Allanan casa de Lydia Cacho; roban material de casos de pederastia

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La periodista Lydia Cacho, reconocida por sus investigaciones sobre abuso infantil, denunció esta tarde que su casa fue allanada, se robaron copias de su trabajo periodístico y envenenaron a sus mascotas.

Al comentar una publicación al respecto desde su cuenta personal de Twitter, Cacho expresó que la violencia aumenta "en misma medida en que la impunidad les protege. Gracias por su solidaridad. Mis investigaciones periodísticas están seguras fuera del país; se llevaron copias, la verdad nadie se la roba. #AquíNadieSeRinde".

La publicación, de Artículo 19, refiere que "dos sujetos desconocidos allanaron el día de ayer el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho. Robaron equipo de trabajo y material periodístico altamente sensible, además mataron a una perra que protegía la casa y otra fue envenenada. Se trata de un acto de represalia por su ejercicio de defensa de derechos humanos y de su libertad de expresión".

"Los agresores irrumpieron al domicilio en Puerto Morelos, Quintana Roo, a las 18:30 horas, aproximadamente, después de romper los cables de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma. Sustrajeron equipo de trabajo, incluyendo una grabadora de audio, 3 cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil, y 10 discos duros con información de alto interés público relacionada con casos de pederastia. Afortunadamente, la periodista tiene respaldos de seguridad en el extranjero", dice Artículo 19.






Sentencian a 34 años de prisión a sacerdote acusado de violación

Fue acusado de abusar sexualmente de una menor de ocho años entre el 2015 y 2016

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El Universal,  Mexico, Chihuahua, Ciudad Juárez, 

El sacerdote Aristeo Baca Baca fue declarado culpable este día del delito de violación agravada y abuso sexual en contra de una menor de ocho años en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ante esto, fue sentenciado a 34 años y cinco meses de prisión, de acuerdo con información oficial emitida esta tarde.

El párroco de la iglesia Santa María de la Montaña fue acusado de abusar sexualmente de una menor de ocho años entre el 2015 y 2016 y quien era monaguillo de la parroquia.

Pese a que desde el 2021 había recibido una condena, ésta fue apelada para evitar que el sacerdote fuera a la cárcel, por lo cual se le dictó arraigo domiciliario.

Fue este día cuando una Sala Colegiada de Apelación, rarificó la sentencia en contra de Baca, quien según se informó permanecerá bajo el arraigo domiciliario.

Organizaciones festejan condena

Organizaciones de la sociedad civil en Ciudad Juárez festejaron la condena que se le dictó al sacerdote.

Red Mesa de Mujeres, dio a conocer por medio de sus redes sociales que “se confirma sentencia para el pederasta Aristeo Baca: ¡culpable! ¡34 años de prisión! Justicia para la víctima y su familia. Ni una más”.

La organización en Ciudad Juárez ha exigido desde el inicio del caso que se le dé una sentencia ejemplar al sacerdote, por lo cual realizaron diversas manifestaciones afuera de la Ciudad Judicial en apoyo a la familia y a la menor violentada.

De acuerdo con datos oficiales, la menor fue abusada en el 2015, pero fue hasta el 2018 cuando denunció lo que había sucedido, por lo cual el sacerdote fue detenido en el 2019.

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Procesan a maestro que tocó a su alumna de 6 años de manera impropia

La víctima señaló que no era la primera vez que lo hacía

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Cadena Noticias,  Mexicali, Baja California, Mexico, 

La Fiscalía General del Estado informa que Oscar “N” fue vinculado a proceso tras ser señalado por el delito de pederastia agravada, tras haber abusado de una menor de 6 años de edad-

Las pruebas señalan que el pasado 7 de abril del 2022, el maestro realizó tocamientos impropios contra una de sus alumnas dentro del horario de clases en una escuela primaria ubicada en la avenida Refinería de la colonia Residentes Lázaro Cárdenas. 

Las acusaciones de la víctima indican que no se trataría de la primera vez en que el profesor abusó de su posición para hacer daño la menor. 

La carpeta de investigación esta integrada con el testimonio de la víctima y su representante, así como el informe de psicología, donde se establece el hecho y la inspección del lugar del hecho.

El Juez de Control determinó la vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva para Oscar “N”, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. 

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Vinculan a proceso a profesor acusado de pederastia en un kínder de CDMX

Un juez de Control vinculó a proceso al docente Eduardo 'D', por ser probable responsable del delito

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Un juez de Control vinculó a proceso al profesor Eduardo “D”, por ser probable responsable del delito de pederastia en agravio de tres alumnas del Jardín de Niños “Inés Villarreal”, ubicado en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El imputado fue detenido el 8 de junio pasado, mismo día en que la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), formuló la acusación y solicitó la vinculación a proceso.

Ante ello, este individuo solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que al cumplirse el plazo, el juez de Control otorgó la vinculación a proceso y dio tres meses a la fiscalía para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, se dictó prisión preventiva oficiosa contra el docente Eduardo “D”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).



Kamel Nacif fue detenido en Líbano: Lydia Cacho

La periodista Lydia Cacho informó que se encuentra testificando ante autoridades libanesas

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Milenio,  Ciudad de México, Mexico, 

Lydia Cacho informó que se encuentra declarando ante las autoridades de Líbano por la detención de Kamel Nacif Borge, El Rey de la Mezclilla, quien cuenta con una orden de aprehensión en México por la probable tortura contra la periodista en 2005, en colaboración con el ex gobernador de Puebla, Mario Marín. 

"Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nacif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después #AquíNadieSeRinde", afirmó Lydia Cacho en su cuenta de Twitter.

El 1 de marzo, la autora de "Los demonios del Edén" y Artículo 19 señalaron que el empresario fue detenido el 12 de octubre de 2020 y posteriormente se le otorgó libertad bajo fianza. Además, mencionaron que fueron informados de lo anterior hasta el 16 de febrero y que el proceso contra Nacif Borge se suspendió por la pandemia de covid-19. 

“Lydia Cacho y Artículo 19 encuentran preocupante que el proceso contra José Kamel Nacif en Líbano no cuente con las garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes. La garantía de audiencia y el derecho a la defensa, son derechos mínimos que tendrían que ser respetados en cualquier proceso penal”, dijeron. 

Hasta el momento se desconoce si la periodista realiza su declaración contra El Rey de la Mezclilla en México o Líbano. 



Niegan libertad a excomandante de Puebla por caso de Lydia Cacho

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Al confirmar que el delito que se le imputa es grave, el Juzgado Segundo de Distrito, radicado en Cancún, negó la libertad bajo caución al ex comandante de la entonces Policía Judicial de Puebla, Alejandro Rocha Laureano, quien se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social, acusado de tortura, en agravio de la periodista, Lydia Cacho.

Rocha Laureano fue detenido en Puebla en diciembre del 2018, acusado de haber ordenado y trasladado a dos de sus subalternas -las policías Verónica Chávez e Irene Arteaga- para intercambiar lugares con los judiciales, José Montaño y Jesús Pérez en la caseta de La Esperanza, a la entrada del estado.

Montaño Quiroz y Pérez Vargas detuvieron a Cacho Ribeiro en Cancún el 16 de diciembre y la traían consigo vía terrestre, trayecto en donde la acosaron sexualmente y la amenazaron de muerte.

El primero fue detenido y cumplió una sentencia de seis años; el segundo, está prófugo. Chávez y Arteaga se ampararon y se encuentran en libertad.

El 10 de agosto de 2020, un juez dictó a Rocha Laureano el auto de formal prisión, al considerar que es probable responsable del delito de tortura, previsto y sancionado en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en Quintana Roo.

El exministerial fue sujeto a prisión preventiva oficiosa y se encuentra interno en la cárcel de Cancún.

El pasado 4 de febrero, un día después de que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fuese detenido en Acapulco y traído a esta ciudad para rendir su declaración preparatoria por el delito de tortura, en agravio de Cacho Ribeiro, el abogado de Rocha Laureano -José Luis Ramírez Téllez- solicitó al juez que fijase una caución para que su cliente pudiese gozar del beneficio de libertad.

De acuerdo con lo declarado por el litigante, el delito de tortura en Quintana Roo no era considerado grave en 2005, cuando ocurrieron los hechos. Además, aseguró que su cliente obtuvo un amparo para efectos de ser juzgado, no por el fuero federal, sino por el fuero común.

Tortura, delito grave

Ante su petición, el Juez Segundo, Gerardo Vázquez Morales, respondió -el mismo día- que no es procedente fijar una fianza, debido a que el delito de tortura "está catalogado como grave y no tiene derecho a ese beneficio".

También expuso que, conforme al artículo 12 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado, en aquello que no esté previsto por ese mandato, será aplicable el Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo artículo 194 ubica al delito de tortura como grave.

En su argumentación, el juzgador invocó el artículo 19 de la Constitución -anterior a la reforma que sufrió en junio de 2008- que establece que se debe ordenar prisión preventiva oficiosa en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas "delitos cometidos con medios violentos" como armas y explosivos, así como "delitos graves que determine la ley" en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La prisión preventiva como medida cautelar -afirmó- se justifica también tomando en cuenta la naturaleza del delito o los riesgos legalmente considerables respecto a la víctima o sociedad, así como en los casos de delitos cometidos con medios violentos.

Con base en lo anterior y, tomando en cuenta los dictámenes psicológicos, médico victímales y legales forenses, que confirmaron que Cacho Ribeiro vio afectada su salud debido a los "actos de tortura psicológica y malos tratos" en su perjuicio, Vázquez Morales sostuvo que, la prisión preventiva oficiosa a que está sujeto Rocha Laureano, es "justificada".

¿Qué dice la Ley Estatal de Tortura?

Si bien la Ley Estatal de Tortura, publicada el 13 de noviembre de 1992, fue abrogada como la de varias entidades de la República Mexicana, estaba vigente cuando ocurrieron los hechos denunciados, por lo cual es aplicable.

En su artículo tercero establecía que comete el delito de tortura, el funcionario público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona, dolores o sufrimientos graves, sean "físicos o mentales", con el fin de obtener de la persona torturada o de un tercero, información o una confesión o "castigarla" por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido o coaccionarle para que realice o no una conducta determinada.

La pena prevista era de tres a 12 años de prisión y multa de 200 a 500 días e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de la libertad impuesta.

20 años de prisión

Con la desaparición de las leyes estatales de Tortura, el 26 de junio de 2017 surgió en México la Ley General para prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que homologó definiciones y criterios sobre el delito en todo el país, además de incorporar estándares internacionales en su tipificación.

Su artículo 24 indica que comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal, medio de coacción, medida preventiva o por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona.

También incurre en él, quien bajo esas condiciones, cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, "aunque no le cause dolor o sufrimiento".

La Ley General establece en su artículo 26, penas de 10 a 20 años contra quien cometa tortura, pudiendo llegar a un máximo de 30 años en casos que presenten agravantes, entre ellas, si las víctimas son infantes, adultos mayores y mujeres embarazadas; o en casos de violencia sexual o motivaciones específicas del autor, según el artículo 27.

El delito de tortura se investiga de oficio, es imprescriptible y no se puede justificar con la excusa de actuar en acatamiento de órdenes o instrucciones de un superior.

Tampoco se pueden aplicar inmunidades, indultos, amnistías y figuras análogas para evitar sancionarlo.