El Pastor Alberto Rivera Colón, presidente de la iglesia AGAPE Misión Mundial; interpuso una denuncia ante Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana, en contra de un elemento de la policía municipal.

Explicó que cuatro menores de edad , se encuentran desaparecidas; anunció que los migrantes centroamericanos que se refugian en la iglesia, denunciaron ante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que el guatemalteco Nicolás Esteban, está contribuyendo en el tráfico de personas, sin embargo, solo fue detenido por causar disturbios y lo dejaron en libertad después de unas horas.

El pastor, resaltó que el hombre guatemalteco, prometía a los migrantes refugiados de la iglesia, llevarlos de manera ilegal a Estados Unidos para evitarse el proceso de asilo político por parte de las autoridades estadounidenses. 

Sin embargo, de acuerdo con testigos de migrantes centroamericanos, denunciaron a un policía municipal el secuestro de 4 personas con ayuda de Nicolás Esteban. 

“Están desaparecidas una menor de 15 años, una de 17, una de alrededor de 22 años y un niño de dos años. Eso es lo que está pasando en el albergue, están secuestrando a los migrantes, imagínense lo que han de hacer los los migrantes que no tienen un refugio”, comentó el pastor.

Por ello, Rivera Colón, pidió a la Sindicatura que tome las medidas pertinentes en contra del policía municipal que ya tenía conocimiento de que el guatemalteco contribuye en el tráfico de personas y sólo pasó el reporte ante el juez de ser detenido por tratarse de disturbios, por lo que ahora se encuentra en libertad y representa un peligro. 

Agregó, que espera que las autoridades de seguridad también contribuyan en detener al presunto delincuente.

Una caravana de casi un millar de migrantes de Honduras y El Salvador ingresaron esta maña de forma irregular a territorio mexicano, sin que ninguna autoridad lo impidiera.

El grupo de migrantes pernoctó en el poblado de Tecún Umán, Guatemala, localidad fronteriza con México y esta mañana caminaron hacia el Puente Internacional Rodolfo Robles que se encuentra abierto sin ninguna vigilancia especial.

La caravana de migrantes continúo su caminata hasta llegar del lado mexicano, al recinto migratorio y fiscal, donde unos guardias de seguridad privada intentaron evitar el ingreso, pero no pudieron contener a la multitud.

En esta nueva caravana de migrantes se observa la presencia de varias familias con sus hijos menores, así como jóvenes que dicen huir de la pobreza y violencia por las pandillas.

El contingente de extranjeros camina por la carretera que comunica a México con los países del Istmo centroamericano, y buscarán llegar a esta ciudad, ubicada a unos 38 kilómetros.

Por el momento, sólo se observa patrullas de la Policía Estatal que realizan recorridos de vigilancia. 

La sexta fuga del año de migrantes se registró este domingo en la estación Siglo XXl de Tapachula.

La nueva huida ocurrió cuando cubanos protestaban en las rejas de acceso del inmueble, a donde llegaron decenas de policías federales para restablecer el orden.

Los migrantes comenzaron a jalar la puerta hacia adentro y la abrieron. En un primer momento salieron cuatro, un agente migratorio intentó cerrar el portón pero el resto de cubanos empujó y salió.

Por la mañana los isleños protestaban para exigir que no fueran deportados y se les otorgue acceso a la regularización.

Los extranjeros han denunciado que el Instituto Nacional de Migración (INM) no les plantea opción de iniciar ningún procedimiento, como estrategia para deportarlos después.

Uno de los inconformes dijo antes de la fuga que los quieren deportar y "nosotros no queremos ser deportados, queremos que nos den un papel para seguir o que nos digan tienen 72 horas para abordar el país" (llegar a la frontera norte).

Migrantes han denunciados que durante las protestas y motines en Siglo XXI, mujeres y niños han sido golpeados por los agentes de Migración.

Una vez más los cubanos acusaron que las condiciones de estancia son inhumanas porque duermen en el suelo humedecidos con las lluvias y los alimentos además de baja calidad son escasos.

 Guatemala reportó este jueves que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incrementó las deportaciones terrestres de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses del 1 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2019, en comparación con los periodos similares de 2018 y 2017, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto.

En un informe, del que EL UNIVERSAL tiene copia, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) precisó que en los primeros cinco de sus 72 meses de administración el gobierno de López Obrador repatrió por la frontera mexicano-guatemalteca a 42 mil 929 originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

La cifra superó los 35 mil 318 repatriados de diciembre de 2017 a abril de 2018 por el gobierno de Peña Nieto, pero quedó lejos de los 52 mil 100 expulsados por esa misma administración de diciembre de 2015 a abril de 2016, puntualizó el recuento.

México deportó a 21 mil 721 personas de diciembre de 2016 a abril de 2017, según el IGM.

"Las acciones del gobierno mexicano y las de los gobiernos centroamericanos tienen relación directa con querer congraciarse con el gobierno de Estados Unidos", aseguró la guatemalteca Julia González, coordinadora de la (no estatal) Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, que estudia el fenómeno migratorio regional.

"Teníamos muchas expectativas positivas con la política migratoria que podía tener López Obrador, pero hay preocupaciones. Las deportaciones van en contra de las expectativas que teníamos de la actuación de este nuevo gobierno", dijo González.

Las amenazas de este año de Estados Unidos de suspender la ayuda financiera a El Salvador, Honduras y Guatemala e imponer sanciones comerciales a México, en represalia a los cuatro países por la crisis migratoria, "evidentemente han sido la pauta para la toma de decisiones de los gobiernos sin que vean el carácter humanitario con un enfoque de derechos humanos de las migraciones", afirmó.

La situación del área se agravó por las caravanas de migrantes irregulares de centroamericanos que, a partir de octubre de 2018, viajan sin visa y a pie a territorio estadounidense, en desafío a las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump.

Cifras. Un desglose del informe del IGM mostró que las deportaciones terrestres de centroamericanos de México a Guatemala por los pasos limítrofes entre ambos países sumaron 5 mil 437 en diciembre de 2018 y aumentaron a 5 mil 631 en enero; a 8 mil 8 en febrero y a 8 mil 342 en marzo, para subir a 14 mil 511 en abril.

De acuerdo con el reporte, abril de 2019 registró el tercer mayor número de deportaciones desde enero de 2015, sólo superado por mayo y marzo de ese año, con 15 mil 397 y 14 mil 743, respectivamente.

El total del sexenio de Peña Nieto fue de 646 mil 428, para 295 diarios, mientras que en el de López Obrador llegó a un promedio parcial de 284 al día, según el IGM. El primer cuatrimestre de 2019 ascendió a 36 mil 492, mientras que ese mismo periodo de 2018 sumó 33 mil 27.

Algunos migrantes están formando familias falsas para cruzar la frontera desde México a Estados Unidos para evitar su detención en territorio estadounidense, denunció este lunes el Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

La agencia indicó en su cuenta de Twitter que está trabajando con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) para arrestar a "individuos, redes y organizaciones que facilitan el tráfico de menores y el fraude de documentos para ingresar ilegalmente a Estados Unidos".

El ICE indicó que está movilizando recursos y expertos hacia la frontera para "investigar el tráfico de niños y los documentos fraudulentos usados para aprovechar los vacíos legales en la migración de las familias".

Además, confirmó que está usando "datos científicos" para identificar y desmantelar las redes de posibles contrabandistas de menores no acompañados.

"Los traficantes de personas, quienes ponen en riesgo la vida de los migrantes, están explotando los actuales vacíos legales en nuestro sistema de migración de familias", puntualizó la agencia federal.

La CBP comenzó este domingo a tomar huellas digitales y a detectar a través del iris ocular a inmigrantes menores de 14 años para hallar posibles casos de explotación infantil y establecer con más fiabilidad la identidad del menor y sus padres.

La agencia federal, que hasta la implementación de estas nuevas medidas solo tomaba fotografías a los menores de 14 años, indicó que habían encontrado casos de niños utilizados por adultos con los que no tenían ninguna relación para la entrada ilegal al país, dado que las autoridades los liberaban en Estados Unidos.

Según cifras de esta agencia federal, entre el pasado 1 de octubre y hasta el 30 de marzo, se identificaron a más de 2.700 personas en la frontera con México que de manera fraudulenta afirmaron ser parte de una familia.

Esto incluye a adultos que aseguraron ser menores de edad que viajaban con sus padres y que luego resultó que tenían más de 18 años, y personas que no tenían relación con los supuestos parientes con los que fueron detenidos por las autoridades estadounidenses.

Cifras de la CBP revelan que en marzo pasado se registraron 92.607 arrestos a lo largo de la frontera, de los que 30.555 correspondieron a individuos, 53.077 a personas que viajaban con sus familiares y 8.975 a menores no acompañados.

En el caso de los niños que viajaban solos, marzo tiene el registro más alto en lo que va de año fiscal, que arrancó con 4.968 arrestos en octubre y tuvo su estadística más baja en diciembre, cuando dos pequeños guatemaltecos murieron mientras estaban bajo custodia de autoridades estadounidenses, con 4.755 detenciones. 

Un juez federal determinó al resolver un amparo indirecto de una asociación civil, que los menores que ingresan al país en caravanas de migrantes deben recibir el estatus de refugiados y evitar su deportación.

El Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar con residencia en la Ciudad de México determinó que el Estado mexicano está obligado a dar máxima protección a los menores, luego que la asociación interpuso un juicio de amparo contra la omisión de nueve autoridades del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la protección de los menores.

En la sentencia, el juez sobreseyó el juicio respecto de siete autoridades porque no tenían facultades para realizar las conductas exigidas por la parte quejosa, o bien, porque las habían llevado a cabo y, al hacerlo, habían logrado los objetivos intrínsecos a ellas.

Sin embargo, a dos de ellas les ordenó elaborar un plan institucional con características específicas para conocer el número de menores de edad, sus condiciones y necesidades, así como para conocer tales datos respecto de niñas, niños y adolescentes que ingresen al país de manera masiva más adelante.

Asimismo, les solicitó otorgar el reconocimiento "prima facie" de la condición de refugiados a los menores de edad que ingresaron al país en las caravanas referidas.

Propuso de un parámetro de constitucionalidad especializado en niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana a partir de criterios de jurisprudencia emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de reconocer la obligación estatal de implementar, al menos, dos medidas de protección especial para salvaguardar los derechos de los menores de edad que ingresen al país de manera masiva.

La sentencia señala que las niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos que corresponden a todas las personas aunque los ejercen diferenciadamente conforme a su situación particular; además, tienen derechos de protección especial que son necesarios para salvaguardar su integridad personal; compensar su condición de inmadurez e inexperiencia connatural a su menor desarrollo físico y emocional; y remediar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.