Melba Adriana Olvera Rodríguez rindió su Informe de Cierre de Gestión 2015-2019 al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).

Ante representantes de la sociedad civil, academia, autoridades de gobierno, autoridades consultares y medios de comunicación, la Ombudsperson informó que durante la gestión se recibieron 28,153 solicitudes de intervención, que significan un número mayor de personas afectadas, las cuales requirieron de alguna gestión u orientación por parte del personal de la CEDHBC; de estas solicitudes, en más de 10,234 se iniciaron procedimientos de investigación a través de expedientes de Queja.

La Presidenta de la CEDHBC manifestó que durante la gestión 2015-2019 se concluyeron más de 26,319 expedientes, de los cuales aproximadamente el 50% fueron asuntos recibidos desde 2010. Es decir, se realizó un esfuerzo significativo por abatir el rezago histórico que se encontró en 2015.

Asimismo, “se adecuaron los lineamientos de recepción e integración de Quejas, así como para la construcción de las Recomendaciones, lo que ha permitido tener un enfoque de interseccionalidad desde el primer acercamiento de cualquier persona con la CEDHBC”.

“Es trascendental destacar la presencia que han tenido las mujeres en la defensa de los derechos humanos, pues fueron ellas quienes en la mayoría de los casos acudieron ante la CEDHBC, generando la apertura del 60% de los expedientes, así como obteniendo un total de 2,354 Quejas recibidas con relación a mujeres durante la gestión”, indicó.

El informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos no vulnera el derecho internacional, a diferencia de lo que sostiene el mandatario mexicano, quien denunció una violación "flagrante" a las leyes internacional, respondió estados Unidos a Andrés Manuel López Obrador.

"Desde luego, la publicación del informe sobre derechos humanos no es una violación a la legislación internacional", expresó en una rueda de prensa el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, al ser preguntado por los comentarios de López Obrador.

Patel detalló que el informe es "una recopilación de entradas hechas a partir de informaciones creíbles de medios de comunicación, organismos gubernamentales, actores de la sociedad civil, embajadas y consulados".

El informe de 2023, publicado el lunes, recoge que López Obrador y otros miembros de su gobierno han "criticado en numerosas ocasiones a jueces que fallaron en contra de la Administración" y varios seguidores del mandatario protestaron en contra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.

López Obrador dijo el martes que el informe es "una gran mentira del Departamento de Estado" y reprochó que Estados Unidos actúe como si fuera "el juez en el mundo y califique quién se porta bien o quién se porta mal".

Este miércoles arremetió de nuevo contra el reporte y acusó a Washington de estar "violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia y la soberanía de los pueblos".

El informe elaborado desde 1977 por el Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.

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Human Rights Watch (HRW) acusó que "México ha guardado silencio mientras gobiernos de la región cometen violaciones de derechos humanos y violan principios democráticos".

En una carta dirigida a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se indica que "México por lo general se ha abstenido cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) votaron resoluciones para exponer o condenar abusos graves".

Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones de la división de las Américas, y Maya Wang, directora asociada de la división de Asia, mencionan: "Instamos respetuosamente a asegurar que México ponga en práctica una política exterior consistente en materia de derechos humanos, sin doble rasero". 

Ello significa, entre otras cosas, apoyar públicamente la rendición de cuentas internacional por los abusos aberrantes que comete el gobierno chino y apoyar un debate sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Asimismo, solicitamos respetuosamente que adopte medidas para asegurar que México no vuelva a participar en los esfuerzos propagandísticos del gobierno chino en Xinjiang y en otras partes. El viaje de la embajadora Méndez a Xinjiang debe reconocerse públicamente como un grave error por parte del gobierno mexicano que socava la promoción de los derechos humanos globalmente por parte de México".

Recalcan que "algunos funcionarios han intentado justificar estas acciones señalando que forman parte de la política exterior de “no intervención” de México, que supuestamente busca respetar la soberanía de los países. Esta postura termina favoreciendo a los gobiernos por sobre los derechos de las personas. Participar en debates multilaterales sobre cuestiones de derechos humanos no es una injerencia en la soberanía. Estos debates pueden ser incómodos, sobre todo para quienes son responsables de abusos. Pero el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se estableció precisamente para mantener debates, fundamentados en hechos, sobre las políticas de derechos humanos de todos los Estados miembro".

Agregan en la carta que "México desempeñó un papel importante en la creación del Consejo de Derechos Humanos y abogó activamente por conseguir el asiento que ocupa en la actualidad".

El mandato del Consejo refleja el principio de que los derechos humanos son universales y de que todos los países tienen la responsabilidad de promover y defender los derechos de todas las personas.

Como parte de numerosos acuerdos internacionales fundacionales en materia de derechos humanos, y como miembro actual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México tiene la responsabilidad de promover y defender los derechos humanos en su territorio y en el exterior, y de alzar su voz cuando otros países incumplen sus obligaciones internacionales de derechos humanos".

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En medio del primer Festival de la Mujer Rural, la visibilidad de este sector de la población, debe de ser tomada como prioridad, así lo comentó Melba Adriana Olvera Rodríguez, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado.

Explicó que todo esto se debe a que en 2008, la ONU reconoció la labor de las mujeres en el área como una gran aportación. Apuntó que la visibilización de ellas, no solamente se da en el marco de la igualdad de género, sino que también ayuda para aumentar el desarrollo económico y aumentar el progreso de la sociedad.

¨Una sociedad mundial en donde las mujeres rurales tienen el mismo acceso que los hombres, a los recursos, es una sociedad que crece en desarrolló¨ explicó en entrevista.

Mencionó que reportes de la ONU apuntan a que si hombres y mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos el desarrollo de los países crecería del 2.4 a 5 por cierto, además de que la pobreza alimentaria disminuiría considerablemente.

Olvera señaló que también se debe de ubicar a otros sectores de las mujeres rurales que son, las indígenas y con discapacidad. Recalcó la importancia de cerrar la brecha que aún existe entre los dos géneros. 

También, mencionó que la legislación debe de estar acorde a las necesidades y que la subsecretaría está atenta y en contacto con las y los legisladores para poder llevar a cabo, la agenda necesaria para la inclusión total.

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De acuerdo a las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Baja California, el Gobierno intervino en más de 400 casos de víctimas de violencia por razón de género a través del programa Unidades de Atención que arrancó el pasado mes de agosto.  

Rebecca Vega Arriola, subsecretaria de Enlace Institucional y Vinculación Social informó que las Unidades operan en todos los municipios de Baja California, mediante la Secretaría General de Gobierno.  

Durante dos meses, las Unidades de Atención, subsidiadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), han aperturado 443 expedientes de mujeres que requieren asistencia social, apoyo psicológico y/o jurídico, explicó Vega Arriola.   

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), destinó 6 millones 833 mil 188 pesos, y el Gobierno del Estado el 10%, para lograr la operatividad de las Unidades, a través de la contratación de 29 expertos, explicó Vega Arriola.  

Las mujeres que han recibido los servicios de las Unidades son desde la infancia, adultez, hasta de la tercera edad, el delito más reiterado en los expedientes abiertos es la violencia familiar, precisó la subsecretaria.  

La funcionaria explicó que el objetivo de las Unidades, es apoyar a la víctima de manera integral, revisando las carpetas de investigación relacionadas a la violencia de género, acompañamiento para interponer o dar seguimiento a una denuncia para lograr su judicialización, y ofrecer ayuda social, psicológica y jurídica. 

Puntualizó que las Unidades de Atención están ubicadas en las diferentes instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV), a las que puede contactarse a través del número 686-8373935 o 664-1042800 ext.2961. 

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Los asesinatos de los periodistas Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas, perpetrados en Baja California y Veracruz, respectivamente, son un "doloroso recordatorio de la alarmante violencia dirigida contra la prensa en México", afirmó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Este miércoles la ONU-DH condenó enérgicamente los hechos y llamó a las autoridades a garantizar una investigación pronta y exhaustiva que agote la posibilidad de que los crímenes estén vinculados con su actividad periodística.

“Los recientes asesinatos del señor Martínez Esquivel y el señor Gamboa Arenas son un doloroso recordatorio de la alarmante violencia dirigida contra la prensa en México.

La difamación, las amenazas, las agresiones y los ataques más graves en contra de personas periodistas, como la desaparición y el asesinato, constituyen dramáticas violaciones no solo en contra de las víctimas directas, sino también contra el derecho a la información, la libertad de expresión y el pluralismo de toda la sociedad democrática”, señaló el representante de la ONU-DH en nuestro país, Guillermo Fernández-Maldonado.

La ONU-DH pidió a las autoridades a desarrollar una investigación efectiva y exhaustiva de estos graves ataques, considerando todas las líneas de investigación relevantes, incluyendo la hipótesis de un vínculo entre los asesinatos y la labor periodística realizada por las víctimas, de acuerdo con los estándares internacionales y el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, adoptado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en octubre de 2018.

Recordó que la investigación debe permitir esclarecer no sólo a los autores materiales, sino las razones de los mismos y, en su caso, las personas responsables intelectualmente de estos ataques.

Indicó que durante el año pasado documentó al menos 8 asesinatos y 2 desapariciones de periodistas que pudieron derivar o estar relacionados con su actividad periodística y las condiciones en las que la ejercen.

Asimismo, añadió, documentó el asesinato de dos guardias de seguridad mientras custodiaban las instalaciones de un medio de comunicación.

La ONU-DH expresó sus condolencias a las familias, colegas y amistades de los dos periodistas y llama a las autoridades a garantizar la atención efectiva a sus familiares.

Afirmó que Alfonso Margarito Martínez Esquivel era un periodista con una larga trayectoria en la cubertura de notas relacionadas con temas de seguridad y violencia para diversos medios nacionales e internacionales en Tijuana, Baja California. Fue asesinado afuera de su domicilio en Tijuana el 17 de enero de 2022.

En tanto que e periodista José Luis Gamboa Arenas era director del medio digital Inforegio y en su trabajo también daba difusión a problemas de inseguridad y temas políticos. Fue asesinado en el Puerto de Veracruz, el 10 de enero de 2022.