El gobierno de México se comprometió desde 2017 "a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht" por el caso de los presuntos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En una tarjeta informativa para dar a conocer avances del caso Odebrecht, emitida, este jueves, por la Fiscalía General de la República (FGR), el ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, suscribió un convenio por el cual Brasil se comprometió a compartir información de la investigación, a cambio de que las autoridades mexicanas no procedieran penal, civil y administrativamente contra ejecutivos de esa firma.

"Estos convenios fueron ratificados por México en tres ocasiones, uno en fecha 16 de febrero, y dos el 14 de junio de 2017", precisaron en la dependencia.

Según la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, posteriormente la PGR tomó declaración a tres ex directivos de la constructora brasileña identificados como Marcelo Bahía Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll, e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, quienes realizaron señalamientos que se encuentran protegidos por el debido proceso.

Asimismo, refirió que en mayo de 2017 se recabaron entrevistas de tres funcionarios de Odebrecht México: Helder Antonio Campomizzi, actualmente coordinador de licitaciones en la constructora en nuestro país; José Vito Facciolla Junior, director de Proyectos Odebrecht México, y Guillermo Antonio Suárez Solís, representante legal de la empresa, quienes aportaron diversos datos de prueba con relación a la investigación Pemex-Odebrecht, en la que se imputa a Emilio Ricardo Lozoya Austin de recibir sobornos.

La dependencia afirmó que en abril del año pasado solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) el registro migratorio de entradas y salidas de los funcionarios de la empresa Odebrecht a nuestro país.

De acuerdo con la fiscalía, desde que se recabó la entrevista en calidad de imputado de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, quien se reservó su derecho a declarar, ningún funcionario de la empresa ni de Odebrecht México ha sido citado a comparecer por el Ministerio Público de la Federación.

Agregó que entre mayo y septiembre de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) recibió información financiera procedente de Suiza consiste en 3 mil 239 fojas, por lo que solicitó al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) determinar la red de vínculos respecto a las transferencias, depósitos y personas involucradas en los hechos investigados, lo cual tendrán listos en una semana.

La Fiscalía General de la República no hará pública indefinidamente ninguna información del caso Odebrecht México, en el que se vincula al ex director general de la empresa petrolera, Emilio Lozoya Austin, de haber recibido de la constructora 10.5 millones dólares en sobornos.

Lo anterior, porque el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México le concedió a finales de enero una suspensión definitiva en el juicio de amparo 1386/2018-V, para que los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se abstengan de exigirle una versión pública del expediente FED/ SIEDF/CGI-CDMX//0000117/2017.

La Fiscalía General de la República puntualizó ayer que tramitó tres amparos, dos de los cuales están pendientes de su resolución ante los juzgados de Amparo 9 y 12 en materia Administrativa, respectivamente.

La dependencia precisó que desde octubre del año pasado ha recibido 11 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales, en 10 se reservó la información por versar sobre datos de la indagatoria, protegidos con base en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sólo en una se otorgó la información por tratarse de datos estadísticos, señalaron las autoridades en una tarjeta informativa.

"De las 10 reservadas, en tres hubo resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a los recursos de revisión que interpuso el solicitante de información, que no es posible obsequiar por las reservas legales, razón por la cual, el Ministerio Público de la Federación promovió juicio de amparo", refirió.

Un juez de control determino mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que seguirá su proceso por el caso Odebrecht en el reclusorio Norte. 

Este martes, un tribunal federal ordenó celebrar una nueva audiencia para determinar si modificaba la medida cautelar impuesta a Lozoya Austin, luego de que el Tribunal Unitario revocó la prisión preventiva justificada impuesta en el caso de la planta chatarra de Agronitrogenados y ordenó la colocación de un brazalete electrónico. 

El tribunal ordenó reponer la audiencia, para que el juez motive y fundamente su decisión, ya que no lo hizo cuando decretó la prisión preventiva en noviembre. 

El juez de Control reiteró los criterios expuestos entonces, entre los que destaca el elevado riesgo de que se fugue y se mantenga oculto. 

Otro de los rubros en que basó su decisión el juez es la red de ayuda que podría tener Emilio Lozoya para huir del país, al hacer referencia a su esposa de nacionalidad alemana, además de que no tiene apego familiar en la Ciudad de México. 

También argumentó que la cantidad de recursos económicos que tiene para sustraerse de la justicia y mantenerse oculto; en particular, dos millones de euros que le encontraron en un cuenta bancaria en el Principado de Liechtenstein. 

Otro argumento del juez fue la elevada pena que alcanzarían los tres delitos imputados al ex director de Pemex: asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho, pues las penas máximas sumadas de esos ilícitos alcanzan los 35 años de prisión. 

En esta audiencia solo estuvo presente en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio Norte, Emilio Lozoya y uno de sus abogados, pues tanto el juez como los agentes del Ministerio Público de la Federación, así como los representantes jurídicos de Pemex y la UIF, parte ofendida, comparecieron, a través de videoconferencia. 

El juez Artemio Zúñiga explicó que esto se debía a que en dicho Centro de Justicia Penal Federal se han presentado varios contagios de covid-19, incluso reveló que se trata de un 30 por ciento del personal. 

El 3 de noviembre, el juez Artemio Zúñiga determinó modificar la medida cautelar del ex director de Pemex, e impuso la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Odebrecht. 

En ese entonces, el juez basó su decisión en tres rubros: la red de ayuda que podría tener para fugarse Emilio Lozoya; la cantidad de recursos económicos que tiene para ello, así como la pena de los tres delitos que se le imputan al ex director de Pemex, asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho. 

Lozoya Austin denunció al ex presidente Enrique Peña Nieto y a otros políticos por presuntamente recibir sobornos millonarios cuyo origen son de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que podría alcanzar una condena de 39 años de prisión. 

Esta mañana, un Tribunal Federal desechó el amparo que promovió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el cual buscaba echar atrás la resolución de una magistrada de circuito que modificó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya, para que enfrente su proceso en libertad por el caso de la planta chatarra Agronitrogenados. 

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En cumplimiento a una orden del Instituto Nacional de Transparencia –INAI-, la Fiscalía General de la República (FGR) difundió las versiones públicas de los cinco primeros tomos del expediente del caso Odebrecht, en los que ocultó la información relevante que permita conocer a los involucrados en esta trama de corrupción.

Entre la información censurada hay documentos que involucran a actuales funcionarios federales, como es el caso de Leonardo Cornejo Serrano, directivo de la refinería de Dos Bocas, que en el sexenio pasado intervino en la asignación de una obra en Tula a Odebrecht.

También fue censurada por completo información referente a una obra que Odebrecht ejecutó en Michoacán cuando fue gobernador de aquel estado Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente López Obrador.

El expediente de Odebrecht consta de decenas de tomos y anexos, los cuales la FGR se comprometió a hacerlos públicos en forma paulatina. La publicación del expediente se dio en cumplimiento de las resoluciones del INAI a recursos de revisión interpuestos en septiembre pasado por la organización periodística Quinto Elemento Lab.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad –MCCI- obtuvo copia del expediente sin censurar, y realizó un cotejo de los cinco primeros tomos del expediente, para verificar la información que la FGR ocultó en sus versiones públicas.

La denuncia

Dictamen de adjudicación directa del contrato en la refinería de Salamanca

Contrato de Tula

Declaración de Leonardo Cornejo Serrano, actual funcionario en la refinería de Dos Bocas

Carta enviada por Leonardo Cornejo Serrano, actual funcionario en la refinería de Dos Bocas, en la que invita al director de Odebrecht, Luis Weyll, a presentar cotización para la obra de Tula que fue negociada con sobornos

Los documentos de Odebrecht sobre una obra que realizó en Michoacán, cuando ese estado fue gobernado por Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores de AMLO

Las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht que denunciaron los sobornos

La siguiente es una relación de la información censurada:

-Contrato a Odebrecht en Tula y Salamanca, revisión técnica de Leonardo Cornejo Serrano.

-Segundo contrato para Odebrecht en Tula, también validado por Cornejo Serrano.

-Denuncia de Pemex ante la PGR; indicios de sobrecostos y pagos no justificados.

-Nombramiento de Leonardo Cornejo como coordinador de proyectos de modernización de refinerías en el sexenio de Peña Nieto.

-Simulación de estudio de mercado de Odebrecht y sus proveedoras.

-Invitación de Leonardo Cornejo a Luis Weyll –quien negociaba los sobornos- para que Odebrecht envíe propuesta para la refinería de Tula.

-Aprobación de contrato en Tula a favor de Odebrecht.

-Contrato de Pemex con Odebrecht, en el que firma Cornejo.

-Segundo contrato para Odebrecht en Tula.

-Respuesta de Pemex al Ministerio Público por investigación de Tula.

-Dictamen de adjudicación directa firmado por Leonardo Cornejo y José Aarón Marrufo Ruiz.

-Acta de sesión en la que se aprueba incrementar la capacidad de Tula; Carlos Roa, coordinador de asesores de Lozoya, justifica la obra; Cornejo la defiende.

-Proveedores de Odebrecht en Tula; incluye oficio para subcontratar a Grupo Tulancingo, empresarios cercanos a Osorio Chong.

-Declaración de Leonardo Cornejo Serrano ante la PGR.

-Relación de subcontratistas de Odebrecht en Hidalgo.

-Declaración de los ex funcionarios de Pemex Víctor Domínguez Cuéllar, Claudio Cristian Nava Aguilar, Gustavo Escobar Carre, André Arthur Glorieux González, Armando Hiram Hinojosa González, Guillermo Antonio Suárez Solís, Fernando Castillo Amor, Armando Ricardo Arenas Briones, Alejandro Martínez Sibaja, Arturo Arregui, Jesús Lozano Peña y Arturo Francisco Henríquez Autrey.

-Convenios modificatorios de contratos a Odebrecht en Tula y Salamanca.

-Documentos del gasoducto Los Ramones asignado a Odebrecht.

-Documentos de obra de Odebrecht en Michoacán.

-Estados de cuenta bancarios de Emilio Lozoya en Suiza.

-Acuerdo de inmunidad que en 2017 firmó la PGR para Marcelo Odebrecht y otros vinculados al caso.

-Anexos de los documentos entregados por Brasil

-Subcontrato de Odebrecht con Inmobiliaria Ruso en Veracruz.

-Órdenes de pago de Blunderbuss, empresa fantasma de Veracruz a través de la cual Odebrecht trianguló sobornos.

-Procedimiento para asignar presa en el río Los Pescados, de Veracruz.

-Rastreo financiero de Lozoya en instituciones de todo el país y del extranjero.

-Respuesta de la confederación suiza a petición de información.

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, en un nuevo video, reveló que hizo un comparativo entre el caso Odebrecht en Estados Unidos, el cual dedica un capítulo completo a México, y la investigación que se le está siguiendo por las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

En el segundo de cuatro videos, Anaya Cortés describe que, de acuerdo a la confesión del director de Odebrecht, Luis Weyll, la constructora brasileña le entregó directamente a Emilio Lozoya sobornos por 10 millones de dólares, una parte para la campaña presidencial de 2012 y el resto de manera personal a Lozoya, a cambio de contratos de obra pública en la ampliación de la refinería de Tula.

Anaya hace notar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó en cuenta todos los elementos, incluida la declaración del director de Odebrecht, y condenó a la empresa a pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares. En cambio, la FGR desestimó la confesión de los propios inculpados para atenerse a los dichos de Lozoya, y armó “un Frankenstein torciendo todo y acabaron en un cuento totalmente absurdo”.

“Las conclusiones de la Fiscalía de López Obrador son exactamente contrarias a las conclusiones de las autoridades de Estados Unidos. O sea, el caso es el mismo, pero las conclusiones son contrarias… En la versión de Lozoya y de López Obrador, es el rollo de la Reforma Energética y el dinero acabó casualmente en las manos de los adversarios de López Obrador… Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, son contratos de obra pública y el dinero se lo dieron a Lozoya”.

Encontré un montón de pruebas de mi inocencia… y de lo corrupto que es AMLO: Anaya

Anaya concluye que “la Fiscalía de López Obrador no tiene interés en recuperar el dinero ni en castigar a los verdaderos culpables. Lo que López Obrador quiere, en realidad, es hacer una carambola de tres bandas: primero y más allá de lo que pienses de la Reforma, lo cual es respetable, López Obrador quiere reforzar su discurso en contra de la Reforma Energética; segundo, quiere aparentar que lucha contra la corrupción, cuando la realidad es que los verdaderos culpables están libres, con el dinero en sus cuentas; y tercero, quiere usar todo este circo para meter a la cárcel a sus adversarios políticos, como yo”.

Ante las conclusiones contrarias de la misma investigación en Estados Unidos y en México, y dado que el propio director de Odebrecht confesó que el dinero se lo dieron a Lozoya a cambio de contratos de obra pública (y no para sobornar a legisladores a cambio de aprobar la Reforma Energética), Anaya cuestiona: ¿dónde están esos millones de dólares?

“Mañana voy a demostrar que Lozoya tiene la lana, y que López Obrador está dejando que se la quede, a cambio de que le ayude a declarar en mi contra y así tratar de meterme a la cárcel. ¿Dónde está el dinero? De eso se trata el video de mañana”, dijo.

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Ricardo Anaya Cortés sí votó a favor de la reforma energética cuando era diputado federal en el sexenio pasado, detalla una versión pública de la investigación que realizó la Fiscalía General de la República (FGR), con la cual busca llevarlo a prisión por supuestamente recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos. 

En el documento se da cuenta de hechos delictivos “que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.

La versión pública detalla que la FGR ha judicializado diversos casos, como el de Ricardo Anaya, los cuales ya son del dominio público. 

#FGRInforma: Versión pública caso Odebrecht/Ricardo “N”. pic.twitter.com/OZK9beR4zP

— FGR México (@FGRMexico) August 25, 2021

Indica que altos funcionarios de Odebrecht Brasil, como Hilberto Mascarenhas Alves, Marcelo Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll, entre otros, señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de obtener, a partir de 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana. 

Para ello, entregaron sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera.

En la denuncia que Emilio Lozoya presentó a la FGR en 2020 señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil. 

Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya cuyo nombre es Norberto Gallardo; monto que le entregó a Ricardo Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en 2014. 

“Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia de que Ricardo Anaya votó a favor de la misma”, puntualiza el documento.

Los testigos Miguel Pérez Esquivel (chofer de Lozoya) y Froylán Gracia Galicia (ex colaborados cercano) manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores, a las oficinas de Emilio Lozoya, en la Dirección General de Pemex, lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales 

“La secuencia de todas las diligencias señaladas, que pueden aportarse en versión pública, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido", señala la fiscalía. 

Todo lo cual ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público. 

“De conformidad con los artículos 212, 261, 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señala que, en la etapa de investigación inicial, de audiencia inicial y de vinculación a proceso, el Ministerio Público de la Federación sólo necesita exponer al juez de control los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión”, enfatiza la versión. 

Para la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en el caso Odebrecht, por lo que lo acusa de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral.

Según la orden de aprehensión que la FGR solicitó contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y que después retiró de un juzgado federal para afinarla, Peña Nieto contó con su "propio aparato de poder criminal", a partir del cual implementó una estrategia de cooptación a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales en materia energética, mediante la obtención de dinero, principalmente de la constructora brasileña Odebrecht, que sirvió para el pago de sobornos a diputados y senadores.

"Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas", indicó la Fiscalía.

La FGR basa la probable intervención de Peña Nieto, como autor mediato, en la llamada "teoría del control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado", según la cual, el hombre de atrás [Enrique Peña Nieto] dominó la voluntad de los autores directos de los sobornos en el caso Odebrecht, Luis Videgaray y Emilio Lozoya, mediante un aparato de poder organizado, "que en el caso concreto lo era el gobierno federal".

El pasado 3 de noviembre, EL UNIVERSAL publicó una entrevista que hizo Quinto Elemento Lab a Luis Alberto Meneses Weyll, quien el principal funcionario de Odebrecht que sobornó a Emilio Lozoya Austin. Fue quien confesó a la justicia brasileña haber entregado 10.5 millones de dólares al servidor público entre 2012 y 2014, y quien puso en la mira al exdirector de Pemex con sus acusaciones reveladas en 2017.

Ahora, Meneses Weyll desmiente las versiones que Lozoya Austin está ofreciendo a la justicia mexicana en su intento por obtener un trato preferencial.

Ni hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto ni hubo sobornos para que los legisladores aprobaran la reforma energética, ni hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, aseguró Meneses Weyll a través de su abogado, Carlos Kauffmann.

"El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya Austin (...) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (...) Si alguien está intentando colocar en Meneses Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir", dijo el abogado Kauffmann en la primer entrevista que concede a la prensa mexicana.