La Federación Iberoamericana del Ombudsman alienta al Gobierno de México, a “Mejorar las capacidades y la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las 32 Comisiones estatales de Derechos Humanos”.

Lo anterior implica para el gobierno mexicano, el brindar a la CNDH en su carácter de Institución Nacional de Derechos Humanos, recursos presupuestarios suficientes e independientes, adecuados a la necesidad de garantizar el cumplimiento pleno, independiente y efectivo de sus responsabilidades y funciones; además de brindar inmunidad funcional respecto a las actividades y palabras, orales o escritas, realizadas en su función al servicio de la institución; y abstenerse de adoptar cualquier acción que tenga por objeto, o por resultado, la supresión de la institución o que impida su funcionamiento efectivo, y la proteja eficazmente de tales amenazas.

Los integrantes de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, reconocen que estas oficinas han resultado ser instituciones claves en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como una respuesta a la necesidad que tiene la ciudadanía de que sus gobernantes ejerzan una labor que sea observada por una entidad independiente y a la cual deban rendir cuentas; a fin de garantizar que el funcionamiento del sector público se encuentre ajustado a la Constitución, a las leyes, a los convenios internacionales suscritos por el Estado y a los principios generales del derecho. Asimismo, ha devenido como un vital bastión en la promoción y divulgación de los derechos humanos.

Dada su función protectora de los derechos humanos, la CNDH de México coadyuva a fortalecer los mecanismos de representación y comunicación entre la sociedad civil y los gobernantes, incidiendo directamente en el incremento de la gobernabilidad. Esto ha permitido que la imagen que la ciudadanía tiene de la institución sea muy positiva, contando con una alta cuota de legitimidad.

Así lo ha reafirmado la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) de la ONU, al re-acreditar a la CNDH en 2016, con estatus “A”, al dar probadas y evaluadas muestras de cumplir con los Principios relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Principios de París, ONU).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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A partir del 2 de marzo y hasta el 30 de septiembre del 2024 no se podrán hacer contrataciones de personal en el gobierno federal.

La disposición incluye a las dependencias, los órganos administrativos desconcentrados, entidades de la Administración Pública Federal (APF), los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Oficina de la Presidencia de la República y los Tribunales Agrarios.

Así lo ordenó, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a todos los oficiales mayores y titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias de la APF.

Por medio de un oficio emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, se establece que no podrán ocupar plazas presupuestarias de carácter permanente ni eventuales.

Tampoco podrán contratar personal que preste servicios profesionales por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales.

No estarán sujetos a la fecha establecida los movimientos de servicios personales que deriven de la emisión o reformas de leyes previo dictamen específico que emita la Unidad de Política y Control Presupuestario.

La operación de Consulados y Embajadas también están excluidos de esta disposición así como las contrataciones en términos de la legislación laboral y las funciones que desempeñan las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como las que se encuentren bajo su coordinación sectorial.

Además, la Guardia Nacional, y las acciones que realice el organismo público descentralizado Servicios de Salud del IMSS Bienestar para la prestación gratuita de los servicios de salud para personas sin seguridad social, no se sujetarán a esta restricción.

El oficio firmado por la titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Alejandra Cañizares Tello, señala que las dependencias y entidades apoyadas en servicios personales que cuenten con recursos provenientes de vacancia, deberán realizar el traspaso al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de cada mes.

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Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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Reunida con el sector empresarial de Ensenada, la legisladora Federal Lizbeth Mata Lozano explicó que presentó un recurso de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el Plan B de la Reforma Electoral, medida que busca evitar desmantelar y vulnerar al árbitro electoral, explicó la Diputada Federal, Lizbeth Mata Lozano.

Indicó que la dirigencia nacional del PAN, presentó la acción de inconstitucionalidad ante la corte, y de igual manera el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados interpondrá otro recurso de impugnación, así como otra acción de inconstitucionalidad por parte de municipios y ayuntamientos. 

Esta acción se enfoca, dijo, en dos elementos, pues con la reforma se redefinen los alcances de la propaganda gubernamental para establecer que cuando se trate de un caso de libertad de expresión individual, no sea sancionable.

En otras palabras, cualquier manifestación de servidores públicos no puede ser clasificada como propaganda gubernamental, con lo que claramente se institucionaliza la cargada desde el poder.

El segundo, es la razón de la controversia, porque la Reforma considera que el límite del gasto del programa anual de Comunicación Social, en su conjunto no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos anual correspondiente.

Durante su participación, Lizbeth Mata también abordó el impacto negativo que ha tenido en nuestra entidad el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, al no destinar recursos extraordinarios o “etiquetados” para infraestructura, acciones de seguridad, en materia de salud y para atender el desabasto de agua.

El único recurso que viene “etiquetado” para el presente ejercicio, es por 477 millones de pesos dentro del programa carretero y es para la obra de modernización del tramo Chapultepec-Maneadero, explicó.

En el caso del hospital del IMSS en Ensenada, la legisladora señaló que el recurso se obtendrá del presupuesto que disponga y pueda destinar al proyecto la misma institución, que de entrada la intención es buena, sin embargo desde la Cámara de Diputados exigiré que sea una realidad y se garantice su construcción, pero también que se destine equipo humano y técnico, medicinas e infraestructura para los demás hospitales de la ciudad, porque en la actualidad no se brindan los servicios médicos y atención de calidad que prometieron al crear el INSABI, y por el que eliminaron el Seguro Popular, señaló.

Entre otros temas, la ruta alterna entre Ensenada-Tijuana, cobra vital importancia derivado de las reparaciones en varios tramos de la carretera escénica y que ha ocasionado más accidentes vehiculares, demoras, largas filas de automóviles y camiones, sin embargo tampoco hay un recurso etiquetado dentro del PEF 2023 para ello, pero que gestionará una reunión con las autoridades correspondientes, así como otras medidas a través de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.

Si hay recursos, afirmó, solo que se utilizan de manera discrecional y debemos exigir cada uno desde sus respectivos ámbitos, tanto la Gobernadora de Baja California, los Alcaldes, los diputados locales y los legisladores federales, que se atiendan estas necesidades.

Entre los acuerdos que estableció con el CCEE, destacan la instalación de mesas de trabajo, asesoría y acompañamiento en temas relacionados a la seguridad pública, infraestructura y La Ley General de Control del Tabaco, por mencionar algunos.

Reconoció el pronunciamiento de este organismo empresarial en torno a la inseguridad que prevalece en la ciudad, pues sigue siendo una asignatura pendiente de las autoridades encargadas con la población, no podemos normalizar que hechos violentos se ejecuten a plena luz del día y con total impunidad, concluyó.

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El pleno del Senado de la República aprobó citar a comparecer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Por mayoría de votos, los senadores dieron su aval al acuerdo que previamente había sido aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, que preside la senadora panista Kenia López Rabadán.

La Mesa Directiva del Senado, que encabeza Alejandro Armenta Mier determinará el formato, fecha y hora de la comparecencia de la titular de la CNDH.

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