La Sindicatura Procuradora, a través del Departamento de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos invitó a la ciudadanía a denunciar los automóviles chatarra o que se encuentren abandonados sobre la vía pública, con el fin de retirarlos y mantener limpias las calles.

El Departamento de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos dio a conocer que en lo que va del año, en conjunto con el Departamento de Obras Públicas, se han retirado 153 automóviles de las diferentes delegaciones, en lo que va del 2019. 

Este operativo es parte del programa Tijuana Limpia, que llevan a cabo el Departamento de Obras Públicas y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en conjunto con la Sindicatura Procuradora para limpiar las calles, así como evitar los problemas sociales que generan los vehículos chatarra y/o abandonados.

Asimismo, este departamento informó que el operativo ha tenido muy buena aceptación de la ciudadanía, ya que las personas quieren tener una ciudad con espacios limpios y sin focos de infección. 

Dado lo anterior, comunicaron que los residentes de las diferentes delegaciones han realizado sus denuncias a través de los números 072 y 911, reportando los vehículos que tienen bastante tiempo olvidados en las vías públicas.

Luego de que una persona hace su denuncia en el número 072 y 911, acude personal del Departamento de Obras públicas de la Delegación correspondiente, a colocar un engomado en los autos, donde se le avisa al propietario que tiene un lapso de 72 horas para mover el vehículo o éste será remolcado. 

Cabe destacar que por medio de este operativo se ha creado una gran concientización ciudadana, ya que alrededor del 85 por ciento de los vehículos engomados fueron retirados por los propietarios dentro de las 72 horas.

Para concluir, el Departamento de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos invitó a la comunidad a mantener limpia la ciudad, denunciando los vehículos que se encuentren olvidados en la vía pública y solo generen mal aspecto en las comunidades, lo cual pueden hacer en el 072, 911 o en el número del departamento de Arrastres, 9737272. 

Un estimado de 600 millones de pesos podría recaudar el Gobierno Federal en Baja California, al extenderse el decreto de importación de vehículos de procedencia extranjera hasta el 31 de Diciembre del 2022, informó en conferencia de prensa el delegado federal único en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

Expuso que al cierre del primer decreto que venció el pasado 20 de Septiembre, el Gobierno Federal recaudó 311 Millones 627 Mil 500 pesos en Baja California, quedando en primer lugar en recaudación con un total de 124 mil 651 autos regularizados.

Alejandro Ruiz Uribe, dio a conocer que se logró recaudar mil 394 Millones 242 mil 500 pesos entre todos los estados que participan en la regularización de autos de procedencia extranjera: Baja California, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán, Puebla, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.

Puntualizó que por instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estos recursos obtenidos serán destinados a los municipios para el bacheo de las calles de los estados incorporados a esta actividad de regularización. 

Celebró el hecho de que el presidente López Obrador, haya recibido positivamente la solicitud de la Gobernadora Marina del Pilar, para extender el decreto, ante la demanda de más citas, lo que habla de su sensibilidad. 

Por otro lado expresó que con esta medida el presidente de México, da certeza jurídica y patrimonial a las familias, se saca del anonimato a los vehículos extranjeros irregulares que son utilizados en la comisión de delitos.

De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Federal y Protección Ciudadana, el 80% de las unidades que son empleadas para cometer delitos no cuentan con un registro apropiado.

“Ahora con la regularización, los propietarios de estos autos, tienen rostro, nombre, domicilio del propietario, están inscritos en el Registro Público Vehicular (Repuve) y se consideró un cobro simbólico de 2 Mil 500 pesos”, subrayó, Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

Finalmente dijo que en la ampliación del nuevo decreto se incorporó al estado de Jalisco, para que participe en la regularización de autos de procedencia extranjera.

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Ante la difusión del tema de "comida chatarra" en los medios de comunicación, los diputados locales de todos los partidos políticos siguen con la presentación de iniciativas y hasta ahora suman siete propuestas del mismo asunto.

Este martes, durante la primera sesión del periodo ordinario, los diputados de Morena, Paula Soto Maldonado, Valentina Batres Guadarrama y Nazario Norberto Sánchez, presentaron una nueva propuesta con la "comida chatarra", al igual que la panista América Rangel Lorenzana.

El morenista Miguel Ángel Macedo Escartín presentó antes una iniciativa, y le siguieron dos más de Efraín Morales Sánchez, para luego presentar la suya Isabela Rosales Herreran, Leticia Varela Martínez y José Luis Rodríguez Díaz de León.

Así, de las siete iniciativas, seis son de Morena y una del PAN.

En su iniciativa, la panista América Rangel propone crear un Expediente Único de Salud Alimentaria en la Ciudad de México "para recabar datos y emprender seguimiento a enfermedades de una persona desde su nacimiento, pero principalmente, a las relacionados con la diabetes".

Rangel aclaró que su propuesta es para reformar las leyes locales de Salud y de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados, sin los elementos que nos permitan saber qué comer, cómo comer y cuándo hacerlo. El problema alimentario en México es tan grave que debemos aprender a comer", enfatizó.

Precisó que la pandemia evidenció en el mundo la falta de preparación alimentaria y de sociedades saludables "por lo que urgen sistemas de salud con énfasis en la prevención y de manera especial, con niñas, niños y adolescentes, que sepan comer sana y equilibradamente".

Aseguró que el confinamiento elevó la tasa de obesidad entre menores de edad, ya que el ejercicio fue un hábito que no se dio en los hogares del país.

"Por ello, es que propongo la creación de un expediente para todas las etapas de la vida en una población con, por lo menos, datos relacionados con la edad, peso, talla, antecedentes hereditarios sobre diabetes", refirió.

La legislación que pretende evitar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, refrescos o cigarros generará un impacto adicional en el empleo, además de que se puede traducir en una ola de amparos contra esa medida, dijo el vicepresidente Nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Reginaldo Esquer Félix.

El representante del sindicato patronal afirmó que si el Congreso aprueba aumentos del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y sigue con las prohibiciones "el impacto que se tiene calculado en términos de empleos adicionalmente a la que la pandemia provocó son 300 mil empleos adicionales".

En respuesta a las medidas que los legisladores proponen contra esos alimentos conocida como "ley antichatarra"; comentó que la solución no es prohibir el consumo de ese tipo de alimentos ni aumentar impuestos, sino que se requiere una política integral para atacar la obesidad. "Esperamos que sea nuestro último recurso de establecer con claridad las medidas que debemos tomar para resolver el problema de la obesidad infantil", por lo que como primer esfuerzo trataremos de exponer ideas y proponer soluciones para resolver problema de salud sin que haya afectación económica.

"Si desde luego eso no funciona, nuestro último recurso es promover en las instancias legales, ante tribunales, (amparos). Va a ser algo que vamos a poner en la mesa, no nos gusta llegar a estas circunstancias, pero será el poder judicial que como árbitro decida quién tiene la razón", comentó.

Las prohibiciones para que los niños consuman alimentos y bebidas preenvasados de alto contenido calórico que aprobaron los congresos de diversos estados y el nuevo etiquetado, es un linchamiento contra la industria y esto genera un mercado negro y no soluciona el problema de fondo, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.

Explicó que el gobierno ya recibe 25 mil millones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobran a productos con alto contenido calórico que debieran usarse en programas destinados a mejorar la salud, para hacer espacios deportivos, a enseñar a tener una alimentación balanceada, pero no lo hacen. Durante el Informe general "Covid-industrial", explicó que si bien hay buena relación con el gobierno federal en general, hay quienes buscan linchar a la industria.

"Habrá uno o dos o tres personajes que tal pareciera que están haciendo un linchamiento a la industria. El tema del etiquetado, ya hicieron una norma con muchas presiones con mucho dinero de por medio en una denostación total y ahorita empujan en los estados, me refiero a Oaxaca y Tabasco donde empujan una ley" para prohibir esos alimentos. Le llaman chatarra a los alimentos y buscan prohibirlos, en lugar de pensar en elaborar políticas para educar a la población y generar una cultura de la buena alimentación.

Afirmó que esto afectará "tremendamente" a la economía, a un millón de empresas familiares, cuyas tienditas venden este tipo de productos, pero también a 9.2 millones de empleos ligados a la industria alimentaria. Cervantes añadió que el gobierno debiera reflexionar que estamos en momentos en que se debe abatir la pandemia y se quiere reactivar la economía, en momentos en que hay una crisis económica, "es una pena" que sigan con estas iniciativas. Por lo que bien se podría pensar en prohibir la venta de alimentos y bebidas con altos contenido de grasas, azúcares y sodios cerca de las escuelas, así como educar a la población. Hay que evitar crear una crisis financiera que complique más la crisis económica en la que estamos, porque será muy difícil salir de ellas, expuso.

Este miércoles un grupo de comerciantes, empresarios y habitantes de comunidades de la región Mixteca de Oaxaca, que arribaron en autobuses, se pronunciaron en el zócalo de la capital en contra de la ley que prohíbe la venta directa de productos con alto contenido calórico a menores de edad, recién aprobada por el Congreso local. El motivo de la concentración, además de rechazar la ley, fue hacer entrega de 30 mil firmas recolectadas en Oaxaca, por agremiados a la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que con estas acciones arranca formalmente una campaña en rechazo la ley, aún sin entrar en vigor. El argumento de los comerciantes es que la prohibición va a perjudicar la economía local, pues al ser aplicada al mercado abierto, causará un desplome en las ventas de los 60 mil pequeños negocios que existen en la entidad.

"Las cosas no están bien a causa de la pandemia como para moverle la escasa actividad económica del país. Esta acción es en legítima defensa de nuestros derechos, las prohibiciones en todo el mundo están condenadas al fracaso", advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC. En concentración de este miércoles los comerciantes aseguraron que la pandemia de Covid-19 se ha traducido en un desplome de las ventas de hasta 20% por lo que llamaron a defender la libertad de consumo, de comercio y la protección del empleo; todo bajo el lema "Prohibido prohibir".

En la protesta participaron cámaras locales de comercio como la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (Canacope-Servytur), y la Asociación de chocolateros, entre otras que fueron convocadas contra la prohibición, la cual, afirmaron, tiene "un profundo tufo autoritario". Los comerciantes y empresarios aseguraron que lo que buscan es un espacio de diálogo y no están en contra de la ley en sí, sino que ésta se haya aprobado sin tomar en cuenta a los más afectados que son los dueños de negocios. Entre los asistentes se encontraba unas 100 personas portando cartulinas de rechazo a la ley "antichatarra" y con poco espacio para mantener la sana distancia. Tras su mensaje, los documentos con las firmas fueron entregados en la Oficialía de Partes, con la solicitud de una audiencia con el gobernador Alejandro Murat.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Cuauhtémoc Rivera, dejó claro que uno de los aspectos más cuestionados por los comerciantes a la nueva ley es que no sólo vaya dirigida a niños, sino que abarque a adolescentes y jóvenes, por lo que considera que el mejor camino es la educación. "Los jóvenes tienen derecho a tomar sus decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Para ello hay que brindarles información de calidad, sólo así podemos aspirar a ciudadanos con hábitos diferentes, pero no con una prohibición que afecta a la economía, genere desempleo, fomente la informalidad, dé manga ancha a la corrupción y va a aumentar la pobreza, eso es lo que le diremos al gobernador", afirmó.

El líder aseguró que el objetivo es abrir espacios de diálogo y armar consensos para encontrar mecanismos y alternativas para atender esta situación de salud (obesidad) sin recurrir a una prohibición tan estricta. Incluso, señaló que existen espacios legales en la misma ley para tal fin, por ejemplo en el reglamento, pues la ley aún tiene que hacerse operativa. "No nos oponemos a prohibir la venta al interior de las escuelas, eso junto con la nueva asignatura de vida saludable es una alternativa, en lugar de una prohibición a mercado abierto y a menores de 18. Ya no se está hablando de niños, sino de adolescentes y jóvenes, así que es una mayor afectación". Lo anterior, señaló, porque en realidad los niños no están "invitados a la fiesta" pues no tienen poder de compra, mientras que a los adolescentes se les está "despersonalizando". "Un joven de 17 años es casi un adulto que tiene acceso a la información y capacidad de decisión, la cual se debe impulsar para empoderarlo. Vamos a educarlos bien para que no se equivoque, pero no prohibiendo. Estás ventas que prohíbes a comerciantes formales las estás mandando a las aceras y a las cruceros", sentenció.