La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena el homicidio del líder indígena Leonel Díaz Urbano y solicita al Gobierno del estado de Puebla la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la protección de los derechos a la vida, integridad personal y seguridad en favor de los familiares de la víctima, así como evitar hechos de similar naturaleza y que este caso quede en la impunidad.

El Organismo también solicitó extender dichas medidas a los pobladores de San Juan Tahitic, Puebla, con quienes la CNDH se solidariza, al tiempo que demanda a las autoridades correspondientes la indagación amplia, exhaustiva y profesional de este homicidio, sin omitir líneas de investigación.

De acuerdo con versiones de los medios de comunicación, el mencionado líder indígena sostuvo una lucha constante para evitar la instalación de una hidroeléctrica en San Juan Tahitic, toda vez que generaría graves daños al medio ambiente, los cuales calificaba de irreversibles, porque se removerían 60 hectáreas de vegetación alrededor del Río Apulco, además de que se desviaría totalmente su cauce.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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México cerró el año 2023 con una alarmante cifra de 30,523 asesinatos, superando nuevamente la barrera de los 30 mil, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Estos números, que incluyen 29,675 homicidios dolosos y 848 feminicidios, promedian 84 muertes diarias, subrayando los desafíos persistentes en materia de seguridad.

Aunque la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó una disminución del 20% en los homicidios dolosos desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los críticos señalan que las cifras aún reflejan una situación alarmante. El año más violento fue 2019, con 34,720 muertes intencionales y 970 feminicidios.

En diciembre de 2023, se registraron 2,315 asesinatos, la cifra mensual más baja en los últimos siete años, según Rodríguez Velázquez. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la efectividad de las estrategias de seguridad, ya que varios estados como Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán continúan concentrando casi la mitad de los homicidios dolosos en el país.

El sexenio de López Obrador acumula un total de 166,193 asesinatos y 4,892 feminicidios desde diciembre de 2018. Estos números destacan la necesidad de una evaluación exhaustiva de las políticas de seguridad y la implementación de estrategias más efectivas para abordar la compleja problemática de la violencia en México.

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En los primeros cinco días de enero de 2024, fueron asesinadas 308 personas en el país, un promedio de 62 al día en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Tan sólo ayer, previo al Día de Reyes, se registraron 56 víctimas de homicidio doloso, la mayoría en Michoacán, 9; Chihuahua, 7; Estado de México, 5. Guerrero, donde se denunció un presunto ataque de la delincuencia organizada que habría dejado al menos 30 muertos, reportó dos asesinatos el 5 de enero.

Al momento, el miércoles 3 de enero es el día más violento del año, al contabilizar 68 asesinatos; 4 de enero, 66; 1 de enero, 60; 2 de enero, 58; 5 de enero, 56, según el reporte diario de la SSPC elaborado con base en los reportes de las fiscalías o procuradurías estatales.

Guanajuato, donde este año se renovará la gubernatura en manos del PAN, inició el año como la entidad más violenta, con 35 víctimas de homicidio doloso del 1 al 5 de enero.

Le siguen Michoacán, 30; Baja California, 25; Estado de México, 25, estos tres estados son gobernados por Morena.

Jalisco, a cargo de Movimiento Ciudadano, acumula 25 asesinatos; Chihuahua, 22; Sonora, 16; Nuevo León, 15; Morelos, 14; Guerrero, 9: Zacatecas, 8.

En su conferencia del viernes 5 de enero, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el periodo Guadalupe-Reyes disminuyó la violencia en el país, pues se registró un promedio de 60 asesinatos diarios en el país, cuando, dijo, el promedio era de 80.

“Pero vamos bien, ayer toda esta temporada, ahora sí que de Guadalupe-Reyes, ha bajado, ha disminuido la violencia en el país, traemos un promedio de homicidios de 60 diarios, cuando el promedio nacional es 80. Entonces, está bajando en estos días y vamos a continuar así, eso es lo que deseamos, y siempre dándole atención especial al problema de la inseguridad y de la violencia”, presumió.

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El gobierno federal estima que este año concluirá con al menos 35 mil 065 asesinatos en el país; un promedio de 96 diarios y 2 mil 922 mensuales, concentrados en diez estados: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Sonora, Morelos y Nuevo León, en números absolutos.

De concretarse la proyección establecida en el anexo estadístico del Quinto Informe de Gobierno, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador estaría llegando a las 180 mil víctimas de homicidio doloso en su penúltimo año de gobierno, la cifra más alta de incidencia en este delito de que se tenga registro.

Los 35 mil 065 homicidios estimados para este año representarían un repunte de 9% en relación a los 32 mil 223 registrados el año pasado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el informe, en 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, se cometieron 36 mil 661 homicidios dolosos; 2020, 36 mil 773; 2021, 35 mil 700; 2022, 32 mil 223.

De enero a julio de 2023, suman 18 mil 102 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el país, con base en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el informe de más de mil páginas, se señala que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que “atiende las causas de la violencia, con el criterio de que la paz es fruto de la justicia”, se ha consolidado por los resultados obtenidos.

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“Con ese planteamiento, se logró que los delitos del fuero federal disminuyeran 27% en promedio del 1 de septiembre de 2022 a junio de 2023. De manera específica, el número de víctimas de secuestro se redujo en 58.3%; el robo de vehículos en 40.6%; el robo total en 24.3%; el homicidio doloso en 11.4%; y el feminicidio en 2.4%, respecto al periodo de septiembre de 2018 a junio de 2019.”.

Se presume que hasta el 30 de junio de este año, había en el país 128 mil 233 elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el país, por lo cual es el cuerpo institucional de seguridad más numeroso en la historia de México.

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