El matrimonio estadounidense que fue acusado de torturar, maltratar y mantener cautivos a sus 13 hijos en la casa familiar en el sur de California se declaró culpable de 14 cargos, informó este viernes la Fiscalía del Condado de Riverside.

David Allen Turpin, de 56 años, y Louise Ann Turpin, de 50, se presentaron este viernes en una corte de este condado y se declararon culpables de 14 cargos (afrontaban 49), entre ellos de tortura, maltrato infantil y crueldad, los cuales les supondrán al menos 25 años de cárcel.

La pareja se había declarado inocente de todos los cargos, no obstante, a fin de evitarse ir a juicio, cambiaron su declaración en una audiencia en la que Louise se quebró en un momento.

El fiscal de Riverside, Mike Hestrin, dijo en una conferencia de prensa que a fin de evitar que las víctimas tengan que testificar aceptó la declaración de culpabilidad de los esposos, detenidos en enero de 2018 cuando una de sus hijas, de 17 años, logró escapar del domicilio y alertar a las autoridades.

"Queremos justicia, pero esa justicia también es cuidar a las víctimas y no queremos que sufran más", recalcó el fiscal de distrito.

El caso se destapó luego de que la hija que logró escaparse llamó al teléfono de emergencia 911 para avisar que sus hermanas estaban "encadenadas a las camas" en el domicilio familiar, ubicado en la localidad de Perris.

Las autoridades descubrieron luego las penosas e insalubres condiciones en las que permanecían los 13 hijos, en ese momento con edades comprendidas entre los 3 y 29 años, quienes fueron atados con cuerdas y cadenas, encerrados en jaulas y algunos de ellos presentaban cuadros de desnutrición severa.

"Es el caso más horroroso que he visto en toda mi carrera como fiscal", aseveró hoy Hestrin, quien precisó que al cabo de 25 años la pareja podría solicitar libertad condicional aunque un panel tendrá que determinar si le concede o no el pedido.

El fiscal precisó que "la condena es la más grande que se pueda lograr en California" después que el año pasado entró en vigencia una ley que no permite condenar de más de 25 años a una persona de la tercera edad sin tener una oportunidad de pedir libertad condicional.

Los 13 hijos de la pareja están a cargo de los servicios sociales del Condado de Riverside.

El matrimonio Turpin regresará a la corte el próximo 19 de abril para la audiencia de sentencia.

Todos tenemos esa canción que no toleramos ni un segundo, este fue el caso en una cárcel en donde algunas personas demandarán a los empleados por poner tantas veces una misma canción. 

En la ciudad de Oklahoma, tres personas presentaron una demanda en contra de empleados de la cárcel del condado de Oklahoma porque, según los investigadores, los obligaban a escuchar, esposados, la famosa canción infantil ‘Baby Shark’. 

​Estos actos fueron catalogados como actos de tortura. Daniel Hedrick, Joseph Mitchell y John Basco demandaron a los comisarios del condado, al jefe de policía Tommie Johnson III, al fideicomiso de la cárcel y a dos antiguos custodios. 

En una investigación realizada en 2020 se determinó que al menos cuatro presos fueron sujetados a una pared, con las manos esposadas mientras la canción ‘Baby Shark’ sonaba una y otra vez a un volumen alto durante más de dos horas. 

Y no ha sido el primer caso en la que se usa esta canción infantil para torturar o para algún fin negativo ya que en West Palm Beach, Florida reprodujeron la canción a alto volumen a las afueras de un centro de eventos para evitar que los vagabundos pasaran ahí la noche. 

Como resultado de esta investigación y demanda fue que dos ex empleados de la prisión, Gegory Cornell Butler Jr. y Christian Charles Miles, los dos de 21 años de edad, y su supervisor, Christopher Raymond Hendershott, de 50 años, fueron acusados de delitos menores por eventos de crueldad hacia un preso y de conspiración. 

Recientemente, la canción infantil ‘Baby Shark’ se convirtió en la canción más reproducida en la historia de YouTube, superando a canciones de artistas mundialmente reconocidos. El video oficial acumula un total de nueve mil millones de reproducciones y fue publicada el 17 de junio del año 2016. 

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Durante la madrugada de este jueves se atendió el reporte de jóvenes que presentaban tortura al interior de un domicilio ubicado en la Privada Águila Real 1 del Fraccionamiento Natura. 

De acuerdo a las autoridades, en el lugar se encontró una persona lesionada y otra persona sin vida con huellas de violencia. 

El occiso fue identificado como Ricardo Villagomez Barrera, quien se encontraba atado de pies y manos con cinta adhesiva color gris y que presuntamente falleció por asfixia. 

Mientras que el joven lesionado presentaba golpes en el rostro y el cuerpo, quien también se encontraba atado de pies. El joven fue identificado como Kevin Misael Villagomez Barrera y ambos son originarios de Guadalajara.

Durante la transmisión en vivo de este jueves, el Secretario Técnico de la mesa de seguridad, Isaías Bertín Sandoval dijo que no tenía información, pues no se tocó el tema en la mesa de seguridad.

La Guardia Nacional detuvo a dos elementos de la Policía Municipal de Culiacán, Sinaloa, quienes transportaban a un hombre herido y esposado, acompañados de un civil armado con un fusil AK-47 y pecheras.

El hecho ocurrió en por la sindicatura de Tepuche.

Según el reporte de autoridades, la persona herida y esposada, de nombre Víctor "N", al parecer fue "levantado", atado y sujeto a torturas un día antes, por lo que se investigan los hechos y se busca identificar al civil armado que los acompañaba.

La Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán informó que la noche del viernes, dos de sus agentes no se reportaron a su base al concluir su turno, por lo que se emprendió su búsqueda hasta conocer que se encontraban en calidad de detenidos por la Guardia Nacional.

Se desconoce, dijo la dependencia, la forma en cómo fueron detenidos y las causas de esto, por lo que se espera que se defina su situación legal.

La información indica que los agentes, identificados en forma extraoficial como Gilberto "N" y Evaristo "N", fueron señalados por el detenido como las personas que lo torturaron por varias horas y desconocía a dónde era llevado en una patrulla, escoltados por un civil armado.

El jueves 04 de junio el juez tercero de lo penal Flavio Herrera Robles, liberó orden de aprehensión en contra del teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez, en base a la denuncia en su contra por presuntos actos de tortura y privación ilegal de la libertad cometidos hace 10 años cuando fue secretario de seguridad pública de Tijuana.

El día de hoy autoridades del Estado de Baja California levantaron una alerta migratoria en Estados Unidos contra Leyzaola, pues ya lo consideran como prófugo de la justicia.

Su hija confirmó a CADENA NOTICIAS que Leyzaola se encuentra fuera del país.

Al existir una orden de aprehensión en su contra, autoridades estadounidenses podrían detenerlo si intenta ingresar a la unión americana.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ofreció una disculpa pública a los 324 menores que sufrieron tortura, trato cruel e inhumano y violaciones sexuales en los albergues de la Ciudad de los Niños Salamanca, en respuesta a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En la sesión extraordinaria del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato (SIPINNA), el gobernador se comprometió a implementar las acciones que sean necesarias para eliminar o reparar los daños causados a todas las víctimas.

El mandatario se comprometió a acatar las 32 recomendaciones que le hizo la CNDH con motivo de las violaciones graves a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad albergadas en las casas hogar de Ciudad de los Niños Salamanca.

"Acepto las medidas recomendadas para hacer frente a la responsabilidad que se ha adquirido, manifestando mi compromiso para dar efectivo cumplimiento con un estricto apego a un marco constitucional y convencional en aras de reparar integralmente las consecuencias de los daños ocasionados a las víctimas, con el debido respeto".

El pasado 19 de mayo, la CNDH emitió la recomendación 32DG/2020 que contienen 55 recomendaciones dirigidas a los gobiernos de los estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro y de los municipios de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.

Las recomendaciones se derivan de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en los refugios administrados por la Ciudad de los Niños Salamanca AC, "con la tolerancia y/o aquiescencia de personal de los sistemas DIF" de las entidades, municipios y fiscalías citadas.

La Ciudad de los Niños fue fundada por el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías, director de los albergues de la institución, quien registraba a los menores como sus hijos ante el Registro Civil y tenía el apoyo económico de organismos del estado.

En la sesión transmitida por la televisora oficial del estado, reconoció y aceptó la responsabilidad en la que se ha incurrido con motivo de los hechos suscitados al interior de las casas hogar de la Ciudad de los Niños Salamanca, "que han trascendido con asentimiento de diversas administraciones de las dependencias involucradas en la comisión de violaciones graves a derechos humanos de distintas personas".

Ofrezco una disculpa a las 324 víctimas que sufrieron violaciones graves a sus derechos en las casas hogar administradas por la Ciudad de los Niños Salamanca AC, que con tolerancia de distintas administraciones estatales sufrieron afectaciones en el goce de sus derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, el desarrollo, la integridad personal con motivo de actos tortura, violencia sexual y trato cruel e inhumano", acotó.

Se pronunció por el respeto a los derechos a la identidad, la protección a la salud, la educación, el libre desarrollo de la personalidad, el trato digno y el interés superior de la niñez.

Instruyó a todas las dependencias competentes para que efectúen a la brevedad posible todas las medidas restaurativas recomendadas por la CNDH.