Con 91 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Senadores aprobó en lo general modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.

Se incluyó abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Previo a la discusión y a propuesta de las comisiones dictaminadoras -Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda- el Pleno aprobó incorporar la corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la Seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad o de la salud.

Además, fue modificado el segundo transitorio para que en un lapso de 90 días, siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión realice adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos correspondientes.

Se agregó un tercero transitorio para que los delitos en materia de corrupción, correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República, del fiscal anticorrupción.

Los senadores añadieron un artículo cuarto transitorio para precisar que la medida será evaluada con objeto de determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del decreto.

Dicha evaluación se realizará conforme los criterios del Sistema Nacional Seguridad Pública y del Sistema Penal Acusatorio, a través de informes del Gobierno Federal, gobiernos estatales, Poder Judicial de los estados, fiscalías o procuradurías correspondientes y organismos de protección de los derechos humanos.

A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima dijo que la inclusión de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa responde a una mayoritaria demanda social respecto de la sensación generalizada de injusticia e impunidad, que han generado un perjuicio al tejido social y creado una crisis de seguridad pública.

Defendió la medida, la cual, dijo, no es una acción automática, ilimitada y fuera de las reglas del proceso penal. Está dentro del debido proceso, es una excepción para que el juez determine si se impone dicha medida cautelar. Su duración no puede ser superior a dos años y, si en ese plazo no se dicta sentencia, el inculpado es puesto en libertad.

Tras su renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el senador con licencia, Germán Martínez Cázares, solicitó ser reincorporado a sus labores legislativas en la Cámara Alta.

Mediante un oficio, que llegó esta mañana de miércoles al Senado de la República, Martínez Cázares señaló que tras haber concluido el encargo del Presidente en la dirección del IMSS, solicitaba regresar a la Cámara Alta.

Ayer martes Germán Martínez Cázares renunció al IMSS y acusó que funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen una "injerencia perniciosa" en el instituto.

 Por unanimidad, el Senado aprobó un dictamen con el que se agilizan los procesos de adopción a menores que se encuentran en desamparo familiar, particularmente a aquellos en situación de abandono, exposición o institucionalización.

La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que los niños en desamparo deben ser reintegrados a su familia o incorporados a una familia mediante la adopción a través de un procedimiento seguro, eficaz, transparente y ágil.

Señala que las niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo que serán reintegrados con su familia, siempre y cuando, haya una investigación previa de su origen, a fin descartar un riesgo.

Se plantea la homologación de los requisitos y procedimientos administrativos en todo el país, y que la autoridad competente emita su opinión para la expedición del certificado de idoneidad de la adopción en un plazo máximo de 45 días naturales.

"Que exista un procedimiento único en todo el país. Se establece que la adopción es plena e irrevocable. Los dictámenes de idoneidad tengan validez en todo el territorio nacional, independientemente de donde se hayan sido expedidos.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota (PAN), dijo que de no agilizar los procedimientos de adopción, para el 2040 vamos a llegar a una población mayor a 33 mil infantes viviendo en casas hogar.

"Al 2015, el Centro de Estudios de Adopción, publicó que el número de niñas y niños sin cuidados familiares en el país supera la cifra de 30 mil niñas, niños y adolescentes. Es de gran relevancia que los sistemas DIF mantengan estrecha comunicación, intercambiando información, a efecto de materializar el derecho a vivir en familia", expresó.

El dictamen enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que son niños y niñas los menores de 12 años; adolescentes de entre 12 a menos de 18 años; y que los procesos administrativos y jurisdiccionales de adopción podrán realizarse en cualquier entidad federativa, con independencia de la ubicación física del menor con posibilidad de adopción.

"Los niños y adolescentes acogidos en Centros de Asistencia Social, serán considerados abandonados al transcurrir 60 días naturales, sin que se reclamen derechos sobre ellos o información de su origen", resalta el documento.

Las reformas indican que queda prohibidas las promesas de adopción durante la gestación; la adopción privada sin la intervención de las autoridades competentes; la adopción sea para fines de venta, sustracción, tráfico y trata de personas, explotación, trabajo infantil; el contacto con los padres biológicos hasta antes de los 18 años; y el matrimonia entre adoptado y adoptante.

Podrán ser adoptados los menores y adolescentes que no tengan quien ejerza la patria protestad, abandonado o expósitos, sean acogidos por Centros de Atención, el DIF y Procuradurías de Protección.

A fin de acompañar la adopción, al menos cada seis meses, durante los primeros tres años posteriores a la adopción, los sistemas DIF en coordinación con la Procuraduría de Protección realizarán un seguimiento.

Antes de finalizar su intervención en tribuna, Vázquez Mota leyó un testimonio de Adopción y Acogimiento Familiar.

"Desde mi nacimiento los hospitales, las operaciones y los doctores fueron parte de mi vida, ya que por mí condición física fui abandonada al nacer.

He recibido atención médica de calidad, sin embargo necesito el amor de una familia. Puedo ser adoptada desde que tengo 5 años pero ya han pasado 12 años y sigo esperando.

Aunque pronto seré mayor de edad, mentalmente sigo siendo una niña. Soy cariñosa, cooperadora y muy alegre, puedo caminar despacio y uso zapatos ortopédicos. Me gusta dibujar y recortar, todos los días le pido a Dios por encontrar la familia que necesito", leyó la panista.

El Senado también avaló con 109 votos, incorporar el derecho a la alimentación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que tengan una alimentación adecuada, que considere los recursos y las prácticas alimentarias de su entorno cultural. Además, para que reciba educación nutricional apropiada.

Se establece que quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes estén obligados a garantizar este derecho, así como a fomentar la alimentación saludable en este sector de la sociedad.

Las autoridades -federales, estatales, municipales y de las demarcaciones de la CDMX- se coordinarán y coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, y en el ámbito de su competencia ejecutarán las políticas públicas que garanticen a niñas, niños y adolescentes el derecho a la alimentación.

El senador Raúl Paz Alonzo, del PAN, precisó que con esta modificación se contribuye a que los niños tengan la mayor protección posible desde los ojos de la ley. Debe acompañarse, precisó, del esfuerzo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para sumar políticas públicas que vuelvan realidad el derecho a una alimentación sana y suficiente.

Mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Senado de la República a través de la Secretaría General, firmó un convenio de colaboración con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para la enajenación de 76 vehículos.

Dichos automóviles fueron dados de baja, como parte de las medidas de austeridad implementadas a partir del 1 de septiembre de 2018.

El convenio señala que mientras se venden los automóviles, permanecerán en resguardo en el recinto legislativo para evitar el costo de almacenamiento. La fecha límite para vender los automóviles según el documento es el 31 de agosto de 2019.

El 3 de septiembre 2018, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal (Morena), dio a conocer que 91 de 161 vehículos serían subastados, afirmó que algunos de ellos pertenecían a los órganos de gobierno, otros a los grupos parlamentarios y algunos más al área administrativa.

El Senado avaló sesionar hasta el 27 de diciembre, en caso de ser necesario, y de que la Cámara de Diputados pueda aprobar el dictamen sobre la Guardia Nacional.

Mientras tanto los senadores regresarán a sus ciudades natales para celebrar la Navidad.

En caso de no ser necesario, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, dijo que no sesionar el 27 de diciembre, el periodo quedaría concluido con fecha del 20, razón por la cual, quedó conformada los senadores que participarían en la Comisión Permanente de Congreso.

Por Morena, serán titulares los senadores Martí Batres Guadarrama, Cruz Pérez Cuellar, Rubén Rocha Moya, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Freyda Marybel Villegas Canché, Lucía Virginia Meza Guzmán, Rocío Adriana Abreu Artiñano y Citlalli Hernández Mora.

Por el Partido Acción Nacional (PAN) estarán las senadoras Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Minerva Hernández Ramos y Xóchitl Gálvez Ruíz. Fungirán como suplentes del PAN, las senadoras Nadia Navarro Acevedo, Martha Cecilia Márquez Alvarado y José Erandi Bermúdez.

Del Partido Revolucionario Institucional (PRI): como titulares Jorge Carlos Ramírez y Silvana Beltrones, y como sustitutos Eruviel Ávila y Vanessa Rubio, respectivamente.

De Movimiento Ciudadano: como titular Dante Delgado y como sustituto Patricia Mercado.

Por el Partido del Trabajo (PT): titular Joel Padilla y como sustituto Alejandro González. Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD): como titular Miguel Ángel Mancera, y como sustituto Omar Abed Maceda.

Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM): titular Verónica Camino y como sustituto Raúl Bolaños. Por el Partido Encuentro Social: titular Elvia Marcela Mora y como sustituto Elizabeth Ávila Vázquez.

El Senado eligió a Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro de la Corte.

Con 114 votos a favor en el Senado de la República, González Alcántara Carrancá se convirtió en el sucesor de José Ramón Cossío Díaz.

En su primera comparecencia ante el Senado afirmó que el ministro Alberto Pérez Dayán cometió un error al ordenar suspender la Ley Federal de Remuneraciones.

Justo un minuto después de que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Martí Batres, anunció oficialmente la elección de Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar hizo pública la felicitación a su nuevo compañero.

A través de su cuenta de Twitter el ministro afirmó que González Alcántara Carrancá jugará un papel determinante en la defensa de los derechos humanos en el Máximo Tribunal.

"Felicito efusivamente y doy la bienvenida al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. No tengo duda de que hará un gran trabajo en la #SCJN y que jugará un papel determinante en la defensa y el desarrollo de los #DDHH", publicó el ministro.