de Baja California, siguiendo también disposiciones sanitarias del Gobierno Federal, para inhibir y mitigar posibles contagios por el COVID-19 que, como lo ha reconocido el propio mandatario estatal, “tiene a todo mundo alarmado”.
“Es lógico que los familiares de estas personas privadas de su libertad, al ser cambiadas de reclusorio, lo tomen como una desventaja para llevar a cabo las visitas, mismas que también han sido regulatoriamente restringidas por las mismas razones de cuidado de la salud, tanto de los internos como del personal de custodios encargados de su resguardo”, dijo Morales Riubí.
Tan es así que, en acatamiento a los protocolos sanitarios, se dispuso de espacios en cada uno de los seis penales (tres en el complejo de El Hongo) en la Delegación Municipal de La Rumorosa, en el municipio de Tecate, para que sean hospitalizados los internos que presenten la sintomatología que los identificaría como sospechosos de contagio del Coronavirus.
Precisó que no hay el más mínimo interés de afectar a familiares o internos, ya que “las instrucciones expresas y muy precisas del gobernador Jaime Bonilla Valdez, son las de respetar sus derechos humanos, vigilar que reciban la alimentación adecuada y, principalmente, garantizar integralmente su salud”, para lo cual “vamos a asegurarnos de que les sean suministrados los medicamentos indicados y suficientes, cuando así los requieran para su tratamiento”.
“Hemos sabido y comprobado que no existe las facilidades para la comunicación interpersonal entre las personas privadas de su libertad y sus familiares, lo que hace que crezca la incertidumbre y la inquietud lógica para conocer del estado de salud y la seguridad de los internos en los penales. Eso vamos a buscarle solución a la brevedad”, dijo el funcionario estatal.
Reconoció el recién nombrado titular del Sistema Estatal Penitenciario, que estas y otras motivaciones dan lugar a versiones especulativas de supuestos malos tratos, incluso torturas o castigos medievales en agravio de determinadas personas privadas de su libertad, muchas de ellas que purgan sentencias y otras tantas están sujetas a procesos en los juzgados de Baja California.
“En cada uno de estos casos, hemos solicitado la intervención del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California, Lic. Miguel Mora Marrufo, para que comisione a su personal y proceda a investigar acuciosamente cada queja, reporte o denuncia, como nos ha ordenado el gobernador Jaime Bonilla Valdez, para comprobar el trato justo y humano que corresponde en favor de los procesados o sentenciados”, enfatizó Morales Riubí.
Cada uno de estos puntos son tomados en cuenta para darles solución puntual, dijo el subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, para tranquilidad de las personas privadas de su libertad, pero también de sus respectivas familias, “a las que brindaremos las facilidades a nuestro alcance y el trato comedido y respetuoso a que tienen derecho, como es la instrucción expresa del gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, que nos exige cambiar las condiciones de los penales y abatir las anomalías que detectemos”.