El gobierno de Tijuana, permitió la instalación de cuatro estaciones de gas LP más, que pertenecen a una empresa señalada por monopolio, a pesar que esto estaba prohibido.
Estos actos a favor de la familia Zaragoza ocurrieron desde finales del año pasado, así lo denuncio el activista Roberto Ramírez.
Estas acciones obligaron a cerrar varias empresas, ya que lo dueños se vieron obligados a vender, debido a constantes presiones.
Así mientras que el Ayuntamiento ha clausurado a competidores por presuntas irregularidades, este monopolio almacena en sus plantas más de 80 por ciento de gas LP que se comercializa en la entidad.
Al gobierno de Tijuana no le importa si esta nuevas gaseras puedan ser un riesgo para la población por la cercanía con escuelas y viviendas.
Pero si una gasera de la competencia se instala en algún lugar, rápidamente son acusados de ser u peligro para los vecinos, por lo que las gaseras son vendidas, pero mantienen el mismo giro, ya con nuevos dueños, quienes después del traspaso del negocio no tienen reclamaciones de habitantes de la zona, pese a que no hubo cambios para operar.
En las estaciones de este monopolio no cuentan con el precio a la vista, ni básculas para verificar que se venda la cantidad exacta; tras pesar los tanques detectaron faltantes de entre 25 y 27 por ciento del producto.
Esto lo descubrió el activista quien realizó una auditoria ciudadana, recorriendo algunas gaseras.
La gaseras privilegiadas son Zeta Gas, Gas Silza y Baja Gas & Oil que a pesar de las anomalías se les permite trabajar en zonas donde empresas como Rivera Gas, Blue Propane, Gas Natural del Noroeste, Baja Energy y Súper Gas fueron retiradas por supuestas quejas y la negativa a otorgarles los permisos necesarios, a pesar de no ser de su competencia.
Incluso una de las favorecidas opera a un costado de un Centro de Atención Múltiple, dedicado a la formación de menores con discapacidad, sin que hasta el momento se presentaran quejas por parte de pobladores.