El próximo 29 de Mayo del 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP JRC 22/2019 promovido por varios partidos políticos nacionales y local, en contra de la resolución dictada en el juicio instaurado por Jaime Bonilla Valdez (candidato de la coalición formada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo), para alargar hasta 6 años, el período de la gubernatura del Estado de Baja California que se elegirá el próximo 2 de Junio de 2019, y que conforme a la Constitución Política de Baja California debe ser de solo 2 años de duración, para alinear en 2021, los procesos electoral federal y local.

Los Centros Empresariales Coparmex Ensenada, Coparmex Mexicali y Coparmex Tijuana, integrantes de la Federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana, hacen un respetuoso pero firme llamado a los siete Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que con la resolución que están por emitir, otorguen certidumbre electoral, preserven el principio de libre configuración legislativa local, y hagan respetar la norma constitucional vigente en Baja California.

Para los ciudadanos resulta inadmisible, que habiendo iniciado un proceso electoral y encontrándose los candidatos en campaña, una sorprendente resolución del Tribunal Estatal Electoral, pueda pasar por encima de la Constitución Política del Estado de Baja California en vigor, y a través de interpretaciones inconsistentes y jurídicamente insostenibles, se atienda obsequiosamente la petición de un candidato a la Gubernatura, para triplicar de forma repentina la duración del periodo de la próxima gubernatura del Estado de Baja California.

Es la segunda ocasión en el mismo proceso electoral, que extrañamente el Tribunal Estatal Electoral pretende alargar con sus inauditas resoluciones dicho período gubernamental, por lo que dos de los Magistrados que aprobaron mayoritariamente ambas resoluciones, hoy se encuentren sujetos a Juicio Político.

Además, es claro que la reclamación del Candidato Jaime Bonilla Valdez, fue presentada de forma extemporánea, razón que debería ser suficiente para que su demanda para la ampliación del período de la gubernatura fuere desechada.

El TEPJF al emitir hace unas semanas la resolución SUP-JRC-05/2019, ya determinó que conforme a la Constitución Local, el próximo período de la gubernatura de Baja California debe ser de dos años, y no por un plazo mayor como se ha pretendido.

Por eso esperamos que el proyecto que habrá de presentar a sus colegas el ponente, a saber el Presidente Felipe Puente, sea congruente y consistente con los criterios que han adoptado por el órgano jurisdiccional federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó por unanimidad de votos desde el año 2015, que la adecuación a las constituciones estatales que implica reducir, por única ocasión, el periodo del cargo a gobernador de seis a dos años es constitucionalmente válida y que vulnera ningún principios democrático. 

Han causado gran preocupación en Baja California, las reiteradas versiones sobre los encuentros en Palacio Nacional, del abogado del candidato Jaime Bonilla Valdez a cargo de la impugnación y el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, sobre todo por la pública y cercana relación afectiva y política, del hoy candidato gubernamental con el Titular del Poder Ejecutivo, y las virtuales presiones que se dice estarían haciéndose sobre algunos de los integrantes del TEPJF para resolver el juicio concediendo el alargamiento de la gubernatura.

Desde 2014 el Poder Legislativo de Baja California y los Ayuntamientos del Estado, determinaron adecuar la Constitución Política de la Entidad, tal y como se hizo en la mayoría de los Estados, para concentrar en menos años todas las elecciones, alineándose los procesos electorales locales y federal, desde años antes de aplicarse dicha reforma, es decir, sin dedicatorias de momento electoral o candidato alguno.

De materializarse la pretensión que plantea solo un candidato, el Estado de Baja California tendría que celebrar elecciones en 2019, 2021, 2024 y 2025 trastocando la normalidad cívica y generando un gasto dispendioso.

Por ello es inaudito, que a menos de nueve días de la jornada electoral, los ciudadanos no puedan conocer si su determinación al emitir el sufragio, será para elegir un gobernador para un periodo de dos años, como marca la Constitución desde hace tiempo, o para un sorpresivo e infundado período de seis años, que elimina en el corto y mediano plazo, la posibilidad de la concurrencia de elecciones.

Hacemos un llamado a preservar la certeza electoral y la división de poderes, valores esenciales de la democracia.

Ante los hechos violentos en Sinaloa y Chihuahua, el ex presidente nacional de Coparmex y fundador de Sí por México, Gustavo de Hoyos Walther, expone si posicionamiento.

"Después de 4 años de abrazos a quienes están al margen de la ley, por fin, el gobierno se ha decidido a actuar. En Chihuahua, este jueves por la madrugada, fue perseguido y ultimado Ernesto Alberto Piñón, líder de una peligrosa banda criminal. Y en Sinaloa, también por la mañana, Ovidio Guzmán, fue detenido en un operativo, y ya está preso en las instalaciones militares. Mi reconocimiento a los policías civiles y efectivos militares que cumplieron con su deber en estas acciones. Su valor y compromiso nos restaura la esperanza.

Ante los hechos de hoy, hay preguntas que son obligadas:

¿Porque dejar pasar tanto tiempo, tantos delitos y tantos muertos para hacer cumplir la ley?

¿Era necesario el amotinamiento y matanza en un penal de Juárez para poner quieto a “El Neto”?

¿Tenía que venir Biden a México, para que López Obrador rectificase de su decisión de 2019, cuando ordenó la evasión del Chapito?

Me indigna pensar en la indolencia y cobradía del Presidente de la República y su gobierno, y las gravísimas consecuencias en la tranquilidad, seguridad, salud y vida de los mexicanos.

Esto tiene que cambiar. ¡Y tiene que cambiar ya!

Es tan grave el agravio que hemos recibido los mexicanos de los criminales y tan grande el reto para restaurar nuestra seguridad, que se debe reflexionar si ya llegó el momento del endurecimiento mucho mayor de las sanciones. 

Los delincuentes confesos y sentenciados por delitos gravísimos en contra de las mujeres, los niños, los jóvenes y los policías de nuestro País, deberían recibir condenas ejemplares. Habría que discutirse a profundidad, si se les aplica incluso la pena de muerte.

Lo que es indudable es que se tiene que rehacer la estrategia de seguridad sin miedo y sin prejuicios. Yo no acepto que los criminales se burlen de la ley y nos condenen a vivir en el miedo y la zozobra.

Ya llegó la hora de actuar. ¡Ya estuvo!"

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Ante la aprobación en el Senado de la República del Plan B propuesto por AMLO tras su derrota en la Cámara de Diputados para la Reforma Electoral que buscaba, la Coparmex emitió su posicionamiento.

·         Impedir que se aprobara una Reforma Constitucional en materia electoral fue un triunfo ciudadano. Ante la insistencia de debilitar al INE, ahora  mediante leyes secundarias, hacemos un llamado a la ciudadanía a seguir luchando a favor de un árbitro electoral neutral que nos garantice elecciones limpias.

·         Seguiremos dando la batalla; Será necesario acudir ante la SCJN, el TEPJF e incluso instancias internacionales, para controvertir las reformas.

·         Las modificaciones aprobadas violan la Constitución y atentan contra el INE, el Tribunal Electoral y la voluntad ciudadana. 

·         Esta reforma genera incertidumbre política y podría golpear aún más a la economía y la inversión. 

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideramos que las modificaciones a las leyes secundarias aprobadas en el Senado en materia electoral, abren la puerta a elecciones de Estado y ponen en riesgo la elección de 2024. Representan una regresión para la democracia en nuestro país y son una afrenta para la ciudadanía que por más de 30 años ha luchado para construir instituciones sólidas que den certeza a los procesos para elegir a nuestros representantes.

Un efecto adverso muy preocupante es a la economía, ya que esta reforma genera incertidumbre política ante la posible comisión de fraudes y actos irregulares de funcionarios durante las campañas. 

La frágil confianza en nuestro país se ve aún más vulnerada con estas modificaciones legales que podrían ahuyentar inversiones, convertirse en un freno económico y agravar la inflación que golpea el bolsillo de las familias.

Lamentamos que la mayoría de los Diputados y Senadores hayan hecho oídos sordos a la voz de la ciudadanía que, en una manifestación pacífica y respetuosa, marchó el pasado 13 de noviembre en las calles y ha encabezado la conversación en redes sociales para exigir respeto a la democracia y a las instituciones que contribuyen a hacerla posible. 

Condenamos enérgicamente el desmantelamiento de nuestras instituciones electorales y que se legisle por consigna, pues esto daña la imagen del Congreso y el principio de separación de poderes; México corre el riesgo de retornar a un régimen autoritario. 

Tal como lo expresamos en nuestra misiva del 12 de diciembre a los Senadores de la República, la minuta de reformas no debía ser aprobada, pues además de trastocar la autonomía y operación del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contenía evidentes errores, imprecisiones y elementos claramente inconstitucionales. 

Las modificaciones aprobadas por el Senado, comprometen la competencia electoral y nuestro derecho a tener procesos electorales pacíficos, transparentes, con resultados confiables que nos alejen de conflictos postelectorales. 

Con la resolución adoptada, los jóvenes reciben por herencia un país que favorece la concentración del poder, la impunidad para quienes no quieren elecciones limpias y justas, los abusos en las campañas; en suma, un país menos democrático. 

Ahora la exigencia deberá ser al Poder Judicial, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine la improcedencia de los flagrantes elementos violatorios a la Constitución dentro del paquete de reformas. 

De la misma manera, el Tribunal Electoral (TEPJF) deberá resolver los recursos que reciba para preservar los derechos político-electorales de los ciudadanos que esta reforma vulnera; confiamos en las acciones legales que emprenderán tanto el INE como los partidos políticos, y estaremos abiertos a respaldar jurídicamente a los ciudadanos que deseen exigir la vigencia y respeto de sus derechos.

Desde Coparmex insistimos, la convocatoria para alzar la voz y decir juntos  #YoDefiendoAlINE continúa. 

Haremos visible quiénes fueron los legisladores que estuvieron del lado de los ciudadanos y quiénes traicionaron esa confianza, esto como un ejercicio legítimo de rendición de cuentas. 

Los ciudadanos no nos rendimos porque el INE lo hacemos todos. Logramos poner un alto a la reforma constitucional, y ahora con mayor fortaleza seguiremos defendiendo un sistema democrático que garantice elecciones limpias con un árbitro neutral; esta lucha nunca ha sido fácil ni de corto plazo; tenemos la firme convicción de que triunfaremos frente a cualquier intento por controlar el proceso electoral para favorecer a uno o a algunos de los contendientes. 

Reconocemos los esfuerzos y las acciones de grupos ciudadanos en defensa de la democracia. 

Todos juntos evitamos la reforma constitucional, ahora es momento de redoblar el paso para seguir trabajando por el bien de nuestra democracia, por el bien México. 

Tras la aprobación del PLAN B, llevaremos a cabo un análisis a fondo del contenido aprobado, indicó el presidente de Coparmex Nacional, José Medina Mora Icaza en un mensaje dirigido a su sector.

Sin duda, dice el comunicado, el hecho de que se rechazara la reforma Constitucional fue un enorme triunfo ciudadano; ya que constituía un “Golpe de Estado” sin embargo, la batalla continua después de la aprobación del Plan B. 

Estamos estructurando una respuesta enérgica y firme que haremos pública porque las leyes aprobadas representan un “Golpe a la Democracia”; ya que se ha alterado la estructura y operación del INE, los OPLES y el Tribunal Electoral y eso pone en riesgo elección de 2024 y debilita la democracia, afirma. 

Como lo hemos hecho y ha sido muy valioso, con la suma de todos los centros empresariales enviaremos mensajes de rechazo a estas leyes secundarias y continuaremos con una estrategia de comunicación integral. 

Estamos también estudiando el fondo y rutas jurídicas; acompañaremos las acciones de inconstitucionalidad y/o controversias constitucionales y emprenderemos la operación de un litigio estratégico una vez que el asunto llegue a la SCJN.

El líder empresarial refirió en la comunicación "Necesitamos ir pensando más allá del corto plazo y construir desde ahora una red muy grande de observación electoral para poder dar seguimiento a los procesos electorales en 2023 y 2024.

El mismo seguimiento puntual lo haremos al proceso de selección de nuevos consejeros electorales que inició hace unos días y concluirá en enero."

Puntualizó "Seguiremos apoyando al INE en sus acciones públicas y jurídicas, el respaldo de la sociedad civil es fundamental. Exigiendo siempre elecciones libres, justas y transparentes."

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En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), coincidimos con el aumento al salario mínimo general acordado este miércoles 1 de diciembre en reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Desde el sector empresarial siempre apostamos al diálogo para encontrar en conjunto las soluciones que nos demandan México y los mexicanos.

De esta manera el salario mínimo general pasará de 172.87 pesos a 207.44 pesos para 2023, al combinarse dos factores: un incremento en función de la inflación de 10% y un Monto Independiente de Recuperación de 15.72 pesos. 

Desde 2016 en COPARMEX propusimos una “Nueva Cultura Salarial”, cuyo primer logro fue desindexar el salario mínimo de los cargos de servicios, multas o créditos hipotecarios e introducir la herramienta del Monto Independiente de Recuperación (MIR), pues al tener un componente porcentual (inflación) y otro fijo en pesos (MIR) se reducen los posibles efectos inflacionarios del incremento.

Los incrementos al salario mínimo aprobados en los últimos años han permitido superar la línea de bienestar individual definida por el CONEVAL, es decir, alcanzan para la canasta alimentaria y no alimentaria de una persona. De hecho, actualmente el salario mínimo general cubre en 150% esta línea de bienestar individual.

El aumento acordado hoy por unanimidad en la Conasami, es una muestra de que el sector empresarial está comprometido con nuestros colaboradores y con el país. A pesar de las difíciles circunstancias y los desafíos que hemos tenido que sortear por los estragos de la pandemia y los aumentos de costos, nuestra meta de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo general permanece.

La meta de COPARMEX es llegar a la línea de bienestar familiar en 2026. De acuerdo con el INEGI en una familia promedio hay cerca de 4 personas y 2 de ellas trabajan. Queremos lograr que, con el salario mínimo de esas dos personas, toda la familia pueda tener acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. 

Ello permitirá que las familias puedan satisfacer sus necesidades de alimentos pero también cuenten con condiciones básicas de transporte, vivienda, educación y vestido. Desde Coparmex analizaremos puntualmente la evolución del empleo, los precios y los salarios para evaluar la trayectoria de nuestra meta.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Joel Velasco Ariza, informó que la Confederación se sumó al movimiento para evitar que se apruebe una reforma que modificaría la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral.

En rueda de prensa, el presidente del Centro Empresarial Ensenada, dio a conocer que se trata de la llamada estrategia nacional “En Defensa de nuestra Democracia y del INE ciudadano”.

Los empresarios ensenadenses se unieron a la estrategia nacional “En Defensa de nuestra Democracia y del INE ciudadano”. 

Reconoció la importancia en la diversidad de manifestaciones públicas, pero afirmó que la Coparmex está en contra de eventos con acarreados.

Recordó que los centros empresariales Coparmex distribuidos en el país, son de carácter ciudadano y apartidista, por lo que se han unido para exigir que se mantenga la imparcialidad del INE y el Tribunal Electoral. 

Refirió que del recurso del INE, en el año 2021, el 56 por ciento fue destinado para los partidos políticos y proceso electoral, mientras que el 44 por ciento restante se destinó a actividades de fiscalización, expedición de credenciales, actualización del padrón y operatividad.

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