Al expresar su preocupación por la reducción de prácticamente cincuenta por ciento del presupuesto del programa “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos”, así como por los cambios planteados a su diseño operativo, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resolvió en su sesión ordinaria exhortar respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar a reconsiderar con urgencia las decisiones asumidas, para garantizar los derechos de las niñas, niños, madres y padres trabajadores, así como a no incentivar estereotipos acerca de los roles de las personas mayores, particularmente de las mujeres.

El cuerpo colegiado llamó a las autoridades responsables del financiamiento de ese programa y a las encargadas de su operación a observar el interés superior de la niñez y a sujetar sus decisiones a los mandatos constitucionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como aquellas disposiciones constitucionales y legales que procuran igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y pretenden fortalecer la inclusión social efectiva de las personas mayores. Cualquier modelo de atención a niñas y niños que se adopte, necesariamente debe cumplir con esas premisas y la indispensable participación de la sociedad civil. 

En su Pronunciamiento ante la reducción presupuestal y las modificaciones operativas propuestas al programa de estancias infantiles, el Consejo Consultivo de la CNDH sostiene que alegar presuntos actos de corrupción e irregularidades o problemas administrativos no exime a las autoridades de cumplir sus obligaciones, ni justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos humanos.

Si en el pasado se cometió algún ilícito, debe investigarse y sancionarse a los responsables. Si el marco normativo dificulta la operación administrativa de programas o instituciones, debe actuarse con responsabilidad, promover las adecuaciones conducentes, sin dejar de cumplir con las obligaciones contraídas y, en todo caso, realizar las denuncias que correspondan.

Afirma que la eventual cancelación de estancias infantiles pone en riesgo el cumplimiento efectivo de los derechos de este grupo poblacional, al tiempo que coloca a sus madres y padres en situación de vulnerabilidad, que podría aumentar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, pues ante la falta de opciones de cuidados, viables y accesibles, para sus hijas e hijos, pondría a mujeres trabajadoras en la disyuntiva de renunciar a su empleo para asumir directamente su cuidado, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo y a la independencia económica.

La falta de acceso a esas instalaciones expondría a niñas y niños a situaciones de riesgo para su integridad, seguridad y posibilidades de desarrollo, en tanto madres y padres trabajadores tendrían que buscar soluciones alternas para el cuidado de sus hijas e hijos, lo cual les impondría cargas económicas adicionales y podría implicar que se vieran forzados a dejarlos al cuidado de personas sin la debida preparación para tal efecto, en particular en lo que hace al desarrollo infantil temprano, y en instalaciones que no cuenten con la infraestructura indispensable para ello. 

Asimismo, el cambio en la operación de este programa, en el que se sustituye la prestación de un servicio por la entrega de un apoyo económico, no necesariamente significará el uso de los recursos para fines del cuidado de niñas y niños, pues considerando los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social, es probable que los apoyos que eventualmente se entreguen sean destinados a cubrir otras necesidades básicas de las familias y no a garantizar los derechos de la niñez.

Para la directora general del DIF Estatal en Baja California, la ensenadense Mónica Vargas Núñez, impulsar el proyecto de la Casa Hogar para adolescentes es sinónimo de vida para muchos de ellos, ya que por la situación en la que muchos se encuentran, la exposición a conductas criminales y a hábitos mortales como el uso de drogas y alcohol, es cosa de todos los días.

Gracias a la visión y compromiso de una empresa local, socialmente responsable, con el carácter para donar un millón de pesos para impulsar el proyecto de la Casa Hogar para adolescentes, se podrá invertir en equipar perfectamente bien la infraestructura de la casa México-Japón de la Colonia 89 de Ensenada, que ha servido para cuidar a menores de edad en el pasado y que hoy, está en desuso. 

Vargas Núñez informó que prevén que este centro beneficiará en primera instancia a 40 adolescentes, quienes no han tenido la oportunidad de ser adoptados, pero requieren seguir estudiando, tener atención psicológica y de salud, entre otros.

Informó que a nivel estatal, DIF tiene a más de mil 95 menores bajo resguardo, de los cuales 856 son adolescentes de 12 a 17 años, por lo que parte de las acciones del Gobierno de Baja California, es lograr su bienestar mediante los Centros de Atención Integral.

Este espacio, añadió, estima un recurso de 5 millones 126 mil 382 pesos, para adecuar el inmueble, equiparlo, así como para rehabilitar el patio, instalaciones deportivas y otras para la operación del centro.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, consideró grave el rechazo y el tono empleado por el gobierno federal para descalificar la recomendación 29/2019 sobre las estancias infantiles y lo atribuyó a que no se ha entendido el papel de los órganos autónomos.

En entrevista dijo que se dará vista al Senado de ese rechazo a la recomendación, como corresponde según la Constitución, pero planteó que las recomendaciones deberían atenderse.

"Me parece grave que no se haya entendido el sentido de una recomendación y el tono de la repuesta", planteó en entrevista en el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la presentación del Protocolo del Instituto para proteger los derechos humanos de las personas Trans.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la semana pasada que la recomendación sobre las estancias infantiles es una "vergüenza" y antes, la Secretaría de Bienestar aseguró que era "aberrante"

En respuesta, el ombudsman expuso hoy "nosotros respetuosamente daremos respuesta a planteamientos que si les puedo anticipar, no tienen sustento, a las respuestas que nos dieron pero el tono no fue el más adecuado. Daremos puntual respuesta y desencadenaremos los procedimientos que están previstos en la Constitución".

Pero pidió entender el papel de los organismos autónomos y respetar la diversidad. "Continuemos en la unidad dentro de la diversidad y para eso necesitamos respetar el disenso, disentir no significa agraviar significa contribuir".

Recordó además que en 29 años la CNDH ha emitido recomendaciones a gobiernos de todos los colores, en defensa de los derechos humanos sin importar el partido en el gobierno.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer a la sociedad mexicana y a la opinión pública en general, los resultados de la investigación realizada sobre el caso de la violación a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, vigente hasta el 27 de febrero de 2019 y que derivó en la emisión de la Recomendación 29/2019, el 31 de mayo del año en curso.

Es pertinente señalar que la emisión de este pronunciamiento no pretende inhibir la implementación de medidas de austeridad y control presupuestal, o la investigación de cualquier irregularidad en el manejo de los recursos públicos; por el contrario, saludamos las medidas que tengan por objetivo un mejor control del gasto público, así como la investigación y sanción de actos de corrupción. No obstante, se enfatiza que esas acciones deben ejecutarse sin vulnerar los derechos de niñas, niños, mujeres, y padres, para evitar que se les prive de la oportunidad de acceder a servicios de cuidado y atención integral infantil, y se afecten sus posibilidades de subsistencia, y desarrollo profesional y personal.

De igual forma, es importante tener presente que la seguridad en las estancias infantiles es responsabilidad de quienes prestan esos servicios, pero no debe perderse de vista que corresponde a las autoridades garantizar la supervisión de los centros de atención y cuidado integral infantil y, en su caso, sancionar cualquier incumplimiento de las obligaciones que establece la normatividad aplicable. Detrás de cualquier daño a la integridad, salud o vida de las niñas y niños en ese tipo de servicios, suele encontrarse, por lo general, la omisión de las autoridades en el ejercicio de sus labores de supervisión y vigilancia.

A fin de contextualizar los hechos materia de investigación, resulta conveniente señalar brevemente la cronología de los hechos.

El 28 de febrero de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019 - en adelante “Programa de Apoyo al Bienestar”-, las cuales dejaron sin efecto las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles.

Entre el 7 de febrero y el 29 de abril del año en curso, se presentaron ante este Organismo Nacional 204 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de 5,340 personas agraviadas y/o quejosas, de las cuales, 2,049 son madres y padres, 1,662 niñas y niños, 1,310 responsables de estancias, 117 diputados federales y locales, y 202 personas con otra calidad, sin dejar de advertir el detrimento a la totalidad de los beneficiarios del extinto Programa de Estancias Infantiles.

Los Estados de la República que concentraron el mayor número de personas quejosas y/o agraviadas fueron Jalisco con 2,424, Sinaloa con 1,021, Veracruz con 779, y Chiapas con 207.

De forma coincidente, las quejas señalaron, en síntesis, lo siguiente:

a) El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en su Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre hombres y mujeres” correspondiente al Ramo 20 de “Bienestar”, sufrió una disminución del 50% respecto del año inmediato anterior;

b) Posteriormente se canceló el Programa de Estancias Infantiles en su totalidad, lo que constituye una violación a los derechos humanos de las niñas y niños usuarios del referido programa, de sus madres, padres y/o tutores, y de las responsables y trabajadoras de las estancias infantiles;

c) Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar ponen en riesgo los servicios de cuidado de niñas y niños en las estancias infantiles, lo que representa una violación a sus derechos a recibir cuidados en un lugar que propicie su desarrollo integral;

d) El recorte presupuestal y la posterior cancelación del Programa de Estancias Infantiles priva a las madres de su derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y a desempeñarse en el ámbito laboral;

e) En cuanto a las responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, las despoja de la oportunidad de tener un trabajo y un desarrollo personal, y

f) Existencia de irregularidades en el censo de beneficiarios para el Programa de Apoyo al Bienestar.

El gobierno federal ha entregado 625.3 millones de pesos para el apoyo de niñas y niños entre uno y cuatro años, en lugar de las estancias infantiles.

De acuerdo con cifras presentadas por la Secretaría del Bienestar, en el bimestre marzo y abril han recibido el apoyado un total de 197 mil 719 niños de todo el país, entre ellos 3 mil 101 con discapacidad.

La meta del gobierno es llegar 213 mil 437 niños, entre ellos 3 mil 101 con discapacidad, con lo cual se entregarán cada bimestre 666.7 millones de pesos.

Un juez federal emplazó a la Secretaría de Bienestar para que en 24 horas entregue a una estancia infantil el dinero del programa según el plan vigente en 2018.

La encargada de la guardería había acudido a entregar las listas de asistencia de los menores que tiene registrados, pero uno de los funcionarios de la secretaría --afirma-- se negó a recibirlas bajo el argumento de que el programa ya finalizó.